Venley

Sentencia N.º 04538

Sentencia
N.º 04538
Fecha
22/06/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-2546
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Declinatoria de competencia en demanda

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

EXP. Nº 2004-2546

 

            Mediante Oficio Nº 3.874 de fecha 29 de junio de 2004, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato de comodato interpuesta con medida cautelar innominada, por los abogados Germán Ramírez Materán y Marino Faría Vargas, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 6.642 y 14.401, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del  ciudadano CARLOS ALBERTO MENDOZA, titular de la cédula de identidad N° 2.139.743, contra la COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS).

Tal remisión obedece a la declinatoria de competencia efectuada por dicho tribunal, mediante decisión dictada en fecha 16 de febrero de 2004.

            El 9 de noviembre de 2004 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini;  y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

Posteriormente, en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala  Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa, en el estado en que se encuentra.

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 30 de enero de 2004, presentado ante el Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, los abogados Germán Ramírez Materán y Marino Faría Vargas,  actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Carlos Alberto Mendoza, antes identificados, interpusieron demanda por cumplimiento de contrato de comodato, contra la Comisión Liquidadora del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), solicitando en dicho escrito, sea decretada medida cautelar innominada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, la mencionada representación judicial alegó, entre otras cosas, lo siguiente:

-Que el 10 de junio de 1993, fue autenticado el documento contentivo del contrato de comodato celebrado entre su representado y el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, el cual recaía sobre un inmueble destinado únicamente a actividades deportivas y recreacionales, cuya superficie es de cincuenta y tres mil cuatrocientos metros cuadrados (53.400m2).

-Que el 13 de agosto de 1993, el entonces Congreso de la República de Venezuela suprimió al mencionado Instituto, según Decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 4.635 Extraordinaria del 28 de septiembre del mismo año, y del cual se evidencia que la Comisión Liquidadora “no puede de ninguna forma” entrar a desarrollar actividad alguna dentro del inmueble objeto del contrato de comodato.

-Que su representado ha cumplido con el contrato, destinando el inmueble sólo para uso deportivo, realizándose diversos torneos en distintas áreas deportivas, tales como: softbol, futbolito, béisbol, baloncesto, bolas criollas y kárate.

-Que existiendo tal imposibilidad por parte de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, mal puede pretenderse que sea rescindido unilateralmente el contrato de comodato, como lo han manifestado los apoderados judiciales de la mencionada Junta Liquidadora, a través de dos notificaciones en la que ordenan a su representado la devolución del inmueble.

            Luego, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual correspondió conocer de los autos, por decisión del 16 de febrero de 2004, se declaró incompetente y declinó en esta Sala el conocimiento del presente asunto, con base en las siguientes consideraciones:

“(…) este Tribunal por cuanto observa que en la relación jurídica objeto de la controversia se encuentra involucrado como parte demandada el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) siendo este un Instituto Autónomo del Estado, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 71 del 15 de Abril de 1943, y por cuanto los Tribunales de Primera Instancia tienen atribuidas competencia para conocer en las areas (sic) Civil, Mercantil y Tránsito, y por cuanto en el ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establece que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República ‘conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad´, motivo por el cual este Tribunal se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA, en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y primer párrafo del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, DECLINA su competencia en razón de la materia y ordena remitir mediante oficio el presente expediente en original al TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA, dejándose transcurrir los cinco (5) días de despacho a que alude el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil”.      

 

            Por escrito presentado en fecha 18 de febrero de 2004, los apoderados judiciales de la parte accionante solicitaron la regulación de competencia, en virtud de la decisión dictada el 16 del mismo mes y año, ello por cuanto consideran que el contrato cuyo cumplimiento pretenden se rige por normas de derecho común, y por tanto le corresponde a los tribunales de la jurisdicción ordinaria conocer el presente asunto. Así, en dicho escrito indicaron lo siguiente:

“En relación con lo anterior, se evidencia que el criterio sustentado por este Tribunal es errado, ya que tal como lo dijimos antes, el comodato es un contrato regulado por el Código Civil, no se trata de un contrato administrativo, ni ninguna demanda de daños contra la Nación que exceda de Cinco Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,oo).

(Omissis)       

Por otra parte, el hecho de que no se trate de un contrato administrativo, sino de derecho común, celebrado entre un Instituto Autónomo y un particular, no oneroso, en el cual no existen las llamadas cláusulas exorbitantes, es una razón suficiente para considerar que el conocimiento de las acciones que se deriven de dicho contrato, le corresponde en primera instancia a los juzgados civiles.

(Omissis)

Insistimos que el contrato de comodato, (…) no es un contrato administrativo, ya que el mismo no tiene como fin una utilidad pública o prestación de un servicio público. No existen prerrogativas de la administración en dicho contrato que pudiera considerarse como exorbitante.

(Omissis)

Por todas las anteriores razones, solicitamos al Juzgado Superior que conozca de la presente solicitud de regulación de competencia, que declare con lugar la misma.

De conformidad con el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil vigente, pedimos a este Tribunal, que continúe el curso del proceso, admita la demanda y provea sobre la medida cautelar innominada solicitada, hasta tanto no se dicte la sentencia que regule la competencia por el Juzgado Superior

(…)”

 

Posteriormente, por diligencia del 19 de febrero de 2004, la representación judicial de la parte demandante consignó las copias respectivas, a los fines de su remisión al juzgado superior.

Por auto de la misma fecha, el tribunal de la causa, en virtud de la solicitud de regulación de competencia formulada, ordenó remitir las copias certificadas del presente expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas.

Mediante diligencia de fecha 9 de marzo de 2004, el abogado Marino Faría Vargas, supra identificado, actuando con el carácter expresado, solicitó se admitiera la demanda interpuesta y se provea lo conducente respecto de la medida cautelar propuesta. Dicha solicitud fue ratificada el 16 del mismo mes y año.

Finalmente, por auto de fecha 29 de junio de 2004, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó remitir el presente expediente a esta Sala del Máximo Tribunal, a los fines de darle cumplimiento a lo ordenado en auto del 16 de febrero de 2004, mediante el cual dicho juzgado se declaró incompetente y declinó el conocimiento de los autos en esta Sala.

II

COMPETENCIA

Previo al pronunciamiento acerca de la competencia que debe efectuar la Sala para determinar si le corresponde conocer de los autos, se observa, en primer término, que la presente causa fue remitida en virtud de la declinatoria que realizara el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por decisión del 16 de febrero de 2004; no obstante, de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente se advierte que la representación judicial de la parte accionante interpuso recurso de regulación de competencia contra la referida decisión.

Al respecto, debe esta Sala precisar que, ciertamente, en aquellos casos en los que el juez se pronuncie acerca de su propia competencia, dicha decisión “solamente será impugnable mediante la solicitud de regulación de competencia”, ello conforme a lo previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, recurso éste que efectivamente fue incoado por la parte actora mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2004, y tramitado correctamente por el tribunal remitente -artículo 71 eiusdem-, al enviar las copias certificadas del expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que dicho juzgado se pronunciara acerca de la solicitud presentada, tal como consta del Oficio N° 3195 del 17 de marzo de 2004. En efecto, la última de las normas indicadas señala:

“Artículo 71.- La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya  pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al  Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación.  En los casos del artículo 70, dicha copia  se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procedará cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.

Salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 68, o que fuere solicitada como medio de impugnación de la decisión a que se refiere el artículo 349, la solicitud de regulación de la competencia no suspenderá el curso del proceso y el Juez podrá ordenar la realización de cualesquiera actos de sustanciación y medidas preventivas, pero se abstendrá de decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia.”.  (Negrillas de la Sala)

 

Conforme a la norma supra transcrita, se reitera, el tribunal de la causa realizó el trámite correspondiente de la regulación de competencia incoada al remitir las copias certificadas al Tribunal Superior inmediato; no obstante, debe advertirse que como quiera que está en discusión un asunto relacionado con un contrato presuntamente calificado como administrativo, lo cual implicaría la posible competencia de este Alto Tribunal para conocer de la demanda incoada por el ciudadano Carlos Alberto Mendoza, contra la Comisión Liquidadora del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), esta Sala como máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, y árbitro de su propia competencia, en aras de la celeridad procesal, pasa a pronunciarse acerca de la regulación de competencia, ello con la finalidad de determinar si efectivamente corresponde a este Alto Tribunal conocer y decidir los autos.

Así, a los fines de determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los autos, se observa que la acción incoada versa sobre la demanda por cumplimiento de contrato de comodato; razón por la cual, a los fines de determinar si el mencionado contrato se enmarca dentro de la categoría de los denominados “administrativos”, se observa que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido como esenciales a la naturaleza de este tipo de contratos, lo siguiente: que una de las partes contratantes sea un ente público, que el objeto del contrato sea la prestación de un servicio público y, como consecuencia de lo anterior, la presencia de cláusulas exorbitantes de la Administración, aun cuando no estén expresamente establecidas en el texto de la convención.

En este sentido, observa la Sala que uno de los contratantes es un ente público, a saber: el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, posteriormente suprimido según Ley de Supresión del INOS (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4 635 de fecha 28 de septiembre de 1993) (anteriormente Instituto Nacional de Obras Sanitarias, Organismo Oficial Autónomo creado por Decreto Presidencial Nº 71 de fecha 15 de abril de 1943, publicado en la Gaceta Oficial Nº 21.079, de la misma fecha).

En segundo lugar, el objeto del contrato consiste en otorgar en comodato un terreno propiedad del INOS constante de una superficie de cincuenta y tres mil cuatrocientos metros cuadrados (53.400 m2), comprometiéndose la comodataria “a utilizar el área cedida única y exclusivamente con fines deportivos, pudiendo ‘El Instituto’ rescindir el (…) contrato si se le da un uso distinto al establecido en este documento”,  lo cual evidentemente constituye una actividad de interés público, toda vez que la destinación del inmueble es para actividades de recreación de la comunidad y, por último, existen cláusulas exorbitantes de la Administración contratante en el mencionado contrato, específicamente en la cláusula tercera, que faculta al Instituto a revocar unilateralmente el contrato “cuando así lo requieran sus propios intereses”; todo lo cual conlleva a que el contrato in commento deba enmarcarse dentro de la categoría de los denominados contratos administrativos.

Determinada la naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se solicita, debe advertirse que la presente demanda fue interpuesta en fecha 30 de enero de 2004, esto es, bajo la vigencia de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (aplicable de conformidad con el principio de perpetuatio fori), cuyo texto atribuía a esta Sala la competencia para conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades”. (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, debe advertirse que bajo la vigencia de la referida Ley, esta Sala restringió el ámbito de competencias atribuidas a este Alto Tribunal para conocer de aquellas acciones relacionadas con los denominados contratos administrativos, ampliando, por vía de consecuencia, la posibilidad de que los juzgados superiores con competencia en la materia contencioso administrativa a nivel regional conocieran de las causas referidas “a los contratos celebrados por entidades regionales distintas a las citadas en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”. (Vid entre otras sentencia N° 02729 del 20 de noviembre de 2001 Caso: Servitransporte).

No obstante lo anterior, en el caso de autos, según se evidencia de los autos, fue suscrito un contrato administrativo por una entidad distinta a las indicadas en la norma supra indicada (artículo 42, numeral 14 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) y distintas a las indicadas en el criterio que atribuyó la competencia a los juzgados superiores en lo contencioso administrativo, para conocer de las acciones relacionadas con los contratos administrativos (entidades regionales).

Ello así, y tratándose el presente asunto de un contrato celebrado por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), el cual es un Organismo Oficial Autónomo creado por Decreto Presidencial Nº 71 de fecha 15 de abril de 1943, publicado en la Gaceta Oficial Nº 21.079, de la misma fecha, debe atenderse al criterio expuesto por la Sala en casos como el de autos, en los que se trata de un ente de la Administración Pública Nacional descentralizada funcionalmente, cuyo texto expresa:

“(…) verificado como ha sido por la Sala que la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO), es un “Instituto Autónomo” creado por la Ley de Turismo publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario N°  1.591 de fecha 22 de junio de 1973, estima que la competencia para conocer del caso de autos es ajena a la competencia que el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia atribuye a esta Sala, en tanto que dicha persona jurídico pública no se trata ni de la República, ni de un estado,  ni de un Municipio. Ahora bien, no tratándose tampoco de un ente  de la Administración Pública descentralizada regional, sino de un ente de la Administración Pública Nacional descentralizada funcionalmente, en tanto que el referido instituto autónomo está adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio, considera esta Sala que la competencia para conocer en primera instancia del caso de autos corresponde a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no a los tribunales superiores regionales. 

En consecuencia, se anula la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, y se ordena la remisión del expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para que decida la presente causa, estando como se encuentra en etapa de decidirse el mérito del asunto, dada la  nulidad operada del fallo emitido por el juzgado superior”. (Vid sentencia N° 00909 del 18 de junio de 2003, Caso: Teleferia Venta de Comidas, C.A.). 

 

            Conforme a lo establecido por esta Sala en el fallo parcialmente transcrito, y por cuanto uno de los contratantes del contrato de comodato es un Instituto Autónomo Nacional, ya suprimido, debe declarar que la competencia para conocer de los autos corresponde a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se decide.

Finalmente, por cuanto cursan en el Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, copias certificadas relacionadas con el presente expediente, las cuales fueron remitidas en virtud de la regulación de competencia solicitada, esta Sala acuerda remitir copia certificada de la presente decisión a dicho juzgado, por cuanto la cuestión sometida a su conocimiento ya fue resuelta por esta Sala.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que CORRESPONDE A LAS CORTES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO conocer de la demanda por cumplimiento de contrato de comodato, interpuesta con medida cautelar innominada, por los abogados Germán Ramírez Materán y Marino Faría Vargas, actuando con el carácter de apoderados judiciales del  ciudadano CARLOS ALBERTO MENDOZA, contra la COMISIÓN LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS).

Remítase el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las referidas Cortes, a los fines de su distribución, igualmente se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

                      

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

   La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 Ponente

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintidós (22) de junio del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 04538, la cual no esta firmada por el Magistrado Emiro García Rosas, por no encontrarse presente en el momento de la discusión por motivos justificados.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias