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Buscar sentenciasMagistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, adjunto a Oficio N° 1125-04 de fecha 2 de noviembre de 2004, remitió el expediente contentivo del procedimiento por calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoado por el ciudadano HERNAN RAFAEL VALERIO BARRETO, identificado con la cédula de identidad N° 3.872.118, asistido por el abogado José Luis López Medrano, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 64.017, contra la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A., cuyo documento Constitutivo-Estatuto ha sido objeto de varias reformas, estando la última de ellas inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 19 de diciembre de 2002, bajo el N° 60, Tomo 193-A-Sgdo. Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el tribunal remitente su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.
El 23 de noviembre de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta.
Para decidir, la Sala observa:
I
En la solicitud presentada en fecha 21 de febrero de 2003, ante el Juzgado de Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Estado Bolívar en funciones de distribuidor, el ciudadano HERNAN RAFAEL VALERIO BARRETO, ya identificado, asistido por el abogado José Luis López Medrano, también identificado, relató que en fecha 18 de agosto de 1992, comenzó a prestar servicios para la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., siendo el último cargo ocupado el de Técnico Mayor II de Automatización, hasta el 15 de febrero de 2003, fecha en la cual fue publicada la notificación de su despido en el diario Últimas Noticias, indicando que el mismo es injustificado. Por tal motivo solicitó la calificación de su despido, su reenganche y en consecuencia el pago de los salarios caídos.
Efectuada la distribución correspondiente, correspondió conocer de la causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial de Estado Bolívar, el cual por auto del 26 de febrero de 2003, la admitió y ordenó a la actora reformar el libelo, así mismo ordenó realizar las notificaciones respectivas.
Mediante escrito del 10 de marzo de 2003, la actora procedió a reformar el libelo de solicitud, la cual fue admitida en fecha 12 de marzo del mismo año.
Por escrito de fecha 6 de octubre de 2004, la representación judicial de la demandada realizó consideraciones sobre la competencia del tribunal remitente para conocer de la presente solicitud, así mismo, consignó copias certificadas emanadas de la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro en el Estado Bolívar, de las cuales se evidencia que la actora también acudió ante dicho organismo a fin de que se le calificara su despido.
El tribunal remitente, hoy denominado Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante decisión de fecha 2 de noviembre de 2004, declaró su falta de jurisdicción para conocer la presente causa, en los términos siguientes:
(...)Ahora bien, ante esta solicitud de CALIFICACION DE DESPIDO, instaurada por el afectado HERNAN RAFAEL VALERO BARRETO, los apoderados judiciales de la empresa demandada PDVSA, DELTAVEN, S.A., en su escrito consignado ante este Juzgado se oponen a las pretensiones esgrimidas por éste, aduciendo que por cuanto dicho ciudadano introdujo por ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, una solicitud de reenganche, manifestando gozar para el momento del despido de fuero sindical por encontrarse dentro del supuesto de hecho previsto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, este Tribunal, sobre la base de lo preceptuado en los artículos 59 del Código de Procedimiento Civil y 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no tiene jurisdicción para conocer del presente procedimiento, oponiendo en consecuencia, la Falta de Jurisdicción del Poder Judicial respecto a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo con sede en Puerto Ordaz, Municipio Caroní del estado Bolívar, para conocer de la presente solicitud de calificación de despido, tal como lo contempla los dispositivos contenidos en el artículo 136 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela en concordancia con lo establecido en el artículo 95, ejusdem, y el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, solicitando igualmente, la remisión en consulta obligatoria del presente expediente a la sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo ordena el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.
...omissis...
En sintonía con el anterior criterio, esta juzgadora observa que corre inserto a los folios 49 al 54 del expediente, copias certificadas de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos presentada por el accionante de autos, ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro, en la cual éste alega, entre otras cosas, que a pesar que para el 15-02-2003, era promovente del sindicato en formación "Unión Nacional De Trabajadores Petroleros, petroquímicos, de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL)" y gozar de la protección de inamovilidad laboral, fue objeto de un despido injustificado en esa fecha por parte de la sociedad mercantil demandada, quien -a su juicio- violó lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. De lo anterior se infiere, que el accionante en autos invocó como fundamento de su solicitud, el estar amparado por la inamovilidad laboral por gozar de fuero sindical para la fecha en que fue objeto del despido por parte de la accionada.
...omissis...
De las normas parcialmente transcritas se infiere, que para que un patrono pueda despedir por causa justificada a un trabajador amparado de inamovilidad laboral, debe estar autorizado por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato que ampara a dicho trabajador. En el caso bajo estudio, al haber alegado la demandante por ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro, el estar investida de inamovilidad por gozar de fuero sindical, corresponde entonces a dicho órgano administrativo determinar la causa que dio origen al despido, y pronunciarse, de ser procedente, acerca de la presente solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, por cuanto este Tribunal carece de jurisdicción para conocer del mismo. ASI SE DECIDE....
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala, pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en virtud de la sentencia que dictara en fecha 2 de noviembre de 2004, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.
Ahora bien, en el presente caso, la parte accionante señaló que en fecha 18 de agosto de 1992, comenzó a prestar servicios para la empresa PDVSA PETROLEO, S.A., siendo el último cargo ocupado el de Técnico Mayor II de Automatización, hasta el 15 de febrero de 2003, fecha en la cual fue publicada la notificación de su despido en el diario Últimas Noticias, el cual cataloga como injustificado.
Así mismo, de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente se observa, que el hoy accionante acudió ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro en el Estado Bolívar, a los fines de que le calificara el despido y ordenara el reenganche con el correspondiente pago de los salarios caídos, siendo alegada en tal solicitud una causal de inamovilidad, como lo es el hecho de que el trabajador para el momento de producirse el despido se encontraba presuntamente investido del fuero sindical por promover la inscripción del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos de los Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL).
Al respecto, esta Sala observa que, tal como indicó el tribunal remitente, los artículos 449, 450 y 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, disponen:
Artículo 449: Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador amparado por fuero sindical se considerará írrito si no han cumplido los trámites establecidos en el artículo 453 de esta Ley.
La inamovilidad consagrada en virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales.
Artículo 450: La notificación formal que cualquier número de trabajadores, suficiente para constituir un sindicato, haga al Inspector del Trabajo de la jurisdicción de su propósito de organizar un sindicato, coloca a los firmantes de dicha notificación bajo la protección especial del Estado. En consecuencia, desde la fecha de la notificación hasta la de la inscripción del sindicato gozarán de inamovilidad. (...).
Artículo 453: Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. (...).
De las normas parcialmente transcritas se evidencia, que sólo podrá despedirse a un trabajador que se encuentre investido de fuero sindical, mediante causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 453 antes transcrito.
Siendo ello así, y por todo lo antes expuesto, esta Sala declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer del presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 449 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo determinar si en efecto el accionante estaba amparado por fuero sindical y pronunciarse, de ser procedente, acerca de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada. Así se decide.
Finalmente, no puede dejar de advertir la Sala la actuación impropia del ciudadano Hernán Rafael Valerio Barreto, quien interpuso solicitudes de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos ante la Inspectoría del Trabajo de la Zona del Hierro en el Estado Bolívar, y ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del referido Estado, cuando lo correcto era que el mencionado ciudadano acudiera ante el órgano jurisdiccional competente sólo en caso de que la decisión de la Inspectoría del Trabajo le resultara desfavorable. Así se declara.
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por el ciudadano HERNAN RAFAEL VALERIO BARRETO, ya identificado, asistido por el abogado José Luis López Medrano, también identificado, contra la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO, S.A.
En consecuencia se confirma la decisión consultada de fecha 2 de noviembre de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen, y remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Bolívar. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil cuatro (2004). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
La Magistrada-Ponente,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,
YJG.-
Exp. N° 2004-2837
En catorce (14) de diciembre del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia, bajo el Nº 03066.
La Secretaria,
ANAIS MEJÍA CALZADILLA