Sentencia N.º 048
- Sentencia
- N.º 048
- Fecha
- 27/05/2026
- Sala
- Electoral
- Expediente
- 2026-000018
- Ponente
- Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez
- Procedimiento
- Recurso Contencioso Electoral con medida cautelar
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EN
SALA ELECTORAL
Magistrada Ponente: CARYSLIA BEATRÍZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Expediente N° AA70-E-2026-000018
I
El 20 de abril de 2026, el ciudadano ALESSANDRO ALBERTO BERROTERAN RODIL titular de la cédula de identidad número 10.634.467, actuando en el alegado carácter de candidato electo como Presidente de la Junta Directiva de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SQUASH (SQUASH VENEZUELA), asistido por la abogada Nayadet Coromoto Mogollón Pacheco, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 42.014; interpuso Recurso Contencioso Electoral con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, contra la Providencia Administrativa identificada con el número 078/2025, dictada por el Directorio del Instituto Nacional de Deportes (IND) el 27 de agosto de 2025, que declaró Sin Lugar el Recurso de Reconsideración ejercido el 2 de julio de 2025, contra la Providencia Administrativa número 13 del 6 de enero de 2025, que declaró Improcedente el reconocimiento del proceso electoral celebrado en dicho órgano federativo el 30 de noviembre de 2023.
En esa misma fecha (20-4-2026), el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Electoral, ordenó solicitar los antecedentes administrativos y el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relativos al caso, y dio cuenta de la designación como ponente de la Magistrada Caryslia Beatríz Rodríguez Rodríguez, para que la Sala se pronuncie sobre la admisión del recurso y de la medida cautelar.
El 12 de mayo de 2026, el abogado Luis Salvador Rodríguez Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 76.923, actuando en el carácter de apoderado judicial del Instituto Nacional de Deportes, consignó los antecedentes administrativos y el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con la causa.
El 18 de mayo de 2026, la abogada Nayadet Coromoto Mogollón Pacheco, previamente identificada, consignó poder notariado que le fue otorgado por el ciudadano Alessandro Alberto Berroterán Rodil, que hace valer en el presente juicio.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pasa a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
En su escrito del 20 de abril de 2026, el recurrente argumentó lo siguiente:
Señaló que el 23 de septiembre de 2023, fue “…convoca[da] una Asamblea General a efectuarse en fecha 22 de octubre de ese mismo año, a los fines de designar a los miembros de la COMISIÓN ELECTORAL, que coordinaría y llevaría a cabo el proceso de elección de las Autoridades de la Federación Venezolana de SQUASH…”. En la fecha indicada “… se efectuó la elección de la referida COMISIÓN ELECTORAL, la cual contó con la participación de un universo de 20 DELEGADOS, conformados por Atletas, Árbitros, Entrenadores y Dirigentes, siendo elegidos como Miembros principales, los ciudadanos José Vicente Fernández Garcés, Alberto José Gomes de Almeida y Ángelo Giovanni Mazzocca Noya y el miembro Suplente recayó en el ciudadano Omar Leonardo Rodríguez Mata… ”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original).
Afirmó, que una vez conformada la Comisión Electoral destinada a organizar el proceso electoral de las autoridades de la Federación Venezolana de Squash “… la misma elaboró y aprobó el Reglamento Electoral respectivo (…) y establecieron a su vez el cronograma electoral, el cual fue publicado en fecha 9 de noviembre de 2023, en el diario Últimas Noticias…”, quedando fijado el acto de votación “…para el día 30 de noviembre de 2023…”.
Respecto al proceso electoral, informó que “…se inscribió una sóla plancha y el padrón electoral se conformó con Setenta y seis (76) electores (…) con un porcentaje de participación del sesenta y tres por ciento (63%) en referencia al Padrón Electoral...”, siendo en consecuencia electos “… para la Junta Directiva: un Presidente, un Secretario General, un Director de Finanzas, un Director de Eventos y Proyectos, un Director Técnico. Para el Consejo de Honor: Un Presidente y Cuatro Miembros Principales, y para el Consejo Contralor: Un Presidente y Cuatro Miembros Principales.”
Argumentó que: “Posterior al Acto de Votación, se elaboró el correspondiente Informe Electoral, en el cual se encuentran identificados todos los miembros elegidos para cada cargo, informe que fue consignado en su debida oportunidad, (…) ante la Presidencia del Instituto Nacional del Deporte, solicitando en esa misma oportunidad el reconocimiento de la institución y de las autoridades elegidas.”
Señaló que “…transcurrido más de un año desde la realización de las elecciones y presentada la solicitud de reconocimiento de las autoridades [electas], el Directorio del Instituto Nacional del Deporte [notifica que se había dictado] Providencia Administrativa Nro. 013/2025, de fecha 6 de enero de 2025 (…) declara[ndo] IMPROCEDENTE la solicitud de registro y reconocimiento de la Junta Directiva, Consejo de Honor y Consejo Contralor (…) e insta a la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SQUASH a realizar nuevamente su proceso eleccionario”. (Mayúsculas y negrillas del original, corchetes de la Sala).
Arguyó, que el Presidente de la Comisión Electoral de la referida Federación Deportiva, ciudadano José Vicente Fernández Garcés “…interpuso en fecha 2 de julio de 2025, Recurso de Reconsideración, el cual fue decidido en la Providencia Nro 078/2025, de fecha 27 de agosto de 2025, hoy objeto de impugnación, la cual nunca nos fue notificada a ninguno de los candidatos electos en dichos comicios, del cual hemos tenido conocimiento extraoficial y ante la gravedad de lo allí decidió, sus consecuencias y los vicios de los cuales adolece, nos permitimos impugnarla por esta vía… ”.
A continuación procedió a enumerar los presuntos vicios del acto administrativo, los cuales disgrega de la siguiente forma:
Respecto a presuntas violaciones constitucionales, señala la infracción del artículo 51 constitucional por la “…tardanza por parte del Instituto Nacional del Deporte en el pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento de la institución y las autoridades legítimamente electas, atenta[ndo] de manera directa contra los principios de celeridad y economía procesal que debe regir la actividad administrativa”. Igualmente, la infracción del artículo 257 al establecer que las actuaciones desplegadas por el Instituto Nacional de Deportes “…han sacrificado la justicia que debe imperar en su actuar, a los fines de garantizar los derechos e intereses legítimos de los particulares, atentando y violentando incluso, los derechos humanos de todos los miembros de nuestra asociación deportiva”. Igualmente denuncia la infracción de los artículos 52 y 111 constitucional, por cuanto consideran que las actuaciones del IND violentan “…el derecho a asociarse y el derecho fundamental al deporte…”. (Corchetes de la Sala).
Como parte de otros vicios delatados, señala: i) “INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO DECISOR” por cuanto argumenta que, de las atribuciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física “…no se prevén funciones o facultades en materia electoral, ni para convocar, ni sustanciar ni controlar elecciones y mucho menos una función mediante la cual se encuentre determinada la atribución de declarar nulo o no un proceso eleccionario de autoridades de alguna organización deportiva.”; ii) “FALTA DE PROCEDIMIENTO PREVIO”, por cuanto “…aún cuando no se encuentre previsto un procedimiento para tal fin en el Reglamento N°1 de la Ley del Deporte que ordene al Instituto Nacional de Deporte, que debía notificar a los interesados incluso a terceros, sobre una posible revisión o análisis de cumplimiento de requisitos o exigencias previos a la celebración de un proceso eleccionario, de autoridades deportivas de alguna Federación u órgano deportivo (…) era absolutamente necesario realizar la correspondiente notificación de la apertura de un procedimiento (…) ello en atención a previsiones de rango constitucional, para garantizar, derechos fundamentales como lo significan el derecho a la defensa y al debido proceso…”; iii) “VICIO DE FALSO SUPUESTO”, por considerar que: “Del texto del acto administrativo recurrido, se desprenden una serie de apreciaciones y consideraciones que nada tienen que ver con la realidad de los hechos, pues los señalados en el texto íntegro de la Providencia Administrativa, no se relacionan en modo alguno con el proceso eleccionario celebrado en fecha 30 de noviembre de 2023, sino a otro muy distinto, llevado a cabo por personas desconocidas que no hacen vida en el desarrollo y ejecución de nuestro deporte, y de las cuales desconocemos las razones por las cuales hayan querido sorprender la buena fe de las autoridades con competencia deportiva en nuestro País…”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del original).
Respecto a la medida cautelar de suspensión de efectos de la Providencia Administrativa número 078/2025, señalan que la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris “…deviene del proceso electoral celebrado en el seno de la Federación Venezolana de SQUASH, donde he sido elegido para Presidir la Junta Directiva del mismo (…) ejerciendo en representación de la Federación, por casi dos años”.
Sobre el peligro en la demora señala que el mismo se “…constituye en el hecho cierto que desde nuestra elección en el año 2023, tomamos posesión del cargo (…) desarrollando diversas actividades a lo largo del tiempo (…) corr[iéndose] el riesgo de que se anulen participaciones en ciertas competencias, lo cual no podría ser revertido al obtener la nulidad de la providencia impugnada, quedando en consecuencia ilusoria su ejecución del fallo que al efecto recaiga”. (Corchetes de la Sala).
Respecto al periculum in damni argumentó que “…lo constituye el dejar a la deriva a una organización deportiva (…) de no suspenderse los efectos de la providencia impugnada mientras se desarrolla el presente recurso, conllevaría a dejar fuera de competencia a nuestros atletas (…) impidiendo lo que ha sido nuestro objetivo primordial, como lo significa entrar a la clasificación de las olimpiadas de 2028, en las cuales por primera vez en la historia, entra en competencia nuestra actividad…”.
Como peticiones de fondo, solicitó: “Primero: La Nulidad de la Providencia Administrativa 078/2025 de fecha 27 de agosto de 2025. Segundo: (…) se proceda a ratificar la validez de las elecciones celebradas en fecha 30 de noviembre de 2025 (…) Tercero: Se le ordene al INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, que proceda a reconocer formalmente a las autoridades elegidas en nuestro proceso electoral (…) Cuarto: Se le ordene al Instituto Nacional de Deporte, reconocer todas las actuaciones y actos y actividades realizadas en la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE SQUASH, desde el año 2023…”. (Mayúsculas y negrillas del original).
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De la Competencia:
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de su competencia para conocer el presente recurso contencioso electoral ejercido con medida cautelar de suspensión de efectos, para lo cual observa que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, expresa en el numeral 2, de su artículo 27, lo siguiente:
“Artículo 27. Son competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
(…)
2. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil”.
Ahora bien, en el caso bajo análisis se interpuso un Recurso Contencioso Electoral con solicitud cautelar de suspensión de efectos contra la Providencia Administrativa 078/2025, dictada por el Directorio del Instituto Nacional de Deportes (IND) el 27 de agosto de 2025, mediante la cual se declaró sin lugar el Recurso de Reconsideración contra la Providencia Administrativa número 013/2025, que a su vez declaró como improcedente la solicitud de registro y reconocimiento de la Junta Directiva, Consejo de Honor y Consejo Contralor ejercida por el ciudadano José Vicente Fernández Garcés, en su condición de Presidente de la Comisión Electoral de la Federación Venezolana de Squash; a partir de lo cual esta Sala determina que subyace naturaleza electoral en la causa, razón por la cual se declara competente para su conocimiento, de conformidad con el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.
De la admisibilidad:
Declarada la competencia de esta Sala para el conocimiento y decisión del recurso interpuesto, se pasa a analizar los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 185 eiusdem, por cuanto el recurso fue ejercido con medida cautelar.
