Venley

Sentencia N.º 04550

Sentencia
N.º 04550
Fecha
22/06/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-3932
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Declinatoria de competencia

Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 2005-3932

 

Adjunto a Oficio N° 31.453-522-05, de fecha 18 de abril de 2005, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda que por daño moral interpusiera el abogado Armando de Jesús Cañizales Mollera, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 30.451, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELAINE CLARET MORENO ARRIETA, titular de la cédula de identidad Nº 7.865.257, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT”.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por el prenombrado Tribunal, en fecha 6 de abril de 2005, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda interpuesta y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa.

El 18 de mayo de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

Para decidir, la Sala observa:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 7 de marzo de 2004, el abogado Armando de Jesús Cañizales Mollera, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Elaine Claret Moreno Arrieta, ejerció ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, demanda por daño moral contra la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, por la cantidad de cuatro mil millones de bolívares (Bs. 4.000.000.000,00). A los fines de fundamentar su demanda, alegó:

Que desde el año 1995, comenzó a prestar servicios en la referida Universidad, desempeñando el cargo de Profesora Universitaria.

Que estando “(...) en el ejercicio y cumpliendo con mi sagrado deber Constitucional que es el Derecho al Trabajo y en vista del Derecho a HUELGA que tenemos los Profesores Universitarios, nos vimos en la necesidad por atropellos por parte de las Autoridades Universitarias, decidimos tomar (sic) las Instalaciones del Rectorado de la Universidad  Nacional Experimental...., en virtud de ello hubo por parte de las Autoridades  Universitarias una denuncia por el Delito de Robo y en el cual se me involucró como una de las autoras materiales, delito éste que tuvo conocimiento el Juzgado V de Control de este Circuito Judicial Penal Extensión Cabimas (...) llegando este Juzgado de Control a la decisión de sobreseimiento en el cual se determinó que no tuvo nada que ver con el robo  en el cual se me involucró directamente, es decir fue denunciada con nombre y apellido y de esta manera, sufrí un escarnio Público, por todos los medios de comunicación y sobre todo en la Universidad en la cual prestaba mis labores como Docente (...).”

El 6 de abril de 2005, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, le dio entrada a la demanda interpuesta.

En la misma fecha, el prenombrado Juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda interpuesta y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa, fundamentando su decisión en los siguientes términos:

“(...) la disposición legal 5 Numeral 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, reza textualmente:

Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(...) 24.- Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.).’(Subrayado del Tribunal).

Y en este caso en concreto constata esta Juzgadora que la Universidad Nacional Experimental ‘Rafael María Baralt’ es una Universidad inscrita en el Ministerio de Educación Superior, en la cual interviene la República Bolivariana de Venezuela (...). En este orden de ideas, la cuantía de esta causa es la cantidad de CUATRO MIL MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 4.000.000.000,00), que representada en unidades tributarias asciende a 136.054 U/T considerando para éste (sic) cálculo el aumento de la Unidad Tributaria a Bs. 29.400, publicado ..., siendo ésta una cantidad superior a las 70.001 U/T requeridas por el artículo 5 Numeral 24 ejusdem.

(...)

En fuerza a todo lo señalado anteriormente, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente causa, siendo para ello competente la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

(...).”

 

II

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA

Pasa esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente demanda por daño moral, interpuesta el 7 de marzo de 2004, por el abogado Armando de Jesús Cañizales Mollera, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Elaine Claret Moreno Arrieta, contra la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”.  Al respecto, observa:

En el presente caso, se ha intentado una demanda contra la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, estimada en la cantidad de cuatro mil millones de bolívares (Bs. 4.000.000.000,00), por el presunto daño moral causado a la ciudadana Elaine Claret Moreno Arrieta, en virtud de la denuncia de robo realizada por las autoridades de dicha Universidad, de la cual tuvo conocimiento el Juzgado V de Control del Circuito Judicial Penal Extensión Cabimas, que declaró el sobreseimiento del asunto, y por ende la inocencia de la precitada ciudadana.

En tal sentido, se observa que el artículo 42, ordinal 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para la fecha de la interposición de la presente demanda, establecía que era competencia de esta Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal de la República, lo siguiente:

“Artículo 42.- Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República:

(...)

15.- Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga  participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” 

 

Como puede observarse, la norma transcrita instituía un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas que cumplieran tres condiciones contempladas en la misma, a saber: (i) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; (ii) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00); (iii) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la Jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria.

Debe la Sala entonces, a los fines de establecer su competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa:

En el caso de autos, la parte demandada es una Universidad Nacional creada por Decreto Legislativo Nº 1435 de fecha 15 de marzo de 1982, la cual no puede ser considerada como la República, ni empresa del Estado. Sin embargo, a pesar de la imposibilidad de su asimilación existencial, las Universidades nacionales o públicas participan de la naturaleza de los Institutos Autónomos, en cuanto a sus componentes estructurales, tales como personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente al Fisco Nacional y además, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Universidades, se trata de instituciones al servicio de la Nación formando parte de la Administración Pública Nacional y por tanto, por participar de las características principales de aquellos institutos, y por los intereses fundamentales que representan, se justifica, que a los fines de su protección jurisdiccional, se les extienda el fuero contencioso administrativo y por ello, el conocimiento de cualquier acción o recurso que se ejerza en su contra, corresponde al igual que en los casos de los institutos autónomos, a la jurisdicción contenciosa administrativa.

En este orden de ideas, esta Sala en diversas oportunidades ha establecido lo siguiente:

“...En efecto, cabe señalar que, tanto los institutos autónomos como las universidades nacionales cuentan con personalidad jurídica propia, que les permite ser titular de derechos y obligaciones, por lo cual manejan una actuación totalmente distinta de la República. Asimismo, disponen de un patrimonio propio, independientemente del fisco nacional que les permite gozar de autonomía, haciendo posible la dirección de su propia administración.

Estas razones que, naturalmente son de la esencia de las referidas instituciones, aunado al hecho de que su finalidad va dirigida al servicio de la Nación, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley de Universidades, hacen posible la asimilación de las universidades a la categoría de los institutos autónomos, a los efectos de considerarlas incluidas dentro de los entes contemplados en el numeral 15, del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En razón de ello, resulta procedente su ubicación dentro del fuero jurisdiccional contencioso administrativo.” (Sentencia de esta Sala de fecha 30 de septiembre de 1999, caso: RISTER DELTONY RODRÍGUEZ BOADA vs. UNIVERSIDAD DE ORIENTE, cuyo criterio es reiterado por sentencias de esta Sala de fechas 24 de febrero de 2000, caso: Hipólito Guzmán vs. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y 13 de junio de 2000, caso: Nelson Macquae vs. Universidad Central de Venezuela)”.

 

Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la cuantía, a los fines de terminar si se cumplen los demás requisitos contemplados en el ordinal 15 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la cuantía ha sido estimada por la actora, en cuatro mil millones de bolívares (Bs. 4.000.000.000,00) cantidad que supera el límite mínimo de cinco millones (5.000.000,00) establecido por la norma, con lo cual se considera satisfecho este requisito.

En tercer lugar, se observa que la acción incoada es una demanda por daño moral, que se tramita por el procedimiento ordinario y no se encuentra atribuida al conocimiento de otra autoridad judicial.

Ahora bien, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el ordinal 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia vigente para la fecha de interposición de la demanda, el conocimiento de la presente causa corresponde a esta Sala, y así se decide.

Finalmente, esta Sala ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la revisión de los requisitos de admisibilidad de la presente demanda, con prescindencia de la competencia ya decidida en el presente fallo.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le fuere efectuada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante sentencia de fecha 6 de abril de 2005 y, en consecuencia, se declara COMPETENTE para conocer de la demanda que por daño moral interpusiera el abogado Armando de Jesús Cañizales Mollera, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ELAINE CLARET MORENO ARRIETA, previamente identificados, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT”.

Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, salvo lo referente a la competencia que ya ha sido determinada. Remítase con oficio copia de la presente decisión al Tribunal de origen. 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

                      

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

   La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

   Ponente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintidós (22) de junio del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 04550, la cual no esta firmada por el Magistrado Emiro García Rosas, por no encontrarse presente en el momento de la discusión por motivos justificados.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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