Venley

Sentencia N.º 0372

Sentencia
N.º 0372
Fecha
20/03/2025
Sala
Constitucional
Expediente
24-0917
Ponente
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Procedimiento
Acción de Amparo contra sentencia

 

MAGISTRADA PONENTE: LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

El 26 de septiembre de 2024, se recibió ante la Secretaría de esta Sala, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Keren Sinai De Silva Urbaneja, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 288.886, actuando con “…cualidad de ABOGADA DE CONFIANZA …” del ciudadano RONALD GREGORI BORTHOMIERTH RONDÓN, titular de la cédula de identidad número V-15.511.237, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, el 1 de julio de 2024, bajo el asunto NP01-P-2019-003478 y NP01-R-2024-000028, que declaró con lugar el recurso de apelación de autos ejercido por la ciudadana Angélica Cecilia Suárez, contra la decisión dictada el 9 de junio de 2021, por el Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, mediante la cual decretó el sobreseimiento a favor del prenombrado ciudadano Ronald Borthomierth, de acuerdo al artículo 300 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, en el proceso signado con el número NP01-P-2019-003478, por la presunta comisión del delito de trato cruel previsto y sancionado en el artículo 254 de la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

El 26 de septiembre de 2024, se dio cuenta en Sala del presente expediente, y se designó ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson.

 

El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación otorgado por la Sala Plena a la magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado y la incorporación de la magistrada Dra. Janette Trinidad Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: magistrada Dra. Tania D’Amelio Cardiet, presidenta; magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, vicepresidenta; el magistrado y magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro, ratificándose la presente causa a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 19 de noviembre de 2024, la parte accionante interpuso escrito ante la secretaría de esta Sala en donde solicitó pronunciamiento en cuanto a la acción realizada.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir, previo las siguientes consideraciones.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

La parte accionante en amparo, fundamentó su pretensión en los siguientes términos:  

 

Que “(…) En fecha diecinueve (19) de junio de 2024, fue emanada decisión de la corte de apelaciones del circuito judicial penal del estado Monagas, con ponencia de la jueza superior abogada, LISBETH DEL VALLE RONDÓN , con relación a apelación de autos accionada por la ciudadana ANGÉLICA CECILIA SUÁREZ, en virtud de sobreseimiento decretado a favor del ciudadano RONALD BORTHOMIERTH RONDÓN , con respecto al asunto principal cuya nomenclatura es NP01-S-2019-3478 , en virtud de sobreseimiento decretado al prenombrado ciudadano. Pero es el caso ciudadanos magistrados de esta digna sala constitucional, que en fecha ocho (8)  de septiembre de 2023, fue emitido pronunciamiento de la corte de Apelaciones del circuito judicial penal del estado Monagas, siendo la ponente, la jueza superior LISBETH DEL VALLE RONDÓN, declarando con lugar recurso de apelación interpuesto por el ciudadano RONALD BORTHOMIERTH , signado con el numero NP01-R-2022-123, en el asunto principal NP01-P-2022-6029, en virtud de desestimación del ciudadano juez del tribunal Quinto de Control del circuito judicial penal del estado Monagas, abogado PABLO PIETRO, la imputación fiscal en sede jurisdiccional por el delito de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previsto y sancionado en el artículo 239 del código penal venezolano, en contra de la ciudadana ANGÉLICA CECILIA SUÁREZ, en donde taxativamente hace mención del asunto NP01-S-2019-3478 y el sobreseimiento solicitado por la fiscalía novena del Ministerio Publico del estado Monagas (…)”. (Mayúsculas y negrilla del escrito original).

 

Que “(…) existe un evidente vicio en las actuaciones de la jueza ponente, todo ello a que al pronunciarse en el año 2023, en el recurso NP01-R-2022-123 , del asunto principal NP01-P-2022-6029, emitiendo pronunciamiento del asunto que hoy nos ocupa , cuya nomenclatura es NP01-P-2019-3478, con relación al sobreseimiento decretado en su oportunidad a favor del ciudadano RONALD BORTHOMIERTH , conociendo el fondo de ambos asuntos , motivo por el cual la jueza superior LISBETH DEL VALLE RONDÓN , debió de inhibirse con respecto al presente recurso NP01-R-2024-28 , siendo temeraria al momento de ser ponente y emitir pronunciamiento en ambos recursos, donde se evidencia la doble persecución judicial , además de ser las mismas partes en ambos recursos y asuntos penales, emitir pronunciamiento con relación a los dos asuntos , que guardan relación estrecha el uno del otro (…)”. (Mayúsculas del escrito original).

 

Que “(…) la fundamentación en la cual la prenombrada ciudadana basa su recurso es totalmente falso, malicioso y de mala fe, en virtud que a pesar que la antigua operadora de justicia del tribunal quinto de control , quien no hizo lo conducente en relación a notificar de la decisión a la ciudadana, lo cual se evidencia en autos , la misma NO PUEDE ALEGAR QUE NO TENÍA CONOCIMIENTO ALGUNO del decreto de sobreseimiento de fecha nueve (09) de junio de 2021 , en atención a que existe la figura de notificación tacita en el proceso penal siempre y cuando se evidencia en autos que las partes se encontraban a derecho con alguna decisión, lo cual se evidencia en audiencia de imputación del asunto penal NOP1-P-2022-6029, llevada a cabo en fecha 19 de diciembre de 2023, donde el representante del Ministerio Publico en sala señalo el asunto NP01-P-2019-3478 donde fue decretado el sobreseimiento a favor del ciudadano Ronald Borthomieth, acotando la defensora de la ciudadana abogada MARBELIS PALACIOS, señalamientos claros en relación del sobreseimiento antes mencionado. (…)”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito original).

 

Que “(…) de la revisión minuciosa del asunto NP01-S-2015-3569 de los tribunales de violencia contra la mujer del estado Monagas, se evidencia que en fecha 07 de marzo de 2022. estando la ciudadana ANGÉLICA CECILIA SUÁREZ en sala, constituidos con el tribunal segundo de control, esta defensa alego a viva voz que en fecha nueve (9) de junio de 2021, fue decretado el sobreseimiento en el asunto NP01-P-2019-3478 a favor del ciudadano Ronald Borthomieth , no obstante posterior a esto en fecha 25 de abril de 2022, se apertura juicio oral y privado, del mismo asunto penal, donde encontrándose en la sala la ciudadana  ANGELICA CECILIA SUÁREZ, esta defensa hace mención claramente en que fue decretado el sobreseimiento del asunto penal NP01-P-2019-3478, solicitado por la fiscalía novena y decretado por el tribunal quinto de control , estando en los dos actos de hace más de 2 años, la ciudadana ANGÉLICA SUÁREZ debidamente notificada del mismo, interponiendo de mala fe el recurso de apelación NP01-R-2024-28 bajo fundamentos totalmente falsos , a pesar de que no consta su notificación en autos , la misma estaba en conocimiento pleno del mismo, pudiendo desde ese lapso interponer cualquier acción recursiva e inclusive poder presentar acusación particular propia de acuerdo a la norma adjetiva penal (…)”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito original).

 

Que “(…) Se puede evidenciar entonces que la misma de forma maliciosa, con premeditación e intención de engañar a la corte de apelaciones del circuito judicial penal del estado Monagas, omitió el conocimiento tácito y pleno que tenía la prenombrada ciudadana , incluyendo su defensa de la decisión emanada del tribunal quinto de control del circuito judicial penal del estado Monagas de fecha nueve (9) de junio de 2021, en relación al sobreseimiento decretado a favor de mi representado, con la finalidad de activar el proceso a los fines de que se practique acusación formal en contra de el por la presunta comisión del delito de trato cruel, previsto y sancionado en el artículo (…)”.

 

Finalmente solicitó “(…) 1.-Sea decretada nulidad de la decisión emanada de la corte de apelaciones del circuito judicial penal del estado Monagas, de fecha diecinueve (19) de junio de 2024 en virtud de los razonamientos antes esgrimidos y los vicios enunciados. 2.- en virtud a la mala aplicación de la norma, esta defensa solicita muy respetuosamente se la haga un llamado de atención a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, con ponencia de la abogada LISBETH DEL VALLE RONDÓN, en relación a la postura no acorde a la norma adjetiva penal de acuerdo al artículo 89. 3.-por último solicitamos a esta honorable sala constitucional, sirva admitir la presenta acción de amparo, se le curso legal correspondiente y lo declare con lugar (…)”. (Mayúsculas del escrito original).

 

II

DEL FALLO OBJETO DE AMPARO

 

El 26 de mayo de 2023, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, declaró lo siguiente:

 

“(…)                   

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

A los fines de emitir este Tribunal de Alzada su criterio sobre los argumentos recursivos expuestos, de -conformidad con lo previsto en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, pasamos a resumir aquellos, para así dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva antes resaltada, lo cual procedemos a realizar de la manera que a continuación se señala:

En su primera y única denuncia, el recurrente argumentó la misma, de la siguiente manera:

(…omissis…)

Esta Corte de Apelaciones para decidir observa:

En principio debe señalarse, que los recursos son los medios de impugnación de rango constitucional que facultan a las partes que se consideren agraviadas por una decisión judicial que estiman injusta o ilegal para que la ataquen, por lo general, ante un Tribunal de jerarquía superior al que la dictó, con el objetivo de provocar su eliminación o un nuevo pronunciamiento que les sea más favorable.

De la revisión minuciosa del escrito impugnativo propuesto por la ciudadana Angélica Cecilia Suárez Figueroa, representante legal de la niña -víctima de 4 años de edad-, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Evidencia a Alzada, que el mismo no carece de la debida claridad y precisión en la presentación de las denuncias planteadas; resulta necesario destacar que las denuncias en un recurso de apelación deben estar correctamente mentadas y específicamente delimitadas, detallando claramente las razones del supuesto vicio legal cometido por el Juez de Primera Instancia; es crucial a los fines de resolver las incidencias planteadas en esta Corte de Apelaciones, que los apelantes realicen una fundamentación clara y detallada de cada denuncia da, ya que de lo inteligible y preciso del escrito de apelación, depende la cabal comprensión de las pretensiones realizadas por la recurrente por parte de esta Alzada a fin de procurar una respuesta pertinente y oportuna.

Efectuadas las anteriores consideraciones, este Tribunal Colegiado verifica que la única denuncia da por la apelante se centra que en fecha 09/06/2021, fue publicada decisión emitida por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control, mediante la cual decretó el sobreseimiento del dicho asunto no existe posibilidad de incorporar nuevos datos a dicha investigación de conformidad con el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, arguyendo la recurrente que hasta la presente fecha no ha sido notificada de la misma.

Resulta importante para esta Alzada, definir lo que es el sobreseimiento, pues procede cuando el hecho que motivó la apertura de la averiguación resulte ser inexistente, no parezca suficientemente probado o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de la . Al respecto, el autor Erick Pérez Sarmiento, en su obra Manual de Derecho Procesal Penal. Vadell, Caracas 1998. Página 312, lo define como:

'El sobreseimiento es una institución típicamente procesal penal, que determina el fin del proceso por la comprobación de que el hecho punible investigado o no existió, o, de haber existido no puede atribuirse al imputado de forma alguna (sobreseimiento negativo) o bien porque habiéndose acreditado la existencia del hecho punible la participación del Imputado, hecho no es típico, o no es antijurídico o concurren causas de Inculpabilidad o de no punibilidad en el imputado sobreseimiento positivo).’

En efecto, el inicio de todo proceso tiene su fundamento en la presunta comisión de un delito, cualquiera modo de proceder (de oficio, por denuncia o por querella), que motive el auto de apertura que dicta el representante del ministerio público, conforme a lo dispuesto en los artículos 262 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante él, se dará comienzo a la investigación tendiente a confirmar que el hecho que motiva la puesta en funcionamiento del sistema de administración de justicia, efectivamente constituye una conducta delictiva y hacer constar su comisión, y determinar quiénes han intervenido en la comisión de ese hecho y su distinto grado de participación.

Durante la fase de investigación pueden surgir elementos que demuestren con certeza que- el acontecimiento investigado no ha existido, que aun habiendo existido no configura delito o que la persona sospechada de participar en él nada tiene que ver con el asunto; pueden igualmente sobrevenir circunstancias  originalmente ajenas a la causa que del mismo modo que las anteriormente referidas, hacen innecesaria la continuación del proceso, debiendo decretarse su finalización antes de haberse concretado el pronunciamiento de la sentencia. Por tanto, el auto de sobreseimiento es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide la finalización de un proceso respecto de uno o varios imputados, con anterioridad al momento en que la sentencia definitiva cobre autoridad de cosa juzgada, por mediar una causal que impide en forma concluyente la continuación de la persecución penal.

Este Tribunal de Alzada, una vez analizados como han sido los fundamentos de derecho explanados por la  recurrente en su escrito de apelación, estima necesario analizar la decisión emitida por el Juez A Quo, la cual corre en el folio quince (15) del asunto principal, bajo los siguientes argumentos:

'...Corresponde a este Tribunal pronunciarse en relación a la presente causa, en la cual el Fiscal Provisorio en décimo Octavo (encargado) de la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas solicitó el SOBRESEIMIENTO de la misma, por No poder Incorporar nuevos datos a la Investigación y por ende no hay bases para solicitar el enjuiciamiento del imputado, a tenor de lo establecido en el numeral 4°dei artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, observándose al respecto: En fecha 23 de Diciembre de 2.018 la ciudadana ANGÉLICA SUÁREZ, progenitora de niña ANGÉLICA PAOLA BORTOMIER SUÁREZ, de 4 años de edad le entrego a la niña a su padre el ciudadano RONALD, quien es su progenitor ya que cumple con un régimen de convivencia y cuando entrego a la niña a su progenitora la entrego con una raspadura en la rodilla derecha y la pierna Izquierda un moretón, a nivel de la tibia bien pronunciado hecho ocurrido en la residencia de su progenitor, lo cual conlleva a que este despacho fiscal, iniciara las investigaciones por uno de los delitos CONTEMPLADOS EN LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑAS Y DEL ADOLESCENTE, A CUAL FUE ASIGNADO CON EL NÚMERO MP-8525-2019. Iniciada la Investigación se practicaron diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, donde cursa al folio uno (01) Denuncia, interpuesta por la ciudadana ANGÉLICA SUÁREZ, asimismo riela al folio 05 ACTA DE ENTREVISTA de fecha 16/01/2015, de manera espontánea de la niña acompañada de su representante en su condición de víctima quien expuso lo siguiente 'En casa de mi abuela NORI yo estaba corriendo y me caí y allí me raspe la pierna y por aquí rodilla Izquierda y por la carita lado izquierdo era de día, el niño Jesús me trajo una bicicleta, una muñeca y un zarcillo pero RONALD no me cuido y luego mi mama dijo que Iba a venir hacer unas diligencias es todo’.- La cual este tribunal da por reproducida. Se evidencia de la investigación que no hay bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de imputado alguno, por cuanto no constituyen suficientes, plurales y contestes elementos de convicción que en primer término permita individualizar e identificar plenamente a persona alguna como autora y partícipe de los hechos que dieron lugar a la causa. DISPOSITIVA. En base a lo anterior, este Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Control, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA por NO EXISTIR LA POSIBILIDAD DE INCORPORAR NUEVOS DATOS A LA INVESTIGACIÓN, así como la ausencia de bases jurídicas y elementos suficientes, lo que conllevó a la falta de elementos de prueba que pudiera comprometer ta responsabilidad penal al de persona alguna de conformidad con lo establecido en el ordinal 4' del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Dándose por terminado el presente proceso penal...’

En razón de lo antes expuesto, y revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto principal № 2019-003478, se pudo observar, que el Ministerio Público presentó acto conclusivo, como es el caso, -el de Sobreseimiento-. sin que el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control, realizara de forma y efectiva la notificación a la víctima, infringiendo el principio audiatur altera pars, postulado ampliamente lado en la garantía establecida por el tercer numeral del artículo 49 de la Carta Magna, que consagra el derecho de las partes intervinientes en el proceso, a ser oído en cualquier parte del proceso con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable determinado legalmente por un Tribunal competente, independiente e .establecido con anterioridad.

siendo así, al no notificarse de forma cierta y efectiva a la víctima, declarar el sobreseimiento de la causa, sin permitir la oportunidad para presentar acusación particular propia, vulnero los derechos de la víctima al acceso de justicia, al derecho a la defensa al debido proceso y la obtención de la justicia, establecidos en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el principio de confianza legitima al descartar la sentencia vinculante número 902 de 14 de diciembre de 2018, de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Aunado a lo anterior, en un caso análogo, la Sala de Casación Penal en sentencia № 130 de fecha 15 de octubre de 2021, enfatizó:

'...En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es deber del Estado proteger a las víctimas de delitos comunes y procurar que los culpables reparen los daños causados, por lo que el legislador penal adjetivo se ha encargado de desarrollar esa obligación incluyendo en el proceso penal una serie de derechos que se le ofrece a la víctima, aun cuando no se haya constituido en parte querellante...’

En el presente caso, se observa que el articule 120 de Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otros dispositivos, los derechos de la víctima en el proceso penal (aunque no se haya constituido el querellante), algunos de ellos los siguientes: presentar querella e intervenir en el proceso conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal; ser informada de los resultados del proceso -aún cuando no hubiere intervenido en él-; ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos; y ser oído por el Tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente.

Es imperante para esta Corte de Apelaciones, traer a colación lo previsto en el artículo 122 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual señala lo siguiente:

Artículo 122. Derechos de la Víctima. Quien de acuerdo con tas disposiciones de este Código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:

1.    Presentar querella e intervenir en el proceso conforme

2.    Solicitar las diligencias de Investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en el lapso de tres días. En caso de falta de pronunciamiento del fiscal dentro de este lapso o en caso de negativa, la víctima podrá acudir ante el tribunal competente, para que se pronuncie sobre la pertinencia y necesidad de las diligencias solicitadas y las acuerde de ser procedentes.

3.    Ser informada de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite y tener acceso al expediente aun cuando no se haya querellado.

4.    Delegar de manera expresa su representación en abogado de confianza mediante poder especial, en el Ministerio Público o en asociaciones, fundaciones y otros entes de asistencia jurídica, y ser representada por estos en todos los actos procesales, Incluyendo el juicio, conforme a lo establecido en este Código.

5.    Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.

6.    Adherirse a la acusación de él o de la Fiscal o formular una acusación particular propia contra el imputado o imputada en los delitos de acción pública; o una acusación privada en tos delitos dependientes de instancia de parte.

7.    Ejercer las acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible.

8.    Set notificada de la resolución de él o la Fiscal que ordena el archivo de los recaudos

9.    Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.

10. Requerir el cambio de Representante Fiscal, en los casos en los cuales el Fiscal no presente el acto conclusivo en el tiempo de ley.

11. En los casos de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos que se encuentren fuera del territorio nacional, podrán interponer la denuncia, rendir entrevista ante el Ministerio Público o testimonio ante el Juez desde las representaciones diplomáticas de la República, haciendo uso de tecnología de la información y comunicación.

En consecuencia, las razones que han sido precedentemente expuestas, concurren como elementos de convicción que el no cumplimiento de obtener en forma cierta y efectiva la notificación de la víctima, apartándose de la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Penal, expediente C22-228, de fecha 26/10/2O22, con Ponencia de la Magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, apareja la nulidad del acto, como en el presente caso e indudablemente, esta falencia procesal por parte del A Quo, cercenó a la víctima, el debido proceso, el derecho de ser oídas y la tutela judicial efectiva, produciendo un estado de indefensión absoluta, así corno un error in procedendo jurisdiccional, y en consecuencia la decisión sub examine está afectada por un vicio no subsanable.

De igual forma, la nulidad absoluta acá declarada, comporta la reposición de la causa al estado en que un Tribunal de Control, procese con la premura del caso, a notificar de forma cierta y efectiva a la víctima, de la presentación de la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, con el objeto de que pueda, si así lo considera, presentar acusación particular propia, para que el Tribunal de Control, siga el tramite conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal; de lo contrario deberá resolver la solicitud de sobreseimiento presentada. Así se decide.

Efectivamente, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa ut supra, en contravención a los principios constitucionales y a la normativa legal adjetiva vigente para el momento, forzosamente debe decretarse, la nulidad de la decisión emitida en fecha nueve (09) de junio de 2021, ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de esta sede judicial, lo procedente es declarar CON LUGAR la denuncia que versa sobre la falta de notificación de la víctima de la solicitud del sobreseimiento, siendo esta de orden público, toda vez que la denuncia analizada, se ha declarado como cierta, tiene como consecuencia la anulación del fallo emitido por el Tribunal Quinto de Control, y los actos subsiguientes, y así se decide.

-V-

DISPOSITIVA

En mérito de las razones anteriormente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los pronunciamientos siguientes:

PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Angélica Cecilia Suárez Figueroa, titular de la cédula de identidad № V-14.012.510, actuando con el carácter de representante legal (madre) de la presunta víctima.

SEGUNDO: Se ANULA la decisión dictada en fecha nueve (09) de junio de 2021, en el asunto principal signado con el № NP01-P-2019-003478, por la abogada la abogada Lianmarys del Rosario Salazar, cumpliendo entonces funciones como Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó el sobreseimiento del referido asunto, seguido al ciudadano Ronald Berthomierth, titular de la cédula de identidad N° V-15.511.237, iniciado por la denuncia de la ciudadana Angélica Cecilia Suárez Figueroa, titular de la cédula de identidad № V-14.012.510, por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la niña Angélica Paola Suárez Borthomierth, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que no existía la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, así como la ausencia de bases jurídicas y elementos de prueba suficientes que pudieran comprometer la responsabilidad penal del mencionado ciudadano.

TERCERO  Se ordena RETROTRAER el proceso al estado que se dicte una nueva decisión por un Juez o Jueza distinto a la que dictó el fallo anulado, prescindiendo del vicio procesal aquí señalado, correspondiéndole al Juez que  conozca del presente asunto velar por el cumplimiento de lo aquí decidido, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 174, 175, 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, por considerar que han sido vulneradas las disposiciones establecidas en los artículos 26 y 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido se acuerda la remisión del presente asunto al Tribunal A Quo, toda vez que actualmente el Juez que preside dicho Tribunal es distinto a la Jueza que dicto la decisión hoy recurrida (…)”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas del fallo, corchetes de esta Sala Constitucional).

 

III

DE LA COMPETENCIA  

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:

 

De conformidad con el criterio de competencia establecido en esta materia en la sentencia n.° 1/2000 del 20 de enero, a esta Sala le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República.

 

Por su parte, el artículo 25 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece la competencia de la Sala Constitucional para “Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”.

 

Ahora bien, siendo que la presente acción de amparo se interpone contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, el 1 de julio de 2024, es por lo que, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer y decidir el presente amparo constitucional; todo ello en concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece el amparo contra sentencia. Así se declara.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Luego del análisis de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión cumple con los mismos. Así se declara.

 

En cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en las mismas, aquella es admisible. Así se declara.

 

Ahora bien, es criterio reiterado de esta Sala que, para la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el juez, de quien emanó el acto supuestamente lesivo, incurra en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); y b) que tal abuso de poder ocasione violación a un derecho constitucional, lo que implica que no es impugnable mediante amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal.

 

Con el establecimiento de tales extremos de procedencia se ha pretendido evitar la interposición de solicitudes de amparo, como la de autos, con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, para que la tutela constitucional no se convierta en sucedánea de los demás medios procesales (ordinarios y extraordinarios) existentes.

 

En el presente caso, la parte accionante denunció un evidente vicio en las actuaciones de la jueza ponente, todo ello a que al pronunciarse en el año 2023, en el recurso NP01-R-2022-123, emitió pronunciamiento del asunto de marras, con relación al sobreseimiento decretado en su oportunidad a favor del ciudadano Ronald Borthomierth, conociendo el fondo de ambos asuntos, motivo por el cual la jueza superior Lisbeth Del Valle Rondón, debió de inhibirse con respecto al presente recurso NP01-R-2024-28, ya que se evidencia la doble persecución judicial, además de ser las mismas partes en ambos recursos y asuntos penales, así  mismo indica que la fundamentación hecha en este recurso es falso en virtud que aunque no se hizo lo conducente en relación a notificar de la decisión a la ciudadana Marbelys Palacios, lo cual se evidencia en autos, la misma no puede alegar que no tenía conocimiento alguno del decreto de sobreseimiento del 9 de junio de 2021, en atención a que existe la figura de notificación tacita en el proceso penal siempre y cuando se evidencia en autos que las partes se encontraban a derecho con alguna decisión.

 

Por su parte la mencionada corte de apelaciones, en la sentencia accionada, explanó, que “…se pudo observar, que el Ministerio Público presentó acto conclusivo, como es el caso, -el de Sobreseimiento-. sin que el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control, realizara de forma efectiva la notificación a la víctima, infringiendo (…) el derecho de las partes intervinientes en el proceso, a ser oído en cualquier parte del proceso con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable determinado legalmente por un Tribunal competente, independiente y establecido con anterioridad. siendo así, al no notificarse de forma cierta y efectiva a la víctima, declarar el sobreseimiento de la causa, sin permitir la oportunidad para presentar acusación particular propia, vulneró los derechos de la víctima al acceso de justicia, al derecho a la defensa al debido proceso y la obtención de la justicia (…) los derechos de la víctima en el proceso penal (aunque no se haya constituido el querellante), algunos de ellos los siguientes: presentar querella e intervenir en el proceso (…); ser informada de los resultados del proceso -aún cuando no hubiere intervenido en él-; ser notificada de la resolución del fiscal que ordena el archivo de los recaudos; y ser oído por el Tribunal antes de decidir acerca del sobreseimiento o antes de dictar cualquier otra decisión que ponga término al proceso o lo suspenda condicionalmente (…) en el presente caso el A Quo, cercenó a la víctima, el debido proceso, el derecho de ser oídas y la tutela judicial efectiva, produciendo un estado de indefensión absoluta, así corno un error in procedendo jurisdiccional, y en consecuencia la decisión sub examine está afectada por un vicio no subsanable. De igual forma, la nulidad absoluta acá declarada, comporta la reposición de la causa al estado en que un Tribunal de Control, procese con la premura del caso, a notificar de forma cierta y efectiva a la víctima, de la presentación de la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, con el objeto de que pueda, si así lo considera, presentar acusación particular propia, para que el Tribunal de Control, siga el tramite conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal; de lo contrario deberá resolver la solicitud de sobreseimiento presentada…”.

