Venley

Sentencia N.º 05347

Sentencia
N.º 05347
Fecha
04/08/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-4275
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

Magistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 2005-4275

 

El Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, adjunto al Oficio Nº 1SME / 79-2005, de fecha 18 de mayo de 2005, remitió a esta Sala el expediente contentivo del juicio que por ajuste y homologación de pensión y jubilación interpusieran los abogados José De Jesús Díaz y Wilker Eduardo Gómez, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 49.544 y 98.844, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano PEDRO SIFONTES, venezolano, mayor de edad y portador de la cédula de identidad N° 8.315.326, contra la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 31 de agosto de 1973, bajo el N° 10, Tomo 116-A, cuya última modificación fue registrada ante la misma Oficina de Registro en fecha 22 de febrero de 2000, quedando inscrita bajo el N° 10, Tomo 24-A-PRO.

 

Dicha remisión fue efectuada de conformidad con el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la solicitud de regulación de jurisdicción interpuesta, vista la decisión dictada por el referido tribunal en fecha 2 de mayo de 2005.

 

El 1º de junio de 2005, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la “consulta”.

I

ANTECEDENTES

En fecha 03 agosto de 2004, los abogados José De Jesús Díaz y Wilker Eduardo Gómez, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Pedro Sifontes, anteriormente identificados, interpusieron demanda ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Laboral de Puerto Ordaz, contra la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A., a los fines de obtener el pago por ajuste y homologación de la pensión de jubilación de su representado. En dicho escrito, expusieron:

 

Que en fecha 15 de febrero de 2002, los representantes legales de la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A., comunicaron a su representado que a partir de esa misma fecha se hacía acreedor del beneficio consagrado en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, “en condición de jubilado”.

 

Señalaron, que una vez otorgado el beneficio la referida empresa de manera constante cumplió con sus obligaciones, tanto las de carácter legal como contractual, con los ajustes y beneficios a que han sido acreedores los trabajadores que se encuentran en igual situación que su representado, “incluso no sólo el ajuste con ocasión al monto de la pensión, sino que también dio cumplimiento a la homologación cuando se daba el caso...”.

 

Denunciaron, que tal situación se interrumpió desde el año 2000, “de manera soez, arbitraria y unilateral por parte de la Representación Legal de la Empresa CVG VENALUM, C.A. ente encargado de dar cumplimiento con lo antes expuesto, a tenor de lo estatuido en el artículo 12 del Manual de Normas y Procedimientos internas (sic) establecidas (sic) y aprobadas (sic) por el Presidente de CVG VENALUM, C.A....”.

 

Agregaron, que han agotado todos los actos conciliatorios a los fines de que sean reconocidos los derechos de su representado, sin obtener respuesta satisfactoria, por lo cual demandan a la sociedad mercantil CVG VENALUM, C.A., “ Al pago del monto total del resultado de la operación aritmética que alcanzó la cantidad de BOLÍVARES VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRES CON VEINTITRES CÉNTIMOS (Bs. 24.711.503,23), monto éste, que según alegan, corresponde a su mandante por pensión de jubilación, tomando como referencia los incrementos que han ocurrido, así como los intereses de mora y el interés causado, y las tasas promedios fijadas por el Banco Central de Venezuela, vigentes para la fecha en que se hizo exigible el concepto reclamado. También, solicitan que la referida cantidad más los intereses de mora sean indexados mediante experticia complementaria del fallo.

 

Luego, en fecha 18 de agosto de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, al cual correspondió conocer del asunto previa distribución, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A., a los fines de que tuviera lugar la Audiencia Preliminar. Asimismo, se ordenó la notificación de la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela.

 

El 26 de agosto de 2004, compareció ante el Tribunal de la causa el abogado José De Jesús Díaz, apoderado de la parte demandante, antes identificado, a los fines de asociar al poder que le fue conferido por la parte actora a la abogada Anakarina Hernández García, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 98.891.

 

En fecha 26 de octubre de 2004, el Tribunal de la causa, de acuerdo con lo solicitado, designó como correo especial para llevar Oficio de notificación a la Procuraduría General de la República, a los apoderados judiciales de la demandante.

 

El 20 de abril de 2005, la abogada Geraldine Vanessa Lemus, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 50.975, actuando en su carácter de co-apoderada judicial de la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A., opuso la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer del presente caso, con fundamento en que “las reclamaciones colectivas en el ámbito laboral, se tramitarán por el procedimiento administrativo previsto en el artículo 469 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo”, y por tanto, corresponde  a las Inspectorías del Trabajo conocer del caso sub iúdice. Asimismo, solicitó al tribunal que subsidiariamente decline la competencia en la Sala Constitucional.

