Venley

Sentencia N.º 02739

Sentencia N.º 02739

Sentencia
N.º 02739
Fecha
30/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-5235
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Recurso de Nulidad

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. Nº 2005-5235

 

El abogado Juan Vicente Cabrera, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 26.613, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil GLOBAL CATERING SERVICES DE VENEZUELA C.A., inscrita originalmente ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 7 de octubre de 1997, anotada bajo el N° 33, Tomo 156-A-Qto, posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 9 de marzo de 1998, bajo el N° 14, Tomo 5-A, interpuso en esta Sala el 29 de septiembre de 2005, recurso contencioso administrativo de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad, conjuntamente con amparo constitucional y de forma subsidiaria solicitud de suspensión de efectos, contra el silencio administrativo de la MINISTRA DEL TRABAJO, en virtud del recurso jerárquico interpuesto, contra la Providencia Administrativa N° 2005-010 de fecha 9 de mayo de 2005, emanada de la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo; Sector Privado del Ministerio del Trabajo, mediante la cual “…se decidiera de acuerdo al artículo 519 de la Ley Orgánica del Trabajo, las defensas y excepciones opuestas por parte de la empresa que represento; en contra de la pretensión de inicio de discusión de negociaciones para la celebración de una Convención Colectiva de Trabajo, por parte del SINDICATO UNICO (sic) DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA (sic) HOTELEROS, BARES CLUBES, CASINOS. ENTRETENIMIENTOS, MANTENIMIENTOS SUS SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA (sic) BOLIVARIANA DE VENEZUELA (SINTRARESCOM)…”.

El 4 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma  fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO a los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad y la acción de amparo.

Mediante decisión de fecha 10 de noviembre de 2005, esta Sala declaró: “1.- Su COMPETENCIA para conocer del presente caso 2.- ADMITE a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala, de lo atinente a la caducidad de la acción, el recurso contencioso-administrativo de nulidad (…) 3.-IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con el recurso de nulidad a que se refieren  estas actuaciones  4.- Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la continuación del proceso (…). Asimismo, como quiera que existe solicitud de medida cautelar ejercida de manera subsidiaria, se ordena a dicho Juzgado abrir el cuaderno separado respectivo a los fines de su tramitación”. (Resaltado de la sentencia).

Por auto de fecha 12 de diciembre de 2005 se ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.

En fecha 17 de enero de 2006, el precitado juzgado admitió el recurso, ordenó la citación al Fiscal General de la República, a la Ministra del Trabajo y a la Procuradora General de la República. Asimismo, se acordó librar el cartel de emplazamiento a que se refiere el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Paralelamente, por auto del 24 de enero de 2006, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala el cuaderno separado contentivo de la solicitud de suspensión de efectos. En fecha 7 de febrero de 2006, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la referida medida cautelar, la cual mediante decisión del 29 de marzo de 2006, se declaró improcedente.

Mediante diligencias de fechas 15, 16 de febrero de 2006 y 22 de marzo del mismo año, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber practicado la citación a los funcionarios indicados precedentemente.

El 29 de marzo de 2006, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, de conformidad con el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

A través de diligencia de fecha 3 de mayo de 2006, la abogada Ramona Del Carmen Chacón, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 63.720, actuando con el carácter de Sustituta de la Procuradora General de la República, solicitó se declarara el desistimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, por el incumplimiento de la obligación de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.

El 3 de mayo de 2006, el Juzgado de Sustanciación acordó pasar el expediente a esta Sala, a los fines de que “se declare el desistimiento en la presente causa”.

En fecha 16 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente  a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la solicitud de desistimiento planteado por la Procuraduría General de la República.

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el desistimiento solicitado por la sustituta de la Procuradora General de la República y al efecto, observa:

El emplazamiento a los terceros interesados en los juicios que se tramiten ante este Máximo Tribunal de la República, está regulado por el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes: contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.”.

 

De la norma parcialmente transcrita se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito, para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación, un ejemplar del periódico donde apareciere el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Sin embargo, no estableció el lapso para retirar dicho cartel, así como tampoco la consecuencia jurídica que traería su falta de retiro una vez librado.

Sobre el particular esta Sala se pronunció, estableciendo mediante sentencia Nº 5481 de fecha 11 de agosto de 2005, el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva.

Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental) de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.

En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento. Así se declara. (…)” (Resaltado de la Sala).

 

En atención a la jurisprudencia antes transcrita, se observa, que el lapso para retirar, publicar y consignar el referido cartel de emplazamiento será de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de su expedición, lapso previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos por remisión expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, estableció la Sala en la referida sentencia, que la consecuencia jurídica del incumplimiento del recurrente de la carga procesal de retirar el cartel librado por el Juzgado de Sustanciación en el tiempo señalado, es la declaratoria de desistimiento del recurso interpuesto.

En el presente caso, advierte la Sala que el Juzgado de Sustanciación libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados el 29 de marzo de 2006, el cual hasta la presente fecha no ha sido retirado por el recurrente; con lo cual se demuestra que han transcurrido los treinta (30) días continuos de los que disponía la parte actora para tal fin y con fundamento en la sentencia precedentemente transcrita.

Conforme a lo antes expuesto, debe la Sala declarar el desistimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Global Catering Services de Venezuela C.A., contra el silencio administrativo de la MINISTRA DEL TRABAJO, en virtud del recurso jerárquico interpuesto, contra la Providencia Administrativa N° 2005-010 de fecha 9 de mayo de 2005, emanada de la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo; Sector Privado del Ministerio del Trabajo. Así se decide.

II
DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Global Catering Services de Venezuela C.A., contra el silencio administrativo de la MINISTRA DEL TRABAJO, en virtud del recurso jerárquico interpuesto, contra la Providencia Administrativa N° 2005-010 de fecha 9 de mayo de 2005, emanada de la Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo; Sector Privado del Ministerio del Trabajo.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02739.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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