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Sentencia N.º 0528

Sentencia
N.º 0528
Fecha
10/07/2013
Sala
Casación Social
Expediente
11-350
Ponente
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

 

En el juicio que por cobro de acreencias laborales sigue el ciudadano ÁNGEL LUIS TORRES, representado judicialmente por los abogados Carlos Daniel Linarez y Miguel Morillo Velásquez y asistido por la Defensora Pública Primera ante las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, abogada Teresa Elizabeth López Cruz, contra la sociedad mercantil EL GRAN CHAROLAIS RESTAURANT BAR C.A., y solidariamente, contra los ciudadanos FRANCISCO DÍAZ BARRERA y JOAO GOMES PINHEIRO, la primera y el segundo sin representación judicial acreditada en autos, y el tercero, representado judicialmente por los abogados Nais Blanco Useche y Giovanni Vergine; el Juzgado Noveno Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicó sentencia en fecha 16 de febrero de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, con lo cual confirmó la decisión dictada el 15 de octubre de 2010, por el Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró consumada la perención y extinguida la instancia.

Contra la decisión de alzada, la parte actora interpuso recurso de control de la legalidad en fecha 23 de febrero de 2011, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.

En fecha 17 de marzo de 2011 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el actual fallo.  

 

El 15 de diciembre de 2011, esta Sala de Casación Social admitió el recurso ejercido.

 

En virtud de la culminación del período constitucional de los Magistrados Omar Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, y la consiguiente incorporación de los Magistrados Suplentes Octavio José Sisco Ricciardi, Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, quedó reconstituida esta Sala de Casación Social.

 

Mediante auto de fecha 24 de abril de 2013, fue fijada la audiencia pública y contradictoria para el día 16 de mayo de ese mismo año.

 

Posteriormente, mediante auto de fecha 13 de mayo de 2013, se acordó diferir dicha audiencia para el día martes 11 de junio del presente año, a las once de la mañana (11:00 a.m.).

 

Mediante auto de fecha 6 de junio de 2013, se acordó diferir dicha audiencia para el día miércoles 19 de junio del presente año, a las once de la mañana (11:00 a.m)

 

Celebrada la audiencia pública y contradictoria en la fecha indicada y emitida la decisión de manera inmediata, conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir la misma en los siguientes términos:

 

DEL RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

 

Adujo la parte recurrente como fundamento del presente medio de impugnación, lo siguiente:

En el caso de marras, tanto el A Quo como el Ad Quem suputaron los periodos transcurridos desde el 18 de diciembre de 2009 al 07 de enero de 2010, así como el periodo transcurrido desde el 13 de agosto de 2010 al 16 de septiembre de 2010.-

 

Lo que trae como consecuencia considerar que transcurrió más de 01 año de inactividad de las partes, situación de derecho que conlleva a una clara Infracción de Ley, tanto del artículo 201 de la Ley Orgánica del Trabajo, (sic) como el artículo 201 del Código del Código de Procedimiento Civil, que tiene carácter de norma supletoria de la Ley Adjetiva del Trabajo que establece la suspensión de los lapsos que no se consideran contables como inactivos, para la Perención de la Instancia.-

 

Lo que lleva al quebrantamiento de formas sustanciales del procedimiento que generan el menoscabo del derecho a la Defensa de los consumidores de justicia, llevando como contrario a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 257, donde el proceso (sic) instituye como medio esencial para la búsqueda de la justicia, donde se aplica una norma erróneamente en perjuicio de un ciudadano (…) no corregir este defecto llevaría a mi patrocinado (sic) iniciar de nuevo un proceso donde uno de los Accionados (sic) ha sido tortuosa su ubicación, ahora mal que bien uno de los demandados es parte en el proceso.-

 

A su vez llevaría como consecuencia la perdida de la corrección monetaria, ya que tendría que accionar de nuevo y quedaría la presente acción como desistida e inexistente, solo a los fines de interrumpir la prescripción.-

 

(Omissis)

 

(…) realizando un cómputo exacto de los días que estuvieron cerrados los tribunales por vacaciones decembrinas, como el 13 de agosto al 16 de septiembre de 2010, es evidente que solo transcurrieron 10 meses y 09 días.-

Muy a pesar que este Mandante (sic) indico (sic) que existía Jurisprudencia reiterada y pacífica al respecto (…).

 

Para decidir, esta Sala observa:

 

Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:

 

Artículo 201: Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, éste último deberá declarar la perención.

 

La perención de la instancia es una forma anómala de culminación del procedimiento, ya que la declaratoria proferida por el operador de justicia en tal sentido, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pues el accionante puede interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.

 

Se erige así el referido instituto procesal, como un mecanismo legal diseñado con la intención de evitar que los procesos se perpetúen y que los órganos de administración de justicia procuren la composición de las causas en las que no exista interés de los sujetos procesales que intervengan en éstas. En otras palabras, constituye una sanción para el litigante negligente en generar impulso procesal al juicio.

 

En el caso bajo análisis se ha constatado de las actuaciones cursantes en el expediente que la penúltima de éstas ocurrió el 5 de octubre de 2009 y la última el 14 de octubre de 2010, con lo cual transcurrió un (1) año y nueve (9) días entre una y otra. El 15 de octubre de 2010 es declarada la perención por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Sin embargo, existe doctrina jurisprudencial, según la cual se ha dejado establecido que para el cálculo de este tiempo deben descontarse los lapsos en los que la causa ha estado paralizada, ello en los siguientes términos.

(…) debe señalarse que el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, parágrafo primero, es claro al señalar que:

 

En todo caso en que el curso de la causa quede en suspenso por cualquier motivo, la causa reanudará su curso en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión.

 

La suspensión de la causa ha sido catalogada por la doctrina como una “crisis del procedimiento”, toda vez que la sucesión de los actos sufre una pausa durante la cual no se puede actuar, es decir, es un estado de paralización del proceso, equiparable a los plazos muertos o inactivos a los que se refiere la decisión supra citada. Por ende, a juicio de esta Sala, mal puede correr fatalmente el tiempo de la perención para las partes que, conscientes como están de tal paralización, dejan de impulsar el proceso, pues les está vedado cualquier tipo de actuación durante tal lapso; razón por la cual dicha falta de impulso o actuación no les es imputable a ellas. Se trata entonces de suspensiones de orden legal como las que se generan por ejemplo con ocasión de la notificación a la Procuraduría General de la República, así como también con motivo de las vacaciones judiciales. (Sentencia N° 697, proferida por la Sala Social en fecha  30-6-2010, Caso: Yaritza del Carmen Acosta contra Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela). (Resaltado de esta decisión)

 

Al aplicar tal criterio al caso en concreto corresponde descontar los periodos de vacaciones judiciales, al lapso de un (1) año y nueve (9) días que transcurrió entre una actuación y otra. Así vemos que con sólo computar a los efectos del referido descuento el tiempo comprendido entre el 24 de diciembre de 2009 al 6 de enero de 2010, deben restarse catorce (14) días, lo cual lleva a concluir que entre el 5 de octubre de 2009 y el 14 de octubre de 2010 no transcurrió el lapso de un año previsto en la norma, toda vez que en realidad transcurrieron once (11) meses y veinticinco (25) días. En consecuencia la actuación del día 14 de octubre de 2010 fue realizada antes del vencimiento del lapso de ley, de un (1) año, en el que opera la perención. Es decir, no se materializó el supuesto de hecho contenido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denominado la perención de la instancia. Así se establece.

En consecuencia se declara con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto y por cuanto se observa que la causa se encuentra en fase de sustanciación habiéndose notificado a uno de los co-demandados y existiendo un desistimiento en lo que respecta al ciudadano Francisco Díaz Barrera, se ordena la reposición de la causa al estado de que el Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas agote las diligencias necesarias para la practica de la notificación de la codemandada sociedad mercantil EL GRAN CHAROLAIS RESTAURANT BAR, C.A, y continúe con la sustanciación correspondiente.

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR el recurso de control de la legalidad ejercido por la parte actora, contra la decisión de fecha 16 de febrero de 2011, emanada del Juzgado Noveno Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, SEGUNDO: NULA la sentencia recurrida, y TERCERO: SE REPONE LA CAUSA al estado supra referido.

 

No firma la presente decisión la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, al no haber presenciado la audiencia por motivos justificados.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra señalada. Particípese de la presente remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

________________________________________

LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

 

La Vicepresidenta,                                                     Magistrado,

 

 

__________________________________       _______________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA        OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI

 

 

Magistrada,                                                                Magistrada,

 

 

__________________________________   _________________________________

SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS   CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

 

El Secretario,

 

 

____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

R.C. N° AA60-S-2011-000350

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

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