Venley

Sentencia N.º 0357

Sentencia
N.º 0357
Fecha
19/11/2019
Sala
Constitucional
Expediente
18-0125
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Solicitud de Revisión

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

El 16 de febrero de 2018, los abogados Over Arnesto Cipriani González y Omar Rafael Nottaro Alfonzo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 13.491 y 22.920, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN, titular de la cédula de identidad N° 8.178.336, solicitaron revisión constitucional de la sentencia proferida el 31 de mayo de 2017, dictada por el Juzgado Superior del Circuito Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que declaró: i) con lugar la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandante, contra la decisión del 19 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que declaró inadmisible por inepta acumulación de pretensiones, la demanda por desalojo interpuesta; ii) con lugar la demanda; y iii) con lugar la cancelación de los cánones de arrendamiento demandados.

El 16 de febrero de 2018, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 24 de abril de 2018 el abogado Over Arnesto Cipriani González, apoderado judicial del ciudadano José Juan Marín Girón, consignó escrito en el que ratificó su solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos.

Revisada la solicitud y los recaudos que la acompañan, pasa esta Sala a emitir pronunciamiento sobre la base de las siguientes consideraciones.

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

El solicitante fundamentó la solicitud de revisión en los siguientes términos:

 

Que “[e]n fecha cuatro (04) de [f]ebrero de 2016, comparece ante el Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tr[á]nsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, la profesional en el libre ejercicio del derecho ROSAURA MARÍA HERNÁNDEZ RIVERO (…) actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FÉLIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…) y consigna escrito de demanda por DESALOJO, contra el ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…)” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha dos (02) de mayo de 2016, el (…) APODERADO JUDICIAL del demandado procede a contestar la demanda bajo los siguientes t[é]rmino[s]: (a) de la impugnación del poder, (b) de la inadmisibilidad de la demanda, (c) de la prescripción al derecho del arrendador de solicitar los cánones de arrendamiento, (d) de la prescripción de la opción de compra venta por ser un derecho personal, (e) del fondo de la contestación de la demanda, (f) consignación del poder (…)” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha treinta y uno (31) de mayo de 2016, el [t]ribunal [a]-quo, fija el día y la hora par[a] que tenga lugar la AUDIENCIA DE MEDIACIÓN O PRELIMINAR…” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha dieciséis (16) de junio de 2016, se lleva a cabo en el Tribunal A-Quo la AUDIENCIA DE MEDIACIÓN O PRELIMINAR, y estableciéndose allí, el lapso para la fijación de los hechos y de los límites de la controversia (…)” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha veintiuno (21) de junio de 2016, el [t]ribunal [a]-quo fija los términos de la controversia y de los hechos controvertidos como fueron: (i) [d]eterminar la existencia del contrato celebrado entre las partes en fecha 24 noviembre de 2006. (ii) [d]eterminar si se encuentra demostrado el incumplimiento de los cánones de arrendamiento por parte de la parte demandada, (iii) [d]eterminar si el poder cumple con los requisitos de ley establecidos el artículo 154 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, (iv) [d]eterminar si existe inepta acumulación de pretensiones en la presente demandada. Y por [ú]ltimo apertura el lapso probatorio (…)” (Resaltado del original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha diecinueve (19) de octubre de 2016, el [t]ribunal [a]-quo dicta la sentencia definitiva, y DECLARA INADMISIBLE por inepta acumulación de pretensiones la acción que por [d]esalojo, ha intentado el ciudadano FÉLIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…) contra JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…)” (Mayúsculas y Resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año 2017, el Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, dictó la sentencia definitiva, en donde dejó constancia que la parte actora presentó escrito de informes y la parte demandada presentó escrito de observaciones, ambos escritos fueron en forma tempestiva, y al mismo tiempo DECLARANDO CON LUGAR la apelación ejercida, por la parte actora, revocando en consecuencia la sentencia definitiva dictada en fecha diecinueve (19) de octubre de 2016, por el [t]ribunal [a]-quo, y así como también DECLARANDO CON LUGAR la demanda ejercida por el ciudadano FÉLIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…), contra del (sic) ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN, (…) violentando así las sentencias que más adelante trascribiré parcialmente, las cuales son vinculante para todos los [t]ribunales de la República, de conformidad con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

            Que “[e]n fecha seis (06) de noviembre de 2017, el [t]ribunal de Alzada, dicta un fallo sobre la solicitud de aclaratoria de sentencia, declarándola IMPROCEDENTE (…)” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) en fecha cuatro (04) de [f]ebrero de 2016, la profesional (…) ROSAURA MARÍA HERNÁNDEZ RIVERO (…), actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FÉLIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…), incoó demanda de DESALOJO, que por sorteo le tocó conocer al Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tr[á]nsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, tal acción fue en (sic) contra de nuestro poderdante JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…). Tal actuación es para obtener el desalojo de un bien inmueble constituido por un (01) local comercial identificado con la letra y número A-6, el cual se encuentra ubicado de Jefatura a Cristo al lado del Pasaje El Cristo, en el Centro Comercial Maiquetía Plaza (antes NATASHA CENTER), Municipio Vargas del Estado Vargas (…)” (Mayúsculas y resaltado del texto original).

 

Que “[e]n fechas dos (02) de mayo y veintitrés (23) de mayo del año 2016, el apoderado judicial del demandado, OMAR RAFAEL NOTTARO ALFONZO (…), contesta y posteriormente amplía la contestación de la demanda, alegando, en la controversia entre otros puntos LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, ya que claramente se ve, que en el libelo de la demanda, operó una acumulación indebida de pretensiones, prohibida expresamente por el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil…” (Mayúsculas y resaltado del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “… el artículo 78 citado, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, además cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles”.

 

Que “[e]sto es lo que en doctrina se denomina ‘inepta acumulación de pretensiones’,  que no puede darse en ningún caso, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria. Por tanto, ‘inepta acumulación de pretensiones’ en los casos en que éstas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles constituye causal de inadmisibilidad de la demanda, tales pretensiones fueron:

a)      El [d]esalojo por parte del arrendatario, el [c]iudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…), de conformidad con el artículo 40 de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el [U]so Comercial, publicado en la Gaceta Oficial № 40.418 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2014, de un local comercial que le tiene arrendado el accionante, el cual está identificado con la letra y número A-5, situado en el Centro Comercial Maiquetía Plaza, ubicado de Jefatura a Cristo al lado del Pasaje el Cristo, Parroquia Maiquetía, Municipio Vargas Estado Vargas.

b)      El cumplimiento del contrato de arrendamiento de conformidad con el artículo 43 de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el [U]so Comercial, publicado en la Gaceta Oficial № 40.418 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2014 en donde solicita que el arrendatario, [c]iudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…), le pague al arrendador[,] [c]iudadano FÉLIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…), las siguientes sumas:

i)                    CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 52.800,00) por concepto de cánones de arrendamiento vencidos desde abril, mayo, junio, [j]ulio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre todos del año 2014, como también  los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre todos del año 2015, y enero del año 2016  (ambos inclusive) y por los que se sigan venciendo hasta la conclusión definitiva de este procedimiento, según el monto mensual del canon de arrendamiento de DOS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.400,00).

ii)                  Los intereses de moras (sic) calculados de acuerdo a lo suscrito en el mencionado contrato en la [c]láusula [s]egunda, a tenor de lo establecido en el Artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que se calculará de acuerdo a la tasa pasiva de promedio de los seis (06) principales de las entidades financieras, conforme a la información del Banco Central de Venezuela y por los que se sigan generando hasta la conclusión definitiva de este procedimiento, establecido como penalidad de mora en el tan nombrado contrato de arrendamiento por ellos suscrito, y señalado en el [c]apítulo 1, numeral ‘2’ de este libelo. Siendo que las mismas (desalojo de inmueble y cumplimiento de contrato de arrendamiento), son pretensiones excluyentes entre sí, violando flagrantemente el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, al acumular dos pretensiones en dicho libelo de demanda”. (Resaltado y Mayúsculas del escrito original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[s]iendo que las mismas (desalojo de inmueble y cumplimiento de contrato de arrendamiento), son pretensiones excluyentes entre sí, violando flagrantemente el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, al acumular dos pretensiones en dicho libelo de demanda” (corchetes de la Sala).

 

Que “… resulta claro, que no pueden darse la tramitación de (dos) pretensiones que han sido presentadas para su resolución, dado el impedimento legal de tramitar conjuntamente las pretensiones accionadas por la parte actora, en el presente caso, la demanda interpuesta no debió ser admitida, pues la misma violenta una disposición legal establecida en resguardo del orden público y la seguridad jurídica de las partes, atentando contra el constitucional derecho al debido proceso de las mismas” (Resaltado del texto original).

 

Que la inepta acumulación denunciada por el hoy solicitante fue advertida por el Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha 19 de octubre de 2016, por lo que declaró inadmisible la demanda interpuesta.

 

Que “[c]ontra la sentencia definitiva dictada por el [t]ribunal [a]-quo, en fecha diecinueve (19) de octubre de 2016, la representación judicial de la parte actora, ejerció el recurso de apelación, [el] cual fue oído libremente”. (Corchetes  de la Sala).

 

Que “[e]n fecha veintiocho (28) de octubre de 2016, el Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, da por admitido el recurso de apelación y fijando la oportunidad para la presentación de los [i]nformes” (Corchetes  de la Sala).

 

Que “[e]n lo referente a los Informes de la representación judicial de la parte actora fueron recibidos de forma tempestiva. Así como las observaciones de la parte demandada” (Corchetes  de la Sala).

 

Que “[e]n fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año 2017, el Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, dict[ó] la sentencia definitiva (…)” (Corchetes  de la Sala).

 

Que “[l]a confusión del [t]ribunal de Alzada, en la sentencia definitiva, es que pudo haber interpretado equivocadamente, lo dictaminado por LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, EN SENTENCIA N° 669 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2003, expediente N° 01-2891 (…)” (Resaltado y mayúsculas del escrito original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[n]o siendo por tanto, aplicable dicha sentencia al caso factie especie, ya que la parte actora, realizó una acumulación indebida de pretensiones al solicitar en el petitorio de la demanda tanto el Desalojo de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, como el cumplimiento del contrato de arrendamiento, conforme al [a]rtículo 43 [i]bidem; violentando con (sic) lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil” (Corchetes  de la Sala).

 

Que “… la sentencia de última instancia, la cual está definitivamente firme, pero no ejecutoriada y que hoy pi[de] su REVISIÓN, desconoció los precedentes dictados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la expectativa plausible y la confianza legítima; supuestos que dan lugar a la revisión y por ende a la nulidad del fallo” (Resaltado y mayúsculas del escrito) (Corchetes de la Sala).

 

Que “… por la falsa aplicación del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, dicha norma jurídica, la ha interpretado la jurisprudencia en forma pacífica, que el supuesto tiene lugar cuando el juzgador incurre en una falsa relación entre los hechos contenidos en los autos y los previstos como supuesto de la norma jurídica que se aplica, es decir, cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella. (Sentencia № 878, de fecha el 30 de noviembre de 2007, caso: Central Azucarero del Táchira C.A., contra Corporación Afianzadora de Venezuela C.A.)”.

 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil “… está prohibido acumular en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, siendo sólo permitido acumularlas cuando se pida que su resolución sea una como subsidiaria de la otra, siempre que sus procedimientos no sean incompatibles entre sí (…)”.

 

Que “… a los fines de asegurar lo perseguido con la presente revisión y no quede ilusoria la decisión, habida cuenta los riesgos y vicios delatados, [piden] se acuerde MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SOLICITA, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, constatados los hechos descritos y la documentación acompañada, que hacen presumir la existencia de una situación que amerite la utilización de sus amplios poderes cautelares, habida cuenta del peligro que corre nuestro poderdante” (Resaltado y mayúsculas del original) (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]s de observar que desde la decisión número 2.197 del diecisiete (17) de septiembre de 2004 (Caso: República Bolivariana de Venezuela), se estableció la posibilidad de dictar medidas cautelares dentro de los procedimientos de revisión constitucional, y en atención a lo dispuesto en el citado artículo 130, es por ello que [insisten] que se ACUERDE, MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS de la sentencia definitiva dictada en fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año 2017, por el Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a fin de garantizar que la presente revisión no se vea afectada en caso de que la sentencia impugnada sea ejecutada, a petición de parte y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, con fundamento en el precitado artículo.”(Mayúsculas y resaltado del escrito) (Corchetes  de la Sala).

 

Que “… como la sentencia definitiva dictada en fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año 2017, por el Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, incurrió en error de juzgamiento y no acató las sentencias parcialmente transcritas, dictadas por la Sala Constitucional, vinculante para todos los Tribunales de la República, a la luz del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (…) SOLICITAMOS, en nombre de [su] mandante dicha REVISIÓN CONSTITUCIONAL” (Resaltado y Mayúsculas del escrito) (Corchetes de la Sala).

 

Que “…en consecuencia de ello la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada en fecha treinta y uno (31) del mes de mayo del año 2017, por el Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, todo ello de de conformidad con el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le atribuye a esta Sala Constitucional, la potestad de ‘revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva’ (Resaltado del original).

 

Que “…acuerde MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SOLICITA, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia” (Resaltado y mayúsculas del escrito original).

II

DE LA SENTENCIA SOMETIDA A REVISIÓN

El 31 de mayo de 2017 el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que declaró: i) con lugar la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandante, contra la decisión del 19 de octubre de 2016 dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que declaró inadmisible por inepta acumulación la demanda por desalojo interpuesta; ii) con lugar la demanda de desalojo ejercidax; y iii) con lugar la cancelación de los cánones de arrendamiento demandados.

En tal sentido, señaló lo siguiente:

“-IV-

SOBRE LA APELACIÓN EJERCIDA POR LA PARTE ACTORA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL A QUO EN FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2016

Decidida como ha sido la procedencia en derecho de la apelación intentada por la representación judicial de la parte actora, corresponde de seguidas a quien decide proveer lo conducente al recurso interpuesto también por el accionante en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de la causa en fecha 19 de octubre de 2016, circunscrito a la inadmisibilidad de la demanda de DESALOJO (LOCAL COMERCIAL), intentada por la parte actora.

Así tenemos que en fecha 19 de octubre de 2016, el a quo en la oportunidad de dictar sentencia definitiva, lo hizo en los siguientes términos:

(…) omissis (…)

En fecha 28 de octubre de 2016, intentado y admitido el presente recurso de apelación y fijada como fuera por esta Alzada la oportunidad de ley, se recibe escrito de informes consignado de forma tempestiva por la representación judicial de la parte actora en el asunto N° WP12-R-2016-000071, mediante el cual expresa:

(…) omissis (…)

Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora consignó tempestivo escrito de observaciones a los informes, mediante el cual transcribió extractos de la jurisprudencia emanada de nuestro Máximo Órgano de Justicia respecto a la inepta acumulación de pretensiones, la interposición conjunta de demandas de resolución y cumplimiento de contrato, etc., procediendo a solicitar se declare sin lugar el recurso de apelación intentado, así como la ratificación de la decisión suscrita por el a quo.

Respecto a la inepta acumulación, establece el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil en su primer aparte, lo siguiente:

(…) omissis (…)

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 3.045, de fecha 02 de diciembre de 2002, dejó sentado:

(…) omissis (…)

Al respecto de la acumulación indebida de pretensiones, la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 13 de marzo de 2006, expediente N° AA20-C-2004-000361, con ponencia de la Magistrada Dra. Isbelia Pérez de Caballero, se estableció:

(…) omissis (…)

De la norma transcrita ut supra y de los criterios jurisprudenciales citados, los cuales acoge este Operador de Justicia, se deduce que toda acumulación de pretensiones efectuada en contravención a lo que dispone la ley debe ser considerada como una acumulación prohibida, lo cual sucede en casos en los que se excluyan mutuamente las pretensiones interpuestas, o los procedimientos sean incompatibles entre sí, ya que ello constituye causal de inadmisibilidad de la demanda.

Así las cosas, se desprende de autos que la parte actora solicita en su petitorio, lo siguiente:

(…) omissis (…)

A partir de lo anterior se deduce que la representación judicial de la parte actora ha solicitado el desalojo y el pago de los cánones de arrendamiento que alega se encuentran insolutos y que, asimismo, constituyen el fundamento de su pretensión, lo cual se constriñe a un cobro de las mensualidades vencidas e impagas del local comercial objeto de demanda y no a un cumplimiento de contrato.

Aunado a lo anterior, no existe prohibición expresa alguna que impida el cobro de de los cánones de arrendamiento cuando el desalojo precisamente tiene lugar en la falta de pago de estos, obligación principal para el arrendatario de conformidad con lo establecido en nuestra doctrina y criterios jurisprudenciales.

En este sentido, también puede apreciarse que tanto las demandas de desalojo como cobro de cánones insolutos deben tramitarse a través de la misma vía, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial ‘…los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la Jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión.’, lo cual guarda perfecta lógica y concordancia con los principios de economía y celeridad procesal, pues al no ser incompatibles los procedimientos ni contrarias las peticiones nada obsta para que las mismas sean tramitadas y decididas en un proceso único.

Asimismo, la totalidad de los criterios jurisprudenciales señalados por la representación judicial de la parte demandada y ratificadas por el a quo como fundamento de la inadmisibilidad declarada, no refieren la imposibilidad del arrendador respecto a la interposición de la demanda de desalojo y el cobro de las mensualidades demandadas como insolutas, sino a la imposibilidad de interposición de demandas de resolución de contrato y cumplimiento de contrato, en virtud de los efectos jurídicos disímiles que a los mismos atañen, pues uno pretende la terminación de la relación contractual con efectos retroactivos y la otra persigue la observancia de los acuerdos convenidos, debiendo subsistir entonces el vínculo jurídico, salvo el caso de la expiración del contrato por vencimiento de término. Sin embargo y bajo el amparo de lo establecido en el artículo 1.167 del Código Civil, se permite la interposición de las demandas antes referidas conjuntamente con los daños y perjuicios a los que tales peticiones tuvieran lugar.

Adicionalmente, la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial hace referencia sólo a la acción de desalojo, lo cual permite deducir en base a las causales previstas en el artículo 40 del precitado instrumento normativo, que comprende tanto los supuestos de resolución como los de cumplimiento, en consecuencia, es perfectamente posible que siendo la acción ejercida el desalojo por falta de pago, se pueda acumular a esta la pretensión de pago de los cánones insolutos.

Entonces, en virtud de lo antes señalado, considera quien suscribe que en la presente causa de desalojo por falta de pago no existe la inepta acumulación de pretensiones delatada por el demandado y decretada por el a quo, debiendo esta alzada pasar a pronunciarse acerca de la defensa de prescripción al derecho del arrendador de solicitar los cánones de arrendamiento. Así se establece.

(…) omissis (…)

-V-

DEL MÉRITO DE LA CAUSA

Planteado como ha quedado lo anterior, esta Alzada pasa a dictaminar y al efecto observa:

Alegó la parte actora, lo siguiente: [q]ue en fecha 24/11/2006, su representado actuando de buena fe, le entregó a la parte demandada la posesión del local comercial A-6, para que procediera a adecuarlo para el inicio de las operaciones comerciales de un fondo de comercio establecido por él. Que durante el mes de noviembre de 2006, su representado le entregó al demandado el contrato de arrendamiento, tal y como lo establece el artículo 13 del Decreto con Rango y fuerza de LEY DE REGULACIÓN DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.418 del 23 de mayo de 2014, a los fines que el demandado, hiciera sus observaciones, y suscribieran dicho contrato de forma auténtica conforme a la Ley, siendo suscrito en fecha 24 de noviembre de 2006, y comprometiéndose el arrendatario, en la [c]láusula [s]egunda, a pagar por concepto de canon de arrendamiento la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00) mensuales, convenido para el primer año de relación contractual; para el segundo año de relación contractual se estableció un canon de arrendamiento de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) y para el tercer y último año de relación contractual el canon de arrendamiento sería de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00), que el arrendatario se obliga a pagar en moneda de curso legal al arrendador a su orden, en la oficina de este o de la persona que él designe, comenzando a regir el presente contrato el veinticuatro (24) de noviembre del dos mil seis (2006). Que en el caso que el arrendatario no haya cancelado el canon correspondiente a la fecha establecida, tendrá como penalidad un recargo de interés de mora causados por dicho atraso, el cual a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se calculará de acuerdo a la tasa pasiva de promedio de las seis (6) principales entidades financieras, conforme a la información del Banco Central de Venezuela. Que la falta de pago de dos (2) mensualidades daría derecho al arrendador para optar entre pedir la [r]esolución del contrato por ante los Tribunales competentes, solicitando el pago de los daños y perjuicios, más costas y costos procesales, y otra suma apreciable en dinero que surja como consecuencia del incumplimiento por parte del arrendatario con las indemnizaciones de ley, y si lo estimare conveniente a sus intereses personales podrán pedir la cancelación de los cánones de arrendamiento que estuvieren, así como las demás pensiones de arrendamiento por el término fijo que se establece. Que todo esto de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del contrato, lo cual el arrendatario no ha cumplido, dejando de pagar los cánones de arrendamiento a los que está obligado. Que el canon de arrendamiento del referido local, se ha venido incrementando de mutuo acuerdo a razón de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00) anuales, hoy DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 200,00) y siendo que para el año 2014 el arrendatario pagaba la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.400,00) mensuales, este último canon pagado hasta el mes de marzo de 2014, y a la fecha no han sido pagadas las correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014; ni las de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2015 y ENERO de 2016, ni los intereses moratorios que derivan de los mismos. Que en relación a los hechos, el demandado posee un local propiedad de su representado, donde opera comercialmente con fines de lucro; sin pagar los cánones de arrendamiento estipulados en el contrato que se le entregó, siendo que su representado tiene que pagar aquellos gastos comunes de la comunidad de propietarios por concepto de administración y de mantenimiento de los bienes y servicios que le son comunes a todos ellos y necesarios para la realización de la actividad comercial que realiza el hoy demandado en el mencionado local. Que del petitorio señala: PRIMERO: [d]eclare CON LUGAR la presente acción de desalojo intentada contra el demandado, acuerde su desalojo del local comercial A-6, antes identificado, para que se lo entregue a mi representado libre de bienes y personas, así como en perfecto estado de mantenimiento y de conservación, tal como a él se le entregó. SEGUNDO: [c]ondene al demandado a pagarle a su representado las sumas de: a) CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 52.800,oo) por concepto de cánones de arrendamiento vencidos desde ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014; las de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2015 y ENERO de 2016 (ambos inclusive) y las que se sigan venciendo hasta la conclusión definitiva de este procedimiento, según el monto mensual de canon de arrendamiento arriba indicado en el [c]apítulo I, numeral ‘3’ de este libelo; y b) los intereses de moras calculados de acuerdo a lo suscrito en el mencionado contrato en la [c]láusula [s]egunda, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de arrendamiento Inmobiliario se calculará de acuerdo a la tasa pasiva de promedio de las seis (6) principales entidades financieras, conforme a la información del Banco Central de Venezuela y por los que se sigan generando hasta la conclusión definitiva de este procedimiento, establecido como penalidad de mora en el tan nombrado contrato de arrendamiento por ellos suscrito, y señalado en el [c]apítulo I, numeral ‘2’ del libelo. TERCERO: [c]ondene en costas a la parte demandada por haber obligado a su representado a litigar y a defender sus derechos, visto su total divorcio de la ley vigente.

Admitida la demanda y practicada la citación de ley, comparece la parte demandada debidamente representada por el abogado OMAR RAFAEL NOTTARO ALFONZO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 22.920, quien da contestación al fondo de la demanda en los siguientes términos: Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2011, la parte demandante, le entregó a la demandada, la posesión del local comercial identificado con la letra y numero A-6, el cual forma parte del centro comercial NATASHA CENTER, situado de Cristo a Jefatura de Maiquetía, Municipio Vargas del Estado Vargas, para que precediera a adecuarlo para el inicio de las operaciones comerciales de un fondo de comercio establecido por él, el cual quedó autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Estado Vargas, el cual quedó inserto bajo el N° 59, tomo 60 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría. Negó, rechazó y contradijo, que durante el mes de noviembre de 2006, la parte demandante le entregó a su poderdante, el contrato de arrendamiento, tal como lo establece el artículo 13 del Decreto con [R]ango y [F]uerza de [L]ey de Regulación del Arrendamiento para el Uso Comercial, a los fines de que el demandado hiciera sus observaciones y suscribieran dicho contrato de forma aut[é]ntica, ya que la autenticación del documento fue en fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2011, y la publicación de la referida ley fue en fecha veinticuatro (24) de mayo de 2014. Que conviene en que su poderdante se comprometió en la cláusula segunda a pagar por concepto de canon de arrendamiento la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00) mensuales, convenido para el primer año de relación contractual; para el segundo año de relación contractual se establece un canon de arrendamiento de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs 1.000.000,00), y para el tercer y último año de relación contractual del canon de arrendamiento sería de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs 1.200.000,00). Que el arrendatario se obligó a pagar en moneda de curso legal al arrendador o a su orden, en la oficina de este o de la persona que él designe, comenzando a regir el presente contrato el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil seis (2006), y que para el caso de que el arrendatario no haya cancelado el canon correspondiente a la fecha de su cancelación, tendría como penalidad un recargo de interés de mora causados por dicho atraso, el cual a tenor de lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se calcula de acuerdo a la tasa pasiva de promedio de los seis (6) principales entidades financieras, conforme a la información del Banco Central de Venezuela. Que la falta de pago de dos (2) mensualidades daría derecho al arrendador para optar entre pedir la [r]esolución del contrato ante los Tribunales competentes, solicitando el pago de los daños y perjuicios, más costas y costos de procesales. Negó, rechazó y contradijo que su poderdante incumpliera con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de arrendamiento y haber dejado de pagar los cánones de arrendamiento a los que está obligado. Negó, rechazó y contradijo que su poderdante deba los cánones de arredamiento de los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014; ni las de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2015 y ENERO DE 2016. Negó, rechazó y contradijo que su poderdante deba los intereses de mora causados por los predichos meses que se demandan como insolutos. Negó, rechazó y contradijo, que la parte demandante sea propietario del local comercial. Negó, rechazó y contradijo que su poderdante tenga deuda alguna con la parte demandante, sobre los cánones de arrendamiento que éste dice le debe la parte demandada y que además él tenga que pagar los gastos comunes de la comunidad de propietarios. Negó, rechazó y contradijo que su poderdante, parte demandada en este juicio, deba ser condenado a desalojar el local comercial de autos, ni a pagar a la parte demandante las sumas de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 52.800,oo) por concepto de cánones de arrendamiento vencidos desde ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014; ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2015 y ENERO DE 2016 (ambas inclusive). Negó, rechazó y contradijo, que su poderdante sea condenado a pagar las costas de la presente demanda. Negó, rechazó y contradijo que su representado deba pagar una indexación sobre las cantidades exactas de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 52.800,00), sobre una deuda de cánones de arrendamiento.

En efecto, el busilis del asunto se contrae, por una parte a las pretensiones del actor, vinculadas a un contrato de arrendamiento de un local comercial suscrito con el accionado, identificado con el Nº A-6, el cual se encuentra ubicado de Jefatura a Cristo, al lado del Pasaje El Cristo, Centro Comercial Maiquetía Plaza, Parroquia Maiquetía, Municipio Vargas del Estado Vargas, centro éste que antes se denominara NATASHA CENTER, cuya relación arrendaticia se estableció en principio con una duración de tres (03) años, contados a partir del día 24 de noviembre de 2006, con un canon de arrendamiento de OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs.800,00) mensuales para el primer año de arrendamiento; para el segundo año de la relación contractual se estableció un canon de arrendamiento de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00), y para el tercer y último año el canon de arrendamiento sería de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00). Indica el actor, además, que la prenombrada arrendataria ha dejado de pagar los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de abril a diciembre del año 2014, de enero a diciembre del año 2015 y el mes de enero del año 2016, los cuales se obligó a pagar los primeros días de cada mes, razón por la cual solicita asimismo el pago de las mensualidades insolutas y las que se siguieran venciendo hasta la terminación del presente proceso, en consecuencia, demanda el desalojo por falta de pago, a tenor de lo previsto en el artículo 40 literal ‘a’ de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

En este sentido y en la oportunidad de la contestación, la parte demandada niega, rechaza y contradice lo alegado por el actor respecto a los cánones supuestamente insolutos.

Así las cosas, siendo la acción incoada un juicio de DESALOJO por falta de pago, su procedencia se encuentra supeditada a la prueba de: 1) [l]a existencia de una relación arrendaticia y 2) [e]l incumplimiento de las obligaciones del arrendatario respecto al pago de los cánones de arrendamiento demandados como insolutos.

Entonces, definida o delimitada la litis en los términos expuestos, previo a cualquier otra consideración hay un hecho que está ajeno a toda controversia y es el vínculo contractual existente entre las partes, pues, no obstante que el actor acompaña a su libelo de demanda el documento contentivo del contrato de arrendamiento debidamente autenticado ante la Notaría Pública Segunda del estado Vargas, en fecha 24 de noviembre de 2006, anotado bajo el N° 59, Tomo 60 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, dicha relación es reconocida y aceptada por la parte demandada, cuando en su contestación no se opone a la relación arrendaticia y no impugna el documento contentivo del vínculo cuyo término se pretende. Así se decide.

En este estado, y verificado como ha sido el primer supuesto de procedencia de la pretensión de desalojo, corresponde establecer la falta de pago alegada por el actor.

Respecto al pago, establece el contrato de arrendamiento en su cláusula segunda, lo siguiente:

‘Omissis’…

Ahora bien, se impone el estudio de los elementos probatorios traídos a los autos por las partes a fin de determinar la solvencia o insolvencia del demandado, iniciando por aquellos promovidos y evacuados por la parte actora. Así tenemos:

1. Copia simple de la opción de compra-venta que celebrara el actor con el ciudadano HUSSEIN KASSEN YASSINE, venezolano y titular de la cédula de identidad N° V-6.283.922, en representación de SERVIEMPRESA, SMP, C.A., sobre el local comercial hoy objeto de la pretensión, el cual se encuentra debidamente autenticado ante la Notaría Pública Trigésima Primera del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 20 de marzo de 2002, anotada bajo el N° 02, Tomo 24 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría Pública.

