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FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO
En fecha 25 de marzo de 2026, el abogado Robín Luis Gámez Avilés, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 225.253, actuando en su propia representación y asistiendo a los ciudadanos Ramón Eudoro Ferrer Moros y Alberto José González Arenas, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.739.349 y V-5.117.818, respectivamente, todos en su alegado carácter de afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (en lo sucesivo ASOJUPDISIP), interpuso acción de amparo constitucional contra los ciudadanos Leonardo Maldonado Madrid Monagas y José Marcial López Oropeza, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-2.139.201 y V- 3.123.320, en ese orden “…por la conducta omisiva, que han mantenido por el lapso de seis años...”.
En fecha 25 de marzo de 2026, se designó ponencia a la Magistrada FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO para que la Sala decida respecto a la admisión de la presente acción de amparo constitucional.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala pasa a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DEL AMPARO CONSTITUCIONAL
En primer término, la parte accionante señaló actuar en su alegado carácter de afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (ASOJUPDISIP), que “…el año 2016 se realizó un proceso electoral, dirigido y organizado por el ciudadano Comisario Jefe, Jubilado, JOSÉ MARCIAL LÓPEZ OROPEZA Presidente del Consejo Electoral, para elegir a los miembros del Consejo Directivo, resultando electos, para el cargo de Presidente, el ciudadano Comisario General, Jubilado, LEONARDO MALDONADO MADRID MONAGAS, titular de la cédula de identidad número v-2.139.201 y para el cargo de Secretaria de Acta y Correspondencia la ciudadana Maestra, Jubilada, Mery Ríos González titular de la cédula de identidad número V-3.548.109, para el período 2017-2019…” (destacados del original).
Se refirió que “…desde el año 2019, el Presidente del Consejo Directivo de la asociación (…) no ha convocado a una Asamblea General, para votar a los integrantes del Consejo Electoral, que es el órgano encargado de organizar el proceso electoral para elegir los nuevos representantes de la comunidad de jubilados afiliados a la ASOJUPDISIP, se le ha solicitado en reiteradas oportunidades llamado para que se realicen las elecciones y ha hecho caso omiso a las mismas…” (destacados del original).
Expusieron: “En fecha 12/07/2023, el ciudadano Presidente de la Asociación (…) produce varias comunicaciones que guardan relación con el proceso electoral enumeradas 0048 del 12/06/2023, 005 del 03/11/2023 y 006 del 29/01/2026, que en su oportunidad consignaré, donde hace un llamado, invitando o convocando a la comunidad de asociados a presentar su solicitud de postulación para integrar el próximo consejo electoral asojupdisip 2023, llamado que quedó sin efecto, sin explicación alguna…”.
En el Capitulo denominado “Del Derecho” expusieron que: “Por los hechos antes expuestos y amparándonos en los artículos 26, 27, 51, 63 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es que recurrimos (…) con la finalidad de solicitar acción de amparo constitucional ya que se puede establecer, la violación del derecho de elegir y ser elegido, mediante una obstrucción por parte del Presidente del Consejo Directivo y del Presidente del Consejo Electoral de la Asociación de Jubilados (…) ciudadanos Comisario General, Jubilado, Leonardo Maldonado Madrid Monagas, y del ciudadano, Comisario Jefe, Jubilado, JOSÉ MARCIAL LÓPEZ OROPEZA, Presidente del Consejo Electoral, extemporáneos en sus cargos…” (destacados del original).
En tal sentido, solicitaron que: “1.-) Con fundamento en lo anterior (…) se admita la presente solicitud y se dicte un mandamiento de Amparo Constitucional contra los ciudadanos, identificados en auto, Comisario General, Jubilado, Leonardo Maldonado Madrid Monagas (…) con el cargo de Presidente y Comisario Jefe, Jubilado, JOSÉ MARCIAL LÓPEZ OROPEZA (…) Presidente del Consejo Electoral, por la conducta omisiva, que han mantenido por el lapso de seis años (…) 2) Solicitamos que se notifique al Ministerio Público (…) 3.-) Que se admita la presente solicitud de amparo con las siguientes resultas: A) Se ordene la conformación de un Consejo Electoral Ad Hoc, ya que el actual está extemporáneo. B) Se permita el acceso y uso, con inventario; a las instalaciones donde funciona la Asociación de Jubilados (…) el empleo de archivos, computadoras e impresoras, así como todo el material necesario para llevar a cabo el proceso eleccionario (relación de asociados con sus números telefónicos, correos electrónicos, padrón electoral que se empleó en el proceso donde fueron electos). C) Hagan entrega del acta protocolizada del proceso electoral en que fueron electos en el año 2016…” (destacados del original).
II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a esta Sala Electoral, previo a cualquier otro pronunciamiento, determinar su competencia para conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta contra el contra los ciudadanos Leonardo Maldonado Madrid Monagas y José Marcial López Oropeza, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V-2.139.201 y V- 3.123.320, en ese orden “…por la conducta omisiva, que han mantenido por el lapso de seis años...”, para lo cual se observa:
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en relación con la atribución competencial de esta Sala Electoral establece, en el Numeral 3 del Artículo 27, lo siguiente:
“Artículo 27.- Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
3. Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido contencioso electoral, distintas a las atribuidas a la Sala Constitucional…”.
Asimismo, dispone el Artículo 25 numeral 22 ejusdem, que:
“Artículo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
22. Conocer las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral”.
Ello así, se observa que en el caso bajo análisis, conforme a las consideraciones expuestas en el escrito contentivo de la acción de amparo, que el mismo, fue interpuesto contra “…la conducta omisiva, que han mantenido por un lapso de seis años…” que “…desde el año 2019, el Presidente del Consejo Directivo de la Asociación (…) no ha convocado a una Asamblea General, para votar a los integrantes del Consejo Electoral…” de tal forma, siendo evidente la naturaleza electoral del asunto, sin que la parte presuntamente agraviante se encuentre dentro de los supuestos contemplados en el Numeral 22 del Artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, antes descrito, por lo que, esta Sala Electoral se declara competente para conocer la acción propuesta de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 27 eiusdem. Así se declara.
De la Admisibilidad:
Decidido lo anterior, corresponde a la Sala analizar la admisibilidad de la acción de amparo constitucional para lo cual se procede a verificar el cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, considera necesario precisar lo siguiente:
Luego de una lectura pormenorizada de los argumentos expuestos por los accionantes en su solicitud, aprecia la Sala que existe imprecisión respecto al señalamiento específico de los hechos presuntamente lesivos, que generan dudas al momento de determinar cuál sería el objeto de la presente acción de amparo constitucional, en ese sentido, no se logra determinar si existe un proceso electoral en curso para renovar a las autoridades de ASOJUPDISIP o si pretende que se inste a la directiva actual a iniciar un proceso eleccionario, ya que en el escrito consignado se hace referencia a que el Presidente de la Asociación convocó a la comunidad de asociados a postularse para integrar el Consejo Electoral, en tal sentido, se observa que la parte accionante realizó una serie de señalamientos sin traer a esta sede jurisdiccional elementos que sustenten sus afirmaciones.
Esta dualidad y falta de cohesión en la narración de los hechos al atribuir violaciones a los derechos constitucionales a elegir y ser elegido, sin pruebas concluyentes y, simultáneamente, hacer solicitudes con respecto al proceso electoral que refieren fue realizado en el año 2016, sin precisar su conexión con lo expresado en el escrito, genera una ambigüedad y, dicha imprecisión no permite a esta Sala comprender con exactitud cuál es el objeto de la acción de amparo presentado.
De tal forma, se observa que la parte accionante se limitó a hacer una serie de afirmaciones sin acompañar lo expuesto con elementos probatorios que permitan desprender la legitimidad de lo pretendido en el escrito consignado, dado que aunque la institución del amparo constitucional es amplia con respecto a las formalidades, no significa que las pruebas puedan ser relajadas o ignoradas y al ser el máximo elemento de convicción en el proceso, este Órgano Jurisdiccional no debe sustituirse en la parte y asumir la obligación de probar lo alegado por los interesados en activar un mecanismo garantista como el de autos.
De tal forma, la falta de precisión en el objeto del amparo, así como la ausencia de una relación de causalidad lógica y comprensible entre los hechos narrados y los derechos presuntamente vulnerados, obstaculiza gravemente la labor para analizar el mérito de la acción y, en definitiva, garantizar el derecho a la defensa de las posibles partes involucradas, por lo que, al haber sido presentado el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional que nos ocupa, sin esta información esencial, esta Sala se ve imposibilitada de avanzar en el conocimiento de la causa y en la administración de justicia.
Así pues, resulta evidente para esta Sala que la fundamentación de la parte accionante carece de una narración suficiente de los hechos, actos o circunstancias que provocan la violación de las garantías constitucionales, que no permite determinar con precisión el objeto del caso de autos, más aún si se toma en cuenta lo narrado en el escrito y el petitorio. Siendo ello así, aprecia este Órgano Jurisdiccional que las determinaciones anteriores constituyen requisitos y cargas procesales de ineludible cumplimiento por parte de los accionantes a los fines de la admisión de la presente solicitud, conforme a lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que impone: “En la solicitud de amparo se deberá expresar: (…) 5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo”, por lo que prima facie la presente acción de amparo constitucional devendría en inadmisible por no cumplir de manera clara e inequívoca la solicitud, con una exigencia legalmente prevista para su admisibilidad.
No obstante, no puede inadvertir esta Sala que el legislador estableció en el Artículo 19 eiusdem una garantía procesal que permite al solicitante corregir en un lapso de 48 horas, so pena de la declaratoria de inadmisibilidad de la acción, los defectos u omisiones observados por el juez, esto solo si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, figura ésta que ha sido definida por la doctrina más autorizada como “despacho saneador”, y que “…consiste en otorgar una garantía adicional al actor para que corrija algún error, defecto u omisión, en lugar de desechar de una vez la admisión de la acción. Es precisamente otra muestra del principio de orden público del procedimiento de amparo y del rol inquisidor del juez constitucional” (Vid. CHAVERO GAZDIK, Rafael. 2001. El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela. Pág. 231. Editorial Sherwood. Caracas-Venezuela).
En consecuencia, esta Sala ordena a la parte accionante que en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas (lapso que debe entenderse como de dos días de conformidad con Sentencia de la Sala Constitucional Nº 2197 de fecha 23 de noviembre de 2007, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López), contadas a partir de la notificación de la presente Sentencia, corrija las omisiones señaladas e indique con total claridad y sin lugar a equívocos, la descripción de las situaciones fácticas concretas que, en su opinión, provocan la violación de los derechos cuya restitución se solicita por esta vía excepcional, subsumiéndolos en situaciones de hecho concretas, que permitan determinar con precisión el objeto de la presente solicitud y, de igual forma se le insta a consignar los elementos que sustenten sus afirmaciones. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:
1.- Su COMPETENCIA para conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Robín Luis Gámez Avilés, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 225.253, actuando en su propia representación y asistiendo a los ciudadanos Ramón Eudoro Ferrer Moros y Alberto José González Arenas, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-3.739.349 y V-5.117.818, respectivamente, todos en su alegado carácter de afiliados a la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (ASOJUPDISIP), contra los ciudadanos Leonardo Maldonado Madrid Monagas y José Marcial López Oropeza, titulares de las Cédulas de Identidad Nros V-2.139.201 y V- 3.123.320, en ese orden “…por la conducta omisiva, que han mantenido por el lapso de seis años...”.
2.- ORDENA a los accionantes Robín Luis Gámez Avilés,Ramón Eudoro Ferrer Moros y Alberto José González Arenas, todos identificados anteriormente, que en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas (lapso que debe entenderse como de dos días), contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, que subsane las omisiones advertidas en la motiva del presente fallo, advirtiéndose que la falta de cumplimiento a la orden contenida en la decisión de autos dará lugar a la declaratoria de inadmisibilidad de la solicitud presentada, de conformidad con el Artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026). Años 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
Los Magistrados,
La Presidenta,
CARYSLIA BEATRÍZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
La Vicepresidenta,
FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO
Ponente
INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA
La Secretaria,
INTIANA LÓPEZ PÉREZ
Exp. N°AA70-E-2026-000012
En fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veintiséis (2026) siendo las dos de la tarde (02:00pm.), se publicó y registró la anterior Sentencia bajo el N° 032.
La Secretaria,
INTIANA LÓPEZ PÉREZ