Venley

Sentencia N.º 05251

Sentencia
N.º 05251
Fecha
03/08/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-4715
Ponente
Evelyn Margarita Marrero Ortiz
Procedimiento
Declinatoria de competencia

MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2005-4715

 

Mediante Oficio N° TS-SC-05-047, de fecha 28 de junio de 2005, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los literales a y b del artículo 83, de las Disposiciones Transitorias contenidas en el Título VII del Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela de fecha 26 de agosto de 2004, interpuesto por el ciudadano LUIS BELTRÁN AGUILERA, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad N° 4.038.454, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 56.615, actuando en su propio nombre y representación.

La remisión tuvo lugar con ocasión de la declinatoria de competencia efectuada por la referida Sala, mediante decisión de fecha 09 de junio de 2005, por considerar que este Órgano Jurisdiccional es el competente para conocer el recurso ejercido.

El 06 de julio de 2005 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se designó ponente a la Magistrada EVELYN MARRERO ORTÍZ, a los fines de decidir la declinatoria de competencia efectuada.

Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado en fecha 14 de diciembre de 2004,  ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano Luis Beltrán Aguilera, actuando en su propio nombre y representación, interpuso recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad “del Título VII, Disposiciones Transitorias, Artículo 83, Literales a y b, del Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela de fecha 26/08/2004”. Fundamentó su solicitud en los siguientes hechos:

Que en fecha 17 de julio de 1983, ingresó a prestar sus servicios en el Banco Central de Venezuela, fecha en la cual se encontraba vigente el Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Empleados del Banco Central de Venezuela.

Indicó, que “en fecha 26 de agosto de 2004, el directorio del Banco Central de Venezuela, (resolvió) dictar el Reglamento modificatorio (…) del reglamento (sic) del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de empleados (sic) del Banco Central de Venezuela (…)”.

Agregó el accionante que el 14 de septiembre de 2004, le notificaron que de conformidad con el artículo 83, literal a, en concordancia con el artículo 32, parágrafo 3 del Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Empleados del Banco Central de Venezuela, se le otorgaba el beneficio de jubilación a partir del 16 de ese mes y año, sin que este hubiese sido solicitado por él.

Adujo, que para la fecha en que fue jubilado tenía 51 años de edad y 21 años, 1 mes y 28 días de servicio, otorgándosele como pensión la cantidad de Un Millón Quinientos Cuarenta y Un Mil Bolívares Sin Céntimos (Bs. 1.541.000,oo), que según la hoja de cálculo que anexa, representa un cuarenta y cuatro por ciento (44%) de su sueldo real al 15 de septiembre de 2004, razón por la que considera que la referida Institución Bancaria infringió principios constitucionales referidos a la jubilación.

Expresó que el 27 de septiembre de 2004, interpuso acción de amparo constitucional ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, denunciando la violación del artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acción que fue declarada inadmisible en fecha 15 de octubre de 2004.

Manifestó que el 22 de octubre de ese mismo año, un grupo de compañeros afectados por la medida (jubilación) enviaron una comunicación al Presidente y demás Directores del Banco Central de Venezuela a fin de solicitar la reconsideración de las “jubilaciones de Oficio”, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

Argumentó, que “de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 152.22, 156.32, 187.1, 147 y 86 del texto fundamental”, la competencia en materia de pensiones y jubilaciones corresponde al Poder Público Nacional, “que a través de la Asamblea Nacional dictará la Ley Nacional que establecerá el Régimen de las Jubilaciones y pensiones (sic) de funcionarios públicos y funcionarias públicas, Nacionales, Estadales y Municipales”, de manera que -a su decir- ninguna Ley o Estatuto puede facultar al Directorio del Banco Central para legislar sobre materia de Previsión Social.

Advirtió, que el Directorio de la mencionada Institución Bancaria al dictar el Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela de fecha 26 de agosto de 2004, específicamente los literales a y b el artículo 83, de las Disposiciones Transitorias contenidas en el Título VII, introdujo requisitos distintos a los dispuestos en el artículo 3, literal a, de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y Municipios y su Reglamento.

Conforme a lo anterior, consideró el accionante que se violó lo dispuesto en los artículos 18, 19 numeral 4 y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual solicitó sean declarados nulos por inconstitucionales e ilegales los literales a y b del artículo 83, de las Disposiciones Transitorias contenidas en el Título VII, del mencionado Reglamento de fecha 26 de agosto de 2004.