La precitada instrumental, de carácter privado auténtico, exenta de impugnación, aparte de acreditar la realización del negocio jurídico (opción de compra), nada aporta al mérito probatorio sobre la reclamada insolvencia de la parte demandada-arrendataria. Así se establece.

2. Inspección judicial practicada por el Tribunal a quo en el local comercial objeto de la presente demanda, la cual constituye plena prueba a fin de demostrar los siguientes puntos:

‘Omissis…’

Asimismo, se observaron las impresiones fotográficas tomadas por el experto fotógrafo designado por el Tribunal de la causa, las cuales, en efecto, evidencian la existencia del señalado local comercial, así como que en el mismo se efectúa la venta de uniformes, tal como se indica en el acta de inspección. Así se establece.

3. Finalmente, admitida como fuera la prueba de informes solicitada por la parte actora y dirigida al Director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Vargas del Estado Vargas, consta en autos respuesta remitida por el precitado organismo, signada DCU/N° 238-16, de fecha 12 de agosto del 2016, mediante la cual hacen constar:

‘Omisis…’

Tal como se aprecia de la señalada instrumental de carácter público administrativo, esta nada informa acerca de lo solicitado, solo asegurando la tramitación a fin de ofrecer con posterioridad la información requerida, a partir de lo cual se concluye que la misma carece de valor probatorio. Así se establece.

Así las cosas y finalizado el estudio del acervo probatorio traído a los autos por la parte actora, se evidencia que la parte demandada nada aportó en las actas que componen la presente causa, solo requiriendo la exhibición de un documento con anterioridad consignado por el accionante, contentivo de una opción de compra-venta que en modo alguno reviste mérito a fin de probar su solvencia en relación a los cánones de arrendamiento que se demandan como insolutos, razón por la cual se impone para quien suscribe decidir en base a la carga probatoria que corresponde a cada parte en virtud de los hechos planteados y lo pretendido, en concordancia con las excepciones interpuestas y las defensas esgrimidas.

Así pues, analizaremos a la luz de la doctrina la figura del pago como medio de extinción de la obligación, a fin de establecer su efectividad.

En efecto, el autor Rafael Bernard Mainard, en su texto de Derecho Civil Patrimonial, Obligaciones, pág. 250, nos indica que existen tres diversas acepciones de la voz pago: una muy general, sinónimo de cumplimiento de la obligación por cualquier medio que produzca la liberación del deudor, ya consagrada en el Derecho Romano bajo la expresión solutio (procedente del verbo solvere, desatar); otra, estricta y más técnica, como cumplimiento efectivo de la prestación convenida en la obligación; y, por fin, en un sentido coloquial y carente de rigor jurídico, la forma de cumplimiento realizado mediante la entrega de una suma de dinero.

Se trata de un medio de extinción de las obligaciones por excelencia, voluntario, pues, depende de la voluntad del deudor, esencial, porque por su propia esencia genera la extinción automática de la obligación, y ordinario, por ser el medio habitual y normal de extinción de la obligación.

Afirmar que una obligación está pagada, es decir a su vez, que la obligación está cumplida. El pago, quiere decir libramiento, reembolso, retribución, remuneración, satisfacción. Así, nuestra extinta Corte Suprema de Justicia, en [s]entencia del 21 de [a]bril de 1.966, (G.F.N° 52, 2 E, Pág. 339,340), expresó: ‘[e]l concepto de pago como medio de extinción de las obligaciones tiene indudablemente en la doctrina y también en nuestro ordenamiento jurídico, la aceptación amplia de cumplimiento de la prestación prometida, por lo que el deudor de la obligación paga no solo cuando entrega al acreedor sumas de dinero debidas sino cuando también entrega cuerpos ciertos o realiza el hecho al que se encuentra obligado por la ley o por el contrato…’. En [s]entencia de fecha posterior ([s]entencia de fecha 02 de [j]ulio de 1.968, G.F.N° 61 2E), la Sala Civil de la extinta Corte expresó: ‘El pago es la entrega de dinero que se hace con la intención de extinguir una obligación’.

Así las cosas, se expresa una vez más que la presente acción ha sido ejercida con fundamento en el artículo 40 literal ‘a’ de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, según el cual, son causales de desalojo: a) [q]ue el arrendatario haya dejado de pagar dos (02) cánones de arrendamiento y/o dos cuotas de condominio o gastos comunes consecutivos.

Entonces bastan dos meses de atraso para justificar el desalojo, cuando tal pago le corresponde al arrendatario por acuerdo con el arrendador, lo cual se ha verificado en el caso de autos, es ciertamente una obligación adquirida por el demandado, tal como se desprende de la cláusula segunda.

En este orden de ideas acotamos que la ley sanciona al arrendatario negligente en el cumplimiento de las obligaciones que contrae contractualmente, ya se trate de un contrato verbal ya se trate de un contrato escrito. En el ámbito arrendaticio, tratándose del pago del alquiler, constituye el pago el único medio de liberación.

Así se tiene, que quedó demostrado en autos el carácter del demandante como arrendador del inmueble, lo que le acredita cualidad para sostener una acción por desalojo como la presentó, en consecuencia, obligado como se encontraba el accionada de probar el pago como máximo exponente de la satisfacción de las obligaciones, nada trajo a los autos respecto al cumplimiento al cual se encontraba atado en virtud del contrato suscrito.

Así pues, precisa este Juzgador traer a los autos el contenido de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, que expresan:

‘Omissis…’

Al respecto, el autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su obra ‘Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano’, (Editorial Arte, Caracas 1992), expresa:

‘Omissis…’

Por su parte, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha Nº 0007, de fecha 16 de enero de 2009, respecto a la contestación pura y simple, expuso:

‘Omissis…’

En este sentido tenemos que la defensa judicial de la parte demandada ha realizado una contestación o rechazo genérico al hecho negativo planteado por el actor, cuando este expone no haber recibido los pagos de veintidós (22) cánones de arrendamiento, hecho éste que, ciertamente, no puede probar el accionante sino que corresponde al demandado, pues es él sobre quien recae la obligación de acreditar el pago de sus obligaciones al negar estar incurso en la señalada insolvencia.

Así pues, de conformidad con lo antes establecido, correspondía a la parte demandada la prueba del cumplimiento de sus obligaciones respecto al pago de los cánones de arrendamiento, los cuales, al no existir en autos prueba alguna de solvencia, deben declararse insolutos, produciendo tal conclusión el cumplimiento de la causal invocada, sancionable con el desalojo solicitado. Así se establece.

Finalmente, pide el actor en su libelo, el desalojo del local comercial arrendado y una cantidad igual a los cánones de arrendamiento vencidos y declarados insolutos, así como los que se sigan venciendo hasta culminación del presente proceso, lo que a la fecha de la demanda se traduce, según los cálculos del accionante, en la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 58.200,00), esto es, los meses de abril a diciembre del año 2014, enero a diciembre del año 2015 y enero del año 2016, mensualidades que al año 2014 se cancelaban por un monto de DOS MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.200,00) pues, según la parte actora, arrendador y arrendatario de mutuo acuerdo convinieron un incremento anual de DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 200,00), monto al cual debe sumarse el interés que por mora se estableció en el contrato en la cláusula segunda, el cual debe ser calculado a la tasa de las seis (06) principales entidades financieras conforme a la información del Banco Central de Venezuela, tal como lo establecía la derogada Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 27, vigente al momento de la celebración del contrato objeto de la presente causa, todo esto como producto y por concepto de pagos de cánones de arrendamiento demandados como no cancelados, en consecuencia, entiende este sentenciador, que la parte actora establece el monto de la indemnización sobre la base de la deuda que estima existe a la fecha de la demanda, pero solicita el pago de los cánones que se continúen venciendo hasta que se produzca el efectivo desalojo.

Al respecto, observa quien suscribe, que ha quedado establecido en el cuerpo del presente fallo que la insolvencia declarada es producto de la deuda respecto a veintidós (22) cánones arrendaticios cuyo pago no quedó demostrado, razón por la cual esta alzada acuerda dichas cancelaciones, pues devendría en una clara incongruencia jurídica el declarar el desalojo ante la efectiva inexistencia del pago de los cánones de arrendamiento (principal obligación del arrendatario) y permitir la ocupación y desarrollo de la actividad comercial desplegada por el inquilino sin condenar el desembolso de las mensualidades insolutas, que corresponde a aquellas cuyo cumplimiento no se acreditó en autos y los que se siguieron venciendo hasta la publicación del presente fallo, pues lo solicitado por el accionante respecto a la cancelación de las mensualidades ‘…hasta el momento de la conclusión definitiva de este procedimiento…’ implica un momento indefinido sobre cuyas bases es imposible para este sentenciador y para el a quo realizar y condenar una suma cierta. Así se establece.

Finalmente, cierto como es, que se trata de un contrato de arrendamiento, y por ende de tracto sucesivo, no hay duda que el arrendador tiene derecho a una compensación por el uso del inmueble mientras esté ocupado por el arrendatario, razón por la cual, resulta procedente en derecho el pago de los cánones de arrendamiento, sin embargo, debe atenerse quien suscribe a lo efectivamente pactado por las partes respecto al canon, derivándose de la cláusula segunda que el canon de arrendamiento se incrementaría por DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 200,00) anuales hasta el tercer y último año, a partir del cual el monto de los cánones sería de UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.200.000,00), hoy MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.200,00), hecho este expresamente convenido por el demandado en su contestación, más no así la afirmación del actor respecto al actual canon de DOS MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.200,00) mensuales, razón por la cual quien este fallo suscribe deberá atender a lo preceptuado en el contrato de arrendamiento, y condenar el pago de los meses demandados más los transcurridos hasta la publicación del presente fallo por la suma de MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.200,00), esto es, los meses de abril a diciembre del año 2014, enero a diciembre del año 2015, enero a diciembre del año 2016 y enero a mayo del año 2017, lo cual corresponde a treinta y ocho (38) meses insolutos, sumando los mismos CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.45.600,00). Así se establece.

En relación a los intereses de mora causados por el precitado atraso de pago así como la indexación de los montos que resulten de tales intereses y de la suma de los cánones vencidos y ordenados cancelar, visto su expreso establecimiento en la referida cláusula segunda del precitado contrato, este Tribunal Superior la acuerda, previa experticia complementaria de los mismos a fin de lograr su determinación final a través de un experto que deberá designar el Tribunal a quo. Así se establece.

Constituye la presente acción un modo o forma de terminación típica de las convenciones bilaterales de arrendamiento, de modo tal que para ejercitarla es necesario que se trate de un contrato bilateral, como lo es el que hoy vincula a las partes; que exista un incumplimiento, tal como en el que evidentemente incurrió la parte demandada, al no pagar el canon arrendaticio en la oportunidad pactada en el contrato, supuesto este que conlleva a este Sentenciador a determinar y concluir en apego a lo preceptuado en los artículos 12 y 254 del Código de Procedimiento Civil, pues están dados los elementos de ley para la procedencia de la acción de desalojo incoada, por encontrarse la misma tutelada por la Ley, y en consecuencia, se revoca el fallo apelado y se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, debiendo quedar así establecido en la dispositiva del presente fallo. Así finalmente se decide.

-VI-

DISPOSITIVA

En fuerza de los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Superior del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada en ejercicio ROSAURA HERNÁNDEZ (…), en su carácter de apoderada judicial de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 04 de octubre del 2016 por el Tribunal Quinto de Primera Instancia del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en consecuencia, la misma se REVOCA. Así se establece. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL POR FALTA DE PAGO interpuesta por el ciudadano FELIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…), contra el ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…), en consecuencia, se ordena al ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN, ya identificado, a entregar libre de bienes y personas al ciudadano FELIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN, ya identificado, un bien inmueble constituido por un (01) local comercial identificado con la letra y número A-6, el cual se encuentra ubicado de Jefatura a Cristo al lado del Pasaje El Cristo, en el Centro Comercial Maiquetía Plaza (antes NATASHA CENTER), Municipio Vargas del Estado Vargas. Así se establece. TERCERO: CON LUGAR la cancelación de los cánones de arrendamientos demandados, en consecuencia, se condena a la parte demandada, antes identificada, a pagar a la parte actora, supra identificada, las mensualidades insolutas correspondiente a los meses de abril a diciembre del año 2014, enero a diciembre del año 2015, enero a diciembre del año 2016 y enero a mayo del 2017, lo cual corresponde a treinta y ocho (38) meses insolutos, sumando los mismos CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.45.600,00), a razón de MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.200,00) cada uno, monto este que deberá ser indexado y sobre el cual deberá recaer una experticia complementaria del fallo. Así se establece. CUARTO: Se condena a la parte demandada a cancelar los intereses de mora por el atraso de los pagos condenados como insolutos, cuyo establecimiento será fijado tomando en cuenta las previsiones contractuales, también por una experticia complementaria en la forma antes indicada. QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. SEXTO: Se ordena la notificación de las partes en virtud de haber sido dictado el presente fallo fuera del lapso de ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Mayúsculas del texto original) (Corchetes de la Sala).

 

III

DE LA COMPETENCIA

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “[r]evisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Por su parte, el legislador consagró dicha potestad en el artículo 25 numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:

“Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(…omissis…)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales….”.

Ahora bien, por cuanto en el caso de autos se pidió la revisión de la sentencia dictada el 31 de mayo de 2017 por el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil del Estado Vargas, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma, conforme a las anteriores consideraciones. Así se declara.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el caso sometido al conocimiento de esta Sala, los ciudadanos Over Arnesto Cipriani González y Omar Rafael Nottaro Alfonzo, ya identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano José Juán Marín Girón, solicitaron la revisión constitucional de la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha 31 de mayo de 2017, que declaró “…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la (…) apoderada judicial de la parte actora contra la sentencia dictada el 04 de octubre del 2016 por el Tribunal Quinto de Primera Instancia del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas (…). SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL POR FALTA DE PAGO interpuesta por el ciudadano FELIX NICOLÁS ACEVEDO FALCÓN (…), contra el ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN (…). TERCERO: CON LUGAR la cancelación de los cánones de arrendamiento demandados (…)” y, en consecuencia, ordenó al hoy solicitante en revisión, a entregar libre de bienes y personas el inmueble objeto de la demanda y lo condenó al pago de las mensualidades insolutas, los intereses moratorios y las costas procesales.

Asimismo, esta Sala observa que el solicitante denunció fundamentalmente que la sentencia cuestionada desconoció la jurisprudencia de esta Sala relativa a la expectativa plausible y la confianza legítima, aunado a la falsa aplicación del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, y en tal sentido, insistió que el accionante incurrió en inepta acumulación de pretensiones al demandar en un mismo procedimiento el desalojo de un inmueble y el pago de mensualidades vencidas.

Al respecto, se advierte que el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a quien correspondió decidir el recurso de apelación ejercido contra la sentencia que declaró inadmisible la demanda por desalojo, declaró con lugar la apelación y, en consecuencia, con lugar la demanda de desalojo, al considerar que el demandante no había incurrido en inepta acumulación, pues “… la parte actora ha solicitado el desalojo y el pago de los cánones de arrendamiento que alega se encuentran insolutos y que, asimismo, constituyen el fundamento de su pretensión, lo cual se constriñe a un cobro de las mensualidades vencidas e impagas del local comercial objeto de demanda y no a un cumplimiento de contrato”.

Así pues, el referido Juzgado precisó lo siguiente:

“…la totalidad de los criterios jurisprudenciales señalados por la representación judicial de la parte demandada y ratificadas por el a quo como fundamento de la inadmisibilidad declarada, no refieren la imposibilidad del arrendador respecto a la interposición de la demanda de desalojo y el cobro de las mensualidades demandadas insolutas, sino a la imposibilidad de interposición de demandas de resolución de contrato y cumplimiento de contrato, en virtud de los efectos jurídicos disímiles que a los mismos atañen, pues uno pretende la terminación de la relación contractual con efectos retroactivos y la otra persigue la observancia de los acuerdos contenidos, debiendo subsistir entonces el vínculo jurídico, salvo el caso de la expiración del contrato por vencimiento de término. Sin embargo y bajo el amparo de lo establecido en el artículo 1.167 del Código Civil, se permite la interposición de las demandas antes referidas conjuntamente con los daños y perjuicios a los que tales peticiones tuvieran lugar. Adicionalmente, la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial hace referencia solo a la acción de desalojo, lo cual permite deducir en base a las causales previstas en el artículo 40 del precitado instrumento normativo, que comprende tanto los supuestos de resolución como los de cumplimiento, en consecuencia, es perfectamente posible que siendo la acción ejercida el desalojo por falta de pago, se pueda acumular a esta la pretensión de pago de los cánones insolutos”. 

Determinado lo anterior, y a los fines del pronunciamiento de fondo, de la revisión de las actas que conforman el expediente (folio 15 vto.), se observa que el accionante en su demanda primigenia solicitó:

“PRIMERO: Declare CON LUGAR la presente acción de desalojo intentada contra EL DEMANDADO; acuerde su desalojo del local comercial A-6, antes identificado, para que se lo entregue a mi representado libre de bienes y personas, así como en perfecto estado de mantenimiento y de conservación, tal como a él se le entregó.

SEGUNDO: Condene al DEMANDADO a pagarle a mi representado las sumas de: a) CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs.52.800,00) por concepto de cánones de arrendamiento vencidos desde ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014; ni las de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2015 Y ENERO de 2016 (ambos inclusive) y por los que se sigan venciendo hasta la conclusión definitiva de este procedimiento, según el monto mensual del canon de arrendamiento arriba determinen indicado en el [c]apítulo I, numeral ‘3’ de este libelo; y b) los interés de moras calculados de acuerdo a lo suscrito en el mencionado contrato en la [c]láusula [s]egunda (…)”.

 

Ahora bien, respecto a la imposibilidad de acumular de forma simple, directa o concurrente las pretensiones de desalojo y pago de cánones de arrendamiento vencidos, esta Sala Constitucional en sentencia N° 1443 del 23 de octubre de 2014, caso: “Economax Pharmacia’s Zona Industrial C.A.”, estableció:

“En lo que atañe a la tercera denuncia formulada respecto al error en que incurrió el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Valencia, cuando estimó que las dos pretensiones (desalojo y cobro de cánones vencidos) esgrimidas por la empresa Polígono Industrial C.A., contra la sociedad mercantil accionante en amparo, no habían sido planteadas de manera principal, sino como subsidiaria una de la otra, esta Sala Constitucional aprecia que ambas pretensiones persiguen finalidades disímiles; tal y como ocurre cuando se demanda la resolución y el cumplimiento de un contrato de manera principal, en una de ellas se pretende acabar con el vínculo o nexo contractual y en la otra, por el contrario, se persigue el cumplimiento de lo pactado. En tal sentido, esta Sala Constitucional en sentencia N° 669 del 4 de abril de 2003 (caso: Magaly Gallo de Perdomo), expresó lo siguiente:

‘…Es indudable que no se pueden acumular en una misma demanda pretensiones de cumplimiento y resolución, ya que son antinómicas, pero el acreedor demandante puede pedir la ejecución o resolución, más los daños y perjuicios…’. (Negrillas de esta Sala).

Del contenido de la decisión parcialmente transcrita supra, se advierte que es perfectamente admisible en derecho que el arrendador pueda demandar la resolución de un contrato de arrendamiento y al mismo tiempo exigir el pago de los cánones de arrendamiento vencidos, estos últimos a título de indemnización por los daños y perjuicios que se le hubiesen podido ocasionar (artículo 1.167 del Código Civil); estas son dos pretensiones que se tramitan a través de un mismo procedimiento y que no se excluyen mutuamente.

Ahora bien, en el caso de autos la acción ejercida no es la resolución sino el desalojo, las cuales presentan diferencias importantes en tres aspectos primordiales a saber: la primera (la acción de resolución) se encuentra dirigida a poner fin a una relación arrendaticia por escrito a tiempo determinado, independientemente de la naturaleza o índole del incumplimiento y a los contratos verbales o por escrito a tiempo indeterminado por motivos de incumplimiento distintos a los contemplados en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, mientras que la segunda (la acción de desalojo) resulta aplicable a una relación arrendaticia, verbal o por escrito a tiempo indeterminado, con el objeto de obtener la devolución del inmueble arrendado, por alguna de causales taxativas establecidas en el artículo 34 eiusdem. Otra de las diferencias presentes entre ambas acciones, es que la sentencia que se pronuncie sobre la resolución de un contrato es, en principio, recurrible a través del ejercicio del recurso de casación -siempre que la cuantía de la causa así lo permita- mientras que la sentencia que acuerde el desalojo no admite posibilidad alguna de incoar dicho recurso, conforme lo prevé el artículo 36 de la ley especial que regula la materia y, por último, la acción de desalojo requiere, respecto de la causal de falta de pago, que el arrendatario hubiere dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondiente a dos (2) mensualidades consecutivas; mientras que en la acción de resolución en el contrato a tiempo determinado, la falta de pago de una pensión arrendaticia es causa o motivo suficiente para que el arrendador proceda a demandar la finalización de la relación contractual.

A pesar de que ambas acciones (desalojo y resolución) persigan el mismo objetivo, esto es la devolución o entrega material del bien inmueble arrendado, ambas responden a motivos o circunstancias disímiles para su ejercicio; por lo tanto, no resulta posible aplicar a la acción de desalojo lo previsto en el artículo 1.167 del Código Civil, respecto de la acción de resolución y la acumulación a ésta de una pretensión dirigida a obtener el pago de cánones de arrendamientos insolutos.

(…omissis…)

En atención a las consideraciones precedentemente expuestas, y luego de una revisión de los términos en que la empresa Polígono Industrial C.A., planteó su demanda, esta Sala Constitucional aprecia que en el caso de autos la referida compañía incurrió en inepta acumulación de pretensiones, tal como lo denunciara la parte demandada, hoy recurrente, sociedad mercantil Economax Pharmacia's Zona Industrial C.A., toda vez que a su acción por desalojo, dirigida a obtener la devolución del inmueble arrendado, acumuló de manera directa y principal una reclamación de cobro de cánones de arrendamiento insolutos, propia de una acción por cumplimiento de contrato; pretensiones que, si bien deben tramitarse a través del mismo procedimiento, se excluyen mutuamente cuando son planteadas de manera directa y no de forma subsidiaria una a la otra; admitir la procedencia de ambas pretensiones de forma principal en una misma acción (demanda) -como erróneamente fue aceptado por el Juez a quo- conllevó para la parte actora una inseguridad procesal absoluta, al no tener certeza sobre la acción que se estaba haciendo valer en su contra (desalojo o cumplimiento) con lo cual se limitó de manera efectiva su derecho a la defensa, vulnerando al mismo tiempo su derecho a un debido proceso; y así se decide” (Resaltado de la Sala).

Así mismo, y en relación con la inepta acumulación de pretensiones y su carácter de orden público, se pronunció esta Sala en sentencia N° 1618 del 18 de agosto de 2004, expediente N° 03-2946, caso: “Industria Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A.”, en los siguientes términos:

“La Sala, en otras oportunidades (cfr. sentencia nº 779/2002 del 10 de abril) ha señalado que el juez, de conformidad con los artículos 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión; dicha conducción judicial que no se circunscribe sólo al establecimiento de las condiciones formales del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin instancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales o en la existencia del derecho de acción en el demandante. En efecto, si el proceso es una relación jurídica, el mismo debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, y sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte su válida constitución o lo haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia.

Se insiste que para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, con la advertencia de los vicios en que haya incurrido el demandante respecto de la satisfacción de los presupuestos procesales y la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil o de cualquier otro mecanismo de defensa de cuestiones procesales, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado y grado de la causa –v.g.: en la ejecución o en la alzada-, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso.

La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa. En efecto, en la presente causa, como el juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones, pues en el libelo se indicó que “en el desarrollo del proceso y hasta la fecha que estuvimos acreditados como Apoderados Judiciales de la Empresa, realizamos una ‘gran cantidad de actuaciones’ (...).

En vista de lo anterior, cuando el Juzgado de Retasa constituido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no se pronunció respecto de la inepta acumulación de pretensiones, le conculcó a la accionante su derecho al debido proceso”.

Determinado lo anterior, esta Sala observa que en el presente caso, el juez superior, en el marco de sus competencias, con base a la jurisprudencia de esta Sala y a sus facultades de interpretación, consideró que la solicitud del pago de los cánones de arrendamiento vencidos, fue efectuada a título indemnizatorio y no como una pretensión principal.

Lo afirmado precedentemente fue precisado así en el texto de la decisión cuya revisión se solicitó, al señalar:

“Al respecto, observa quien suscribe, que ha quedado establecido en el cuerpo del presente fallo que la insolvencia declarada es producto de la deuda respecto a veintidós (22) cánones arrendaticios cuyo pago no quedó demostrado, razón por la cual esta alzada acuerda dichas cancelaciones, pues devendría en una clara incongruencia jurídica el declarar el desalojo ante la efectiva inexistencia del pago de los cánones de arrendamiento (principal obligación del arrendatario) y permitir la ocupación y desarrollo de la actividad comercial desplegada por el inquilino sin condenar el desembolso de las mensualidades insolutas, que corresponde a aquellas cuyo cumplimiento no se ha acreditado (…)”.

 

            A los fines de analizar el referido fallo, cabe reiterar que el proceso civil se rige por el principio dispositivo (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil) de acuerdo con el cual el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, pero además en ese contexto normativo procesal, resulta igualmente aplicable el principio pro actione, conforme al cual las instituciones procesales deben ser interpretadas en el sentido más favorable -y no restrictiva- del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

Así, la aplicación del principio pro actione en materia de tutela judicial efectiva tiene entro otros antecedentes en la sentencia de esta Sala, el fallo N° 708 del 10 de mayo de 2001, en el cual se estableció que:

"El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura" (Resaltado añadido).

 

En atención a lo expuesto, el principio procesal pro actione impone una obligación constitucional para todos los jueces de interpretar las normas de la manera más progresiva posible para poder permitir el acceso a la justicia en todas sus instancias, en consecuencia, dicho principio interpretativo, el cual resulta cónsono con el principio de supremacía constitucional –ex artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, deben guiar la actividad de los órganos jurisdiccionales nacionales, ya que si bien no es posible el relajamiento absoluto de los presupuestos procesales, no es menos cierto que éstos deben atender a la proporcionalidad y razonabilidad de ciertos presupuestos procesales, toda vez que algunos de ellos lucen como atentatorios al derecho a la tutela judicial efectiva.

 

Conforme al alcance del principio pro actione  (a favor de la acción)  la conclusión que se puede extraer del desarrollo jurisprudencial sobre el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia, toda vez que “(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia” (s.S.C. nº 1.064/00, 708/01, 2150/06, 2089/07, 133/14 y 805/14).

Así pues, los presupuestos legales de acceso al proceso o a los recursos deben interpretarse de forma que resulten favorables a la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial, lo cual se traduce en la búsqueda de la finalidad del presupuesto legal de acceso por encima del estricto acatamiento de la mera formalidad procesal, lo que comporta no sólo un análisis abstracto de la norma procesal, sino fundamentalmente de su aplicación concreta, vale decir en relación a las acciones o recursos interpuestos y de las pretensiones que estos contienen; tal como se verifica por ejemplo, en el caso de la aplicación de la institución de la inepta acumulación de pretensiones (artículo 78 del Código de Procedimiento Civil) en las demandas de resolución de contrato de arrendamientos en los que se pretende además exigir el pago de los cánones de arrendamientos vencidos, lo cual es posible a título de indemnización (cfr. Sentencia de esta Sala N° 1444/14).

            Por ello, esta Sala considera que en el caso bajo estudio ante la clara pretensión de la parte accionante de demandar el desalojo “del local comercial A-6 (…) para que se lo entregue a [su] representado libre de bienes y personas, así como en perfecto estado de mantenimiento y de conservación (…)”, la falta de señalamiento expreso en su libelo del título mediante el cual exigía “[c]ondene al DEMANDADO a pagarle a [su] representado las sumas de: a) CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs.52.800,00) por concepto de cánones de arrendamiento vencidos desde ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014; ni las de ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2015 Y ENERO de 2016 (ambos inclusive)(…)”, no podía llevar al juez a concluir que ese título precisamente era aquel que impedía el conocimiento del fondo de la demanda, considerándolo como una demanda de cumplimento de contrato y en consecuencia inadmisible por inepta acumulación–, interpretación que por lo demás, excedería la debida proporcionalidad que debe observarse entre el requisito exigido y la consecuencia jurídica aplicable en el ordenamiento jurídico adjetivo en el caso concreto. De ello resulta pues, que la sentencia objeto de revisión profirió una decisión ajustada a derecho, en la medida que permitió el enjuiciamiento del fondo del asunto que le fue planteado. Así se declara.

Conforme a lo expuesto, considerando el alcance del principio pro actione, a través del cual las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la cual a través de la cual se deduce la pretensión, pues “(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia” (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 1.064 del 19 de septiembre de 2000, caso: “C.A. Cervecería Regional”); entiende esta Sala, que el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en el fallo objeto de revisión, no desconoció alguna doctrina vinculante de esta Sala, ni incurrió en violaciones al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y el debido proceso, por lo que esta Sala declara no ha lugar la solicitud de revisión constitucional. Así se decide.

En virtud de la anterior declaratoria se considera inoficioso emitir pronunciamiento sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada por la peticionante. Así se declara.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión ejercida por los abogados Over Arnesto Cipriani González y Omar Rafael Nottaro Alfonzo, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ JUAN MARÍN GIRÓN, ya identificado, de la sentencia del 31 de mayo de 2017, dictada por el Juzgado Superior del Circuito Judicial Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En consecuencia, se considera INOFICIOSO emitir decisión en torno a la medida cautelar solicitada.

 

Publíquese y regístrese. Cúmplase con lo ordenado. Archívese el expediente.

 

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de Noviembre de dos mil diecinueve (2019). Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

El Vicepresidente, 

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                                                                         

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                                                                         

 

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ponente

                               

 

 

 

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 

18-0125

LFDB

 

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