 

Ahora bien, esta Sala toma en consideración el hecho de que no se puede presumir una notificación tácita a la víctima de este caso ya que no hay un hecho o actuación clara en la que se evidencie en autos que las partes se encontraban a derecho con alguna decisión, siendo que al no notificar de forma cierta y efectiva a la víctima del mencionado decreto de sobreseimiento de la causa, coarta la oportunidad para presentar acusación particular propia, vulnerando sus derechos al acceso de justicia, al derecho a la defensa, al debido proceso y la obtención de la justicia, siendo así, se asevera y se da como adecuada la decisión de la corte acá verificada, de reponer la causa al estado en que un tribunal de control, procese con la premura del caso, a notificar de forma cierta y efectiva a la víctima, de la presentación de la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, con el objeto de que pueda, si así lo considera, presentar acusación particular propia subsanando así la violación procesal y evitando que la victima quede en un estado de indefensión.

 

Es por ello que, esta Sala observa que, contrariamente a lo que afirmó la parte  accionante, la decisión accionada estuvo ajustada a derecho y fue pronunciada por una corte de apelaciones competente la cual, en ejercicio de sus potestades jurisdiccionales y en actuación dentro de los límites de su competencia, pronunciamiento que, si bien fue contrario a las pretensiones del accionante, no vulneró las garantías constitucionales hoy denunciadas, al tiempo que de los argumentos contenidos en el escrito de amparo se desprende la disconformidad por la parte accionante con la decisión impugnada y la pretensión de que se revisen, a través del amparo, los criterios que llevaron a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, a declarar con lugar el recurso de apelación de autos ejercido por la ciudadana Angélica Cecilia Suárez, contra de la decisión dictada en fecha 9 de junio de 2021, por el Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, mediante la cual decreta el sobreseimiento a favor del prenombrado ciudadano Ronald Borthomierth, de acuerdo al artículo 300 numeral 4 del código orgánico procesal penal venezolano en el proceso signado con el numero NP01-P-2019-003478, por la presunta comisión del delito de trato cruel previsto y sancionado en el artículo 254 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y adolescentes.

 

En virtud de tales consideraciones, esta Sala estima que la pretensión de la parte accionante no satisface los extremos de procedencia que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que, tal como se afirmó precedentemente, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, dictó su pronunciamiento en ejercicio de sus soberanas potestades de juzgamiento y lo que pretende el accionante en amparo es que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente. Igualmente, esta Sala reitera que el pronunciamiento que fue impugnado mediante amparo no infringió los derechos constitucionales que fueron delatados como vulnerados, razón por la cual la tutela constitucional invocada resulta IMPROCEDENTE in limine litis. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE  IN LIMINE LITIS la acción de amparo  constitucional propuesta por la abogada Keren Sinai De Silva Urbaneja, actuando con “…cualidad de ABOGADA DE CONFIANZA …” del ciudadano RONALD GREGORI BORTHOMIERTH RONDÓN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, el 1 de julio de 2024, bajo el asunto NP01-P-2019-003478 y NP01-R-2024-000028, que declaró con lugar el recurso de apelación de autos ejercido por la ciudadana Angélica Cecilia Suárez, contra de la decisión dictada en fecha 9 de junio de 2021, por el Tribunal Quinto (5°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, mediante la cual decretó el sobreseimiento a favor del prenombrado ciudadano Ronald Borthomierth.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20  días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025). Años: 214° de la Independencia y 166° de la Federación.

La Presidenta,

 

TANIA  D’AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Ponente  

Los Magistrados,

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

                                                                                                                                El Secretario                            

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

24-0917

LBSA/

 

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