Venley

Sentencia N.º 05282

Sentencia
N.º 05282
Fecha
03/08/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2003-0622
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Declinatoria de competencia

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2003-0622

 

La Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante Oficio N° 684 de fecha 16 de mayo de 2003, remitió a esta Sala, expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto por el abogado Geofrin José Loyo Hidalgo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 24.879, en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil GONRECA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda contra la Resolución de fecha 29 de julio de 1987, dictada por la COMISIÓN TRIPARTITA PRIMERA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA, que ratificó la decisión dictada por la Comisión Tripartita Tercera de Primera Instancia del Distrito Sucre del Estado Miranda, mediante la cual declaró con lugar el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos intentado por el ciudadano Máximo Alberto Ardiles Vizcarrondo, portador de la cédula de identidad N° E-81.660.692, contra la referida empresa.

Dicha remisión fue efectuada en virtud de la declinatoria realizada a esta Sala para conocer del conflicto negativo de competencia planteado en el presente caso.

El 3 de junio de 2003, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la declinatoria de competencia planteada.

Mediante decisión N° 985 publicada en fecha 1° de julio de 2003, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se declaró competente para conocer del conflicto planteado y, acordó diferir el pronunciamiento respecto a cuál tribunal es el competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto en el presente caso.

En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini  y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.

Posteriormente, en fecha 2 de febrero de 2005, fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala  Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa, en el estado en que se encuentra.

            Revisadas las actas que conforman el expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

El  abogado Geofrin José Loyo Hidalgo, ya identificado, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil GONRECA, C.A., también identificada, mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 1987, interpuso por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, recurso de nulidad contra la Resolución de fecha 29 de julio de 1987, dictada por la COMISIÓN TRIPARTITA PRIMERA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA, mediante la cual se ratificó la declaratoria con lugar de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos formulada por el ciudadano Máximo Alberto Ardiles Vizcarrondo, previamente identificado, en contra de la empresa antes mencionada.

Por auto del 20 de abril de 1988, la referida Corte admitió el recurso de nulidad interpuesto, ordenando notificar al Fiscal General de la República, así como la publicación del cartel establecido en el artículo 125 de la entonces vigente  Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 7 de julio de 1995, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para conocer y decidir el presente caso, en atención a las decisiones dictadas por esta Sala en fecha 9 de abril de 1992 y por la Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 1994, las cuales establecieron que es de la exclusiva competencia de la jurisdicción laboral, la resolución de los recursos contenciosos de nulidad ejercidos contra resoluciones emanadas de los inspectores del trabajo, equiparando las decisiones de las antiguas Comisiones Tripartitas establecidas en la derogada Ley Contra Despidos Injustificados con las emanadas por las Inspectorías del Trabajo instauradas por la Ley Orgánica del Trabajo, así mismo, ordenó la remisión del expediente al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el cual una vez cumplido el trámite de la distribución designó al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial a los fines de seguir con la sustanciación de la causa.

En fecha 29 de enero de 1997, el señalado Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo también se declaró incompetente para conocer del recurso de nulidad intentado y ordenó remitir, mediante Oficio N° 1660-223476 de fecha 21 de febrero de 2002, el expediente a la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, en virtud del conflicto suscitado.

El 2 de julio de 2002, se dio cuenta a la Sala de Casación Civil del expediente y se designó ponente al Magistrado Franklin Arrieche, para decidir la regulación de competencia planteada.

Por decisión N° 0042 de fecha 11 de abril de 2003, la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal declinó en esta Sala Político- Administrativa la competencia para conocer y decidir la regulación solicitada.

 

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Como quedó anteriormente descrito, esta Sala mediante sentencia N° 985 del 1° de julio de 2003, aceptó la competencia para conocer del conflicto planteado y, acordó diferir el pronunciamiento respecto a la competencia para conocer del presente recurso de nulidad.

Ahora bien, en consideración a que el criterio de este Máximo Tribunal actualmente vigente en dicha materia, establece que esa competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, y dentro de ella, particularmente en primera instancia, a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales; es por tal razón que esta Sala, atendiendo al presente caso, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad contra la Resolución Administrativa de fecha 29 de julio de 1987, emanada de la COMISIÓN TRIPARTITA PRIMERA DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA, que ratificó la decisión dictada por la Comisión Tripartita Tercera de Primera Instancia del Distrito Sucre del Estado Miranda, mediante la cual declaró con lugar el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos intentado por el ciudadano Máximo Alberto Ardiles Vizcarrondo, ya identificado, contra la sociedad mercantil GONRECA, C.A., también identificada, siendo procedente declarar competente para conocer del presente asunto, al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que corresponda de acuerdo al sistema de distribución establecido. Así se declara.

           

II

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que  CORRESPONDE AL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL en el cual recaiga la distribución correspondiente, la COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado Geofrin José Loyo Hidalgo, ya identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil GONRECA, C.A., también identificada, contra la Resolución Administrativa de fecha 29 de julio de 1987, emanada de la COMISIÓN TRIPARTITA PRIMERA DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA, que ratificó la decisión dictada por la Comisión Tripartita Tercera de Primera Instancia del Distrito Sucre del Estado Miranda, mediante la cual declaró con lugar el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos intentado por el ciudadano Máximo Alberto Ardiles Vizcarrondo, antes identificado, contra la empresa recurrente.

En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado Superior Distribuidor de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines de que realice la distribución correspondiente.

Publíquese, regístrese y comuníquese.  Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dos (02) días del mes de agosto del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

                      

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta – Ponente,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA              

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En tres (03) de agosto del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 05282, la cual no está firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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