Venley

Sentencia N.º 05477

Sentencia
N.º 05477
Fecha
04/08/2005
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-4444
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Regulación de Competencia

Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Exp. Nº 2005-4444

 

Adjunto a Oficio N° CSCA-1437-2005 de fecha 31 de mayo de 2005, recibido en esta Sala el 8 de junio de ese mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente contentivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el ciudadano PEDRO RAFAEL FIGUEROA, titular de la cédula de identidad N° 2.382.589, asistido por los abogados María Elisa Castillo y Antonio Figueroa, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 92.244 y 90.008, respectivamente, contra la Providencia Administrativa N° 1799, de fecha 27 de abril de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Rafael Antonio Prado, titular de la cédula de identidad N° 2.543.853, el cual se desempeñaba como chofer para el ciudadano antes mencionado.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de fecha 27 de abril de 2005, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del recurso interpuesto, planteando ante esta Sala un conflicto negativo de competencia.

El 14 de junio de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, a los fines de decidir el conflicto de competencia planteado. Posteriormente, por auto del 22 de ese mismo mes y año, se reasignó la Ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 29 de noviembre de 2004, el ciudadano Pedro Rafael Figueroa, asistido por los abogados María Elena Castillo y Antonio Figueroa, anteriormente identificados, interpuso ante el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos contra la Providencia Administrativa N° 1799, de fecha 27 de abril de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Rafael Antonio Prado, el cual se desempeñaba como chofer para el ciudadano antes mencionado.

El 16 de diciembre de 2004, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, se declaró incompetente para conocer del recurso de nulidad, y al efecto expuso:

“La presente causa fue recibida en este Tribunal el 01/12/2004 y por cuanto ya (sic) Corte Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo reinició sus actividades, y conforme a la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…) estableció la competencia para conocer de los Recursos de Nulidad de las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías  del Trabajos (sic) señalando lo siguiente:

‘… Con fundamento en las consideraciones que se expusieron , y en ejercicio de la facultad de máxima intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República:

(i)                 La jurisdicción competente para el conocimiento de las pretensiones de nulidad de los actos administrativos que dicten las Inspectorías del Trabajo, así como de cualquier otra pretensión  -distinta de la pretensión de ampro constitucional- que se fundamente en las actuaciones u omisiones de dichos órganos, es la jurisdicción contencioso-administrativa.

(ii)               De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes identificadas corresponde, en primera instancia, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y en segunda instancia, cuando ésta proceda, a la Sala Político administrativa.

…omissis…

Este Tribunal sobre la base de la anterior sentencia que tiene carácter vinculante para todos los tribunales de la República, se declara INCOMPETENTE para conocer del presente recurso (…) y por consiguiente DECLINA LA COMPETENCIA a la CORTE PRIMERA O SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO …”.

 

En fecha 22 de marzo de 2005, se dio cuenta del expediente en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

El 27 de abril de 2005, la referida Corte se declaró incompetente para conocer del caso en los siguientes términos:

“Ahora bien, en sentencia N° 01458 de fecha 06 de abril de 2005, la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal, atendiendo al criterio establecido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 9 de fecha 05 de abril de 2005, señaló que ‘… el conocimiento de los recursos contenciosos administrativos que se intenten contra los actos administrativos de las Inspectorías del Trabajo, atendiendo al derecho de acceso a la justicia de los particulares, corresponde a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales”.

En virtud de lo anterior, esta Corte declara su incompetencia para conocer en primera instancia, de los recursos contencioso- administrativos de nulidad interpuestos en contra de las decisiones dictadas por las Inspectorías del Trabajo. Por lo tanto en el caso de autos resulta competente el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que le corresponda por distribución para conocer y decidir el presente recurso. Así se decide.

En virtud de que este Órgano Jurisdiccional es el segundo en declararse incompetente, corresponde solicitar la regulación de competencia por ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil (…). Dado que la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal es el superior jerárquico de ambos tribunales en conflicto, esta Corte plantea el conflicto negativo de competencia y en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la mencionada Sala del Máximo Tribunal. Así se decide”.

 

Para decidir, la Sala observa:

II

DE LA COMPETENCIA

Debe esta Sala establecer, en primer término, su competencia para resolver el conflicto negativo planteado y en tal sentido se debe atender a lo dispuesto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de República Bolivariana de Venezuela, al establecer que “Las reglas del Código de Procedimiento Civil, regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursan ante el Tribunal Supremo de Justicia”.

En tal sentido disponen los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

 “Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”.

 “Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al  Tribunal  Superior de la Circunscripción para que decida la regulación.  En los casos del artículo 70, dicha copia  se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción...”. (Subrayado de la Sala).

Asimismo, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (…omissis…) 51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido”.

 

Ahora bien, en el presente caso se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el ciudadano Pedro Rafael Figueroa, asistido por los abogados María Elisa Castillo y Antonio Figueroa, contra la Providencia Administrativa N° 1799, de fecha 27 de abril de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Rafael Antonio Prado; por tanto, esta Sala Político-Administrativa, actuando como cúspide de la jurisdicción contecioso- administrativa, y visto que los dos tribunales involucrados forman parte de esta jurisdicción, se declara competente para conocer el conflicto planteado. Así se declara.

III

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

A los fines de determinar cuál es el tribunal competente para conocer del presente recurso de nulidad ejercido contra un acto emanado de la Inspectoría del Trabajo, debe esta Sala señalar que el criterio actualmente vigente de este Máximo Tribunal en dicha materia, establece que esa competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, y dentro de ella, particularmente en primera instancia, a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, es por tal razón que esta Sala, atendiendo al caso de autos, observa que se ha ejercido un recurso de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el ciudadano Pedro Rafael Figueroa, asistido por los abogados María Elisa Castillo y Antonio Figueroa, contra la Providencia Administrativa N° 1799, de fecha 27 de abril de 2004, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Rafael Antonio Prado, siendo procedente declarar competente para conocer del caso al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Así se declara.

IV

DECISIÓN

De acuerdo a los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Que ACEPTA la competencia para conocer el conflicto negativo.

2.- Que la COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por el ciudadano PEDRO RAFAEL FIGUEROA, asistido por los abogados María Elisa Castillo y Antonio Figueroa, contra la Providencia Administrativa N° 1799, de fecha 27 de abril de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO LARA, que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano Rafael Antonio Prado, corresponde al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL.

En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Juzgado declarado competente y copia certificada a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

      La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

        La Vicepresidenta,

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

                                                                      Ponente

EMIRO GARCÍA ROSAS

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En cuatro (04) de agosto del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 05477, la cual no está firmada por la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

La Secretaria (E),

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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