Sentencia N.º 053
Sentencia N.º 053
- Sentencia
- N.º 053
- Fecha
- 01/02/2008
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C07-0508
- Ponente
- Eladio Ramón Aponte Aponte
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, integrada por los Jueces Yanina Karabin Marín, Gabriel Ernesto España y José Rafael Guillen, en fecha 14 de mayo de 2007, declaró SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano Edgar Yovanny López Rodríguez, venezolano, con cédula de identidad N° 12.707.063, contra el fallo del Juzgado Itinerante Undécimo de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que lo condenó a cumplir la pena de doce (12) años de presidio por la comisión del delito de robo agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal, vigente para el momento de los hechos.
Contra el fallo de la Corte de Apelaciones interpuso recurso de casación la defensa privada, ciudadana abogada Erika María Toussaint, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 92.058.
Vencido el lapso de ley, sin que haya tenido lugar la contestación del recurso de casación, se remitió el expediente a la Sala de Casación Penal, el cual fue recibido el 13 de noviembre de 2007, y el mismo día se le asignó la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, la Sala de conformidad a lo previsto en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:
Los hechos establecidos por el Tribunal Itinerante Undécimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, son los siguientes:
En fecha 19 de junio del año 2003 los ciudadanos YONDER EDUARDO LOPEZ GONZALEZ (sic) ( ) EDGAR EDUARDO LOPEZ GONZALEZ (sic) ( ) y EDGAR YOVANNY LOPEZ (sic) RODRIGUEZ (sic) portando armas de fuego penetraron en el taller de bicicletas de nombre EL BARATERO y bajo amenazas de muerte sometieron a su propietario quien quedo identificado como JORGE LUIS GIMENEZ (sic) al cual procedieron a despojarlo de un mini componente, un reloj de pulsera, un aproximado de treinta mil bolívares en efectivo, una cadena y un anillo de oro, una vez en cometido el hecho los hoy acusados se dan a la fuga en un vehículo maverick de color blanco placas KBO-911 que los esperaba ( ) a escasos metros del lugar dan captura a los ciudadanos (...) con el botín en cuestión así como de dos armas de fuego .
NULIDAD DE OFICIO
La Sala de Casación Penal en virtud del criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el cual se establece que: los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales se halla el de la motivación, son de estricto orden público . (Sentencia N° 2629 del 18 de noviembre de 2004) y, en atención a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, revisó el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, observando que esta incurrió en dicho vicio, lo cual hace procedente la nulidad de oficio en beneficio del acusado de conformidad con la ley, razón por la cual pasa a emitir el pronunciamiento siguiente en procura de una correcta administración de justicia:
Al folio 1209 de la pieza N° 5 del expediente, riela recurso de apelación ejercido por la defensa del acusado Edgar Yovanny López Rodríguez, mediante el cual expone como única denuncia lo siguiente:
FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, DICTADA POR LA RECURRIDA, POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 364, ORDINALES 3 Y 4 EIUSDEM, REFERENTE A LA DETERMINACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIME ACREDITADOS Y DE LA EXPOSICIÓN CONCISA DE SUS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ( ) ya que condenó a mi defendido por el Delito de Robo Agravado, con el sólo dicho de los funcionarios aprehensores, quienes sólo tuvieron conocimiento de la aprehensión de mi defendido más no del presunto robo agravado en que (sic) fue objeto la víctima de nombre JORGE LUIS JIMÉNEZ PELLÍN ( ) ocultó la verdad procesal, pues sólo ofreció un aspecto de la declaración de la víctima ( ) La Declaración el Testigo Presencial ( ) de nombre EDWARD EDILVE SANCHEZ (sic) ( ) El Sentenciador no realizó el debido análisis y comparación entre sí de ambas declaraciones, no las adminículo entre sí ( ) en cuanto a las declaraciones de los EXPERTOS RENDIDAS por ante el Sentenciador durante el debate, es sólo para comprobar el cuerpo del delito ( ) y no para demostrar la culpabilidad penal de mi defendido .
Con ocasión de lo expuesto la Corte de Apelaciones indicó lo siguiente:
Esta alzada, al estudiar exhaustivamente la argumentación del recurrente, utilizada en su escrito de apelación y al revisar la denuncia interpuesta, observa en actas que la recurrida al momento de dictar la correspondiente sentencia, en ningún momento incurrió en falta de motivación por encontrarse suficientemente justificada y razonada por el A-QUO, realizando en ella la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que estimó acreditados, así mismo realiza una exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho, con las pruebas controvertidas en el debate del Juicio Oral y Público, el cual se celebró con plena observancia de las garantías Constitucionales, además se evidencia en cuanto a los hechos y en cuanto al Derecho, que el Juez recurrido fundamentó punto por punto de manera bien exhaustiva, clara, precisa y analizada, donde concatenó todos los hechos y circunstancias que se determinaron del análisis individual de cada uno de estos elementos probatorios, y no obstante a ello se observa que en el Capitulo DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO el Juez confrontó y adminículo las declaraciones aportadas por los testigos, a la actuación realizada por los funcionarios aprehensores, configurándose una relación armónica entre estos, conduciéndonos ineluctablemente a concluir que en el caso de marras se han cumplido todas las premisas necesarias o exigidas para dictar un fallo condenatorio. Por lo que se declara SIN LUGAR la denuncia interpuesta por el recurrente.
Respecto a la motivación, que ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que:
La motivación, propia de la función judicial, tiene como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos del sentenciador, necesarios para que el acusado y las demás partes, conozcan las razones que le asisten, indispensables para poder ejercer con propiedad los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del juez con la ley. Por consiguiente, tiende a la incolumidad de principios fundamentales como el derecho a la defensa, a una sentencia justa e imparcial y a los principios de la tutela judicial efectiva, (Sala de Casación Penal, Sentencia Nro. 046 del 11/02/2003).
En este mismo orden de ideas, es necesario tener presente, que una decisión debidamente motivada debe contener la descripción de los hechos que se dan por probados según la calificación jurídica dada a los mismos y los medios de prueba utilizados para fundar el dispositivo el cual debe guardar coherencia con todos estos; motivar una sentencia es explicar la razón jurídica en virtud de la cual el Juez adopta determinada resolución, discriminando el contenido de cada prueba, analizándola comparándolas y por último valorándolas conforme al método de la Sana Crítica, observando las Reglas de la Lógica, los Conocimientos Científicos y las Máximas de Experiencia. Todo lo cuál quiere decir que el Sentenciador se encuentra facultado para apreciar las pruebas traídas a Juicio, según su convicción, pero con la obligación ineludible, de explicar y fundamentar las razones que lo llevan a esas consideraciones en su decisión, de modo tal que no queden dudas de la apreciación de los elementos de prueba.
Así lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal de Justicia en Sala de Casación Penal, en sentencia de fecha 23 de mayo de 2003:
...La motivación, propia de la función judicial, tiene como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos del sentenciador, necesarios para que el acusado y las demás partes, conozcan las razones que le asistan, indispensables para poder ejercer con propiedad los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del juez con la ley. Por consiguiente, tiende a la incolumidad de principios fundamentales como el derecho a la defensa, a una sentencia justa e imparcial y a los principios de la tutela judicial efectiva (artículo 49 de la Constitución).
Atendiendo a la labor pedagógica que debe tener toda sentencia, debemos hacer un análisis de la falta detectada y establecer que significa la inmotivación, que constituye un vicio en la sentencia, puesto que al sentenciar, el juzgador de la primera instancia debe efectuar una descripción detallada del hecho que el tribunal da por probado, la calificación jurídica, la apreciación, valoración y comparación de todos los elementos probatorios evacuados en el contradictorio que permitan demostrar las circunstancias inherentes a la responsabilidad penal del acusado y la sanción aplicable o pena a imponer, elementos estos que deben ser coherentes con el hecho que se da por probado.
Razones por las cuales, debe concluir este Tribunal de Alzada que la sentencia dictada por el Tribunal Itinerante de Juicio N° 11 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, no incurrió en Falta de Motivación, pues el Juzgador en conocimiento directo e inmediato del cúmulo de pruebas incriminatorias que les fue presentado, analizándolas, valorándolas, apreciándolas y concatenándolas, unas con otras, según su sana crítica, es decir, la lógica, conocimientos científicos y máximas de experiencia, desprendió su convicción que lo llevó a dictar el dispositivo CONDENATORIO en contra de los acusados de autos, por tanto no adolece del vicio de INMOTIVACIÓN, por lo que estima esta Alzada que debe, declarar SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el recurrente .
Es así, como del análisis realizado por el a-quo para confirmar la culpabilidad del acusado, se denota fehacientemente la carencia argumentativa de los fundamentos de hecho y de derecho, toda vez que, el juzgador, en omisión absoluta del análisis y comprobación de lo alegado por la impugnante, se limitó a expresar apreciaciones genéricas y doctrinales sobre la institución jurídica de la motivación, sin especificar, de qué forma el tribunal de instancia cumplió con la labor intelectiva de determinar las razones procesales que conllevaron a la declaratoria de responsabilidad criminal.
En efecto, de la trascripción de la recurrida se evidencia que expresa lo siguiente: Capitulo DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO el Juez confrontó y adminículo las declaraciones aportadas por los testigos, a la actuación realizada por los funcionarios aprehensores, configurándose una relación armónica entre estos, conduciéndonos ineluctablemente a concluir que en el caso de marras se han cumplido todas las premisas necesarias o exigidas para dictar un fallo condenatorio .
Sobre el particular, la Sala Constitucional ha sido enfática al señalar que si bien es cierto, los jueces de mérito, tienen la facultad de valorar los hechos o circunstancias del proceso que puedan constituir elementos de prueba indiciaria, esa potestad no los exime del deber de analizar y ponderar las razones de hecho y de derecho de los indicados elementos, precisando en qué sentido deben valorarse como prueba de la culpabilidad del procesado. (Sentencia N° 1020 del 11 de agosto de 2000).
Asimismo, la Sala de Casación Penal ha establecido que: constituye un deber fundamental para las Cortes de Apelaciones cuando así lo haya alegado el recurrente, verificar y determinar que en la sentencia sometida a su revisión, se haya realizado un análisis detallado de los elementos probatorios debatidos durante el juicio oral, así mismo, la comparación de unas con otras bajo el método de la sana crítica racional, con la determinación clara y precisa de los hechos que se dan por probados y el Derecho aplicable... (Sentencia N° 703 del 7 de diciembre de 2007).
Por tanto, al no haber determinado las razones de hecho y de derecho mediante las cuales adoptó su resolución judicial, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, forzosamente incurrió en el vicio de inmotivación advertido, lo cual hace procedente la nulidad de la sentencia del 14 de mayo de 2007, dictada por dicha instancia. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, ANULA DE OFICIO, la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y, ORDENA la remisión de la causa al ciudadano Presidente de ese mismo Circuito Judicial, para que, previa distribución, lo envié a una Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal y se pronuncie sobre el recurso de apelación ejercido por la Defensa en la presente causa. Así se decide.
Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, al primer día del mes de febrero del año 2008. Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
Deyanira Nieves Bastidas
El Magistrado Vicepresidente, La Magistrada,
Eladio Ramón Aponte Aponte Blanca Rosa Mármol de León
(Ponente)
El Magistrado, La Magistrado,
Héctor Manuel Coronado Flores Miriam Morandy Mijares
La Secretaria,
Gladys Hernández González
Exp. 2007-508
ERAA.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias