Venley

Sentencia N.º 02741

Sentencia
N.º 02741
Fecha
30/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-0416
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2006-0416

 

Mediante Oficio N° 5126 de fecha 13 de diciembre de 2005, el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió el expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 8 de diciembre de 2005, por el abogado Miguel Rodolfo Sánchez Zapata, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 31.887, actuando como apoderado judicial del MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS, conforme se desprende de instrumento poder otorgado ante la Notaría Pública Primera del Estado Vargas en fecha 19 de octubre de 2001, anotado bajo el N° 90, Tomo 17 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, contra la sentencia N° 970 del 29 de septiembre de 2005, dictada por ese tribunal, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por los abogados Alberto Martínez Santander y Rolando Javier Hernández Crespo, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 91.915 y 68.704, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A., VENCEMOS (CEMEX), siendo su última inscripción ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Capital y Estado Miranda el 29 de septiembre de 2000, bajo el N° 40, Tomo 173-A Pro, luego de haberse fusionado con las empresas VENMARCA-MIXTO LISTO, C.A., MONTAJES VENCEMOS BASAURI, C.A., y TRANSPORTES CAURA, S.A., tal como se desprende de las Actas de Asambleas Extraordinarias de Accionistas, celebradas en fechas 30 de diciembre de 1999 y 29 de septiembre de 2000, respectivamente, según se evidencia de documento poder otorgado ante la Notaría Pública Trigésima Novena del Municipio Libertador en fecha 5 de diciembre de 2003, anotado bajo el N° 43, Tomo 222 de los Libros de Autenticaciones respectivos.

            El referido recurso contencioso tributario fue interpuesto contra la Resolución N° 140 de fecha 10 de mayo de 2004, confirmatoria del acto administrativo de Reparo N° DA-106-04 del 20 de febrero de 2004, formulado por el precitado Municipio por la cantidad de Bs. 491.062.899,00, por concepto de impuesto sobre actividades económicas y la cantidad de Bs. 49.106.289,90, “…por concepto de recargo calculado en un diez por ciento (10%) del monto adeudado tal como lo establece la Ordenanza de Patente sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios de Índole Similar en su artículo 25, más los intereses moratorios contemplados en el artículo 36 de dicha Ordenanza…”.

            Mediante auto de fecha 13 de diciembre de 2005, el prenombrado tribunal  oyó libremente la apelación ejercida ordenando remitir el expediente a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al antes identificado Oficio Nº 5126.

En fecha 1° de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala y por auto de esa misma fecha se ordenó aplicar el procedimiento de Segunda Instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, se dio inicio a la relación y se fijó el lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.

Por auto de fecha 6 de abril de 2006, esta Sala, en razón a la falta de fundamentación de la apelación ejercida, ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho, transcurridos desde la fecha en que comenzó la relación de la causa, exclusive, hasta el día en que venció el lapso establecido en el precitado auto del 1° de marzo de 2006, inclusive.

En ese mismo auto del 6 de abril de 2006, se dejó constancia que desde la fecha en que comenzó la relación de la causa, exclusive, hasta la fecha de vencimiento del lapso establecido en el auto del 1° de marzo de 2006, inclusive, transcurrieron quince (15) días de despacho, correspondientes a los días 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 de marzo y 04 y 05 de abril de 2006.

Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

 

-I-

ANTECEDENTES

         De las actas que cursan insertas en el expediente se evidencia:

En fecha 20 de febrero de 2004, el Municipio Vargas del Estado Vargas formuló el Reparo N° DA-106-04 a cargo de la empresa C.A., Vencemos (CEMEX), por la cantidad de Bs. 491.062.899,00, en razón de no haber cancelado el impuesto sobre actividades económicas correspondiente a los períodos comprendidos entre el 1° de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2003, por los ingresos brutos obtenidos en el ejercicio de la actividad de “Ensacado y Distribución de Cemento”.

