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Sentencia N.º 0275

Sentencia N.º 0275

Sentencia
N.º 0275
Fecha
08/03/2007
Sala
Casación Social
Expediente
06-1734
Ponente
Juan Rafael Perdomo
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

En el juicio por cobro de diferencia de prestaciones sociales, pago de las pensiones de jubilación de conformidad con el Plan de Jubilación de PDVSA y otros conceptos laborales que sigue el ciudadano KARL VLADAS MAZEIKA ENGLERT, representado por los abogados Ramón Aguilera Volcán, Germán García Farrera, Félix Palacios Cruz, Enrique Aguilera Volcán, Enrique Aguilera Ocando, Germán A. García Flores y Noris Aguilera Stopello, contra las sociedades mercantiles PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. PDVSA e INTERVEN VENEZUELA, S.A., representadas por los abogados Mazzino Valeri Rigual, Pablo Paladino Mata, Verónica Palacio Hurtado, Nathalie Aguilar Milano, Neyra Vanesa Mesa Serra y Francis Leonor González Silva, el Juzgado Quinto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo por apelación de la parte actora, en sentencia publicada el 30 de mayo de 2006, declaró sin lugar la apelación confirmando la sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

Contra esta decisión, la parte actora anunció y formalizó recurso de casación. Hubo contestación, la cual no se aprecia por ser extemporánea.

Cumplidas las formalidades legales con el nombramiento de ponente en la persona del Magistrado quien con tal carácter suscribe, la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha 1° de marzo de 2007 y la emisión de la decisión inmediata contemplada en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar la sentencia en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN

- I -

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte formalizante señala que la recurrida incurrió en falta de aplicación de los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica del Trabajo que establecen la representatividad  y responsabilidad de los gerentes como representantes de patrono.

Alega que la sentenciadora, en lugar de descalificar al Dr. Favio González Ciavaldini y considerar que usurpó funciones del presidente de la empresa Dr. Alí Rodríguez Araque, debió tenerlo como un digno representante de la empresa y deducir que sus actuaciones, entre las cuales figura la comunicación que emitió haciendo saber al actor que la jubilación le había sido concedida, fueron realizadas con absoluta probidad y con la autorización del presidente de la industria.

La Sala observa:

Si bien los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica del Trabajo establecen que las personas que ejerzan funciones de dirección o administración se consideran representantes del patrono aunque no tengan mandato expreso, para todas las relaciones laborales, en el caso concreto, hubo una circunstancia excepcional ocasionada por el paro petrolero que obligó a la Asamblea de Accionistas, lo cual consta en las Actas de fecha 7 y 8 de diciembre de 2002, a decretar el estado de emergencia en la industria petrolera y facultar únicamente al presidente de la empresa para aprobar las jubilaciones y la administración del personal, razón por la cual, no resultan aplicables los artículos denunciados pues el único representante del patrono para todos los fines derivados de la relación de trabajo era el Dr. Alí Rodríguez Araque.

Por las consideraciones anteriores se declara improcedente la denuncia.

- II -

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte formalizante señala que la recurrida infringió el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil al silenciar el Plan de Jubilaciones vigente en PDVSA.

Señala el formalizante que la recurrida después de una serie de consideraciones relacionadas con el paro petrolero y la designación del Dr. Alí Rodríguez Araque como autoridad única de PDVSA, lo cual consideró un hecho notorio y judicial, no examinó el contenido del Plan de Jubilaciones, pues si lo hubiera hecho, se habría percatado de que este instrumento en el punto 4. b).1 contiene los requisitos para la procedencia del beneficio de jubilación.

La Sala observa:

Desde el año 2000, la jurisprudencia de esta Sala ha mantenido el criterio de que el vicio denominado silencio de prueba es una de las formas en que se manifiesta la inmotivación y por tanto debe denunciarse de conformidad con el ordinal 3° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No obstante esto, atendiendo al mandato constitucional de no sacrificar la justicia por formalismos no esenciales, la Sala examinará la denuncia del recurrente.

Queda inmotivada la sentencia por haberse incurrido en silencio de pruebas cuando el Juez omite cualquier mención sobre una prueba promovida y evacuada por las partes que consta en las actas del expediente y cuando, a pesar de haberse mencionado su promoción y evacuación, el Juez se abstiene de analizar su contenido y señalar el valor que le confiere a la misma o las razones para desestimarla, siendo importante, además, que las pruebas promovidas y evacuadas por la parte en la oportunidad legal correspondiente, no mencionadas o valoradas por el Juez, sean relevantes para la resolución de la controversia, pues con base en disposiciones constitucionales, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, o no hace imposible su eventual ejecución.

