Venley

Sentencia N.º 02758

Sentencia
N.º 02758
Fecha
30/11/2006
Sala
Político Administrativa
Expediente
2000-0107
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADO PONENTE:  LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 2000-0107

 

El Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por Oficio N° 27-2.000 de fecha 20 de enero de 2000, remitió a esta Sala el expediente No. 1218, contentivo de la apelación interpuesta en fecha 10 de enero de 2000 por el abogado José Leonardo Sanzone Mirabal, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 75.489, actuando en el carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA, representación que consta originalmente de documento poder autenticado en fecha 26 de febrero de 1999, por ante la Notaría Pública de San Francisco del mismo Estado, anotado bajo el  No. 74, Tomo 12 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, sustituido apud acta mediante diligencia de fecha 18 de mayo de 1999, de lo cual dejó constancia el Secretario del referido Juzgado;  contra la sentencia  No. 667, dictada en fecha 09 de diciembre de 1999 por ese mismo Tribunal, mediante la cual se declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por FORAMER DE VENEZUELA, S.A., SUCURSAL DE FORAMER,  sociedad mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la entonces Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 5 de enero de 1995, bajo el No. 29,  Tomo 7-A-Pro, contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. G.A.T.-0024-98-R, de fecha 08 de septiembre de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal No. G.A.T.-0002298-IF de fecha 11 de junio de 1998, y contra la Planilla de Liquidación No. G.A.T.-0022-98-PL, de fecha 08 de septiembre de 1998, por la cantidad de Bs. 51.776.836,00, en concepto de impuesto sobre patente de industria, comercio, servicios y similares, para el período comprendido entre el 1° de enero de 1998 al 31 de mayo del mismo año, actos los cuales fueron emitidos por  la Gerencia de Administración Tributaria de la Alcaldía del mencionado Municipio.

En fecha 02 de febrero de 2000 se dio cuenta en Sala, y se ordenó seguir el procedimiento de segunda instancia previsto en el Capítulo III del Título V de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Se designó ponente  al Magistrado Levis Ignacio Zerpa  y se fijó el décimo día de despacho para comenzar la relación.

El 22 de febrero de 2000, compareció la abogado Rebeca Catán Barut, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.221 en  representación del referido municipio, conforme se evidencia de poder otorgado ante la Notaría Pública de San Francisco del Estado Zulia, el 26 de febrero de 1999, anotado bajo el N° 74, Tomo 12 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, y consignó el escrito de fundamentación de su apelación. Así, el 24 de febrero de 2000, comenzó la relación en este juicio; contestando tales fundamentos los apoderados de la sociedad mercantil recurrente, mediante escrito de fecha 08 de marzo de 2000.

En escrito de fecha 22 de marzo de 2000, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente promovieron pruebas, así: en el Capítulo I, el mérito favorable de los autos, relacionándolo en cuatro numerales; en el Capítulo II, documentales detalladas en seis numerales; y en el Capítulo III, experticia grafotécnica para precisar que la persona notificada de la resolución impugnada, ocupaba para ese entonces el cargo de Secretaria en esa organización.

Mediante auto de fecha 25 de mayo de 2000, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admite las pruebas documentales de los Capítulos I y II, por no ser ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva. Asimismo, admite la experticia grafotécnica promovida en el Capítulo III del escrito de promoción de pruebas, y de conformidad con el artículo  452 del Código de Procedimiento Civil, fija la fecha y hora para que tenga lugar el acto de nombramiento de expertos por las partes, conforme al artículo 451 eisudem.

En fecha 31 de mayo de 2000, el Juzgado de Sustanciación declara desierto el acto de nombramiento de expertos, de conformidad con el artículo 457 eisudem.

En diligencia de fecha 6 de junio de 2000, la apoderada judicial de la referida sociedad mercantil, solicita se fije nuevamente fecha para el nombramiento de expertos  y que sean designados como tales funcionarios del Departamento de Grafotécnica del entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ) del Ministerio de Justicia.

Por auto de fecha  07 de junio de 2000, el referido Juzgado de Sustanciación antes de proveer sobre la anterior diligencia, acuerda enviar oficio al organismo mencionado (PTJ), a fin de que envíe a este tribunal un listado de profesionales especialistas en la materia objeto de la experticia. Así, en fecha 13 del mismo mes y año emitió el referido oficio, según consta al folio 335 de este expediente.

En fecha 3 de julio de 2001, el representante municipal emite diligencia  solicitando al Juzgado de Sustanciación “ratifique lo contenido en el auto dictado por ese Juzgado en fecha 7 de junio de 2000, en el que se ordena al Jefe del Departamento de Grafotécnia del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que remita a este Juzgado el listado de profesionales especialistas en la materia objeto de la experticia.”.

En auto de fecha 04 de julio de 2001, el mencionado Juzgado acuerda pasar el expediente a la Sala, por cuanto se encuentra concluida la sustanciación.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa por la Asamblea Nacional, en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.105, del 22 de diciembre del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año y  mediante auto fechado 11 de julio de 2001, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba, y se ratificó como  Ponente  al Magistrado  Levis Ignacio Zerpa.

En fecha 07 de agosto de 2001, tuvo lugar el acto de informes, al cual no comparecieron las partes, se dijo VISTOS.

El 26 de septiembre de 2001, el apoderado judicial de la contribuyente solicita se declare la perención, conforme a la previsión contenida en el artículo 86 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto en la presente causa no se realizaron actos procesales desde el auto emitido por el Juzgado de Sustanciación en fecha 13 de junio de 2000, hasta la diligencia del representante del Fisco Municipal de fecha 3 de julio de 2001. Por su parte, la representación municipal en fecha 16 de octubre de 2001, se opuso a tal petición, en virtud de que se generaron varias actuaciones después que transcurrió la supuesta perención, hasta el punto de decirse “Vistos”.

Por auto fechado el 17 de octubre de 2006, se dejó constancia de que el 17 de enero de 2005 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004. Posteriormente, en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva, quedando conformada la Sala  Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba; ratificándose como Ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa.

I

ANTECEDENTES

La Gerencia de Administración Tributaria del Municipio San Francisco del Estado Zulia, notifica a la contribuyente la Resolución No. G.A.T.-0024-98-R de fecha 08 de septiembre de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal No. G.A.T. 00022-98-IF de fecha 11 de junio de 1998, junto con la Planilla de Liquidación No. G.A.T. 00022-98-PL, también de fecha 08 de septiembre de 1998, donde se liquida a cargo de la sociedad mercantil recurrente la suma de  Bs. 51.776.836,00, por concepto de impuesto sobre patentes de industria, comercio, servicios y similares, “obtenidos  en la realización de actividades lucrativas, tendentes en la prestación de servicios a la industria petrolera para la perforación de pozos petroleros, cuyos actos fundamentales iniciales para el perfeccionamiento de la misma tales como manejo de personal, materiales y otros servicios se generan en y desde su establecimiento ubicado en las instalaciones de la empresa mercantil TRICOMAR C.A. ubicada en la avenida principal de San Francisco, Sector  La Cañada del  Manzanillo al lado de la sociedad de comercio GRAMOVEN C.A., jurisdicción de este Municipio San Francisco, Estado Zulia, por lo que se subsume en el Artículo 1 y siguientes de la ordenanza sobre Patentes de Industria, Comercio, Servicios y similares (Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 12 de fecha 20 de Diciembre de 1996). Así como en el Código 045003 de su Clasificador de Actividades.”.

Contra los actos descritos supra, los apoderados judiciales de la mencionada sociedad mercantil interpusieron recurso contencioso tributario el 11 de noviembre de 1998, sobre la base de las razones de hecho y de derecho que fundamentan su desacuerdo, Así:

Alegatos de forma

Alegan la inmotivación tanto de la resolución como del acta fiscal supra identificadas, afirmando que “la Administración Tributaria omite la necesaria expresión de los hechos y fundamentos  que la llevan a decidir el sumario administrativo”, incumpliendo con ello las previsiones del artículo 65 de la Ordenanza Sobre Tributación Municipal del Municipio San Francisco, Estado Zulia (Gaceta Municipal Extraordinaria N° 12 de fecha 20 de diciembre de 1996), en concordancia con los artículos 144 y 149 del Código Orgánico Tributario de 1994; y los artículos 9 y 18 de la Ley Orgánica  de Procedimientos Administrativos; asimismo, alegan la violación del artículo 68 de la Constitución  de la República de 1961, aplicable al caso de autos ratione temporis.

Además, denuncia el vicio de exceso o abuso de poder al dictarse el acto administrativo, por cuanto “el funcionario actuante ha hecho uso de una potestad, en razón de la investidura de su cargo, sin justificar las  razones de hecho o de derecho que legitiman su actuación”. En la resolución impugnada, “el funcionario actuante ha establecido a su libre arbitrio los hechos determinantes que justifican  el ejercicio de su competencia, sin ajustarse a las prescripciones legales.”.

Alegatos de fondo

La contribuyente califica de falsos los argumentos de la municipalidad para formular el referido reparo, y al efecto alega que ella no tiene sede en esa jurisdicción  y mucho menos realiza en su ámbito territorial actividad  alguna susceptible de ser gravada con el impuesto sobre patente de industria y comercio.

Así,  denuncia la pretendida gravabilidad como violatoria al principio de territorialidad, que determina el ámbito espacial de aplicación de las normas tributarias, y a la potestad territorial que le es asignada conforme a la Ley de División Política Territorial del Estado Zulia, configurándose por tanto el vicio de usurpación de funciones del Poder Nacional y, por ende, la nulidad de los citados actos administrativos, conforme al numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Denuncia además, la violación del derecho al libre tránsito consagrado en los  artículos 64,  31 y 18, ordinal 1º, de nuestra Constitución de 1961,  que prohibió a los Municipios la creación de impuestos de exportación o tributos de tránsito sobre bienes extranjeros o nacionales, o sobre las materias rentísticas del Poder Nacional o Estadal; así como el artículo 136, numeral 20,  del referido texto constitucional, ya que el impuesto pretendido no está previsto dentro del ámbito de potestades tributarias  de los Municipios, pues todo lo relativo “a transporte terrestre, navegación aérea, marítima, fluvial y lacustre y a los muelles y demás obras portuarias es competencia exclusiva y excluyente del Poder Nacional.”.

Adicionalmente, alega que si se materializara el mencionado cobro, se  violarían otros derechos constitucionales como el de la libertad económica (artículo 96), así como también su derecho de propiedad (artículo 99).

Por todo lo antes expuesto, la reparada sociedad mercantil solicita se declare la improcedencia y nulidad de todos los actos administrativos recurridos.

En escrito de fecha 03 de marzo de 1999, el representante del ente municipal, después de admitido el recurso y transcurrido el lapso de apelación del mismo, solicitó fuese declarada la caducidad del lapso para interponer el recurso contencioso tributario; y para el caso de que fuera negado tal pedimento, solicitó se repusiera la causa al estado de que se notifique al Municipio, pues, en su criterio, no le concedieron los días del término de la distancia.

Al respecto, el juez de la causa, mediante sentencia interlocutoria dictada el 09 de marzo de 1999, declaró en cuanto al primer punto alegado (caducidad),  decidirlo como punto previo en la definitiva, y en relación al segundo pedimento (reposición), negarlo.

II

FUNDAMENTOS DE LA RECURRIDA

Mediante Fallo N° 667 de fecha 09 de diciembre de 1999, el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil recurrente, a partir de las razones de hecho y de derecho que a continuación se mencionan:

Como punto previo, pasó a examinar la caducidad del lapso para la interposición del recurso contencioso tributario planteada. Así, la recurrida advierte que el escrito recursorio fue autenticado en fecha 28 de octubre de 1998, por ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao, y en ese sentido el a quo hizo un análisis acerca de las causas que  llevaron a la recurrente a autenticar dicho escrito, considerando para su decisión, que en el caso de autos el lapso de veinticinco (25) días hábiles siguientes a su notificación para ejercer dicho recurso, se debe hacer por días de despacho transcurridos en el tribunal distribuidor. Asimismo, advirtió en el acto administrativo impugnado una defectuosa información al indicarle a la recurrente los órganos por ante los cuales podía presentar dicho recurso, lo cual afirma comporta una  limitación para el ejercicio del recurso ejercido contra los actos tributarios municipales.

En razón de ello, el a quo admite que haciendo el cómputo del lapso para interponer el mencionado recurso, según el criterio del Máximo Tribunal, por días de despacho transcurridos en el Tribunal Distribuidor,  efectivamente  el 5 de noviembre de 1998 era el díes ad quem; y observa que  cursa al folio 45 de este expediente, el oficio No. 5.325 de fecha 4 de noviembre de 1998, dirigido al Notario Público Séptimo del Municipio Chacao del Estado Miranda, en acatamiento a lo ordenado por  auto de la misma fecha, donde solicita el envío a ese Organismo Jurisdiccional del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente Foramer de Venezuela S.A., Sucursal de Foramer, en fecha 28 de octubre de 1998, ordenando hacer entrega del mismo al Alguacil adscrito a dicho órgano.

En este sentido, el sentenciador interpreta que cuando el Tribunal Distribuidor solicita el recurso anotado bajo el No. 19, Tomo 60 de los Libros de Autenticaciones respectivos, “está reconociendo que existe una manifestación de voluntad de la empresa ya citada de impugnar el acto de la Administración Tributaria ya identificado, y por tanto el 4 de noviembre de 1998 debe considerarse como la fecha de interposición del recurso contencioso tributario en referencia y no el día 10 de noviembre de 1998, cuando es entregado al Alguacil del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario.”.

En razón de todo lo expuesto, el a quo declara que el referido recurso contencioso fue ejercido en tiempo hábil.

En cuanto al vicio de inmotivación  del acto administrativo denunciado, el sentenciador después de hacer una reseña de las previsiones legales, de algunos criterios doctrinarios y jurisprudenciales que se han  suscitado en esta materia, declara inmotivado el acto administrativo cuestionado, al precisar que:

“la Administración Tributaria Municipal no indicó en el Acta de Intervención levantada a la empresa el motivo por el cual encuadraba en los supuestos de la Ordenanza sobre Patente de Industria, Comercio, Servicio y Similares del Municipio San Francisco del Estado Zulia; no se indica cuál es la actividad comercial, industrial o de servicio que desarrolla la empresa en jurisdicción del Municipio San Francisco del Estado Zulia; no se desvirtuó  la afirmación de los apoderados de la empresa según la cual la única relación que tiene con dicho Municipio es el paso o tránsito de su personal por el territorio del Municipio para su acceso a sus lugares de trabajo, es decir, a las Gabarras ubicadas en el Lago”.

No obstante tal declaratoria, el a quo entra a conocer del fondo de la controversia y en este orden, comienza por  hacer referencia de algunas normativas relativas a la delimitación territorial, a la competencia de los Municipios y al ámbito de aplicación de sus Ordenanzas, a la luz de consideraciones y limitantes de la Constitución de 1961 y las respectivas Leyes; por lo cual  afirma que el Municipio competente para crear la norma tributaria correspondiente es aquel en cuya jurisdicción se realice el hecho generador respecto del cual rige la Ordenanza, procurando evitar las esferas reservadas a otro poder, a saber, en el caso de autos al Poder Nacional. En virtud del carácter territorial del impuesto de patente de industria y comercio, corresponde al Municipio gravar las actividades comerciales o industriales que, con propósitos de lucro, realicen los contribuyentes en o desde los establecimientos ubicados dentro del territorio de dicho Municipio.

En el caso de autos,  el sentenciador dejó sentado que:

·        Los actos recurridos emanan del Municipio San Francisco (antes Parroquia San Francisco) del Estado Zulia, el cual pertenecía al Municipio Maracaibo, cuyos límites  definidos en el artículo 9 de la Ley Político Territorial dictada por la Asamblea Legislativa del mencionado Estado, se dan por reproducidos.

·        El territorio situado dentro de los límites respectivos es el único en el cual el  Municipio San Francisco puede gravar las actividades comerciales o industriales realizadas por los sujetos pasivos.

·        No existe en dicha Ley mención alguna de que el referido Municipio tenga jurisdicción más allá de la línea de la costa. Lo contrario sería invadir la competencia atribuida al Poder Nacional.

·        De ello interpreta el tribunal la referencia que se hace en la Ley de División Territorial  de Isla Dorada, al considerarla dentro de los límites del Municipio Maracaibo e interpreta además que las riberas del Lago y sus costas constituyen el hito natural donde se extiende el territorio de los distintos Municipios que integran el Estado Zulia.

·        Conforme a los límites fijados en la Ley sobre Mar Territorial, la Plataforma Continental, Protección de la Pesca y Espacio Aéreo, específicamente en sus artículos 1 y 4, se concluye que el Lago de Maracaibo no forma parte de ningún  Municipio integrante de la República de Venezuela.

·        En consecuencia, no puede el Municipio San Francisco del Estado Zulia (antigua Parroquia San Francisco), cuyos linderos están establecidos en el artículo 13 de la Ley de División Político-Territorial del mismo Estado, aplicar la Ordenanza de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio para gravar las actividades  que en ese orden no se desarrollen en dicho Municipio.

En atención a estas consideraciones, pasa a determinar el lugar donde la compañía recurrente realizó las actividades generadoras de sus ingresos durante el período comprendido desde el 1º de enero hasta el 31 de mayo de 1998, objeto del reparo municipal.

Del análisis y apreciación de las pruebas promovidas y evacuadas oportunamente, especialmente de la inspección judicial practicada según actas levantadas con fechas 13 y 14 de abril de 1998, y las cuales corren a los folios 158 al 171 de este expediente, el a quo, luego de dejar constancia de que en los dos días de inspección no hubo representación del Municipio San Francisco y de haber cumplido con los términos solicitados en la inspección judicial, afirmó que:

“....dichas actividades realizadas por  la referida compañía, no pueden desarrollarse en la sede de la Oficina situada en la Avenida 43, entre Carreteras N y O, Zona Industrial, Ciudad Ojeda, del Estado Zulia, advirtiendo que la sede de la empresa está en jurisdicción del Municipio Lagunillas de ese Estado.”

Igualmente, se dejó constancia de que ese tribunal se dirigió a la lancha 82  que se encontraba en el embarcadero Tricomar, ubicada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, partiendo de allí a la hora señalada previo el debido registro de salida, dejando asentado que a las 8:50 a.m. el tribunal arribó a la Gabarra denominada “Ile de Levant”. Luego, instalado en la misma, un funcionario de FORAMER, previamente identificado, hizo una explicación de las actividades realizadas en la referida Gabarra, expresando que,  “la Gabarra se encarga de la perforación de pozos y reparación o rehabilitación de pozos viejos, para la perforación se llega a la locación y se taladra un nuevo hoyo, y, para la reparación o rehabilitación igual, se llega al pozo y se reacondiciona de acuerdo al daño que exista”.

Concluye la recurrida declarando que:

“De ello se evidencia que la actividad de la empresa recurrente es realizada exclusivamente en el área del Lago de Maracaibo, que no puede ser objeto de gravamen de patente de industria y comercio que supone el ejercicio de una actividad industrial, comercial o similar en jurisdicción del Municipio San Francisco”.

Por todo lo expuesto, el Juzgador declaró la nulidad de la resolución, del acta, así como de la planilla liquidada, impugnadas por concepto del referido impuesto.

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

En escrito de fecha  22 de febrero de 2000, la apoderada judicial del mencionado Municipio, expuso las razones sobre las cuales basa su desacuerdo con la declaratoria de la sentencia antes examinada.

Así, denuncia el vicio de incongruencia, alegando que la recurrida incurrió en contradicciones al dictar su fallo, al afirmar, según el artículo 188 del Código Orgánico Tributario de 1994, que la representación fiscal municipal tenía razón al sostener que no está prevista la interposición del recurso contencioso tributario ante una  Notaría Pública. Así también cuando el a quo señala que el lapso para interponer el recurso contencioso tributario es de veinticinco (25) días hábiles en el calendario de la administración pública, y que por tanto el plazo vencía el 26 (sic) de octubre de 1998, declarado como no laborable para el Poder Judicial. Entonces  si eso es así, si el recurso no se interpuso en esa oportunidad, ni por ante alguna de las autoridades competentes previstas en el mencionado artículo 188, el sentenciador ha debido indefectiblemente declararlo extemporáneo, pues la “...manifestación de voluntad de la empresa ya citada de impugnar el acto de la Administración Tributaria ya identificado...” se exteriorizó, en su criterio, el día 4 de noviembre de 1998, cuando ya había caducado la oportunidad para recurrir el acto administrativo objeto de la presente controversia.

Por otra parte, en relación a lo señalado por el a quo, de que la Administración Tributaria Municipal le limitó el ejercicio del recurso a la sociedad mercantil recurrente, cuando dice la obliga a acudir sólo ante los tribunales superiores contencioso tributarios con sede en Caracas, la apelante indica que en ningún momento han cuestionado la validez de la notificación practicada, ni han denunciado la ocurrencia de vicio alguno; por el contrario, lo que se observa son afirmaciones de la propia recurrente, que el Municipio transcribe, en cuanto a la fecha de notificación, a la fecha cuando vencía el  lapso para interponer el recurso contencioso tributario, así como la mención que hicieron sobre la dificultad para interponer dicho recurso ante los órganos competentes. Razón por la cual, consideran que la recurrente sí conocía el derecho, es decir, en ningún momento se vieron obligados o limitados a ejercer el recurso que les asistía para oponer sus defensas; en este orden transcriben el artículo 152 del referido Código Orgánico Tributario. Adicionalmente, para sustentar su alegato de incongruencia del fallo recurrido, traen a colación la referencia que hace el a quo del artículo 77 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

A su vez, insiste en que la intención de la recurrente al presentar el escrito del recurso ante la referida Notaría Pública, era la de interponer dicho medio de impugnación ante ese ente, en contradicción al dispositivo del artículo 188 del Código Orgánico Tributario.

Respecto al alegato de inmotivación de la cual según la mencionada sociedad mercantil adolece el acto administrativo recurrido, sostiene la representación municipal, que no es necesario una extensa y detallada relación de los hechos, sino que basta una narración sucinta de éstos, luego de señalar criterio jurisprudencial, por lo que afirma que en el Acta de Intervención Fiscal No. GAT-00022-98-IF sí se encuentra expresión clara sobre las razones que dieron origen al reparo impugnado.

Adicionalmente, sostiene dicha representación fiscal que la recurrente reconoce su cualidad de sujeto pasivo del indicado impuesto, cuando procede a la obtención de la Licencia de Transeúnte No. 2000000133, pues cumplió con la ley vigente; así como también, “pudo alegar en su contra, todos los elementos de juicio necesario para ello”.

Validez de las pruebas promovidas y evacuadas.

Considera la representación municipal que la prueba de inspección judicial promovida y evacuada en este proceso, como fundamento del fallo apelado para rechazar el reparo, no desvirtúa el mismo, en razón de que dicha inspección se practicó fuera del Municipio San Francisco. En efecto, fue ejecutada “en  un establecimiento ubicado en Ciudad Ojeda, Estado Zulia y en la Gabarra de nombre “Ile de levant”, más no practicada en las instalaciones de la empresa mercantil TRICOMAR C.A., ubicada en la avenida principal de San Francisco, Sector La Cañada del Manzanillo al lado de la sociedad de comercio GRAMOVEN S.A.,  jurisdicción del Municipio San Francisco, del Estado Zulia”, donde según la fiscalización dejó constancia de que la contribuyente presta servicios a la industria petrolera para la perforación de pozos petroleros.

Insiste el Municipio, que aun cuando la mencionada sociedad mercantil tenga varios domicilios fiscales en el ámbito municipal, no desvirtúa que hubiere realizado actividades en jurisdicción del Municipio San Francisco, lo cual, a su decir, no fue comprobado con la prueba promovida; llevando al juez a efectuar una falsa apreciación de los hechos controvertidos.

Las objeciones formuladas se concretan en que la contribuyente realizó actividades en el Municipio San Francisco, hecho que genera obligaciones tributarias en esa jurisdicción. En ese sentido,  sostiene que:

“....lo cierto y  probado en autos es que la recurrente solicitó de la Gerencia de Administración Tributaria del Municipio San Francisco, licencia de transeúnte para ejercer las actividades que le son propias de acuerdo con su objeto social en jurisdicción del Municipio, licencia que fue concedida el 05 de marzo de 1998 con No. 2000000133, hecho tampoco desvirtuado por la contribuyente.”       

Asimismo, ratifica la representación fiscal, que “en el acta de intervención fiscal levantada en el caso de autos, se dejó expresa constancia de que Foramer de Venezuela S.A. tiene un establecimiento en las instalaciones de la empresa TRICOMAR C.A., ubicada en la Avenida Principal de San Francisco, Sector  La Cañada del  Manzanillo, al lado de la empresa GRAMOVEN S.A, jurisdicción del Municipio San Francisco del Estado Zulia”.

Por último, afirma la representación municipal que así queda  claramente establecido que “la contribuyente ejerce actividades de manejo de personal y materiales, así como otros servicios, que se generan en su jurisdicción, situación ésta que definitivamente no fue desvirtuada en autos, por cuanto la inspección judicial no fue  practicada en la empresa TRICOMAR, S. A., en jurisdicción del Municipio San Francisco, que es precisamente, en y desde este lugar que la contribuyente realiza las actividades que dan lugar al impuesto de patente de industria y comercio; por lo cual solicita se declare dicha prueba impertinente e improcedente, tomando en consideración los criterios doctrinarios  y jurisprudenciales transcritos por la representación municipal  para fundamentar su alegato”.

IV

CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN

Comienza la representación de la sociedad mercantil supra mencionada, denunciando la violación del derecho a la defensa por parte del Municipio, pues con argumentos irreales intenta desconocer las pruebas que sustentan los hechos acontecidos, los cuales al ser comprobados demostraron las pretensiones del referido ente local.

Caducidad del lapso de interposición del recurso en examen.

En cuanto a la referida caducidad solicitada por la apelante, considera que tales señalamientos son infundados, además que tergiversa los hechos y demuestra una falta de entendimiento del criterio adoptado por el tribunal, que a su decir, está sujeto al ordenamiento jurídico vigente. Así, con el objeto de aclarar algunas afirmaciones erradas, observa el repetido error en que incurre la representación municipal, al señalar la fecha de vencimiento del lapso para interponer el recurso.

En relación a la supuesta incongruencia del fallo apelado, considera que no existe tal vicio, porque el sentenciador al decidir respecto al lapso para interponer el recurso contencioso tributario, consideró que éste debía hacerse con apego al criterio establecido por el Máximo Tribunal. Tampoco se da tal vicio en el fallo al señalar la previsión contenida en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; pues “lo que pretende esta norma es aclarar que la única y exclusiva consecuencia de una falta en la notificación, es que el tiempo transcurrido no sea tomado en cuenta a los fines de determinar el vencimiento de los plazos de caducidad para interponer el recurso debido”. Así, solicita se declaren infundados los razonamientos de la apelante para denunciar los supuestos de incongruencia del fallo recurrido.

Para el caso  negado de que  este Tribunal Supremo declare la referida caducidad, solicita que de conformidad con el artículo 187 del señalado Código Orgánico Tributario, sea declarada extemporánea e impropia la diligencia presentada por la representación fiscal el  3 de marzo de 1999, en la primera instancia, en la cual solicitan la caducidad del mencionado recurso; ello en razón a que, “la apelación del auto de admisibilidad debió  formalizarse dentro de los 10 días continuos siguientes al auto de admisión”,  lo cual no ocurrió así, violándose, a su decir,  el principio de legalidad.

Notificación de la resolución impugnada.

Los apoderados judiciales de la sociedad mercantil recurrente, en atención a las previsiones del artículo 132 y siguientes del Código Orgánico Tributario, respecto a las notificaciones, solicitan se declare  la invalidez de la notificación de la Resolución No. G.A.T. 0024-98-R, en razón de que fue hecha en la persona de la ciudadana Rosanna Centi Pérez, titular de la cédula de identidad No. 9.703.940, como secretaria de esa organización; y siguiendo las disposiciones legales referidas, cuando se trata de notificación de personas jurídicas, debe practicarse en la persona de su representante legal, presidente, gerente, director o administrador; por lo que, en el caso de autos, no fue  practicada personalmente; en consecuencia, sólo surtiría efectos después del décimo día hábil siguiente de verificada, conforme a lo previsto en el artículo 134 eiusdem. En razón de ello, el lapso para la interposición del recurso feneció el día 25 de noviembre de 1998, es decir fue ejercido en tiempo hábil.

Inmotivación del acto administrativo recurrido.

Después de señalar que uno de los argumentos en que basa sus razones la apelante para desvirtuar el vicio de  inmotivación alegado por su apoderada,  no guarda relación alguna con sus pretensiones, solicita se declare la nulidad del acto, por no haber tenido acceso al expediente administrativo, prescindiéndose con ello del procedimiento administrativo debido, y de conformidad con el artículo 19, numeral 4, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De igual manera, solicita la nulidad de los actos administrativos recurridos, porque carecen de los elementos de hecho y de derecho necesarios para sustentar el reparo fiscal impuesto, objeto de este juicio.

Validez de las pruebas evacuadas. 

En cuanto a que las pruebas practicadas no desvirtúan el reparo en examen, pues, a criterio de la apelante fueron realizadas fuera de la jurisdicción del Municipio San Francisco, insiste la apoderada judicial de la compañía recurrente en que:

“FORAMER DE VENEZUELA, S.A. no posee instalación alguna en el Municipio San Francisco, TRICOMAR, empresa donde supuestamente FORAMER DE VENEZUELA, S.A. ejerce actividades de servicios petroleros, es sólo un proveedor de servicios. TRICOMAR renta a FORAMER DE VENEZUELA, S.A. las embarcaciones que utiliza para el traslado del material y personal, y para que este servicio se lleve a cabo, TRICOMAR coloca a disposición el embarcadero al cual hace mención el Tribunal a quo en su inspección.”

De los argumentos expuestos por la recurrida se desprende que el uso dado al embarcadero Tricomar, es el tránsito de materiales y personal a la Gabarra inspeccionada; “y no como erróneamente pretende el municipio, que es una instalación donde se presta servicios a la industria petrolera para la perforación de pozos petroleros”.

Reitera la confusión del Municipio al considerar éste que el traslado de personas y materiales, tal y  como lo constató el juez a quo, es una actividad comercial para la compañía recurrente, ya que  no le genera ingreso alguno, por el contrario, se generan costos para ella, al  respecto  afirma que:

“El transporte de personas y bienes desde un Municipio ribereño hasta el Lago de Maracaibo, no autoriza imputar a ese Municipio lo generado por la actividad realizada en el Lago bajo el subterfugio jurídico de que los ingresos fueron generados desde el establecimiento ribereño”.

 

Potestad tributaria municipal.

En  relación a la improcedencia del cobro por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio, el cual pretende el Municipio San Francisco del Estado Zulia, la recurrente insiste, después de exponer sus argumentaciones y fundamentaciones legales, en que su representada no realiza actividades económicas lucrativas en ese territorio, ni tiene una oficina o establecimiento en el referido Municipio; por el contrario, sus actividades las realiza en el Lago de Maracaibo, y que se está violando la competencia reservada al Poder Nacional prevista en el artículo 136, numerales 10 y 20, de la Constitución de 1961.

En este mismo orden, analizó las normas constitucionales y legales relativas a la delimitación territorial del Municipio, su autonomía financiera, así como al ámbito de aplicación de las mismas, para concluir en que el ámbito territorial de los Municipios situados en las zonas contiguas al Lago de Maracaibo, no abarca el área de  éste, sino que por el contrario terminan donde éste comienza. Es así como el Lago de Maracaibo no forma parte de la jurisdicción del Municipio San Francisco, y por ello mal puede dicho Municipio extender su competencia hasta ese territorio, ya que la  potestad tributaria de los Municipios se ve limitada por el propio Constituyente en todas aquellas materias que el texto fundamental  o la ley hayan destinado a la competencia nacional o municipal.

Hechos probados con la inspección judicial evacuada.

Ahora bien, en atención a las defensas expuestas por la apelante al sostener que “la contribuyente ejerce actividades de manejo de personal y materiales, así como otros servicios, que se generan en su jurisdicción, situación ésta que definitivamente no fue desvirtuada en autos, manifestaron que con las pruebas promovidas y evacuadas, su representada comprobó que nada tiene que ver con el Municipio San Francisco. Asevera que el simple tránsito de personas y materiales desde tierra firme a la Gabarra “Ile de Levant” no constituye el objeto de su representada, siendo dicho objeto la realización de actividades de perforación y rehabilitación de pozos petroleros en el Lago de Maracaibo, mediante el uso de una Gabarra, bien como quedó establecido por el Tribunal Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Manifiesta que la apelante confunde la realización de actos preparatorios tendientes a facilitar la real actividad lucrativa de su representada, como son el traslado de personal y materiales desde tierra firme a través de un embarcadero situado en ese Municipio, con la realización de la actividad industrial de perforación de pozos petroleros y su rehabilitación. (Resaltado de la sociedad mercantil recurrente).

Respecto a que las actividades realizadas en el Municipio San Francisco no fueron desvirtuadas en autos, afirma que esto no es cierto, ya que se probó que la única relación que tiene Foramer de Venezuela S.A. con el Municipio, es el uso de un embarcadero como expresión del libre derecho de tránsito. Hecho este probado en autos y no como dice la apelante que se obvió la inspección en dichas instalaciones.

En relación a que la inspección judicial no desvirtúa el hecho que la contribuyente ejerce actividades de personal y materiales, así como otros servicios que se generan en la jurisdicción del Municipio San Francisco, por lo que la prueba en cuestión debe ser considerada impertinente, denunciada por la representación fiscal en el escrito de fundamentación, la apoderada judicial de la administrada observa la omisión en que incurrió la apelante al transcribir la parte final de la doctrina señalada, al definir la pertinencia. En este sentido, el representante municipal obvia que la prueba en este proceso practicada, “va dirigida a comprobar el fundamento de la presente controversia, a saber, probar donde nuestra representada presta sus servicios, donde se encuentra su establecimiento permanente y cuál es la relación que existe con el Municipio San Francisco”, y así solicita sea declarado. (Resaltado de la sociedad mercantil recurrente).

Siguiendo las tendencias doctrinarias, en cuanto a las pruebas, se afirma que “el promovente de una prueba debe indicar cuáles son los hechos que pretende trasladar a los autos con la misma, si ello fuere así, el juez debe declarar la pertinencia de la misma a través del auto de admisión. Por el contrario, si no hubiere coincidencia entre el hecho litigioso objeto de la prueba y los que pretende probar con los medios probatorios se dice que la prueba es impertinente y es en ese momento que la oposición a dichas pruebas es procedente”.

Ahora bien, visto que las pruebas fueron admitidas por el juzgador de instancia, en fecha 16 de marzo de 1999, y que no hubo oposición alguna por parte de la apelante, oportunamente, de su ilegalidad o impertinencia; además de que no fue impugnada la evacuación de la misma dentro de los cinco días siguientes de la recepción de dicha prueba en el juicio; solicita se declaren pertinentes y procedentes las pruebas promovidas y evacuadas por la compañía recurrente.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Vista la declaratoria contenida en la sentencia recurrida y los alegatos formulados en su contra por la apelante, actuando en representación del Municipio San Francisco del Estado Zulia, la controversia planteada en el presente caso está circunscrita, en principio, a resolver respecto a la legalidad de los actos administrativos impugnados, a fin de determinar si la actividad que realiza la referida sociedad mercantil recurrente está sujeta a gravamen por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio, pretendido por el referido Municipio. No obstante, previamente debe esta Sala pronunciarse sobre la perención solicitada ante esta Alzada; y, de ser necesario, analizar sobre la caducidad del lapso para interponer el recurso contencioso tributario; luego, resolver sobre el  denunciado vicio de incongruencia del fallo apelado.

En este orden de ideas, delimitada como fue la litis en este juicio, pasa esta Sala a decidir y al efecto observa:

1.         Perención de la instancia solicitada ante esta Alzada.

En cuanto al alegato de perención de la instancia aducido en alzada por el apoderado judicial de la compañía mercantil recurrente, la Sala estima necesario hacer las siguientes consideraciones:

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año a partir del último acto de procedimiento, por lo que este Alto Tribunal sin más trámites debe en esos casos, declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En este sentido, ha sido criterio reiterado  de este Máximo Tribunal que la figura de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso.

Luego, siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido que la aludida falta de gestión procesal significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.

Vistas las anteriores consideraciones, pasa la Sala a decidir acerca de la solicitud de perención hecha por la contribuyente Foramer de Venezuela, S.A., Sucursal Foramer, y de la oposición que de la misma hiciera la representación del Municipio San Francisco del Estado Zulia.

En este sentido,  observa la Sala que el 13 de junio de 2000 el Juzgado de Sustanciación libró oficio dirigido al entonces denominado Cuerpo Técnico de Policía Judicial, solicitándole un listado de profesionales, especialistas grafotécnicos, con relación a las pruebas promovidas por la sociedad mercantil recurrente; que el 03 de julio de 2001, el representante municipal solicitó se ratificara el contenido del auto dictado por ese Juzgado de Sustanciación “en fecha 07 de junio de 2000, en el que ordena al jefe del Departamento Grafotécnico del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que remita a este Juzgado el listado de profesionales”, no mediando ninguna otra actuación del Juzgado o de las partes dentro del citado lapso.

Ahora bien, se advierte que  no fue sino hasta el 26 de septiembre de 2001, cuando la apoderada judicial de la sociedad mercantil recurrente solicitó la declaratoria de perención; es decir, después que concluida la sustanciación, devuelto el expediente a la Sala Político-Administrativa y transcurrido el Acto de Informes y de que, en fecha 07 de agosto de 2001, se dijera “Vistos”.

En razón de ello, esta Sala no puede dejar de observar con base en los poderes inquisitivos propios del Juez en los procedimientos contencioso administrativos tributarios y su condición de director del proceso, en búsqueda de la verdad y conforme a las previsiones del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que las actuaciones posteriores verificadas en el expediente por las cuales se dio impulso a la causa, evidencian el propósito de continuar el proceso. Por todo lo cual, estima esta Sala improcedente la declaratoria de perención en el presente caso. Así se declara.

Considerada improcedente la perención de instancia solicitada, pasa la Sala a decidir acerca de los otros puntos denunciados por las partes, siguiendo el orden prefijado.

 

2.         Caducidad del lapso para interponer el recurso contencioso tributario.

Corresponde decidir ahora la caducidad del lapso para interponer el recurso contencioso tributario esgrimida por la representación municipal en escrito de fecha 03 de marzo de 1999, en primera instancia, y en razón de ello determinar la presentación oportuna o no del mencionado recurso.

Se observa, en el caso de autos, que no existe controversia en cuanto a la fecha de notificación de la Resolución No. G.A.T. 0024-98-R, es decir el 22 de septiembre de 1998, y tampoco en cuanto a que dicha notificación se realizó en la persona de la ciudadana Rosanna Centi Pérez, titular de la cédula de identidad No. 9.703.940, en su carácter de secretaria de la recurrente Foramer de Venezuela, S.A, tal y como quedó demostrado del expediente de personal en esa compañía traído a los autos en el lapso probatorio de esta Alzada. Así, la contención  se circunscribe a determinar si el recurso contencioso tributario fue ejercido tempestivamente, así como si se interpuso ante el respectivo órgano, conforme a la previsión del artículo 188 del Código Orgánico Tributario de 1994.

Se advierte así mismo,  que los apoderados judiciales de la compañía mercantil recurrente  presentaron escrito contentivo del recurso contencioso tributario, para su autenticación,  por ante la Notaría Pública del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 28 de octubre de 1998.

Al respecto, la representación municipal sostuvo que para esta última fecha se había consumado ya el lapso de caducidad para interponer el referido recurso, además, que la recurrente lo presentó ante una Notaría Pública, órgano no competente para recibirlo, conforme a la disposición del mencionado artículo 188.

En este orden de ideas y a fines de resolver el planteamiento anterior, estima pertinente la Sala referir el contenido del artículo 188 del Código Orgánico Tributario de 1994, que a la letra establece:

“Artículo 188.- El Recurso podrá interponerse directamente ante el Tribunal competente, o a través de la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva, o de cualquiera otra oficina de la Administración Tributaria correspondiente al tributo de que se trate, o por intermedio de un Juez del domicilio fiscal del recurrente.”

Ahora bien, del análisis de la norma supra transcrita, de las actas procesales, así como de las alegaciones y probanzas evacuadas en autos, advierte esta Sala que efectivamente las Notarías no están contempladas en la señalada disposición como aquellos órganos competentes, donde los contribuyentes o responsables puedan interponer el recurso contencioso tributario, como el caso de autos. Sin embargo, de los antecedentes referidos se observa, que la actuación de la compañía mercantil recurrente al presentar dicho recurso para su autenticación ante la mencionada Notaría, sólo obedeció a la intención de dar fe pública de la autenticidad y veracidad de las firmas de las personas que interpusieron el recurso contencioso tributario presentado el 28 de octubre de 1998; ello, en virtud de la incertidumbre que le generaba el criterio, no seguido pacíficamente por otros tribunales de lo contencioso tributario, referido a que los días para la interposición del recurso se contaban por días transcurridos en la Administración Pública, pues al día siguiente solicitó al Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor), se requiriera dicho recurso ante la señalada Notaría Pública del Municipio Chacao del Estado Miranda, lo cual fue acordado, ordenándose “la entrega material al ciudadano Rafael Fermín Rojas Rosillo, titular de la cédula de identidad N° 6.314.345, quien se desempeña como Alguacil adscrito a este Órgano Jurisdiccional”.

Así, el mencionado funcionario dejó constancia del recibo del referido recurso el 10 de noviembre de 1998, según se evidencia de acuse de recibo agregado a los autos, en el folio 44.

Por otra parte, se destaca que habiéndose notificado a la sociedad mercantil recurrente del acto impugnado, a través de la ciudadana Rosanna Centi Pérez, antes identificada, secretaria de esa organización,  debe  calificarse de no personal la notificación practicada, conforme al contenido del segundo aparte del artículo 134, eiusdem; razón por la cual es imperativo considerar sus efectos después del décimo día hábil siguiente, para luego comenzar a contar los veinticinco (25) días hábiles para interponer el recurso contencioso tributario, transcurridos ante el tribunal distribuidor, a tenor de lo previsto en el artículo 187 y  último aparte del citado artículo 134 del citado Código Orgánico Tributario.

En este sentido, se observa en el caso sub júdice, que el a quo sólo consideró el último lapso mencionado, es decir, veinticinco (25) días hábiles, el cual se consumaría el 5 de noviembre de 1998, sin contar los diez (10) días hábiles por la notificación no personal; con lo cual el mismo se prolongaría, sin interrupción, hasta el 19 de noviembre de 1998.

Ahora bien, en consideración a los lapsos supra transcurridos y a los razonamientos que anteceden, juzga la Sala que el referido recurso fue interpuesto tempestivamente. Así se declara.

3.       Incongruencia de la sentencia apelada.

Conforme a las exigencias previstas en la legislación procesal, toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones  o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia (ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil).

En este sentido, ha interpretado esta Sala que la decisión dictada en el curso del proceso no debe contener expresiones o declaratorias implícitas o sobreentendidas, por el contrario, el contenido de la sentencia debe ser expresado en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades, debiendo para ello ser exhaustiva, es decir, pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate, y de esa manera dirimir el conflicto de intereses que le ha sido sometido en el juicio.

Estas exigencias de carácter legal, como requisitos fundamentales e impretermitibles que deben contener las sentencias, han sido categorizados como el deber de pronunciamiento, la congruencia y la prohibición de absolver la instancia.

En cuanto a la congruencia, dispone el segundo precepto del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que la decisión debe dictarse “con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”. Luego, cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual  se manifiesta cuando el juez con su decisión, modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio.

En atención al caso de autos, la representante  municipal denuncia el vicio de incongruencia en que, a su decir, incurrió el fallo apelado, al afirmar por una parte, que las notarías públicas no son de los entes receptores del recurso contencioso tributario, previsto en el artículo 188 del Código Orgánico Tributario; que el plazo para interponerlo debía hacerse conforme al calendario de la administración pública; y por la otra,  no obstante  lo anterior, consideró, procedente  la interposición del recurso ante la Notaría, y apartándose de su criterio realizó el cómputo del plazo para la presentación del recurso,  conforme a los días hábiles de despacho  transcurridos en el Tribunal Distribuidor.

Vistas las consideraciones precedentemente expuestas,  y el contenido del fallo apelado, esta Sala no advierte falta alguna en la debida correspondencia formal que debe existir entre lo decidido  y las pretensiones y defensas de las partes,  para poder sostener que estamos frente al  vicio de incongruencia denunciado, ya que respecto al ente receptor del recurso en comento,  contrariamente a lo interpretado por la representación municipal,  el sentenciador no consideró interpuesto el respectivo recurso por ante la mencionada Notaría, sino por ante el tribunal distribuidor, según Oficio No. 5.325 de fecha 4 de noviembre de 1998, dirigido a la mencionada Notaría Pública, pues, a decir del sentenciador, fue cuando dicho Juzgado (Distribuidor) tuvo conocimiento de la voluntad de la recurrente de impugnar el acto administrativo. En relación al lapso de interposición del recurso en estudio, la Sala observa que el a quo en la narrativa de su fallo sólo refiere los días para recurrir transcurridos en la administración pública, cuando narra la actuación de la sociedad mercantil recurrente; lo cual no contradice la motiva de su decisión, tomada con base a los días de despacho transcurridos en el tribunal distribuidor, que, como también lo afirmara la representación municipal, dicho lapso vencería, a decir de ambas partes, el 5 de noviembre de 1998.

