Venley

Sentencia N.º 02749

Sentencia
N.º 02749
Fecha
30/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-1663
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. N° 2006-1663

 

El Juzgado Octavo de Juicio Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a Oficio N° 0016/06 de fecha 26 de septiembre de 2006, remitió el expediente contentivo del juicio que por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoara el  abogado  Gustavo  Fleury  G., inscrito  en   el   INPREABOGADO  bajo  el N° 91.279, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIANELLA  DEL  CARMEN  TERÁN,  con  cédula   de   identidad N° 6.979.318, contra la sociedad mercantil PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito  Federal  y  Estado  Miranda el 1° de diciembre de 1977, bajo el N° 35, Tomo 148-A.

Dicha remisión fue efectuada a los fines de que esta Sala se pronuncie acerca de la consulta de jurisdicción planteada por el mencionado juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la sentencia de fecha  26 de julio de 2006, mediante la cual declaró la falta de jurisdicción frente a la Administración Pública para conocer de la demanda incoada.

El 2 de noviembre de 2006, se dio cuenta en Sala y mediante auto de igual fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta planteada.

 

I

ANTECEDENTES

 

En fecha 14 de marzo de 2003, el abogado Gustavo Fleury G., actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIANELLA DEL CARMEN TERÁN, antes identificados, compareció ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de solicitar calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, con ocasión del despido de su representada, bajo los siguientes términos:

Señaló que a partir del 1° de  agosto de 1988, su mandante comenzó a prestar sus servicios para la sociedad mercantil PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), siendo el último cargo desempeñado el de “Asesor CODA”, devengando un salario básico mensual de Bs. 2.515.464.

 Que el 8 de marzo de 2003, apareció publicado un aviso en el Diario “Últimas Noticias”,  donde se le notifica de su despido.

Finalmente, solicitó sea calificado su despido, procediéndose al reenganche con el correspondiente pago de los salarios caídos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, en concordancia con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Mediante acta de fecha 9 de junio de 2005, el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin que conste en autos la distribución de la causa, dejó constancia de la realización de la audiencia preliminar, a la cual comparecieron las partes y consignaron escrito de promoción de pruebas. Asimismo, se dejó constancia de la prórroga de dicho acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Luego de haberse verificado en distintas oportunidades la continuación de la audiencia preliminar, finalmente el 23 de mayo de 2006, se dejó constancia de la imposibilidad de lograr la mediación en el presente caso y de la consignación que hicieren las partes de los escritos de promoción de pruebas. Asimismo, se dio por concluida la audiencia preliminar.

En fecha 31 de mayo de 2006, los abogados María Carvallo Salazar y Carlos Moreno, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 19.129 y 90.701, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN), dieron contestación a la demanda incoada, alegando como punto previo “la falta de jurisdicción por suspensión de la relación laboral”.

Instruida la causa, la Coordinación Judicial del Régimen Procesal Transitorio, asignó el expediente al Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del  Área Metropolitana de Caracas.

Mediante autos de fecha 28 de junio de 2006, el juzgado antes mencionado admitió las pruebas promovidas por las partes.

El 26 de julio de 2006, el referido juzgado  declaró la falta de jurisdicción frente a la Administración Pública para conocer de la demanda incoada, bajo el fundamento siguiente:

“(…) En el caso de autos, se trata de una demanda por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos vinculada, con la merma y reactivación de las actividades económicas e industriales de la empresa petrolera, que presumiblemente incidió en la prestación del servicio, todo lo cual, visto lo sostenido por las partes en sus escritos de pruebas y contestación a la demanda genera dudas razonables en quien suscribe, en el hecho de que si ésta situación devino en una suspensión o no de la relación laboral (…).

Razón por la cual en aras de una tutela judicial efectiva de las partes y en resguardo del derecho a la defensa y a la celeridad procesal que debe imperar en el proceso, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obliga forzosamente a este tribunal, a declarar la FALTA DE JURISDICCIÓN respecto de la Administración Pública, en este caso, el Ministerio del Trabajo, por medio de la Inspectoría del Trabajo (…)”.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de jurisdicción planteada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 26 de julio de 2006, que declaró la falta de jurisdicción frente a la Administración Pública para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por la representación judicial de la ciudadana Marianella del Carmen Terán.

Ahora bien, a fin de determinar si efectivamente corresponde a la Administración Pública el conocimiento de la solicitud incoada, observa la Sala que el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra entre otras facultades, la que tiene el trabajador despedido de acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, si considera que el despido no está fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique, y en caso de constatar que el mismo se produjo sin causa legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y pago de salarios caídos.

No obstante, en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen situaciones en las cuales, vista la inamovilidad que podría disfrutar en un momento determinado un trabajador, la calificación previa del despido le corresponde a las Inspectorías del Trabajo. Entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan la calificación de despido previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. Adicionalmente a estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido por ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la ley le confieren.

En el presente caso esta Sala observa que la parte actora mediante escrito contentivo de las pruebas promovidas, señaló:

“(…) De las documentaciones consignadas, ciudadano Juez, se evidencia sin lugar a dudas que producto de la discriminación laboral a la que se sometió a un grupo importante de trabajadores que venían prestando sus servicios en la Torre PEQUIVEN, Chacao, estaban presentes elementos justificativos o condiciones objetivas a favor de nuestro representado (sic) para abstenerse de cumplir con su obligación de asistir al trabajo, puesto que no estaban dadas las condiciones mínimas de trabajo en PEQUIVEN que debe garantizar el patrono e igualmente nuestro representado (sic) estaba imposibilitada de acceder a su sitio de trabajo, lo cual aunado al incumplimiento reiterado del pago del salario, son causas justificadas de inasistencia al trabajo (…)”.

Al respecto, los artículos 94 y 96 de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen:

“Artículo 94. Serán causas de suspensión:

“…omissis….

h) casos fortuito o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores”.

 

“Artículo 96. Pendiente la suspensión, el patrono no podrá despedir al trabajador afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII de esta Ley. Si por necesidades de la empresa tuviere que proveer su vacante temporalmente, el trabajador será reintegrado a su cargo al cesar la suspensión”.

 

            De otra parte, esta Sala observa que los artículos 449 y 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, correspondientes al Capítulo II del Título VII de la misma Ley disponen:

 

“Artículo 449. Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada  por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador amparado por fuero sindical se considerará irrito si no han  cumplido los trámites establecidos en el artículo 453 de esta Ley.

La inamovilidad  consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales.”    

 

“Artículo 453. Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. (...)” (Subrayado de la Sala).

 

De las normas antes citadas se evidencia, que sólo podrá despedirse a un trabajador cuya relación laboral se encuentre suspendida, mediante una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 453 antes trascrito.

Establecido lo anterior y por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente se observa que la parte actora alegó la imposibilidad de acceder al lugar de trabajo, circunstancia ésta que pudiera encuadrar en la causal de suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 94 literal “h” de la Ley Orgánica del Trabajo, es por lo que considera la Sala que corresponderá determinar a la Inspectoría del Trabajo, si la parte accionante para el momento del despido se encontraba amparada por la referida causal. Así se decide.

            En consecuencia de lo anteriormente expuesto deberá esta Sala declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada. Así se decide.

III

DECISIÓN

 

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por la ciudadana MARIANELLA DEL CARMEN TERÁN, contra la sociedad mercantil PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN).

En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 26 de julio de 2006, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02749.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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