Sin embargo, resulta indispensable analizar el deber que tiene la Administración de notificar sus actos a los interesados. En tal sentido, establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en sus artículos 22, 23 y 73 lo siguiente:
“Artículo 22. Se considerarán interesados, a los efectos de esta Ley, a las personas naturales o jurídicas a que se refieren los artículos 112 y 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 23. La condición de interesados la tendrán también quienes ostenten las condiciones de titularidad señaladas en el artículo anterior, aunque no hubieran intervenido en la iniciación del procedimiento, pudiendo, en tal caso, apersonarse en el mismo en cualquier estado en que se encuentre la tramitación.
(…)
Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos debiendo contener la notificación el texto integro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse”.
En base a las previsiones legales previamente transcritas, observa esta Sala que el ciudadano Alessandro Alberto Berroterán Rodil, hoy recurrente, no intervino ni en la iniciación del procedimiento administrativo, ni durante la tramitación del mismo; sino fue otra persona quien asumió, directamente, la labor de impugnar en sede administrativa, la alegada falta de reconocimiento, diligenciando en dicho procedimiento y, convirtiéndose en consecuencia, en representante del colectivo que participó en los comicios del 30 de noviembre de 2023, cuya legitimidad emanaba de su condición de Presidente de la Comisión Electoral que llevó a cabo ese proceso electoral.
Lo anterior se evidencia de la documental que riela al folio ciento cincuenta y siete (157), marcado con letra “D”, contentiva de la comunicación dirigida a la Presidencia del Instituto Nacional de Deportes, suscrita por los ciudadanos José Vicente Fernández Garcés, presidente de la Comisión Electoral de la Federación Venezolana de Squash; y, Alberto José Gomes de Almeida y Ángelo, miembros principales de la referida Comisión, a los fines de “…generar el proceso de reconocimiento…”.
La referida solicitud, tuvo respuesta por la Administración Deportiva, a través de la Providencia dictada el 6 de enero de 2025, identificada con el número 013/2025, declarando la improcedencia del registro y reconocimiento de las autoridades de la Federación Venezolana de Squash, la cual le fue notificada al ciudadano José Vicente Fernández Garcés el 10 de junio de 2025; y, contra tal acto, fue ejercido el Recurso de Reconsideración en fecha 2 de julio de 2025, el cual se decidió el 27 de agosto de 2025, todo lo cual corre inserto en el expediente, a partir del folio ciento sesenta y ocho (168), marcado con letra “F”.
No obstante, a los fines de dilucidar la verdad en la presente causa, como parte de los antecedentes administrativos consignados, riela al folio doscientos cuarenta y nueve (249) del presente expediente, facsímil de nota de recibido de la notificación realizada al ciudadano José Vicente Fernández Garcés, quien fue el recurrente y por ende, el legitimado con interés directo en sede administrativa, donde se le informa que su Recurso de Reconsideración ha sido declarado sin lugar, la cual fue recibida el 28 de octubre de 2025.
Sin embargo, entiende este órgano de justicia, que existían otros aderechados con interés legítimo, como es el caso del hoy recurrente en sede judicial, ciudadano Alessandro Alberto Berroterán Rodil, pero no tuvo este órgano judicial, fecha cierta del momento en que se enteró de lo decidido, llegando a afirmar en el libelo, que “…nunca nos fue notificado (…) del cual hemos tenido conocimiento extraoficial…”.
Ahora bien, en relación con el objeto de las notificaciones, históricamente en nuestro sistema jurídico se ha enfatizado en la teoría que soporta al Principio finalista, el cual ha sido reiterado por esta Sala, indicando:
“La eficacia del acto administrativo se encuentra, entonces, supeditada a su publicidad, y en los casos de los actos de efectos particulares la misma se obtiene con la notificación de estos, con la que se persigue, esencialmente, poner al administrado en conocimiento de una medida o decisión que le afecta directamente en sus intereses; no obstante, puede ocurrir que un acto que no ha sido debidamente notificado llegue a ser eficaz por haber cumplido con el objeto que se persigue con la aludida exigencia, siendo entonces aplicable el principio del ‘logro del fin’.
