Venley

Sentencia N.º 037

Sentencia
N.º 037
Fecha
01/02/2016
Sala
Casación Penal
Expediente
R15-170
Ponente
Juan Luis Ibarra Verenzuela
Procedimiento
Radicación

 

 

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 29 de abril de 2015, la ciudadana abogada Lizette Rodríguez Peñaranda, Fiscal Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia para actuar ante la Sala Plena, Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el ciudadano abogado Daniel D´Andrea Golindano, Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, interpusieron ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de RADICACIÓN en la investigación penal distinguida con el alfanumérico 24-DDC-F12-005902012, (nomenclatura del Ministerio Público), seguida a los ciudadanos JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-3.926.476, JOSÉ FEDERICO AZPÚRUA REYNA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-6.949.091, ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-5.067.407, JOSÉ MARÍA ZUBILLAGA PÉREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-5.062.163, HUMBERTO JOSÉ PÉREZ ROMERO, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-4.992.408, ÓSCAR JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-3.920.952, ROY KETCHUM CHACÍN, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-5.304.790 y MARIANO BRICEÑO YÉPEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-3.322.799, por la presunta comisión de los delitos siguientes: “(…) con respecto al primero, de ESTAFA CALIFICADA, tipificado en el artículo 464, numeral 1, por lo que se refiere al segundo de los nombrados, de cómplice necesario para facilitar la perpetración del delito de ESTAFA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 83 (hoy artículo 84) numeral 3, concatenado con el artículo 464, numeral 1, ambos de la Ley Sustantiva Penal, en cuanto a los restantes, Defraudación, establecido en el artículo 463, numeral 4 del Código Penal, concatenado con el artículo 462 ibídem, artículos 2, 6 y 16, numeral 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Alteración Fraudulenta de Precios, Usura Genérica y Usura de Operaciones de Financiamiento, tipificados en los artículos 3, 4, 140, 143 y 144 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (…)” (Resaltado de la Sala de Casación Penal).

El 30 de abril de 2015, se dio cuenta en Sala del recibo del expediente y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.

El 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Sesión Extraordinaria, realizó la designación de Magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, nombramiento este publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40816, corregida por error material, mediante Gaceta Oficial N° 40818, publicada el 29 de diciembre de 2015.

En esa misma fecha (23 de diciembre de 2015), la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia quedó constituida de la manera siguiente: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente, Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta, Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno, Magistrado Doctor Juan Luis Ibarra Verenzuela y Magistrada Doctora Yanina Beatriz Karabin de Díaz.

El 23 de diciembre de 2015, el Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA asumió la ponencia de esta causa y con tal carácter suscribe el presente fallo.

COMPETENCIA DE LA SALA

La Sala de Casación Penal, debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de radicación de juicio y al efecto observa:

El artículo 29 numeral 3, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio (…)”.

Igualmente, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“(…) El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud (…)”.

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de las solicitudes de radicación, en consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Y así se decide.

HECHOS

De acuerdo al escrito presentando por los solicitantes, los hechos por los cuales se sigue investigación penal contra los ciudadanos JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, JOSÉ FEDERICO AZPÚRUA REYNA, ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, JOSÉ MARÍA ZUBILLAGA PÉREZ, HUMBERTO JOSÉ PÉREZ ROMERO, ÓSCAR JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ, ROY KETCHUM CHACÍN y MARIANO BRICEÑO YÉPEZ, son los siguientes:

“(…) se desprende que en fecha 12 de junio de 2006, la sociedad mercantil PANAY, C.A., representada por el ciudadano JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, suscribió un contrato de promesa bilateral de compraventa con el ciudadano LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA, mediante el cual el representante de la mencionada persona jurídica se comprometió a venderle a este último una vivienda con terreno propio, distinguida con el № 22, situada dentro del conjunto residencial ‘Puerto Banus’, ubicado en la avenida 2 de El Milagro, parroquia Olegario Villalobos, municipio Maracaibo del estado Zulia, por el monto de setecientos setenta y cuatro mil bolívares (Bs.774.000,00), lo cual debía cumplirse en marzo del año 2007, pero debido al retraso en los avances de la obra, el comprador decidió dejar de cumplir con puntualidad sus pagos, y se retrasó con el fin de ejercer presión para que la empresa avanzara en la construcción de la vivienda, manteniéndose esa situación hasta el 17 de septiembre del año 2007, fecha en la que se llevan a cabo conversaciones entre las partes y deciden suscribir un segundo contrato, pero esta vez por el monto de ochocientos cuatro mil bolívares (Bs.804.000,00), en el que fue convenido un nuevo cronograma de pago, donde el vendedor reconoció que el comprador ya había cumplido el pago de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,00), en base al primer contrato.

En esa segunda oportunidad, el cronograma de pago abarcaba el cumplimiento en dos cuotas, una para pagar el 30 de septiembre de 2007, por el monto de ciento cuarenta y cuatro mil Bolívares (Bs. 144.000,00) y la otra el 30-10-2007, por ciento sesenta mil bolívares (Bs. 160.000,00), pero sin embargo, el comprador se volvió a atrasar por la misma razón del incumplimiento por parte de la empresa en cuanto a los avances en la realización de la obra, y por ello decidió pagar el 04 de enero de 2008, la cuota correspondiente al mes de octubre del año 2007, la cual fue recibida a  su entera satisfacción por el vendedor. Sin embargo, posteriormente surgió un inconveniente entre las partes al momento de pretender el comprador pagar la cuota correspondiente al mes de septiembre del año 2007, por ciento cuarenta y cuatro mil bolívares (Bs. 144.000,00), los cuales se negó a recibir el representante de la sociedad mercantil PANAY, C.A., ciudadano JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, quien le expresaba diversas excusas para evadir el pago, siendo que su verdadero propósito era procurar que la víctima quedara en mora en el cumplimiento de su obligación, para resolver el contrato y vender el inmueble a otra persona.

Debido a la reticencia por parte del vendedor, es por lo que el denunciante LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA, presentó en fecha 2 mayo de 2008 una oferta real de pago ante el Juzgado Primero (1o) de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por la mencionada cantidad de ciento cuarenta y cuatro mil bolívares (Bs. 144.000,00), la cual fue declarada con lugar en fecha 16 de septiembre de 2010, pero es el caso que, antes de que el tribunal civil se pronunciara con respecto a la procedencia o no de la oferta real de pago, el representante de la Sociedad Mercantil JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, decidió resolver el segundo contrato en fecha 15-06-2008, notificando al denunciante por cartel que se publicó en prensa regional un mes después de haberse resuelto dicho contrato.

Entretanto, una vez que el tribunal civil declaró con lugar la oferta real pago (sic) y luego de que el denunciante LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA, hiciera el pago del dinero correspondiente a la cuota del mes de septiembre del año 2007, por ciento cuarenta y cuatro mil bolívares (Bs. 144.000,00), que el vendedor se había negado a recibirle, aquél se dirigió con copia certificada de la mencionada decisión al Registro Público del Primer Circuito del Municipio Maracaibo, pretendiendo con ello registrar dicho documento y asegurarse la propiedad sobre el bien inmueble en cuestión, lo cual no le fue posible por cuanto ese inmueble objeto del litigio ya había sido vendido a otra persona, es decir, al ciudadano JOSÉ FEDERICO AZPÚRUA REYNA, según documento protocolizado en fecha 13-03-2009, anotado bajo el № 55, tomo 26, de los libros de registro, mediante el cual pudo verificar el denunciante la existencia de un documento que reflejaba una operación de compraventa del inmueble efectuada por el ciudadano JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, y la cual tuvo lugar antes de que se emitiera la decisión del tribunal civil (…)” (Resaltado propio).

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

Con fundamento en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, los solicitantes interpusieron escrito ante la Sala de Casación Penal, en el cual indicaron lo siguiente:

“(…) se invoca la primera causal de la norma procedimental precedentemente citada, la cual contempla dos condiciones que deben necesariamente coexistir, a efectos de la procedencia de la solicitud de radicación, circunscritas, la primera, a la necesaria gravedad del hecho punible, y en segundo término, a la verificación en el descurso (sic) de la causa, de específicas circunstancias capaces de incidir en detrimento de la recta y adecuada administración de justicia, bien sea desviándola u obstaculizándola, al hacerse patentes elementos de alarma, sensación o escándalo público.

En efecto, en cuanto al primero de los citados requerimientos normativo, esto es la gravedad del hecho, es pertinente indicar que ciertamente, la referida investigación penal que hasta la fecha se ha venido desarrollando en el estado Zulia, iniciada con motivo de la denuncia formulada por el ciudadano LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA, ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la referida Circunscripción Judicial, si bien tiene como objeto el esclarecimiento de presuntas irregularidades ocurridas en el marco de una negociación mercantil vinculada con la compra venta del inmueble constituido por una vivienda y su terreno propio, signado bajo el número 22, que forma parte del Conjunto Residencial denominado ‘Puerto Banus’, ubicado en la avenida 2, El Milagro, jurisdicción de la parroquia Olegario Villalobos del municipio Maracaibo, estado Zulia, la cual fuera celebrada entre el denunciante y la empresa PANAY,C.A., sin embargo, a juicio del Ministerio Público la misma se inscribe entre los connotados hechos referentes a estafa inmobiliarias que en cada región, de acuerdo a su mayor o menor difusión mediática, son susceptibles de generar alarma o zozobra en quienes hacen vida dentro del territorio de cada estado, con la cual se van indentifcando a su vez otros posibles afectados o particulares que se solidarizan con las víctimas, generando a su vez una matriz de opinión difundida a través de los medios de comunicación y por la propia colectividad, que ha causa (sic) presión psicológica, afectando la objetividad, equilibrio y sano desenvolvimiento de los procesos judiciales.

En consecuencia, la presente solicitud de radicación recae en una causa  que versa sobre hechos de naturaleza grave, habida cuenta de su connotación y trascendencia pública, la relevancia de los bienes jurídicos tutelados y la entidad o magnitud del daño inherente a las conductas punibles investigadas, dado que se orienta al esclarecimiento de las presunta incursión por parte de los representantes de la empresas Sociedad Mercantil PANAY, C.A, VALORES INMOBILIARIOS DE VENEZUELA, C.A. (VIVE), y otras dedicadas al sector inmobiliario, en delitos de Estafa y otros Fraudes en ese ámbito, Alteración Fraudulenta de Precios, Usura Genérica y Usura de Operaciones de Financiamiento, contemplado tanto en el Código Penal, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, vigente para entonces, respectivamente, tipos penales estos establecidos por el legislador en resguardo de los promitentes u opcionantes, compradores, consumidores y usuarios, que bajo los principios de confianza y buena fe, realizan transacciones jurídicas de esa naturaleza, invirtiendo sus ingresos y en la mayoría de los casos, los ahorros de toda una vida de trabajo o comprometen los que van a ser percibidos a futuro con créditos hipotecarios, para adquirir vivienda principal.

(…) estas representaciones del Ministerio Público deducen el cumplimiento del supra señalado requisito de procedencia, a efectos de la radicación instada, dada la connotación de estos hechos, en virtud de encontrarse imbuidos en el marco de la investigación con motivo de presuntos ilícitos penales que se insertan en el marco de las denominadas estafas inmobiliarias, dada la magnitud del daño que entrañan en el supuesto de ser corroborada su perpetración, las características de su comisión, la presión mediática y social que conllevan en la entidad regional donde se ventila la causa, estimando pertinente significar a este respecto que en el estado Zulia se ha ventilado una alta incidencia de casos de esta naturaleza, siendo afectadas más de seiscientas (600) familias, a las que se le han causado daños patrimoniales que exceden los cincuenta y seis millones de bolívares fuertes (Bs. 56.000.000,00), razón por la cual se constituyó la denominada ‘Asociación Civil de Familias Afectadas Registradas en el estado Zulia por Estafas Inmobiliarias’ (…)

Asimismo, la investigación (…) ha causado alarma y escándalo público en la entidad regional del estado Zulia, con menoscabo de lo previsto en el artículo 26 de la Carta Magna, el cual procura la celebración de un proceso imparcial y eficaz, al igual que oportuno o sin dilaciones indebidas, que se traduzca en una correcta administración de justicia (…)

De igual manera, los hechos en cuestión, han tenido una notable difusión publicitaria o mediática, capaz de generar presión psicológica susceptible de afectar las actuaciones de los órganos que integran el sistema de administración de justicia, tal como se evidencia de los distintos anuncios de prensa difundidos con relación al presente caso donde se presenta como víctima de estafa inmobiliaria el ciudadano LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA, por parte de, entre otros, los representantes de las asociaciones mercantiles PANAY, C.A. y VALORES INMOBILIARIOS DE VENEZUELA, C.A. (VIVE), tanto por el presunto afectado, como también propiciada por las organizaciones que se han conformado para la protección de los agraviados en esa modalidad delictiva y demás actores que bien sea en el ámbito público o privado, se han sumado a ello.

