Venley

Sentencia N.º 042

Sentencia
N.º 042
Fecha
01/02/2016
Sala
Casación Penal
Expediente
C15-445
Ponente
Juan Luis Ibarra Verenzuela
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 27 de octubre de 2015, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, expediente signado bajo el alfanumérico VP02-R-2014-000994, nomenclatura de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, contentivo de RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 5802, en su condición de defensor privado del ciudadano acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-22.134.305, en contra de la sentencia dictada por la aludida Sala, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Elena Benítez, en su carácter de defensora privada, contra la decisión dictada el día 9 de junio de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas, que CONDENÓ a su defendido a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS, CINCO (5) MESES, VEINTINUEVE (29) DÍAS y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO, tipificado en el artículo 406 numeral 1, del Código Penal, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, tipificado en el artículo 470 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal. 

El 28 de octubre de 2015, se dio cuenta del recibo de la causa en la Sala de Casación Penal y el 29 de octubre de 2015, se designó la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.

El 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Sesión Extraordinaria, realizó la designación de Magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, nombramiento este publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, corregida (por error material) mediante Gaceta Oficial N° 40.818, publicada el 29 de diciembre de 2015.

En esa misma fecha (23 de diciembre de 2015), la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia quedó constituida de la manera siguiente: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente, Magistrada Doctora Francia Coello González, vicepresidenta, Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno, Magistrado Doctor Juan Luis Ibarra Verenzuela y Magistrada Doctora Yanina Beatriz Karabin de Díaz.

El 23 de diciembre de 2015, el Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA asumió la ponencia de esta causa y con tal carácter suscribe el presente fallo.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 9 de junio de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, a cargo de la ciudadana jueza María Inés Rodríguez Salmón, publicó sentencia mediante la cual dictó los siguientes pronunciamientos:

“(…) PRIMERO: Declara Culpable y en consecuencia CONDENA al ciudadano JEAN (sic) CARLOS BOZO GONZÁLEZ, (…) como COOPERADOR INMEDIATO en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal (sic) 1, en concordancia con el artículo 83 ejusdem, cometido en perjuicio del ciudadano BERNARDO JOSÉ HENRIQUEZ CHIRINOS y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, a cumplir la pena De: 19 AÑOS, 05 MESES, 29 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, más las accesoria de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal; SEGUNDO: Se condena al ciudadano DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ (…) como AUTOR en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMENTIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal 1, cometido en perjuicio del ciudadano BERNARDO JOSÉ HENRIQUEZ CHIRINOS, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal y el delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, a cumplir la pena de 21 AÑOS, 05 MESES, 29 DÍAS Y 12 HORAS DE PRISIÓN, más las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Penal. (…)”. (Resaltado de la cita)

El 4 de agosto de 2014, la ciudadana abogada María Elena Benítez y el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números 129.514 y 5.802 respectivamente, en su carácter de defensores privados del acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, ejercieron recurso de apelación contra la sentencia anteriormente aludida.

El 8 de agosto de 2014, la ciudadana abogada Belkis González Colina, Defensora Pública Penal Quinta del estado Zulia, extensión Cabimas,  actuando con el carácter de defensora del ciudadano JHEAN CARLOS BOZO GONZÁLEZ, ejerció recurso de apelación contra la sentencia anteriormente aludida. El 15 de agosto de 2014, el Fiscal del Ministerio Público dio contestación al referido recurso.

El 5 de septiembre de 2014, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, integrada por la ciudadana Jueza Presidente Nola Gómez Ramírez, la ciudadana Jueza Élida Elena Ortiz y el ciudadano Juez Roberto Quintero Valencia, mediante decisión, declaró INADMISIBLE por EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana abogada Belkis González Colina, Defensora Pública Penal Quinta del estado Zulia extensión Cabimas, en representación del acusado JHEAN CARLOS BOZO GONZÁLEZ y ADMITIÓ el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana abogada María Elena Benítez y el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, en representación del acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ.

El 8 de julio de 2015, la referida Sala de la Corte de Apelaciones, realizó audiencia oral, de conformidad con lo establecido en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

El 22 de julio de 2015, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, publicó el texto íntegro de la sentencia, en la cual declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Elena Benítez, actuando con el carácter de defensora del acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, contra la decisión dictada el 9 de junio de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial, y en consecuencia, confirmó el fallo apelado.  

El 20 de agosto de 2015, la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, levantó acta donde fueron impuestos los acusados JHEAN CARLOS BOZO GONZÁLEZ y DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, de la decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones, el 22 de julio de 2015.

El 14 de septiembre de 2015, el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, en su condición de defensor privado del ciudadano acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, interpuso recurso de casación en contra del fallo dictado el 22 de julio de 2015, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.

El 21 de septiembre de 2015, vencido el lapso establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que el Ministerio Público presentara escrito de contestación, la Corte de Apelaciones antes referida, remitió las actuaciones correspondientes al Tribunal Supremo de Justicia.

COMPETENCIA DE LA SALA

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto observa:

El artículo 266 numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

“(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29 numeral 2 de la referida ley especial, establece:

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación en materia penal. En el presente caso, el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, en su condición de defensor privado del ciudadano acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, interpuso recurso de casación en el proceso penal seguido en contra de su asistido, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO, tipificado en el artículo 406 numeral 1, del Código Penal, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, tipificado en el artículo 470 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO tipificado en el artículo 277 del Código Penal, en consecuencia, la Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

HECHOS

De acuerdo a las actuaciones que conforman el presente expediente, específicamente, de la sentencia condenatoria, publicada el 9 de julio de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial del estado Zulia Extensión Cabimas, quedaron plenamente acreditados los hechos siguientes:

“(…) El día 17 de Julio de 2.011, siendo las 04:00 horas de la madrugada aproximadamente, el hoy occiso BERNARDO JOSÉ HENRIQUE CHIRINOS, se encuentra en el inmueble ubicado en el sector Colina de Bello Monte, calle José María Baralt, municipio Simón Bolívar, estado Zulia, en compañía de los ciudadanos JACSON RAFAEL SULLY y RAMÓN NAVEDA, ingiriendo licor desde tempranas horas de la noche, jugando barajas, cuando de repente entraron los hoy acusados

DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ y JEAN (sic) CARLOS BOZO GONZÁLEZ, abrieron el portón y se introdujeron en la residencia con amenazas hacia la víctima de autos, utilizando arma de fuego, logrando despojar al occiso de cierta cantidad de dinero, un koala y un teléfono celular, y al momento en que se retiran del lugar el ciudadano BERNARDO JOSÉ HENRIQUE, intentó agarrar al acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, y éste le proporciona dos disparos que le ocasionaron la muerte. (…)”.     

RECURSO DE CASACIÓN

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala de Casación Penal en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del presente recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia, en los términos siguientes:

Las disposiciones generales que rigen la materia recursiva en nuestro proceso penal, se encuentran establecidas en los artículos 423 y siguientes, del Código Orgánico Procesal Penal. Así, el artículo 423 dispone el principio de  la impugnabilidad objetiva, el artículo 424 exige la legitimación para recurrir, y el artículo 426 establece las condiciones generales para la interposición del respectivo recurso.

De manera particular, el recurso de casación, está regulado en los artículos 451 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.

Específicamente, en cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, el referido Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 451 dispone taxativamente cuáles son las decisiones recurribles en casación, el artículo 452 enumera cuáles son los motivos que lo hacen procedente y el artículo 454 establece el procedimiento a seguir para su interposición, así como, las exigencias indispensables para su presentación.

De las disposiciones legales precedentemente citadas, se observa que, de manera general, para que esta Sala entre a conocer del recurso de casación se requiere del cumplimiento de diversos requisitos, tales como: a) que la persona que lo ejerza esté debidamente legitimada por la ley; b) que sea interpuesto dentro del lapso legal establecido para ello; c) que la decisión que se recurre sea impugnable o recurrible en casación por expresa disposición de la ley; y, d) que el recurso esté debidamente fundamentado conforme a los requerimientos legales.

En el caso que nos ocupa, esta Sala de Casación Penal observa que:

En atención a la legitimidad, tenemos que el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículos 424 y 427, establecen que solo podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la Ley les reconozca expresamente este derecho, siendo estos, el imputado, el Fiscal del Ministerio Público y la víctima, por ser el primero, sobre quien recae la acción; el segundo, el representante del Estado encargado de ejercer la acción penal; y el tercero, a quien se pretende resarcir o proteger del daño causado por el victimario. En lo que respecta al Defensor, sólo el profesional del derecho debidamente nombrado, juramentado y acreditado para ello, será el único habilitado para ejercer la representación judicial del imputado.

Finalmente, en lo que respecta a la representación o asistencia por un abogado o abogada, la norma adjetiva penal exige que el profesional del Derecho tenga el poder o la autorización necesaria que lo acredite para actuar en el proceso penal que se ventila.

En el presente caso, la legitimación del ciudadano DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, deriva de su condición de acusado en el proceso que dio lugar a la sentencia impugnada y que en su criterio le causó un agravio a sus intereses.

Respecto a la representación, se tiene que el presente recurso de casación fue interpuesto por el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, en su carácter de defensor privado del ciudadano DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, siendo nombrado conforme con lo dispuesto en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal, aceptando el cargo y prestando el juramento, en fecha 28 de junio de 2012 (tal como consta al folio 176 de la pieza 1), de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 eiusdem, por lo que está debidamente legitimado para representar al imputado y ejercer el recurso de casación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 424 del Código Orgánico Procesal Penal.

En segundo lugar, respecto a la tempestividad, consta en el expediente cómputo suscrito en fecha 28 de septiembre de 2015, por la ciudadana abogada Norma María Torres Quintero, Secretaria de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, quien dejó constancia de lo siguiente:

“(…) Miércoles 22 de Julio de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
• (Día de la Publicación del Fallo)
(…)

Lunes 27 de Julio de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Martes 28 de Julio de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Miércoles 29 de Julio de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO

Jueves 30 de Julio de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO

Viernes 31 de Julio de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO

MES DE AGOSTO (…)

Lunes 03 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Martes 04 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Miércoles 05 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Jueves 06 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Viernes 07 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

Lunes 10 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Martes 11 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Miércoles 12 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Jueves 13 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Viernes 14 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

Lunes 17 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Martes 18 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Miércoles 19 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Jueves 20 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

Jueves 27 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Viernes 28 de Agosto de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

MES DE SEPTIEMBRE (…)

Miércoles 02 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO

Jueves 03 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Viernes 04 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

Lunes 07 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Martes 08 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Miércoles 09 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Jueves 10 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Viernes 11 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

Lunes 14 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO (…)

Miércoles 16 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Jueves 17 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
Viernes 18 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO
(…)

Lunes 21 de Septiembre de 2015 DÍA LABORABLE CON DESPACHO (…)”.

Del referido cómputo, esta Sala de Casación Penal constata que el recurso de casación fue ejercido el 14 de septiembre de 2015, es decir, al décimo primer (11°) día de despacho, por lo que fue interpuesto dentro del lapso legal establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tercer término, respecto al carácter recurrible de la decisión impugnada, se observa que, en el presente caso, se ejerció recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 22 de julio de 2015, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana María Elena Benítez, actuando con el carácter de defensora del acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, contra la decisión dictada el 9 de junio de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas, mediante la cual condenó al referido ciudadano a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS, CINCO (5) MESES, VEINTINUEVE (29) DÍAS Y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN, en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO, tipificado en el artículo 406 numeral 1, del Código Penal, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, tipificado en el artículo 470 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal, y en consecuencia, confirmó el fallo apelado, por lo que, observa la Sala de Casación Penal que dicho pronunciamiento se encuentra establecido como recurrible en casación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

En último lugar, respecto a la fundamentación, se evidencia que en el presente caso, el recurrente como fundamento de su recurso, planteó dos  denuncias, en los términos siguientes:

PRIMERA DENUNCIA

El recurrente, alegó:

“(…) A.- Denuncio la infracción de los artículos 49, numerales 3 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 del Código Orgánico Procesal Penal patrio, por la falta de aplicación. En efecto, la defensa Técnica considera que en el deber probatorio quedó establecido que en la Audiencia Oral realizada el día 09 de Octubre de 2013 como nueva fecha para la continuación del Juicio Oral y Público, ante el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, que el Juez de Juicio mencionado ordenó notificar por separado a los abogados inasistentes a dicho acto procesal: MARCOS SALAZAR HUERTA y MARÍA ELENA BENÍTEZ SALAS, de lo cual se dejó constancia expresa en el Acta de Debate respectiva. Igualmente consta en el (sic) mismo (sic) Acta de Debate que llegada la oportunidad procesal para continuar dicho debate probatorio, en fecha 09 de Octubre de 2013, los Abogados Defensores del acusado DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ no comparecimos a la Audiencia Oral y Pública; y ante la inasistencia personal de dichos abogados defensores, el Juez de Juicio Teodoro Pinto procedió a diferir el mencionado Acto de Continuación del Juicio Oral y Público para el día 10 de Octubre de 2013 (24 horas después), y ordenó en el Acta respectiva la notificación de los abogados inasistentes MARCOS SALAZAR HUERTA y MARIA ELENA BENÍTEZ SALAS, porque en el referido acto de fecha 09 de Octubre de 2013 sólo habían quedado notificados el Fiscal del Ministerio Público ÁNGEL CASTILLO, la víctima y los acusados DANIEL ÁVILA y JEAN (sic) CARLOS BOZO; pero el Tribunal de Juicio omitió la notificación real de los prenombrados abogados defensores para hacerles saber que el Juicio Oral y Público continuaría en fecha 10 de Octubre de 2013, pues no se produjo la notificación personal de dichos defensores, ni en forma expresa y escrita, ni por vía telefónica, ni en forma presunta, ni tampoco se realizó la citación cartelaria prevista en el artículo 165, parte final, del Código Orgánico Procesal Penal, que ordena fijar la Boleta de Notificación a las puertas del Tribunal y agregar copia de ella al expediente respectivo, lo cual no se hizo con evidente violación de las normas previstas en los artículos 163, 164 y 165 eiusdem, omisión que se traduce en violación del principio constitucional del Debido Proceso, consagrado en el artículo 49 de nuestra carta magna, en concordancia con el artículo 1° del vigente Código Orgánico Procesal Penal, y así pido al Tribunal Supremo de Justicia que lo declare.

B.- Es forzoso recalcar en esta denuncia que la Corte de Apelaciones, Sala 2, del Estado Zulia, no corrigió la situación jurídica infringida por el Juez Primero de Juicio, Extensión Cabimas, y de esa forma incurrió en error de derecho, ya que en fecha 10 de Octubre de 2013, a las 10 am, día prefijado por el Juez de Juicio para continuar el juicio oral y público, inició el acto sin notificación previa para los abogados defensores MARCOS SALAZAR HUERTA y MARÍA ELENA BENÍTEZ SALAS, y en forma extraña dejó constancia de que dichos abogados defensores estaban notificados desde el día 04 de Octubre de 2013, lo cual no es cierto, porque consta en actas dicha notificación personal, ni en el expediente ni a las puertas del tribunal; y abusando de su autoridad judicial procedió a designar dos (02) defensores públicos en sustitución de la defensa técnica privada, en contra de la voluntad de los acusados DANIEL ÁVILA y JEAN (sic) CARLOS BOZO, violando así el principio rector del Debido Proceso, el Derecho a la Defensa Privada en Juicio, la Tutela Judicial Efectiva de los derechos de los acusados y el principio de igualdad de las partes en el proceso, todo lo cual se traduce en la violación del principio del DEBIDO PROCESO, que constituye la luz guía del moderno sistema acusatorio penal venezolano, error de Derecho que no fue corregido por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia, con evidente violación del numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que dicha Corte de Alzada no restableció la situación jurídica lesionada por el error judicial cometido por el Juez Primero de Juicio del Estado Zulia, Extensión Cabimas, quien en forma arbitraria infringió las normas de procedimiento previstas en los artículos 163, 164 y 165 del Código Orgánico Procesal Penal, por omitir la notificación personalísima, la notificación telefónica y la notificación cartelaria de los abogados defensores inasistentes al acto de fecha 09 de Octubre de 2013, y así pido al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación penal, que lo declare. (…)” (Resaltado de la cita).

La Sala de Casación Penal para decidir, observa:

            El recurrente alegó falta de aplicación del artículo 49 numerales 3 y 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, argumentando que el Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio, en la continuación del debate oral y público, inició el acto sin notificación previa de los abogados privados de los acusados DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ y JHEAN CARLOS BOZO GONZÁLEZ, los cuales no asistieron por no estar debidamente notificados, procediendo el juez de juicio a nombrar defensores públicos en contra de la voluntad de los acusados, señalando que la Corte de Apelaciones “(…) no restableció la situación jurídica lesionada por el error judicial cometido por el Juez Primero de Juicio del estado Zulia, Extensión Cabimas, quien en forma arbitraria infringió las normas de procedimiento previstas en los artículos 163, 164 y 165 del Código Orgánico Procesal Penal, por omitir la notificación personalísima (…)”.

El recurrente señaló que la Corte de Apelaciones, no restableció la situación jurídica infringida por el juez de juicio, referido a la falta de notificación de los defensores privados de los acusados en el acto de continuación del debate oral y público, limitándose a indicar que hubo falta de aplicación de los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, obviando expresar en qué términos presuntamente fueron violentadas las citadas disposiciones por el tribunal de alzada, es decir, de qué manera la recurrida incurrió en la infracción de los principios y garantías contenidos en la norma constitucional y adjetiva penal, omitiendo explicar cómo se quebrantaron, denotándose errores de técnica recursiva que hacen desestimable la pretensión impugnatoria.

Al respecto, la Sala ha establecido en criterios reiterados, que: “(…) no basta con el simple hecho de señalar la norma jurídica infringida o violentada, sino además resulta ineludible explanar en el fundamento de la misma, de manera clara y separada, las razones por las cuales se consideran infringidas, es decir, fundamentar los alegatos de manera clara y precisa, tal como lo establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal (…)” (Sentencia N° 124, del 10 de abril de 2014).

La presente denuncia carece de la fundamentación que establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, el recurrente no expresó claramente los fundamentos por los cuales, a su juicio, la recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 49 numerales 3 y 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al debido proceso y artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, contentivo de la garantía del juicio previo y el debido proceso, solamente se limitó a indicar que la recurrida no restableció la situación jurídica lesionada por parte del Tribunal de Primera Instancia.

Adicionalmente, el recurrente realiza planteamientos referidos básicamente a presuntos vicios incurridos en la fase del juicio oral y público, contrariando con ello la doctrina de la Sala de Casación Penal que establece que el recurso de casación está dirigido a revisar las sentencias de las Cortes de Apelaciones, así como, lo previsto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo al cual: “(…) El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones (…)”.

De todo lo expuesto, considera la Sala de Casación Penal, que no cumple el impugnante con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, referido a la correcta fundamentación del recurso de casación, al exigirle al recurrente que dicho recurso sea interpuesto mediante escrito fundado, en forma concisa y clara, con indicación expresa de los preceptos legales que se consideren violados, fundándolos separadamente si son varios.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, Defensor Privado del ciudadano DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, de acuerdo con lo previsto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

SEGUNDA DENUNCIA

El recurrente, alegó:

“(…) Denuncio formalmente la infracción del artículo 145 del Código Orgánico Procesal Penal, por errónea interpretación de dicha norma, que condujo a la Corte de Apelaciones, Sala 2, del Estado Zulia, a aplicar indebidamente dicha norma procesal en perjuicio de mi defendido. En efecto, el artículo 145 del COPP faculta al Juez de Juicio a designarle un defensor público al acusado sólo en caso de que el acusado no nombre un defensor privado de su confianza, y en actas hay constancia expresa y escrita, emanada de la autoridad competente, de que el acusado DANIEL ÁVILA insistía en mantener como Defensores a los Abogados privados MARCOS SALAZAR HUERTA y MARÍA ELENA BENÍTEZ, circunstancia que desvirtúa y destruye la condición legal establecida por el legislador para que el Juez de Juicio pueda designar válidamente un Defensor Público al acusado, y en este proceso el Juez de Juicio designó los Defensores Públicos en contra de la voluntad de los acusados y se negó a proveerlos de Defensores privados revocados por el Juez de Juicio. Por consiguiente, al no corregir la Corte de Apelaciones la situación jurídica lesionada por error judicial del Juez de Juicio, en perjuicio de los acusados, se produjo una evidente violación al artículo 145 del Código Orgánico Procesal Penal, al artículo 1° eiusdem; al artículo 49, numerales 3 y 8 de la Constitución de Venezuela y al artículo 26 de nuestra Carta Magna, que consagra la Tutela Constitucional de los derechos de las personas en todo el territorio de la República de Venezuela, y así pido al Tribunal Supremo de Justicia que lo declare, en Sala de Casación Penal  (…)” (Resaltado de la cita).

La Sala de Casación Penal, para decidir observa:

En el presente caso, el recurrente comenzó su planteamiento denunciando que la Corte de Apelaciones incurrió en la “errónea interpretación” del artículo 145 del Código Orgánico Procesal Penal,  no obstante, acto seguido se limita a señalar que el Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio, en la oportunidad de celebrarse el debate oral y público, designó un defensor público al acusado en contra de su voluntad, no pudiendo entenderse en definitiva en qué consiste su denuncia, por cuanto aún cuando recurre de la sentencia dictada por el tribunal de alzada lo que ataca es la actuación del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, extensión Cabimas.

De igual forma, el recurrente alega la errónea interpretación de una norma legal, sin especificar por qué fue erradamente interpretada por la Corte de Apelaciones, cuál es la interpretación, que a su juicio debió dársele y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo; aspectos todos omitidos por el accionante en casación al plantear su denuncia.

Cabe destacar que la infracción por errónea interpretación de una norma penal, se materializa cuando el juez o la jueza aun conociendo la existencia y validez de una disposición apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca el sentido en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero significado, haciendo derivar de ella, consecuencias que no concuerdan con su contenido.

Sobre este particular, la Sala de Casación Penal ha decidido de manera reiterada que, para denunciar en casación la errónea interpretación de una norma, debe ponerse de manifiesto lo siguiente:

“(…) en primer lugar, cuál fue la interpretación dada a la misma, por qué fue erradamente interpretada, cual es la interpretación, que a juicio del denunciante, debe dársele y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo, a los fines de poder determinar si efectivamente, éste afectó de manera determinante la resolución del caso que hiciera procedente su declaratoria o constituyó la violación de algún derecho o garantía legal o constitucional (…)”. (Sentencia N° 275, del 19 de julio de 2012).

            Del análisis hecho a esa denuncia, observa esta Sala que no se desprende cuál fue la supuesta errónea interpretación que, a criterio de la defensa privada, incurrió la Corte de Apelaciones, ni tampoco se explica cómo se quebrantaron los derechos o garantías legales y constitucionales de su representado [artículo 49 numerales 3 y 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal]  el recurrente se ciñe nuevamente a realizar una serie de planteamientos referidos a presuntos vicios incurridos en la fase del juicio oral y público, ante el Juez de Juicio, contrariando con ello la doctrina de la Sala de Casación Penal que establece que el recurso de casación está dirigido a revisar las sentencias de las Cortes de Apelaciones, así como, lo previsto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

            En consecuencia, la Sala de de Casación Penal DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la segunda denuncia del recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, Defensor Privado del ciudadano DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ, de acuerdo con lo previsto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado Marcos Salazar Huerta, Defensor Privado del ciudadano DANIEL ALEJANDRO ÁVILA PAZ,  en contra de la sentencia dictada por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, contra la decisión dictada, el día 9 de junio de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, extensión Cabimas, que CONDENÓ a su defendido a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS, CINCO (5) MESES, VEINTINUEVE (29) DÍAS y DOCE (12) HORAS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO COMETIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO, tipificado en el artículo 406 numeral 1, del Código Penal, APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO DE HURTO, tipificado en el artículo 470 del Código Penal y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 del Código Penal,  de acuerdo con lo previsto en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, al primer (1°) día del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

La Magistrada,

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El Magistrado,

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                      Ponente

La Magistrada,

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

JLIV

Exp. AA30-P-2015-000445

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