En el caso concreto, la recurrida no mencionó ni valoró el Plan de Jubilaciones, sin embargo, de haberlo apreciado no se habría modificado el dispositivo de la sentencia, pues, como se ha explicado en otras sentencias sobre el mismo tema, el artículo 4.1.1 del Plan de Jubilaciones se denomina “Elegibilidad para la Pensión de Jubilación” y establece que existen dos (2) tipos de jubilaciones: la jubilación normal, prevista en el literal a) y la jubilación prematura, en el literal b); la jubilación prematura puede ser: a solicitud del trabajador, por discrecionalidad de la empresa, por incapacidad o para sobrevivientes. Todos estos supuestos de jubilación prematura, por tratarse de situaciones especiales, pueden ser solicitadas por el interesado o las puede otorgar de oficio la empresa, pero en todo caso, la jubilación prematura establecida en el literal b), requiere una aprobación expresa del Comité designado para estas funciones, el cual debía revisar el cumplimiento de los requisitos de años de edad y de servicio, que no se tienen deudas con la empresa y la conveniencia de su otorgamiento en cada caso determinado.

De conformidad con esta interpretación del Punto 4 del Plan de jubilaciones, en cualquier caso de solicitud de jubilación prematura se requiere una aprobación expresa; y, al no constar la aprobación por parte de la autoridad competente, en este caso, el presidente de la empresa Dr. Alí Rodríguez Araque, no se considera otorgado el beneficio de jubilación, razón por la cual, aunque la recurrida hubiera analizado el Plan de Jubilaciones no se habría modificado el dispositivo de la sentencia.

Por las consideraciones anteriores se declara improcedente esta denuncia.

- III -

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte formalizante señala que la recurrida incurrió en falta de aplicación del Punto 4.1.4 literal b.1) del Plan de Jubilación y el ordinal 1° de la definición “Fecha Efectiva de Jubilación” contenido en el Punto 3 del mismo instrumento.

Alega el formalizante que la recurrida dejó de aplicar el literal b.1) del punto 4.1.4 que prevé que cualquier trabajador afiliado que cumpla con los requisitos allí previstos puede solicitar su jubilación prematura voluntaria. Asimismo señala que no aplicó el ordinal 1° de la definición “Fecha Efectiva de Jubilación” contenido en el Punto 3 de dicho plan, según el cual la jubilación ha de surtir efectos al primer día del mes siguiente a aquel en que el trabajador afiliado solicite su jubilación normal o prematura voluntaria.

La Sala observa:

Como se mencionó en la denuncia anterior, el artículo 4.1.1 del Plan de Jubilaciones se denomina “Elegibilidad para la Pensión de Jubilación” y establece que existen dos (2) tipos de jubilaciones: la jubilación normal, prevista en el literal a) y la jubilación prematura, en el literal b); la jubilación prematura puede ser: a solicitud del trabajador, por discrecionalidad de la empresa, por incapacidad o para sobrevivientes. Todos estos supuestos de jubilación prematura, por tratarse de situaciones especiales, pueden ser solicitadas por el interesado o las puede otorgar de oficio la empresa, pero en todo caso, la jubilación prematura establecida en el literal b), requiere una aprobación expresa del Comité designado para estas funciones, el cual debía revisar el cumplimiento de los requisitos de años de edad y de servicio, que no se tienen deudas con la empresa y la conveniencia de su otorgamiento en cada caso determinado.

Si bien la recurrida no se refirió expresamente al Plan de Jubilaciones, estableció que era necesaria la aprobación del beneficio de jubilación por la autoridad competente, en este caso, el presidente de la empresa Dr. Alí Rodríguez Araque, y al no constar dicha aprobación, no resulta aplicable la consecuencia jurídica de la disposición referida al beneficio de jubilación, ni la referida a la fecha efectiva de jubilación, razón por la cual, considera la Sala que la recurrida no incurrió en falta de aplicación de las disposiciones denunciadas.

Por las razones precedentes se declara improcedente esta denuncia. 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia publicada el 30 de mayo de 2006, dictada por el Juzgado Quinto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Se condena al recurrente en las costas del recurso, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La presente decisión no la firma el Magistrado, LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ por no haber estado presente en la audiencia pública correspondiente.

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala  de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (08) días del mes de  marzo de dos mil siete. Años: 196° de la Independencia y 148° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El-

 

 Vicepresidente Ponente,                                                        Magistrado,

 

 

________________________                       _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                            Magistrada,

 

 

_______________________________         ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

 

R.C N° AA60-S-2006-0001734

Nota:   Publicada en su fecha a las

 

 

El Secretario,

 

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