Ante esta circunstancia, una defectuosa notificación quedará convalidada si el interesado, conociendo de la existencia del acto que le afecta, recurre del mismo…” (Vid. Sentencia número 9 del 7 de febrero de 2001). (Destacados de la Sala).
Principio finalista este, que debe analizarse en congruencia con el lapso de caducidad contemplado en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece:
“Artículo 183. La demanda contencioso electoral deberá intentarse en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de que se produzca la publicidad del acto, si se trata de actos expresos; desde la oportunidad en que la interesada o interesado tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, en caso de actuaciones materiales o vías de hecho; desde el momento en que la decisión ha debido producirse, si se trata de abstenciones u omisiones.
En caso de actos expresos que dicten los órganos del Poder Electoral, el lapso de caducidad transcurrirá, bien desde la oportunidad en que haya sido notificado o notificada personalmente el o la demandante, o bien desde su publicación en la Gaceta Electoral, según lo que ocurra primero…”.
Visto, que en el presente caso se impugnó la Providencia Administrativa número 078/2025, la cual fue dictada por el Directorio del Instituto Nacional de Deportes el 27 de agosto de 2025; y fue notificada al recurrente en sede administrativa, el 28 de octubre de 2025, es a partir de ese momento en que pudo hacerse del conocimiento para todo el colectivo, la decisión administrativa.
Partiendo del principio finalista y la notificación citada, en el presente caso resulta patente que el recurrente tuvo conocimiento de lo decidido por la administración deportiva, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Providencia Administrativa número 013/2025, dictada el 6 de enero de 2025; pues pudo ejercitar el presente Recurso Contencioso Electoral; máxime, cuando, reiteramos, el recurrente en su escrito, no aclara la fecha en la cual conoció del referido acto, más allá de señalar que obtuvo un “…conocimiento extraoficial…” del mismo.
Ahora bien, visto que el acto sobre el cual se pretende la nulidad fue emanado el 27 de agosto de 2025 y notificado el 28 de octubre de 2025, es a partir de esta última fecha que entiende esta Sala Electoral se puede computar el lapso de quince días previsto en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de determinar si el presente Recurso ha sido interpuesto tempestivamente, haciendo acopio del citado principio finalista de las notificaciones; en efecto, esta Sala Electoral tuvo despacho los días 29, 30 y 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 de noviembre de 2025; de manera que la impugnación objeto de la presente causa fue ejercida extemporáneamente el 20 de abril de 2026, con seis meses de posterioridad, de lo que deviene su inadmisibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.
Finalmente, esta Sala decreta que, debido a la anterior declaratoria de inadmisibilidad por caducidad, resulta inoficioso realizar pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada de manera accesoria por el recurrente. Así se establece.
IV
DECISIÓN
Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara:
1.- SU COMPETENCIA para conocer el Recurso Contencioso Electoral con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por el ciudadano Alessandro Alberto Berroterán Rodil, titular de la cédula de identidad número 10.634.467, en su alegado carácter de candidato electo como Presidente de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Squash, contra la Providencia Administrativa número 078/2025 dictada por el Directorio del Instituto Nacional de Deportes el 27 de agosto de 2025.
2.-INADMISIBLE el recurso contencioso electoral, por haber operado el lapso de caducidad, previsto en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
3.- INOFICIOSO emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026). Años 216° de la Independencia y 167° de la Federación.
Magistrados,
La Presidenta,
CARYSLIA BEATRÍZ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Ponente
La Vicepresidenta,
FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO
El Magistrado,
INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA
La Secretaria,
INTIANA LÓPEZ PÉREZ
En fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), siendo las dos y quince de la tarde (02:15 p.m.), se publicó y registró la anterior Sentencia bajo el Nro. 048.
La Secretaria,
INTIANA LÓPEZ PÉREZ
Exp. AA70-E-2026-000018
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