 

Posteriormente, el 2 de abril de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, decidió en los siguientes términos:

 

“Quien Juzga,…concluye, que las solicitudes de Falta de Jurisdicción o declinatoria de competencia en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia realizadas por la representación de la parte accionada son improcedente, (sic) por cuanto este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo considera que es el competente para conocer de la presente causa; ya que lo que se persigue a través de esta demanda es la aplicación de un derecho nacido con ocasión de normas de carácter legal y contractual como lo son los ajustes y beneficios a que han sido acreedores los trabajadores que se encuentran en igual situación que el accionante; aunado al hecho que nos encontramos frente a un conflicto individual, cuya consecuencia o efecto, derivado de la pretensión que se actúa, únicamente alcanza a quien interviene como sujeto en el (sic). Y ASÍ SE DECIDE.”

 

            El 4 de mayo de 2005, la representación judicial de C.V.G. VENALUM, vista la decisión anterior, ejerció recurso de “regulación de competencia”, solicitando la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, señalando al efecto:

“... ante su competente autoridad acudo con el debido respeto a solicitar la regulación de competencia lo cual lo hago en los términos siguientes:

“I”

“INCOMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL”

Oportunamente, se opuso en la presente causa, la falta de jurisdicción y la incompetencia del Tribunal para conocer de la acción propuesta, lo cual se expuso en los términos que me permito transcribir:

 

“DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN”

...omissis...

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico las reclamaciones colectivas en el ámbito laboral, se tramitan por el procedimiento administrativo previsto en el artículo 469 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo.

...omissis...

Esa defensa fue opuesta tempestivamente y finalmente, el pronunciamiento definitivo ha sido que el Tribunal del Trabajo se declara competente para conocer y tramitar la causa, en los términos siguientes:

... omissis...

Por ello, estimamos que la presente acción se trata de un conflicto colectivo del trabajo ya que importa y atañe a todos los pensionados y jubilados de la empresa CVG VENALUM, hecho demostrado en el número de demandas que cursan por los tribunales, lo cual fue admitido por el Juez que se atribuye la competencia, y el hecho de la acción de amparo intentada por todos los pensionados en la cual demandan la igualdad de sus derechos, por lo que cualquier decisión favorable solo (sic) para uno de los pensionados, o una que le otorgue mejores condiciones que otros que se encuentran en igual situación estaría violando el principio de igualdad y de no discriminación establecido en nuestro ordenamiento por vía Constitucional. Solicito la regulación de competencia a los fines que se declare que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, es el competente para dirimir los conflictos en los cuales se traten intereses colectivos o difusos, conforme la solicitud misma transcrita y que consta en autos.”.

           

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Como punto previo, debe advertir esta Sala que el presente expediente fue remitido con ocasión a la solicitud de regulación de jurisdicción, vista la sentencia de fecha 2 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, que declaró improcedentes las solicitudes de falta de jurisdicción y de competencia planteadas por la apoderada judicial de C.V.G. VENALUM, C.A.

            Con vista a las actas procesales que conforman el expediente constata esta Sala que la parte demandada en el escrito de fecha 4 de mayo de 2005 opuso regulación de competencia, siendo que el contenido del mismo también se refiere a la falta de jurisdicción del Poder Judicial (Ver folio 42 y 43) por lo que, es sobre dicha solicitud que este Máximo Tribunal pasará a pronunciarse, en los siguientes términos:

            La Sala en reiterada, constante y pacífica jurisprudencia ha sostenido que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, por corresponderle a los órganos de la Administración Pública o a un Juez extranjero. En el presente caso, ha sido planteada la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos de acuerdo al primero de los supuestos mencionados.

            Ahora bien, la Sala debe advertir que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece en el artículo 29:

Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:

1. Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje.

(Omissis)

4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y...”. (Negrillas de la Sala).

 

La norma antes transcrita establece los supuestos en los que corresponde a los Tribunales del Trabajo la competencia para conocer y decidir determinados asuntos; en este sentido, los apoderados judiciales del accionante, en su escrito libelar procedieron a demandar a la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A., por el pago de una suma de dinero que estiman corresponde a su representado por el ajuste de la pensión de jubilación.

 

En consecuencia, esta Sala declara que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir el presente caso, correspondiendo, conforme lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a los tribunales laborales, específicamente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que:

1) EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda que por ajuste y homologación de la pensión de jubilación interpusieran los abogados José De Jesús Díaz y Wilker Eduardo Gómez, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano PEDRO SIFONTES, anteriormente identificados, contra la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, C.A.

2) NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en relación con la regulación de competencia formulada.

 

En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 2 de mayo de 2005, mediante la cual el Tribunal remitente declaró improcedente la solicitud de falta de jurisdicción presentada el 20 de abril de 2005 por la parte demandada.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 274, 276 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el presente recurso.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen a los fines legales consiguientes. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

                      

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta – Ponente,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA              

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En cuatro (04) de agosto del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 05347.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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