Por ello, se  estima improcedente el vicio de incongruencia denunciado por la representación municipal. Así se declara.

 

4. Inmotivación del acto recurrido.

En cuanto a la motivación del acto administrativo, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece la obligación de motivar los actos administrativos de carácter particular, excepto los de simple trámite, por lo cual el acto debe hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales que llevaron a la Administración a pronunciarse en uno u otro sentido.

Igualmente, señala el artículo 18 de la citada Ley, al indicar los requisitos que debe contener todo acto administrativo, en su numeral 5, lo siguiente: 

“Artículo 18. Todo acto administrativo deberá contener:

(...)

5.- Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes;...”

Por su parte, el artículo 149 del Código Orgánico Tributario de 1994, al establecer las especificaciones de la resolución que culmina el procedimiento sumario administrativo (iguales a las que debe contener el acta fiscal, conforme al artículo 144 eiusdem), menciona en su numeral 5, la siguiente: “5.Fundamentos de la decisión;...”.

Así, de la normativa parcialmente transcrita se observa evidente la voluntad del legislador de instituir uno de los principios rectores de la actividad administrativa, lo cual permite adecuar su función dentro de los límites que la ley le impone. Tal exigencia consiste, y así lo ha sostenido invariable jurisprudencia de este Alto Tribunal, en que los actos que la Administración emita deberán ser debidamente motivados, es decir, señalar en cada caso el fundamento expreso de la determinación de los hechos que dieron lugar a su decisión, de manera que el administrado pueda conocer en forma clara y precisa las razones fácticas y jurídicas que originan la solución, permitiéndole oponer las razones que crea pertinentes a fin de ejercer su derecho a la defensa.

Asimismo, se ha reiterado que se da también el cumplimiento del aludido requisito cuando la motivación esté contenida en su contexto, es decir, que la misma se encuentre dentro del expediente, considerado en forma íntegra y formado en virtud del acto de que se trate y de sus antecedentes, siempre que el administrado haya tenido acceso a ellos y conocimiento oportuno de los mismos; siendo suficiente, en algunos casos, que sólo se cite la fundamentación jurídica, si ésta contiene un supuesto unívoco y simple. De manera tal, que el objetivo de la motivación, en primer lugar, es permitir a los órganos competentes el control de la legalidad del acto emitido y, en segundo lugar, el hacer posible a los administrados el ejercicio de su derecho a la defensa. Por ello, la existencia de motivos tanto de hecho como de derecho y la adecuada expresión de los mismos, se constituyen en elementos esenciales de la noción de acto administrativo.

Circunscribiéndonos al caso de autos, se observa que la fiscalización practicada por el funcionario Econ. Omar Bracho G., titular de la Cédula de Identidad N° 3.924.219, actuando en su carácter de Fiscal Auditor, adscrito a la Gerencia de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, arrojó un reparo a los ingresos brutos declarados por la sociedad mercantil recurrente, en el período fiscal comprendido desde el 1° de enero al 31 de mayo de 1998; por cuya razón se levantó el Acta de Intervención Fiscal N° G.A.T.-00022-98-IF de fecha 11 de junio de 1998, la cual corre a los folios 36 al 37 de este expediente.

Del examen efectuado al acta fiscal cuestionada, pudo esta Sala advertir que la fiscalización municipal luego de hacer algunas precisiones acerca de la identificación de la sociedad mercantil recurrente, el lugar donde se efectuó la investigación, el período fiscal y la representación de la compañía presente en la misma, determinó que dicha compañía había obtenido ingresos brutos por la cantidad de Bs. 3.451.789.062,00 en el período comprendido desde el 01 de enero de 1998 al 31 de mayo del mismo año, argumentando para ello, lo siguiente:

“…se constató en su correlativo de facturas desde la número 600210/98 de fecha Enero 1998 hasta el número 600631/98 de fecha Mayo 1998, Ingresos Brutos para el período 01-01-1998 al 31-05-1998 por un monto de: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 3.451.789.062,00), obtenidos en la realización de actividades lucrativas, tendentes en la prestación de servicios a la industria petrolera para la perforación de pozos petroleros, cuyos actos fundamentales iniciales para el perfeccionamiento de la misma tales como manejo de personal, materiales y otros servicios se generan en y desde su establecimiento ubicado en las instalaciones de la empresa  mercantil TRICOMAR, C.A. ubicado en la avenida principal de San  Francisco, Sector la Cañada del Manzanillo al lado de la sociedad de comercio GRAMOVEN, S.A., jurisdicción de este Municipio San Francisco, Estado Zulia, por lo que se subsume en el Artículo 1 y siguientes de la ordenanza sobre Patentes de Industria, Comercio, Servicios y similares (Gaceta Municipal Extraordinaria N° 12 de fecha 20 de  Diciembre de 1996).” (sic).

Asimismo, se observa que en la citada acta fiscal se señala como sustento legal para la decisión examinada, la normativa que a decir de la Administración Municipal fundamenta el reparo en cuestión, específicamente la referida al hecho generador del impuesto (artículo 1º y siguientes de la citada Ordenanza).

En razón de tal objeción, la Administración Tributaria Municipal determinó la obligación tributaria, aplicando a la cantidad precedente la tarifa del uno punto cincuenta por ciento (1.50%) del Código 045003 (Consorcio o cualquier otro tipo de asociaciones, colectividades o entidades constituidas entre personas jurídicas o entre estas y aquellas que realicen actividades de servicios a la industria petrolera, petroquímica y empresas siderúrgicas) del Clasificador de Actividades Económicas de la citada Ordenanza; en cuya virtud  determinó un impuesto a pagar por Bs.  51.776.836,00, conforme se discrimina en la Planilla de Liquidación N° G.A.T.-00022-98-PL de fecha 08 de septiembre de 1998.

Ahora bien, por cuanto el acta fiscal es un acto administrativo de carácter procedimental a través del cual la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, inicia el procedimiento administrativo para determinar la obligación tributaria o imponer las sanciones por los ilícitos tributarios cometidos por los contribuyentes o responsables, y en el cual se deja constancia de los hechos y circunstancias que, presuntamente ciertos, configuran la situación jurídica del sujeto pasivo; es éste el basamento fundamental que debe considerar la Administración para emitir la resolución que culmina este procedimiento, modificando, ratificando o revocando el reparo contenido en dicha acta, de acuerdo al dispositivo del artículo 163 del Código Orgánico Tributario de 1994, siempre que exprese las razones de hecho y de derecho que la llevaron a tomar tal decisión (artículos 9 y 18, ordinal 5º, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y artículo 149, numeral 5, del citado Código Orgánico Tributario).

Analizadas como han sido el acta fiscal, la indicada resolución y la planilla de liquidación, pudo esta Sala advertir que el reparo efectuado, en el caso de autos, se deriva de las actividades desarrolladas por la sociedad mercantil recurrente, con ocasión de la prestación de servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros a la industria petrolera; así como de la revisión que hiciera de los libros contables y estados financieros de la recurrente, por lo cual se puede apreciar que en la citada acta resulta suficiente la argumentación dada, tanto en los hechos como en el derecho para sustentar la pretensión del ente municipal, lo que a su vez  permitió a la recurrente ejercer su derecho a la defensa, interponiendo los respectivos recursos. Así se declara.

En razón de lo precedentemente expuesto, la Sala observa que se encuentran reflejadas en el acta fiscal impugnada, las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración Tributaria Municipal a efectuar dicho reparo y a determinar una diferencia de impuesto sobre patente de industria y comercio, a cargo de la sociedad mercantil recurrente. De allí se desprende que este procedimiento no vulneró el derecho a la defensa de la recurrente, por falta de motivación, respecto a la objeción formulada por el señalado Municipio, contrariamente a lo declarado por el Tribunal de Instancia. En consecuencia, se revoca parcialmente el fallo recurrido, por lo que respecta a la declaratoria de inmotivación de los actos administrativos impugnados. Así se decide.

Fondo del asunto.

Resueltos como han sido los puntos de previo pronunciamiento, pasa esta Sala a decidir, en primer lugar, si el Municipio San Francisco del Estado Zulia tenía o no la potestad para gravar las actividades económicas realizadas por la sociedad mercantil recurrente en el Lago de Maracaibo y, en segundo lugar, si dicha compañía podía ser considerada como contribuyente del  impuesto sobre patente de industria y comercio, para lo cual considera necesario analizar previamente ciertos aspectos relativos a la potestad tributaria y su competencia en nuestro ordenamiento positivo, a la luz de la Constitución de 1961, a cuyo efecto observa:

En este orden  de ideas, es oportuno destacar que en un caso similar al de autos, esta Sala señaló, en el fallo dictado con fecha 05 de abril de 2006, signado con el Nº 00885, caso: Noble Drilling de Venezuela, C.A., conforme a las profusas interpretaciones jurisprudenciales de este Máximo Tribunal durante décadas, la reserva legal de la demanialidad de las aguas exclusivamente en el Poder Nacional y, por ende, limitando al Poder Municipal tanto la potestad regulatoria como la tributaria de toda actividad efectuada en las referidas aguas. Criterio este que se ratifica con el presente fallo.

Sobre el particular, argumentó la Sala lo siguiente:

Sostuvo, que en reiteradas ocasiones, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció acerca de la facultad que tienen los Municipios para crear o establecer tributos respecto a las personas o bienes que se encuentren en su jurisdicción y dentro de los límites que le imponen las esferas competenciales atribuidas constitucionalmente a los otros entes políticos-territoriales (República y Estados).

En tal sentido, destacó la Sala que bajo el imperio de la Constitución de 1961, los Municipios como unidades político primarias de la organización territorial, ostentaban autonomía para crear, recaudar e invertir libremente sus ingresos, a tenor de lo previsto en el artículo 29 de dicho texto constitucional, consagrándose además, en el artículo 31 eiusdem, todo lo relativo al sistema de ingresos atribuidos a tales entes territoriales.

Asimismo, se indicó en esa ocasión, que con base en lo dispuesto en el artículo precedente, podían los Municipios exigir respecto de las personas que se encontraran en su jurisdicción, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la concreción del hecho generador del denominado impuesto sobre patente de industria y comercio, el cual incidía sobre aquellas actividades comerciales, industriales y de índole similar desarrolladas por dichos sujetos en el ámbito de la circunscripción territorial del ente exactor. No obstante, tal potestad, interpretó la Sala, debía ejercerse dentro de los límites constitucionalmente impuestos y en respeto, como se indicó, de las restantes esferas competenciales atribuidas al Poder Nacional y al Poder Estadal, según lo dispuesto en los artículos 18, 34 y 136, numerales 8, 10 y 20, de la Constitución de la República de Venezuela de 1961.

Advirtió la Sala en atención a la normativa citada, que la autonomía establecida a favor de los Municipios, dentro de la cual se encuentra la tributaria, fue concebida por el Constituyente de 1961 en un nivel competencial determinado, que encontraba sus limitaciones tanto en las disposiciones anteriormente transcritas como en aquellas derivadas del ejercicio de las potestades tributarias consagradas a los otros entes político-territoriales, a saber, la República y los Estados.

A mayor abundamiento, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en el fallo supra citado señaló lo siguiente:

“Aunado a lo anterior, debe destacarse asimismo lo indicado en la profusa jurisprudencia emanada tanto de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario y de las Salas Político-Administrativa y Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, así como de este Tribunal Supremo, conforme a la cual se ha sostenido, a tenor de lo señalado en el supra citado ordinal 10° y en el ordinal 24° del artículo 136 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, en concordancia con el artículo 139 eiusdem, que si bien los Municipios podían organizar sus rentas, debían hacerlo tal como lo preceptuaba el artículo 18 del texto constitucional, el cual prohibía a los Estados y por remisión a los Municipios, crear impuestos sobre las materias rentísticas reservadas al Poder Nacional.

De esta forma, se indicó que todo lo relacionado con el régimen y administración, fomento y aprovechamiento de las aguas y otras riquezas naturales del país, formaba parte de la denominada reserva legal, que la Constitución de 1961 confería al Poder Nacional y, por tanto, de su regulación exclusiva; motivo por el cual, dichas materias y la reglamentación sobre las mismas (incluyendo la tributaria) por estar atribuidas competencialmente al Poder Nacional, resultaban vedadas a los entes político-territoriales menores (Estados y Municipios). Tal afirmación, resultaba ratificada además por las disposiciones normativas que sobre el particular contenían tanto la Ley de Navegación en su artículo 4, como la Ley sobre el Mar Territorial, la Plataforma Continental, Protección de la Pesca y Espacio Aéreo, artículos 1 y 4, vigentes para esa época, toda vez que reconocían expresamente la competencia exclusiva y excluyente del Poder Nacional respecto de los Estados y Municipios sobre las aguas territoriales o interiores y sus riberas; el mar territorial y el suelo, así como el subsuelo de la plataforma submarina, para regular dichas materias y, por consiguiente, establecer gravámenes sobre las mismas.”.

Ahora bien, conforme a lo antes expuesto y circunscribiéndonos al caso de autos, pudo advertir este Alto Tribunal que la sociedad mercantil recurrente denunció la nulidad de los actos administrativos impugnados, pues a su decir, el Municipio San Francisco del Estado Zulia incurrió en la oportunidad de dictar los mismos, en el vicio de incompetencia por razón del territorio, ya que pretendió gravar las actividades desarrolladas por la recurrente en las aguas del Lago de Maracaibo; ello así, se observa que las actividades de servicio realizadas por la aludida compañía, según las actas procesales, consisten en la perforación y rehabilitación de pozos petroleros, específicamente la operación de la Gabarra “Ile de Levant”, que se encuentra ubicada en las aguas del Lago de Maracaibo.

En  razón de ello, siendo la actividad desplegada por la compañía recurrente la “perforación y rehabilitación de pozos petroleros en aguas del Lago de Maracaibo”, resulta en principio, y a tenor de lo previsto en las disposiciones normativas preceptuadas en la Constitución de la República de Venezuela de 1961 (artículo 136, ordinales 8°, 10 y 24, en concordancia con el artículo 139 eiusdem), aplicable al caso de autos en razón de su vigencia temporal para el período comprendido desde el 1° de enero de 1998 hasta el 31 de mayo del mismo año, y atendiendo a las decisiones judiciales anteriormente citadas, dictadas en forma pacífica y reiterada por más de cuatro décadas, que dicha actividad pertenece a aquellas de la denominada reserva legal establecida en favor del Poder Nacional y que escapa, por consiguiente, de toda regulación y control por parte de los Estados y Municipios, no pudiendo estos últimos establecer, ni mucho menos exigir, so pena de nulidad, tributo alguno respecto de tales materias rentísticas de la República. Así se declara.

No obstante la declaratoria que antecede, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, no puede inadvertir que en diciembre de 1999, se instauró en nuestro país un Poder Constituyente a los fines de sancionar un nuevo texto constitucional en el cual se plasmaran las realidades de nuestra sociedad contemporánea; ello así, sucedió que en tal oportunidad fueron reguladas las competencias atribuidas a cada uno de los entes político-territoriales que conforman la República y, en especial, las potestades conferidas a dichos entes, en términos más amplios de la fórmula constitucional de 1961; lo cual quedó consagrado en los artículos 156, 168, 179, 180 y 183 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Asimismo, lo relativo al sistema de las aguas y su dominialidad, fue regulado en el nuevo texto constitucional en su artículo 304.

En ese orden de ideas, mediando una nueva Constitución dictada en términos más amplios que los de la Carta Magna de 1961, se impuso la necesidad de interpretar algunos de los novedosos preceptos constitucionales adoptados por el Constituyente de 1999; siendo ello así, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal mediante sentencia N° 285 del 04 de marzo de 2004, dictada con ocasión de dos recursos de interpretación solicitados por el ciudadano Alcalde del Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia y por las sociedades mercantiles BJ Services de Venezuela, CA., Nimir Petroleum Venezuela, B.V., Baker Hughes de Venezuela, S.A. y Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., respectivamente, interpretó el alcance normativo de las previsiones constitucionales contenidas en los artículos 16, 164, numeral 2, 180, 304 y de la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 7.

Así, de la interpretación que la Sala Constitucional hiciera de los artículos 180 y 304 del Texto Fundamental, debe concluirse a la luz del señalado texto constitucional de 1999, que a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio de la Constitución derogada (1961), la declaratoria de demanialidad de las aguas y sus regímenes de afectación y aprovechamiento público no implica afectación alguna por parte del Poder Nacional respecto de las competencias atribuidas a los Estados y Municipios, y específicamente en cuanto a estos últimos, que las actividades económicas desarrolladas en tales aguas del dominio público, sean gravables con los impuestos municipales correspondientes, salvo que se trate de un supuesto de excepción expresa.

En virtud de ello, debe aceptarse que los Municipios, por ejemplo del Estado Zulia, puedan exigir tributos por las actividades que se extiendan hacia el Lago de Maracaibo.

No obstante, debe esta Sala hacer la salvedad que las actuaciones verificadas en el presente caso se cumplieron bajo la plena vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, vale decir, bajo el imperio de las disposiciones constitucionales contenidas en los arriba citados artículos 18, 31 y 136, toda vez que el período del impuesto sobre patente de industria y comercio que pretendió exigirle el Municipio San Francisco del Estado Zulia a la sociedad mercantil Foramer de Venezuela, C.A., está comprendido desde el 1° de enero de 1998 al 31 de mayo del mismo año, ejercicio económico para el cual resultaba en vigencia el texto constitucional de 1961; en consecuencia, juzga esta Sala que aun cuando el criterio interpretativo dado por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal a la nueva Constitución (1999) resulta vinculante para esta Sala, no podría esta alzada aplicarlo al caso de autos en razón de su vigencia temporal, pues ello supondría una violación del principio de irretroactividad de las leyes (artículo 24 de la Constitución vigente), sancionable con la inconstitucionalidad.

En tal sentido, debe esta Máxima Instancia dejar en claro que tal proceder en nada desconoce los criterios vinculantes dictados por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, pues el sentado en la decisión judicial N° 285 del 04 de marzo de 2004, arriba transcrita, fue proferido como se dijo, a la luz de las normas establecidas en el texto de 1999, siendo por consiguiente, que su alcance no podría extenderse en modo alguno a las disposiciones de la Constitución de 1961.

Por las razones que anteceden, esta Sala Político-Administrativa juzga que para el presente caso, el criterio interpretativo sentado por la Sala Constitucional en el aludido fallo, no resulta aplicable; motivo por el cual, esta alzada ratifica una vez más mediante la presente decisión la jurisprudencia pacífica y reiterada sentada por las Salas Político-Administrativa y Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, debiendo entenderse en consecuencia, que a la luz de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, la demanialidad de las aguas era competencia única y exclusiva del Poder Nacional; resultando por tanto, que las actividades desarrolladas en las aguas del Lago de Maracaibo pertenecían a la reserva legal, no pudiendo entonces los Estados ni los Municipios regular las materias vinculadas a las mismas y mucho menos establecer gravámenes locales sobre las operaciones desarrolladas en dichas aguas. Así se declara.

Conforme a lo anterior, quedó establecido que de acuerdo con los términos de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, los Municipios no podían establecer gravámenes respecto de las materias reservadas al Poder Nacional, dentro de las cuales se encontraba la relacionada con el régimen de explotación de las aguas; siendo ello así, resultaba que en principio la sociedad mercantil Foramer de Venezuela, C.A., no era sujeto pasivo del impuesto sobre patente de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio San Francisco del Estado Zulia por las actividades que desarrollaba en las aguas del Lago de Maracaibo.

Así, de las actas procesales se observa que la  mencionada sociedad mercantil se dedicaba a la prestación de servicios petroleros, tales como la perforación y rehabilitación de pozos de petróleo en el Lago de Maracaibo, para lo cual operaba específicamente la gabarra “Ile de Levant”, situada en el mencionado lago como instrumento de su gestión, la cual había sido contratada por la compañía Petróleos de Venezuela, S.A. (antes Maraven, S.A.).

Ahora bien, a efectos de decidir el fondo de la controversia, vistas y analizadas las pruebas de inspección judicial evacuadas por el tribunal de la causa, recogidas en las actas de fechas 13 y 14 de abril de 1999 (folios 158 al 171), de las evacuadas en esta alzada (pruebas documentales contenidas en el Capítulo I, que se contrae a reproducir el mérito favorable de los autos, así como las documentales producidas y relacionadas en el Capítulo II,  folios 309 al 311 de este expediente), y de las precedentes alegaciones, esta Sala, contrariamente a lo afirmado por la representación municipal, las considera pertinentes; y las aprecia en su valor probatorio, pues con las mismas pudo verificar los hechos pretendidos, y en tal sentido pudo estimar para la decisión de la causa, que efectivamente la actividad que realizaba la recurrente era de perforación y rehabilitación de pozos de petróleo en gabarras fijadas en el Lago de Maracaibo; que tiene una oficina administrativa situada en la Avenida 43, entre Carreteras N y O, Zona Industrial, Ciudad Ojeda, en jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, y no tiene sede, oficina o establecimiento alguno en el Municipio San Francisco, y que la relación con la compañía denominada “Transportes y Construcciones  Marítimas Compañía Anónima  Tricomar” es sólo de usuario de un servicio de transporte lacustre que presta dicha sociedad, del personal y materiales que moviliza la recurrente hacia las gabarras del mencionado lago, actividad (de Tricomar) que forma parte de su objeto social, según consta en autos identificado como anexo C del cuerpo de pruebas evacuadas en este Tribunal.

En este sentido, se advierte en primer lugar, que la actividad gravada por el mencionado municipio, conforme a los términos de su ordenanza, está relacionada con la actividad de transporte de personas y bienes, actividad ésta no desarrollada por la recurrente reparada, tal como se demostró de las probanzas evacuadas en el presente juicio; por ello no puede el Municipio pretender gravarla con el impuesto sobre patente de industria y comercio, por el solo hecho de utilizar el servicio de transporte en esa jurisdicción; ya que no es ella (Foramer) el sujeto pasivo de la obligación tributaria.

Luego, habiéndose determinado que la actividad efectivamente realizada por la recurrente es la perforación y rehabilitación de pozos petroleros y que la realiza en el Lago de Maracaibo, es decir, fuera de la jurisdicción del Municipio San Francisco, esta Sala, en razón de las argumentaciones anteriormente indicadas y en consideración a la competencia exclusiva del Poder Nacional prevista en el artículo 136, ordinales 8º, 10 y 20 de la Constitución de 1961, así como a las limitaciones autonómicas reiteradas por jurisprudencia de este Alto Tribunal y a la competencia por la materia y por el territorio de los Municipios, previstas en dicha Constitución en su artículo 31, limitadas por el artículo 18 por remisión expresa del artículo 34, declara improcedente la pretensión municipal de gravar, en el caso de autos, con el impuesto sobre patente de industria y comercio las actividades comerciales o industriales que realizó la sociedad mercantil Foramer de Venezuela, S.A., en el Lago de Maracaibo, por ser éste un bien del dominio público nacional, ubicado fuera de la jurisdicción del referido municipio como antes se indicara; siendo materia de la reserva legal nacional, cuya competencia se traduce en el control, administración y fiscalización de las actividades realizadas en dicho lago. Así, viola el principio de la territorialidad del tributo y el principio de  la reserva legal nacional, lo cual implica una invasión  a su potestad  regulatoria y tributaria en materia de control, administración, conservación y aprovechamiento de las riquezas naturales del Lago de Maracaibo, conforme a la normativa supra transcrita.

Por ello, las actividades económicas que en forma permanente se realizaron en los establecimientos ubicados en ese territorio extramunicipal (Lago de Maracaibo), no eran susceptibles de imposición respecto del citado impuesto sobre patente de industria y comercio, por cuanto su regulación forma parte de la llamada reserva legal de la República. Así se declara.

En razón de la precedente declaratoria, siendo que la potestad tributaria de los municipios obedece a una autonomía limitada en los términos de la Constitución de 1961 y de las Leyes, por lo cual  sus actos deben ceñirse a los cuerpos normativos que las rigen, se  observa que con la emisión de los actos administrativos impugnados, contenidos en la Resolución Nº G.A.T.-0024-98-R, de fecha 08 de septiembre de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal No. G.A.T.-0002298-IF de fecha 11 de junio de 1998, y la Planilla de Liquidación No. G.A.T.-0022-98-PL, de fecha 08 de septiembre de 1998, por la cantidad de Bs. 51.776.836,00, a cargo de Foramer de Venezuela, S.A. Sucursal de Foramer, en concepto de impuesto sobre patente de industria, comercio y servicios similares, correspondiente al referido ejercicio fiscal, se violaron los principios de territorialidad y de la reserva legal nacional, además de que se invadió su potestad regulatoria y tributaria. En consecuencia, esta Sala debe declarar la nulidad absoluta de tales actos, conforme a la previsión del  numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se declara.

VI

DECISION

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por el representante del MUNICIPIO SAN FRANCISCO del Estado Zulia, contra la sentencia No. 667, dictada por el Tribunal Superior CUARTO de lo Contencioso Tributario, en fecha  09 de diciembre de 1999.

En consecuencia:

1. Se  declara IMPROCEDENTE la perención de la instancia solicitada por la sociedad mercantil Foramer de Venezuela, S.A., Sucursal de Foramer ante esta Alzada.

2. Se REVOCA PARCIALMENTE la precedente decisión, sólo en lo que respecta a la declaratoria de inmotivación de los actos administrativos impugnados, contenidos en la Resolución Nº G.A.T.-0024-98-R, de fecha 08 de septiembre de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal No. G.A.T.-0002298-IF de fecha 11 de junio de 1998 y la Planilla de Liquidación No. G.A.T.-0022-98-PL, de fecha 08 de septiembre de 1998.

3. Se CONFIRMA el pronunciamiento que hiciera el a quo relativo a la improcedencia de gravar la actividad económica desarrollada por la sociedad mercantil recurrente, en el Lago de Maracaibo, con el impuesto sobre patente de industria y comercio, en los términos de esta decisión.

4. Se ANULAN los actos administrativos contenidos tanto en la Resolución Nº G.A.T.-0024-98-R, de fecha 08 de septiembre de 1998, confirmatoria del Acta Fiscal No. G.A.T.-0002298-IF de fecha 11 de junio de 1998 y la Planilla de Liquidación No. G.A.T.-0022-98-PL, de fecha 08 de septiembre de 1998, por la cantidad de Bs. 51.776.836,00, liquidados a cargo de Foramer de Venezuela, S.A. Sucursal de Foramer, en concepto de impuesto sobre patente de industria, comercio y servicios similares, actos los cuales fueron emitidos por la Gerencia de Administración Tributaria del mencionado Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde el 1° de enero de 1998 al 31 de mayo del mismo año.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta 

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

Ponente

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de noviembre del año dos mil seis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02758.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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