Venley

Sentencia N.º 04597

Sentencia
N.º 04597
Fecha
30/06/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-3032
Ponente
Emiro García Rosas
Procedimiento
Regulación de Competencia

Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS

Exp. Nº 2005-3032

Mediante Oficio N° 704-05 de fecha 31 de marzo de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental remitió a esta Sala copias certificadas del expediente contentivo de la demanda por ajuste de salario y el pago de otros conceptos laborales interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo constitucional y medida cautelar innominada, por el abogado Oscar González Adrianza, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 19.523, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana RITA MARGARITA RIVERA SÁNCHEZ, portadora de la cédula de identidad N° 7.833.276, contra la UNIVERSIDAD DEL ZULIA.

Dicha remisión fue efectuada con ocasión del auto del 1 de marzo de 2005, dictado por el mencionado Juzgado, en vista de la solicitud de regulación de competencia planteada por la parte accionante, conforme a lo establecido en los artículos 69, 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, ante la declinatoria de competencia para conocer el caso de autos expuesta en fecha 21 de febrero del mismo año, por el Tribunal remitente.

El 27 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado EMIRO GARCÍA ROSAS, a los fines de decidir la regulación.

Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

I

 

ANTECEDENTES

En fecha 11 de febrero de 2005, el abogado Oscar González Adrianza, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Rita Margarita Rivera Sánchez, interpuso ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental demanda por ajuste de salario y el pago de otros conceptos laborales conjuntamente con solicitud de amparo constitucional y medida cautelar innominada, contra la Universidad del Zulia.

Mediante decisión del 21 de febrero de 2005, el mencionado Juzgado declinó la competencia para conocer la presente acción en el Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral del Estado Zulia, con base en lo previsto en el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por estimar que “…la figura jurídica acordada por la Universidad del Zulia como ente patronal y el Sindicato de Trabajadores de LUZ ASDELUZ referente al ingresó (sic) del personal docente y de servicio destinado a laborar en el Complejo Educativo María Luisa Lossada, es bajo la modalidad del contrato de trabajo, supuesto que no cumple con las reglas esenciales establecidas para el ingreso a la carrera o función pública, resultando evidente que la competencia para la admisión, sustanciación y decisión de la presente causa la tiene atribuida la jurisdicción laboral…”.

En fecha 28 de febrero de 2005, la parte accionante solicitó la regulación de competencia, según lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, por auto del 1 de marzo del mismo año, ordenó la remisión de la copia certificada del expediente a esta Sala Político-Administrativa.

II

 

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala determinar su competencia para resolver la regulación planteada, y en este sentido resulta necesario hacer referencia a lo establecido en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil:

“Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces de la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior”.

Del artículo transcrito ut supra, se evidencia que una vez presentada la solicitud de regulación de competencia, el Tribunal ante quien se plantea tal solicitud se encuentra en la obligación de enviar la copia certificada del expediente al Tribunal Superior de la Circunscripción.

Ahora bien, una vez revisado el expediente, esta Sala observa que la parte actora impugnó mediante el recurso de regulación de competencia la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró su falta de competencia para conocer de la demanda por ajuste de salarios y el pago de otros conceptos laborales, propuesta por la ciudadana RITA MARGARITA RIVERA SÁNCHEZ.

Así mismo, se constata que la jueza a cargo de dicho Juzgado, en lugar de seguir lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, es decir, enviar las copias certificadas del expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo (alzada natural), para que conocieran de dicha solicitud, las remitió directamente a esta Sala, con lo cual incumplió con el procedimiento legalmente establecido.

 Visto lo anterior, atendiendo a los principios contenidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aras de la celeridad procesal, sin dilaciones indebidas y siendo esta Sala la cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa, pasa a decidir sobre la competencia en el asunto. Así se declara.

Finalmente, se le advierte a la abogada Gloria Urdaneta de Montanari, Jueza del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, ceñirse a las normas procesales a fin de evitar perjuicios a las partes. Así se decide.

III

 

REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA

 

Establecida como ha sido la competencia de esta Sala para decidir la   regulación en el presente caso, procede de seguida a analizar   la misma en los siguientes términos:

En el caso de autos, el apoderado judicial de la parte accionante señaló en la demanda que “(…) mi representada ha cumplido con todas las exigencias legales y reglamentarias, tanto respecto de los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Auxiliar Asistencial de Aula, como respecto de su capacidad, competencia, responsabilidad eficiencia, honestidad y laboriosidad: y porque la Cláusula 24 (PERSONAL CONTRATADO) del VI Convenio Colectivo de Trabajo LUZ-ASDELUZ, 1990-1992, dispone que cumplido o transcurrido el lapso máximo de un año, el trabajador se considerará como empleado ordinario, y que se le creará el cargo y se le expedirá el correspondiente nombramiento. También dispone que su remuneración será de acuerdo a la Clasificación de Cargos existentes en la Universidad; sin  que aquella pueda ser mayor ni menor que las asignadas al personal ordinario”.

Visto lo anterior, esta Sala infiere que la relación de trabajo entre la accionante y el COMPLEJO EDUCATIVO “MARÍA LUISA LOSSADA”, adscrito a la UNIVERSIDAD DEL ZULIA, está regida por un contrato de trabajo, por lo que este Máximo Tribunal pasa a analizar si por esta vía dicha trabajadora pudiera haber ingresado a la Administración Pública como funcionaria pública.

En tal sentido, el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

“Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la ley.

(omissis).”.

            Asimismo, la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482 del 11 de julio de 2002, reimpresa el 6 de septiembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.522, consagra en los artículos 38 y 39 lo siguiente:

“Artículo 38. El régimen aplicable al personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.”.

“Artículo 39. En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.”.(Resaltado de la Sala).

Del análisis de las normas transcritas, se desprende que el personal contratado del Estado no se encuentra amparado por el régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos, consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino que está sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, en el presente caso, la relación que dio origen a la reclamación, se inició y culminó bajo las estipulaciones de un contrato de trabajo, supuesto que de conformidad con las normas antes transcritas, se encuentra excluido de la aplicación del régimen de los funcionarios de carrera y dado que se evidencia del escrito libelar que la accionante lo que pretende es el pago por ajuste de salario y otros conceptos laborales, esta Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara como Tribunal competente para conocer del asunto, a los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Así se declara.   

IV

DECISIÓN

 

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.-QUE ES COMPETENTE para conocer de la regulación de competencia planteada.

2.- QUE LA COMPETENCIA para conocer la demanda por ajuste de salario y el pago de otros conceptos laborales interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo constitucional y medida cautelar innominada, contra la UNIVERSIDAD DEL ZULIA por el abogado Oscar González Adrianza, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana RITA MARGARITA RIVERA SÁNCHEZ, antes identificados, corresponde al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cuyo Circuito Laboral debe ser remitido el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

                      

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 Ponente

 

 

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta (30) de junio del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 04597, la cual no esta firmada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini, por no estar presente en  la Sesión por motivos justificados.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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