En definitiva, ciudadanos Magistrados, puede afirmarse sin lugar a dudas, la influencia de los medios de comunicación, digitales, impresos y radioeléctricos, con asiento en el estado Zulia, en el devenir del proceso que ventila en esa Circunscripción Judicial (…)

En virtud de ello, se hace necesario sustraer el proceso a una localidad que no está influenciada ni contaminada por las compañas mediáticas desarrolladas en el estado Zulia, independientemente de que hayan sido originadas o no por el denunciante o cualquiera de los involucrados, ya que, sólo de esta manera, las partes podrán litigar libres de influencias nocivas al fin último del proceso y el juicio podrá llevarse sin elementos ni presionas extrañas o metas jurídicas que lo comprometan (…)” (Resaltado y subrayado propio).

Anexo a la solicitud de radicación, los accionantes presentaron una serie de artículos comunicacionales, los cuales se detallan a continuación:

1.- Página web  www.democraticos.org, 5 de abril de 2011, titulada: “Presentarán a la AN proyecto de Ley  para salvaguardar derechos de estafados inmobiliarios”.

2.- Página web www.copei.net, titulada: “Dirigentes del PSUV denuncian nuevas estafas inmobiliarias y piden celeridad a la Fiscalía”.

3.- Página web www.diariocontraste.com, 31 de julio de 2013, titulada: “Solicitarán destitución de dos fiscales por estafa inmobiliaria en Zulia”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Sala para decidir, observa que, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone lo siguiente:

“(…) Procederá la radicación a solicitud de las partes, en los siguientes casos: 1.- Cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público. 2. Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el o la fiscal.

El Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los diez días siguientes al recibo de la solicitud (…)”.

De la transcripción del artículo anterior se desprende que, la radicación de un juicio consiste en sustraer el conocimiento del mismo al tribunal que le corresponde de acuerdo con el principio del “forum delicti comissi”, estipulado en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal y atribuírselo a otro de igual categoría pero de distinto Circuito Judicial Penal.

De igual manera, establece el precepto legal ya mencionado que la radicación procede específicamente en dos casos, el primero cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, y el segundo cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el Fiscal del Ministerio Público.

En el caso que nos ocupa, los solicitantes requirieron que la investigación penal seguida contra los ciudadanos JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, JOSÉ FEDERICO AZPÚRUA REYNA, ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, JOSÉ MARÍA ZUBILLAGA PÉREZ, HUMBERTO JOSÉ PÉREZ ROMERO, ÓSCAR JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ, ROY KETCHUM CHACÍN y MARIANO BRICEÑO YÉPEZ, sea radicada, alegando como único motivo de procedencia de la radicación, que se encuentra comprometida la imparcialidad de los órganos de administración de justicia, en razón de la cobertura otorgada por los medios de comunicación “digitales, impresos y radioeléctricos” en el estado Zulia, así como, por diversos portales o sitios web, lo cual, según afirman, causa, “(…) presión psicológica susceptible de afectar las actuaciones de los órganos que integran el sistema de administración de justicia, tal como se evidencia, de los distintos anuncios de prensa difundidos con relación al presente caso (…)”.

Por otra parte, cabe señalar que, la ley garantiza la debida imparcialidad de los administradores de justicia, a través de una serie de normas a las cuales pueden recurrir las partes para hacer efectiva dicha imparcialidad. Por ello, esta Sala advierte que, la desconfianza que manifiesten las partes sobre los jueces y juezas, así como, los demás órganos que ejercen la investigación penal (Ministerio Público y órganos de policía de investigaciones penales), no supone a priori una circunstancia para que proceda la radicación del juicio, pues la procedencia de una radicación dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, la alarma, sensación o escándalo público por la gravedad del delito o que el proceso se haya paralizado indefinidamente como consecuencia de las incidencias de recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y suplentes.

En este sentido, la Sala de Casación Penal observa que la presente causa se encuentra aún en la fase de investigación, el Ministerio Público no ha formulado acusación y no está acreditada en autos una línea sesgada y unívoca de información por parte de los medios que pueda desequilibrar la administración de justicia.

Respecto a la procedencia de la radicación, la Sala de Casación Penal ha establecido lo siguiente:

“(…) la radicación en un juicio no debe ser utilizado de manera discrecional, deben existir circunstancias claras y precisas establecidas en la ley para que la misma pueda proceder, ya que separar del conocimiento de la causa al juez que le corresponde, bien sea por el territorio o por la materia, es decir, al juez natural del imputado, sin concurrir los supuestos que contempla el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy artículo 64), sería una violación flagrante al principio del juez natural y a la garantía Constitucional al debido proceso, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”. (Sentencia N° 297, del 30 de julio de 2012).

Conforme al criterio expuesto, constituyen características distintivas de la figura procesal analizada la excepcionalidad y no discrecionalidad, por ende, para que proceda debe darse, por lo menos, uno de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma forma, la alarma o escándalo público debe ser tal, que influya injustamente en el proceso valorativo del juez que va a dictar el fallo.

Del análisis del escrito presentado ante esta Sala de Casación Penal, se puede observar que, los solicitantes en ningún momento comprobaron el escándalo y la alarma que ha causado la perpetración del delito investigado en el estado Zulia, lo que argumentan son elementos subjetivos respecto a la confianza de los juzgadores, lo cual no supone una circunstancia que amerite la radicación de la causa.

Asimismo, de los artículos comunicacionales transcritos que cursan en el expediente, no aparece demostrada la alarma, sensación y escándalo público que, según los solicitantes, se han suscitado en el estado Zulia, con ocasión de los hechos que dieron inicio a este proceso. Las notas publicadas en varios portales de noticias que acompañan su solicitud, no presentan una data reciente y no demuestran alguna circunstancia que pueda interrumpir el curso normal del proceso, por el contrario, dichas notas sólo reflejan la cobertura normal, y ello no constituye necesariamente un motivo para radicar todos los juicios en los que concurra esa circunstancia.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha establecido la definición de alarma como:

“(...) el escándalo y alarma conforme los extremos de ley, es aquel entendido como causa de inquietud, susto, sensación, emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse (...)”. (Sentencia N° 663, del 9 de diciembre de 2008).

Asimismo, la Sala de Casación Penal ha señalado que:

“(…) la circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público; ya que el escándalo público que un caso puede generar está determinado por otros elementos: la naturaleza del delito, la gravedad del daño causado, las características de su comisión, por los sujetos activos y pasivos del delito, etc., (…) es natural que los medios (periódicos, radio y televisión) hagan un hecho noticioso de los acontecimientos que puedan serlo y máxime si son delictuosos (…)”. (Sentencia Nº 22, del 14 de febrero de 2013).

De acuerdo a lo expuesto, se observa que si bien todo hecho criminal siempre causa conmoción en la comunidad donde acontece, la radicación procederá si la alarma o el escándalo público sea tal que afecte la objetividad de los jueces o juezas.

En el presente caso, se advierte que las reseñas periodísticas, no demuestran una inherencia cierta en la objetividad del investigador, por cuanto la generalidad de los delitos son de interés público y la noticia que se refiera a la supuesta comisión de los delitos contra la propiedad, genera un natural interés periodístico sobre las investigaciones; situación esta que no puede ser determinante del escándalo y alarma que se requiere conforme  a los extremos de ley.

De manera particular, la Sala de Casación Penal ha señalado que:

“(…) La actividad periodística es característica de la función social que implica el derecho a ser informado veraz y oportunamente sobre los acontecimientos de índole local, regional, nacional o internacional (…)”. (Sentencia N° 155, del 17 de mayo de 2012).

De manera que, el planteamiento de los solicitantes no se subsume en los supuestos taxativos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, que harían posible la radicación del juicio, pues del escrito presentado, así como, de los recaudos que acompañan la solicitud de radicación, no se evidencia que existan juicios previos de valor por parte de los jueces o juezas del estado Zulia, siendo las consideraciones esgrimidas por los solicitantes eminentemente subjetivas, tampoco se evidencia alarma, sensación o escándalo público por la gravedad del delito capaces de influir en su imparcialidad; o la paralización indefinida por razón de la recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos.

Por último, esta Sala de Casación Penal considera importante destacar que la solicitud de radicación que se analiza, es la segunda presentada por el Ministerio Público, sobre los mismos hechos y basándose en los mismos fundamentos, en virtud que, el 14 de octubre de 2014, los ciudadanos abogados Jimmy Goite Blanco y Rosy Navarro Casique, Fiscal Principal y Auxiliar Sexagésimos Terceros del Ministerio Público con Competencia Plena en Materia de Salud y Seguridad Laboral a Nivel Nacional, respectivamente, presentaron ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de RADICACIÓN, en la investigación seguida contra los ciudadanos JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, titular de la cédula de identidad N° V-3.926.476, representante legal de la Sociedad Mercantil Panay, C.A. y ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, titular de la cédula de identidad N° V-5.067.407, Presidente de Valores Inmobiliarios de Venezuela, C.A. (VIVE), en cuyo escrito alegan la presunta comisión de los delitos de: “(…) DEFRAUDACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 463, numeral 4, concatenado con el artículo 462 del Código Penal y artículos 2, 6 y 16, numeral 3 de la Ley de Delincuencia Organizada, ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS, USURA GENÉRICA y USURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, contemplados en los artículos 3, 4, 140, 143 y 144 de la para entonces vigente Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes. (…)”, en perjuicio del ciudadano LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA, y que fue sentenciada por esta Sala en fecha 9 de marzo de 2015, según sentencia N° 88, en los siguientes términos: “ (…) DECLARA NO HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por los ciudadanos abogados Jimmy Goite Blanco y Rosy Navarro Casique, Fiscal Principal y Auxiliar Sexagésimos Terceros del Ministerio Público con Competencia Plena en Materia de Salud y Seguridad Laboral a Nivel Nacional, respectivamente, en la investigación penal que se le sigue a los ciudadanos JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, representante legal de la Sociedad Mercantil Panay, C.A. y ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, Presidente de Valores Inmobiliarios de Venezuela, C.A. (VIVE), por la presunta comisión de los delitos de DEFRAUDACIÓN, tipificado en el artículo 463, numeral 4, en concordancia con el artículo 462 del Código Penal y artículos 2, 6 y 156 numeral 3 de la Ley de Delincuencia Organizada, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS, USURA GENÉRICA y USURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 3, 4, 140, 143 y 144 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en perjuicio del ciudadano LARRY JOSÉ GONZÁLEZ URDANETA (…)” (Resaltado de la Sala).

En consecuencia, al no cumplirse nuevamente los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, que hacen posible la procedencia de la radicación, esta Sala de Casación Penal declara NO HA LUGAR la solicitud de RADICACIÓN propuesta por la ciudadana abogada Lizette Rodríguez Peñaranda, Fiscal Segunda del Ministerio Público con competencia para actuar ante la Sala Plena, Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el ciudadano abogado Daniel D´Andrea Golindano, Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en la investigación penal seguida contra los ciudadanos JUAN ERNESTO TAGLIAFERRO AUVERT, JOSÉ FEDERICO AZPÚRUA REYNA, ENRIQUE AUVERT VETENCOURT, JOSÉ MARÍA ZUBILLAGA PÉREZ, HUMBERTO JOSÉ PÉREZ ROMERO, ÓSCAR JOSÉ ACOSTA RODRÍGUEZ, ROY KETCHUM CHACÍN y MARIANO BRICEÑO YÉPEZ, por la presunta comisión de los siguientes delitos: “(…) con respecto al primero, de ESTAFA CALIFICADA, tipificado en el artículo 464 ,numeral 1, por lo que se refiere al segundo de los nombrados, de cómplice Necesario para facilitar la perpetración del delito de ESTAFA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 83 (hoy artículo 84) numeral 3, concatenado con el artículo 464 ,numeral 1, ambos de la Ley Sustantiva Penal, en cuanto a los restantes, Defraudación, establecido en el artículo 463, numeral 4 del Código Penal, concatenado con el artículo 462 ibídem, articulo 2,6 y 16, numeral 3 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Alteración Fraudulenta de Precios, Usura Genérica y Usura de Operaciones de Financiamiento, tipificado en los artículos 3,4,140,143 y 144 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los bines y Servicios (…)”. Así se declara.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO HA LUGAR la solicitud de radicación propuesta por la ciudadana abogada Lizette Rodríguez Peñaranda, Fiscal Segunda del Ministerio Público con competencia para actuar ante la Sala Plena, Sala de Casación Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por el ciudadano abogado Daniel D´Andrea Golindano, Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, al primer (1°) día del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

La Magistrada,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                        Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

EXP. AA30-P-2015-000170

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