Venley

Sentencia N.º 0515

Sentencia
N.º 0515
Fecha
22/04/2008
Sala
Casación Social
Expediente
07-1184
Ponente
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Caracas, veintidós (22) de abril de 2008. Años: 198º y 149°.

 

En el proceso que por otorgamiento de pensión de jubilación sigue la ciudadana MARÍA ISMELDA CONTRERAS DUGARTE, representada judicialmente por los abogados Ana Isabel Moreno García y Alfredo Ascanio Pereira, contra la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO UNIVERSAL, representada judicialmente por los abogados Ángel Bernardo Viso, Alonso Rodríguez Pittaluga, León Henrique Cottin, Igor Enrique Medina, Ángel Gabriel Viso, Juan Garrido Rovira, Luis García Montoya, Beatriz Abraham Monserrat, María de Lourdes Viso, Ana Sofía Gallardo, Alexander Preziosi, María Carolina Solórzano Palacios, Graciela Yazawa, Albi Jaramillo Rodríguez, Alfredo Abou-Hassan y Álvaro Prada; el Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 11 de mayo de 2007, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante y confirmó la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2005 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda.

 

Contra la decisión de Alzada, la parte actora interpuso recurso de control de la legalidad en fecha 18 de mayo de 2007, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.

 

En fecha 26 de junio de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 7 de febrero de 2008, el Magistrado Omar Mora Díaz manifestó tener motivos de inhibición para conocer del presente asunto. Declarada con lugar dicha inhibición y manifestada la aceptación del Quinto Magistrado Suplente, convocado para integrar la Sala Accidental, ésta quedó constituida, el 11 de abril de 2008, de la siguiente manera: Magistrados Dres. Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, Presidente y Vicepresidente, en su orden, Dr. Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Magistrado y Ponente, Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa, y el Quinto Magistrado Suplente Dr. Medardo Antonio Páez; conservando la ponencia inicial el Magistrado Dr. Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

 

En la oportunidad procesal correspondiente, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso ejercido, en los términos siguientes:

 

ÚNICO

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.

 

En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa:

 

En el presente caso, alega la demandante recurrente haber prestado servicios para la empresa accionada, entre el 20 de julio de 1973 y el 30 de enero de 2002, período en el cual ejerció diversos cargos, siendo el último de ellos el de Gerente Adjunto de la Agencia “El Bosque” del Banco de Venezuela. Agrega que durante toda la relación laboral percibió los beneficios contractuales que recibían los trabajadores de dicha institución; y que al momento de su finalización –después de veintiocho (28) años, seis (06) meses y veintiocho (28) días de servicios ininterrumpidos–, le fueron pagados “conceptos enteramente de naturaleza contractual”, los cuales fueron mencionados en la transacción suscrita ante la Inspectoría del Trabajo del entonces Distrito Federal, de la siguiente manera:

 

‘Preaviso Extra (Cláusula No. 68 de la Convención Colectiva que lo adelante abreviaremos C.C.), 150 salarios integrales por indemnización de antigüedad (art. 125 L.O.T.) beneficios estos que se calcularon por vía de transacción como si el contrato hubiera terminado por despido y no por voluntad común de las partes; vacaciones vencidas y no disfrutadas (Cláusula 79 C.C.), Bono Vacacional (Cláusula 80 C.C. Lit 1), Bono Vacacional (Cláusula 80 C.C. Lit. 2), Utilidades proporcionales legales y Contractuales (Cláusula 75 C.C.), Bonificación Especial Anual (Cláusula 76 C.C.), Bonificación de Fin de Año (Cláusula 77 C.C.) (…)’ (Se acota [que] la transacción no fue homologada) (sic).

 

Que según se señaló en el contrato transaccional, la trabajadora sostenía ser beneficiaria de la Cláusula 65 de la Convención Colectiva, referente a la jubilación, lo cual era negado por la empleadora; y respecto de tal divergencia, se acordó que el Banco pagaría a la actora Bs. 19.470.000,00, cantidad que sería imputada al pago de eventuales pensiones de jubilación, por lo que la trabajadora desistía expresamente de reclamar la aplicación del beneficio de jubilación.

 

Asimismo, en la transacción se estableció que:

 

‘(…) La Contratante reconoce que si por algún motivo, causa o razón esta estipulación de la transacción no es homologada o se dicta decisión judicial que la declara inaplicable, imputa hasta su concurrencia la cantidad recibida (sic) las eventuales pensiones mensuales que le hubiera (sic) correspondido por la pensión de jubilación…’ (…).

 

Con relación a lo anterior, destacó que la transacción no fue homologada, y que “cumplida la condición pactada en el contrato de transacción (…), a la trabajadora se le debía reconocer su derecho a ser jubilada y en razón de lo pactado la misma imputaría el monto recibido a las eventuales pensiones mensuales que le correspondieran (…)”.

 

Adicionalmente, afirma la impugnante que, una vez declarada sin lugar la demanda y apelada dicha decisión, en la audiencia oral celebrada ante el Juzgado Superior, en el momento de dictar el dispositivo del fallo, el Juez, “refiriéndose a la naturaleza de los beneficios que pueden ser incorporados al patrimonio contractual, se expresó, más o menos y entre otros, en los términos siguientes: ‘si a la trabajadora se le pagaban las utilidades según la convención colectiva de trabajo esta cláusula se incorporaba a su patrimonio contractual-laboral, mas no se incorporaba el resto de las cláusulas’, y posteriormente procedió a emitir el pronunciamiento que consta en auto”. Al respecto, la recurrente manifiesta su inconformidad con tal pronunciamiento, “puesto que, en nuestro caso, a la trabajadora se le aplicaba la convención colectiva y la única cláusula, que incluso, planteó una controversia entre las partes ha sido la de Jubilación”.

 

Finalmente, sostiene que la sentencia recurrida contraviene lo establecido en los artículos 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; 60, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, “en razón de la inobservancia y desaplicación de los principios desarrollados en el artículo 8° (hoy 9° de Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo)”; 398 de la citada Ley Orgánica del Trabajo; y 1159 y 1160 del Código Civil.

 

Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por la recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público, ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha11 de mayo de 2007, emanada del Juzgado Superior Primero para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

 El Presidente de la Sala Accidental,

 

 

_________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

 

El Vicepresidente,                                                     Magistrado y Ponente,

 

 

______________________________              _______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO             LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

 

          Magistrada,                                                            Magistrado Suplente,

 

 

_________________________________              __________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA               MEDARDO ANTONIO PÁEZ

 

 

El

 

 

 

Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. N° AA60-S-2007-001184

Nota: Publicada en su fecha a las

El Secretario,

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