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Sentencia N.º 02740

Sentencia
N.º 02740
Fecha
30/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-0006
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Recurso de Nulidad

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. Nº 2006-0006

 

El ciudadano JESÚS ORLANDO QUIJADA GONZÁLEZ, con cédula de identidad N° 3.802.632, asistido por el abogado Luís Manuel Escobar, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 32.941, en fecha 10 de enero de 2006, interpuso ante esta Sala Político-Administrativa recurso contencioso administrativo de nulidad, contra el acto administrativo emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de fecha 19 de noviembre de 2004, mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa del recurrente, “por haber emitido Informe de Avalúo sobre el inmueble identificado como local comercial N° 9, situado en el nivel Planta Baja del Edificio Sur-2, entre las esquinas de Miracielos a Hospital, Municipio Libertador, en fecha 07-07-1997”.

El 11 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala y se acordó oficiar a la Contraloría General de la República, a los fines de que remitiese los antecedentes administrativos.

En fecha 15 de febrero de 2006, la Sala recibió el expediente administrativo procedente de la Contraloría General de la República,  ordenó formar pieza separada y remitir las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.

El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 7 de marzo de 2006, admitió la acción propuesta y ordenó la citación de los ciudadanos Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Procuradora General de la República, de conformidad con lo establecido en el aparte once del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

El 10 de mayo de 2006, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, de conformidad con el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2006, los abogados Inés Del Valle Marcano Velásquez, Angélica Rocío Ramírez Sánchez, María Isabel Soto Carpio y Paulo Enrique Zárraga Flores, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 24.744, 62.956, 107.080 y 49.685, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Contraloría General de la República, solicitaron se decretara el desistimiento tácito en el presente caso, al no haber el recurrente cumplido con la obligación prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El Juzgado de Sustanciación por auto de la misma fecha, visto el pedimento de la Contraloría General de la República, acordó pasar el expediente a la Sala.

El 11 de julio de 2006 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines decidir el desistimiento planteado por la representación judicial de la Contraloría General de la República.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, la Sala pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

 

I

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la falta de retiro y por ende consignación de la publicación del cartel de emplazamiento; en tal sentido observa:

El emplazamiento a los terceros interesados en los juicios que se tramiten ante el Máximo Tribunal de la República, está regulado por el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes: contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.” (Resaltado de la Sala).

 

De la norma parcialmente transcrita, se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, en un lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación, un ejemplar del periódico donde fuese publicado el cartel de emplazamiento de los terceros interesados. Sin embargo, no estableció el lapso para retirar dicho cartel, así como tampoco la consecuencia jurídica que traería su falta de retiro una vez librado.

Sobre este particular, esta Sala mediante ponencia conjunta publicada en fecha 11 de agosto de 2005, bajo el N° 5.481, fijó el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a que se refiere el citado artículo 21 aparte undécimo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte infine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel de emplazamiento, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel de emplazamiento, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva.

Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental) de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel de emplazamiento al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.

En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel de emplazamiento, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar el ejemplar del periódico donde fue publicado el referido cartel, contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento. Así se declara. (…)” (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, según lo ordenado en la sentencia antes transcrita, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.249, de fecha 12 de agosto de 2005, se publicó la referida sentencia con el fin de informar a la colectividad sobre el criterio establecido por esta Sala en cuanto a la interpretación dada del artículo 21 aparte undécimo -parte final- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, esta Sala ratifica su criterio conforme al cual, en aquellos casos en que la parte recurrente no cumpla con la carga procesal, no sólo de retirar sino de publicar el cartel de emplazamiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su expedición, procederá la declaratoria de desistimiento para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento.

En el presente caso, advierte la Sala que en fecha 10 de mayo de 2006, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual no ha sido retirado hasta la fecha por el recurrente, por tanto en aplicación del criterio antes señalado, esta Sala deberá declarar el desistimiento del presente recurso. Así se decide.

II

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano JESÚS ORLANDO QUIJADA GONZÁLEZ, contra el acto administrativo emanado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de fecha 19 de noviembre de 2004.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial. Devuélvase el expediente administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02740.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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