         El 10 de mayo de 2004, el Municipio Vargas del Estado Vargas dictó la Resolución N° 140, a través de la cual ratificó el reparo antes formulado y determinó además, que la prenombrada empresa debía “…cancelar al fisco municipal la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 90/100 (BS. 49.106.289,90) por concepto de recargo calculado en un 10% del monto adeudado tal y como lo establece la Ordenanza de Patente sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicio o de Índole Similar en su artículo 35, más los intereses moratorios contemplados en el artículo 36 de la susodicha ordenanza…”.

          Contra los referidos actos administrativos, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. Vencemos (CEMEX), interpusieron recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien conoció de la causa previa distribución, alegando las razones de hecho y de derecho siguientes:

         Que hubo ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, pues a pesar de que la empresa presentó su escrito de descargos dentro del lapso legal, esto es el 23 de abril de 2004, el referido Municipio no dio inicio a la instrucción del sumario administrativo.

         Que la Resolución N° 140 adolece del vicio de inmotivación ya que no hizo referencia a las circunstancias o hechos en los cuales se basó el Municipio Vargas del Estado Vargas para realizar el cambio de clasificación de la alícuota en el 2%, por los presuntos ingresos brutos obtenidos en el ejercicio de la actividad de “Ensacado y Distribución de Cemento”.

          Que con la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas del Municipio Vargas del Estado Vargas, que sirvió de fundamento para formular el prenombrado reparo se pretendió establecer un “impuesto a las ventas”, lo que vulneró las disposiciones constitucionales contempladas en los artículos 183, 137, 138 y 156, pues ello es competencia del Poder Nacional.

         Que el Municipio en referencia incurrió en error material al haber cambiado la clasificación hecha a [su] representada de la tarifa del 0,50% según lo dispuesto en la “Ordenanza sobre Patente de Industria, Comercio y Otras Actividades”, a la tarifa del 2%.

          Que esa nueva clasificación de las tarifas arriba señaladas vulneró los principios constitucionales de seguridad jurídica, certeza, igualdad e interpretación económica de la Ley Tributaria, en razón de que crea “…ficticiamente obligaciones tributarias supuestamente omitidas por [su] representada, al aplicar una alícuota que no se corresponde con la actividad realizada por [su] representada en el Municipio…”.

          Que el Municipio incurrió en el vicio de falso supuesto “…toda vez que calificó y tergiversó en forma errónea los elementos que conforman el Hecho Imponible…”.

         En este sentido, en sentencia N° 970 fecha 29 de septiembre de 2005, el mencionado Órgano Jurisdiccional declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto, la cual fue objeto de apelación y al mismo tiempo lo es del presente análisis.

         

-II-

DE LA DECISIÓN APELADA

El Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas fundamentó su decisión en las razones de hecho y de derecho siguientes:

“…En el desarrollo de la Prueba Testifical (sic) cursante del folio 137 al folio 139 del expediente, mediante la cual el ciudadano RONALD COLMAN CARRASQUERO, contador público, ampliamente identificado en autos, quien (sic) desempeñó en la empresa C.A., VENCEMOS como Gerente de Asuntos Fiscales, teniendo bajo su responsabilidad todo lo relacionado con Impuesto sobre la Renta, Patente de Industria y Comercio a nivel Nacional y demás Impuestos y contribuciones, declara, entre otras cosas, relacionado con el asunto que se debate en el presente juicio, ‛que la empresa referida declaró ingresos brutos, durante el tiempo que él prestó sus servicios, derivados de las ventas efectuadas de cemento y yeso, que entre la actividad generadora de ingresos brutos en la operación realizada por la contribuyente no se encuentran las actividades de ensacado y distribución de cemento’.

Así también, el resultado de la Prueba de Experticia efectuada por los expertos contables, CASTOR COLMAN CARRASQUERO, MARCOS PERDOMO y LLANERA VALERY, sobre los sistemas contables, así como cualquier otro documento o sistema que soporte la actividad realizada por C.A., VENCEMOS en EL TERMINAL arroja entre otras que la ‛compañía obtuvo ingresos brutos derivados de la venta de cemento y yeso, los cuales constituyen materiales de construcción’ que ‛en el año 2001, la compañía declaró ingresos brutos derivados de la venta de cemento y yeso por la cantidad de Bs. 764.303.082,00 y en el acta fiscal se determinaron ingresos brutos por la cantidad de Bs. 4.643.303.082,00’.

Con todas estas pruebas analizadas y las demás aportadas por la parte recurrente, evidentemente queda demostrado que ésta no ejerce la actividad de ‛Ensacado y Distribución de Cemento’, dentro de la jurisdicción del Municipio que emitió los Actos Administrativos Recurridos, que en tal sentido dicha empresa no estaba obligada a pagar al Fisco Municipal por concepto del Reparo Fiscal del cual fue objeto por parte de la Municipalidad.

Establecido, entonces como premisa, que resultó improcedente el cobro por parte de la Alcaldía de Vargas del Municipio Vargas a la contribuyente de autos, de los montos contenidos en los Actos Administrativos Recurridos, es de suyo concluir que efectivamente hubo por parte de EL MUNICIPIO violación a Principios Constitucionales Fundamentales, como lo son lo dispuesto en el artículo 179 de la Constitución Vigente referida a la Potestad Tributaria Municipal; el cual establece cuáles son los ingresos que tendrán los Municipios. Así mismo se violó la norma contenida en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario como lo es la Reserva Legal.

En consecuencia, en atención a la norma contenida en el artículo 137 de la Constitución vigente que establece que ‛Esta Constitución y la Ley, definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales debe sujetarse las actividades que realicen’ así como el artículo 138, ejusdem, que dispone ‛Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’, que fundamentan junto con las anteriores normas citadas las bases fundamentales de todo el sistema tributario enmarcado dentro de un Estado de Derecho, como lo es el Principio de Legalidad Tributaria, mediante el cual no puede existir un tributo sin una Ley que lo establezca, esta Sentenciadora concluye que son procedentes todos los alegatos formulados por la parte Recurrente para impugnar los Actos Administrativos recurridos, emanados de la Alcaldía del Municipio Vargas del Estado Vargas a la contribuyente de autos, ‛C.A., VENCEMOS’ …omissis… en consecuencia se declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil C.A., VENCEMOS en contra de los actos administrativos ampliamente señalados en este fallo, emitidos por la Alcaldía del Municipio Vargas del Estado Vargas, considerando este Tribunal que estos Actos Administrativos son nulos en virtud de que se encuentran viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad. ASÍ SE DECLARA…” (sic).

 

-III-

MotivaciÓN

El aparte 18 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone lo siguiente:

“…Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia seguirán los siguientes procedimientos: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento de la acción, y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte…”. (Resaltado de la Sala).

 

En el presente caso se observa que desde que se dio cuenta de la apelación en la Sala, esto fue, el 1° de marzo de 2006, oportunidad en la cual comenzó la relación de la causa y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para que se procediera a fundamentar el recurso ejercido, hasta el 05 de abril de 2006, fecha en que venció el lapso establecido en el aludido auto de fecha 1° de marzo de 2006, no consta en el expediente que la parte apelante haya fundamentado la apelación dentro del plazo previsto por la norma supra transcrita para ello, todo lo cual conlleva a esta Sala a declarar desistido el recurso de apelación incoado. Así se decide.

Asimismo, visto que la decisión apelada no vulnera normas de orden público, su contenido queda firme de conformidad con lo preceptuado en el aparte 17 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

 

-IV-

Decisión

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDA la apelación ejercida en fecha 8 de diciembre de 2005, por el apoderado judicial del Municipio Vargas del Estado Vargas, contra la sentencia N° 970 del 29 de septiembre de 2005, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, queda FIRME la citada decisión.

Se CONDENA EN COSTAS a la parte apelante por un monto equivalente al uno por ciento (1%) de la cuantía del recurso contencioso tributario, conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de conformidad con lo previsto en el artículo 332 del Código Orgánico Tributario vigente.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02741.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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