Adicionalmente, solicitó se declare la nulidad del acto administrativo dictado por el Gerente de Recursos Humanos (E) mediante el cual lo desincorporó ilegalmente y se le excluyó de la nómina del personal activo del Banco Central de Venezuela; se ordene a la mencionada entidad su “inclusión en la nómina de personal activo en el cargo de Analista Financiero III (H) sin desmejorar las condiciones”; que se le garantice la seguridad social y el respeto a la dignidad humana; que para el momento de otorgar el derecho a la jubilación, el Banco Central de Venezuela tome en cuenta todos los elementos que conforman el salario, es decir, sueldo básico, prima de antigüedad, bono vacacional y remuneración de fin de año. Asimismo, solicitó que se aplique exactamente el porcentaje que le corresponde por los años de servicio prestados.

En fecha 14 de diciembre de 2004, la Sala Constitucional dio cuenta del expediente y acordó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.

En fecha 18 de mayo de 2005, el accionante solicitó se emitiera el pronunciamiento correspondiente, y que “en vista que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia artículo 19, permite solicitar medidas cautelares que estimen pertinentes (sic) para resguardar la apariencia de buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva, solici [ta] (…) acuerde la mencionada medida cautelar y [lo] ampare en el derecho a la igualdad por cuanto [fue] objeto de un trato discriminatorio ya que para situaciones iguales se aplicó soluciones distintas (…)”.

Mediante decisión del 09 de junio de 2005 la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, se declaró incompetente y ordenó remitir el expediente a esta Sala Político-Administrativa, fundamentándose en lo siguiente:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, como más alto Tribunal de la República: Artículo 5.30. (…)

Igualmente, en el Primer Aparte del mencionado artículo 5 eiusdem, el Tribunal Supremo de Justicia estableció las competencias de sus Salas:

‘El Tribunal conocerá en Sala Plena los asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37. (…)

De allí que en el caso de autos, al tratarse de la nulidad de disposiciones contenidas en el Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela, esta Sala, carece de competencia para conocer la presente acción, correspondiéndole dicho conocimiento a la Sala Político Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado, declara la incompetencia de la Sala para conocer del presente asunto. (…)”. (Negrillas del fallo).

 

En fecha 29 de junio de 2005 fue recibido el expediente en esta Sala.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer la causa objeto de análisis, con motivo de la declinatoria de competencia que le fuere efectuada por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. En tal sentido, se observa que en el caso de autos se ha interpuesto un recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los literales a y b del artículo 83, de las Disposiciones Transitorias contenidas en el Título VII, del Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela de fecha 26 de agosto de 2004.

En este sentido, se observa que el aparte 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 37.942 de fecha 20 de mayo de 2004, establece que esta Sala Político-Administrativa será competente para “Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional”.

Conforme la norma antes transcrita, observa la Sala que en el caso de autos se ejerció un recurso nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra un acto administrativo de efectos generales de carácter normativo, como lo es el Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela, toda vez que el mismo se encuentra dirigido a un grupo indeterminado de personas (trabajadores de la Institución que presten sus servicios con carácter permanente) y no se agota ni se extingue en una sola aplicación u oportunidad; aunado al hecho de que tal Reglamento emanó del Directorio del Banco Central de Venezuela, considerado éste, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Banco Central de Venezuela como “una persona jurídica de derecho público, de rango constitucional, de naturaleza única, con plena capacidad pública y privada, integrante del Poder Público Nacional”, resulta forzoso para esta Sala declarar su competencia para conocer el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el citado aparte 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.

En cuanto a la medida cautelar solicitada por el accionante mediante diligencia de fecha 18 de mayo de 2005, advierte esta Sala que ésta será objeto de análisis, una vez que el Juzgado de Sustanciación se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

En atención a los razonamientos antes expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por la Sala Constitucional para conocer el recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los literales a y b del artículo 83 de las Disposiciones Transitorias contenidas en el Título VII, del Reglamento del Fondo de Previsión, Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores del Banco Central de Venezuela de fecha 26 de agosto de 2004, interpuesto por el ciudadano LUIS BELTRÁN AGUILERA, antes identificado, actuando en su propio nombre y representación.

2.- Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala a fin de que se pronuncie acerca de la admisibilidad del recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad incoado, con excepción de la competencia analizada en este fallo, y de ser procedente dicha admisibilidad, ordene la apertura del cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar solicitada.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

                      

La Presidenta- Ponente

EVELYN MARRERO ORTÍZ

        La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En tres (03) de agosto del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 05251.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias