Sentencia N.º 06073
- Sentencia
- N.º 06073
- Fecha
- 02/11/2005
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2004-1390
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Consulta
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. Nº 2004-1390
El Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a Oficio No. 7271-04 de fecha 26 de agosto de 2004, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda por cobro de bolívares interpuesta por el abogado Carmine Romaniello, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 18.482, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil JIALING MOTORCYCLE (AMERICA) CORPORATION, registrada bajo el No. 65-0330190, Estado de La Florida, Tallahassee, E.E.U.U., contra la sociedad mercantil PACIFIC MOTORS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, en fecha 26 de julio de 1999, bajo el No. 41, Tomo 59-A.
La remisión se efectuó a fin de que esta Sala se pronuncie sobre el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por los abogados Carmine Romaniello, antes identificado, y Mabel Cermeño Villegas, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 27.128, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la demandante, contra la sentencia dictada por el referido Tribunal en fecha 28 de julio de 2004, mediante la cual declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer la presente demanda, opuesta por la parte demandada.
El 14 de septiembre de 2004 se dio cuenta en Sala y, por auto de esa misma fecha, se designó ponente al Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2004, el apoderado judicial de la sociedad mercantil JIALING MOTORCYCLE (AMÉRICA) CORPORATION, presentó escrito mediante el cual solicitó se declare “sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta”.
El 26 de noviembre de 2004, se recibió en esta Sala Político-Administrativa Oficio s/n de fecha 25 del mismo mes y año, emanado del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anexo al cual remitió las resultas de la comisión relativa a la medida cautelar de embargo acordada en la demanda sub examine.
El 3 de febrero de 2005, el apoderado judicial de la sociedad mercantil demandante presentó escrito en el cual solicitó a esta Sala que dicte sentencia en el presente caso.
Por auto del 5 de abril de 2005, se dejó constancia que en fecha 17 de enero de ese mismo año, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encuentra.
El 30 de marzo de 2005, el apoderado judicial de la demandante presentó diligencia en la cual ratificó el contenido de los escritos de fecha 5 de octubre de 2004 y 3 de febrero de 2005.
Para decidir la Sala observa:
I
ANTECEDENTES
El abogado Carmine Romaniello, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Jialing Motorcycle (América) Corporation, interpuso en fecha 28 de abril de 2004, ante el Juez Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por cobro de bolívares contra la sociedad mercantil Pacific Motors, C.A, inscrita en el Registro Mercantil del Estado Carabobo, en fecha 26 de julio de 1999, bajo el No. 41, Tomo 59-A. Dicha demanda fue reformada en fecha 4 de mayo de 2004.
El 11 de mayo de 2004, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda interpuesta, ordenando la notificación de la demandada, en la persona de su Presidente y Vicepresidente, ciudadanos Pedro Lermit Pagés Rosell y Hereida Cipriano de Pagés, titulares de las cédulas de identidad números 919.938 y 2.108.876, respectivamente, a los fines que comparecieran dentro del lapso allí indicado para dar contestación a la demanda.
El 27 de mayo de 2004, el apoderado judicial de la demandante presentó escrito mediante el cual solicitó se “MANTENGA EXPRESAMENTE LA MEDIDA, sobre los bienes de los co-demandados PAGES ROSELL PEDRO LERMIT Y CIPRIANI DE PAGES HEREDIA, como responsables directos de la Administración de las cosas vendidas por la demandante de autos, sin que hasta la fecha se haya producido la cancelación de lo adeudado”.
El 29 de junio de 2004, los abogados Ramón J. Alvins Santi, Victorino J. Tejera Pérez y Thomas Norgaard Alfonso-Larrain, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 26.304, 66.383 y 98.663, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los co-demandados Pedro Lermit Pagés Rosell y Heredia Cipriani de Pagés, antes identificados, así como de la sociedad mercantil Pacific Motors, C.A., también antes identificada, opusieron la cuestión previa de falta de jurisdicción del Poder Judicial venezolano frente al juez extranjero, en virtud de la existencia de una cláusula de elección de foro en el contrato de Distribución suscrito por las partes a favor de los tribunales del Condado de Dade, del Estado de Florida, de los Estados Unidos de América. Asimismo alegaron, en caso de declararse sin lugar la falta de jurisdicción opuesta, la ilegitimidad de la persona que se acredita como apoderado de la parte demandante, el defecto de forma de la demanda y la prohibición de la Ley de admitir la acción interpuesta.
El 9 de julio de 2004, la abogada Mabel Cermeño Villegas, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 27.128, actuando con el carácter de apoderada judicial del demandante, presentó escrito en el cual rechazó las cuestiones previas opuestas por la parte demandada.
Mediante sentencia de fecha 28 de julio de 2004, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por la demandada, y en consecuencia, extinguida la instancia. En virtud de lo anterior, ordenó suspender la causa y remitir el expediente a esta Sala a los fines de la consulta prevista en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, condenó en costas a la parte actora por haber resultado vencida en la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
El 5 de agosto de 2004, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Jialing Motorcycle (América) Corporation, interpusieron recurso de regulación de jurisdicción contra la sentencia antes mencionada, alegando lo siguiente:
“(…) el documento fundamental de la acción incoada por Nuestra Representación, es una factura suficientemente identificada en autos, que es completamente autónoma a cualquier otro negocio jurídico existente, por lo que mal puede pretenderse que el supuesto contrato al cual alude la parte demandada en ningún momento ha dado origen a la factura accionada con el presente juicio, y del contenido de la misma se infiere que se eligió como domicilio único la Ciudad de Caracas, de lo cual se colige que el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas si (sic) tiene jurisdicción frente al Juez extranjero para conocer de la presente demanda (…)”.
Por auto del 26 de agosto de 2004, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la remisión del expediente a esta Sala, en virtud de la consulta obligatoria ordenada en la sentencia de fecha 28 de julio del mismo año.
II
PUNTO PREVIO
En reiterada, constante y pacífica jurisprudencia ha sostenido la Sala que existe falta de jurisdicción o defecto de jurisdicción cuando el conocimiento de una controversia no atañe al Poder Judicial venezolano, bien por corresponder su conocimiento a los órganos de la Administración Pública o a un juez extranjero. En el presente caso ha sido planteada la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos de acuerdo al último de los supuestos mencionados.
En efecto, con ocasión a la oposición de la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del extranjero, por parte de la representación judicial de la demandada en el presente juicio, el Tribunal de la causa señaló:
“(...) PRIMERO: Se declara CON LUGAR la cuestión previa opuesta por la parte demandada PACIFIC MOTORS, C.A., (…) contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referente a la Falta de Jurisdicción, en consecuencia se declara expresamente extinguida la presente causa por carecen (sic) este Juzgado de Jurisdicción frente al Juez extranjero, específicamente frente al Juez del Condado de Miami-Dade Florida.-
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la consulta obligatoria del presente fallo por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.-”
Por su parte, en atención a la declaratoria anterior, la representación judicial de la demandada, en diligencia de fecha 5 de agosto de 2004, interpuso recurso de regulación de jurisdicción contra la decisión parcialmente transcrita.
Visto lo anterior, es menester precisar bajo qué mecanismo jurídico le fue remitido el expediente a esta Sala, y determinar de este modo, si se trata de la mencionada consulta obligatoria, o por el contrario, del recurso de regulación de jurisdicción.
En el caso concreto, el Tribunal a quo, por auto del 26 de agosto de 2004, ordenó la remisión del expediente a esta Sala, en los siguientes términos:
“(…) se ordena la remisión inmediata del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, que prevee (sic) la Consulta Obligatoria del fallo que pronuncia la falta de jurisdicción.-”
Ahora bien, resulta necesario señalar que esta Sala en sentencia No. 1.121 de fecha 29 de septiembre de 2002, caso Marina Coromoto Carriles Santander Vs. George Viney Kubala, estableció que toda decisión por la cual se declare que son los tribunales extranjeros y no los tribunales venezolanos los que deban conocer la causa, debe ser consultada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En tal sentido expresó la Sala en esa oportunidad:
“…En primer lugar debe la Sala determinar la procedencia de la consulta en el presente caso, en el cual el tribunal remitente declaró con lugar la cuestión previa de litispendencia internacional; al respecto, se observa que el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado señala que la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero se declarará de oficio, o a solicitud de parte, en cualquier estado o grado del proceso y que en caso de afirmarse la jurisdicción de los tribunales venezolanos, la causa continuará su curso en el estado en que se encuentre al dictarse la decisión; pero la decisión que la niegue deberá ser consultada ante esta Sala.
Sin embargo, no señala la Ley de Derecho Internacional Privado qué ocurre cuando un tribunal declara con lugar la cuestión previa de litispendencia internacional, es decir, si el pronunciamiento que dicte el tribunal en esos casos es revisable, bien por el ejercicio del recurso de regulación de jurisdicción o mediante la consulta.
En este sentido, considera la Sala que la decisión que declara con lugar la cuestión previa de litispendencia internacional puede implicar que un tribunal extranjero conozca y decida el caso concreto, resultando de ello que se produzca una falta de jurisdicción para los tribunales venezolanos, por lo que tal situación debe tramitarse conforme a los términos del artículo 57, antes indicado. En consecuencia, debe ser consultada toda decisión por la cual se declare que son los tribunales extranjeros y no los tribunales venezolanos los que deban conocer la causa, por encontrarse satisfechos los supuestos de procedencia de la litispendencia internacional. Así previamente se establece.”
De lo expuesto, constata la Sala que el Tribunal de la causa remitió el expediente a los fines de la consulta obligatoria de jurisdicción, prevista en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, errando en cuanto al fundamento legal de la remisión, toda vez que estando en presencia de un pronunciamiento de jurisdicción frente al juez extranjero, debía aplicar lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual establece:
“Artículo 57: La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero se declarará de oficio, o a solicitud de parte, en cualquier estado o grado del proceso.
La solicitud de regulación de jurisdicción suspende el procedimiento hasta que haya sido dictada la decisión correspondiente.
En caso de afirmarse la jurisdicción de los Tribunales venezolanos la causa continuará su curso en el estado en que se encuentra al dictarse la decisión, pero la decisión que la niegue deberá ser consultada en la Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, a cuyo efecto se remitirán inmediatamente los autos y si es confirmada se ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa.” (Resaltado de la Sala).
De las normas citadas supra, se evidencia claramente, que opuesta la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del extranjero, en aquellos casos en los cuales el Juez que conoce la causa declare que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer del juicio, se remitirá en consulta obligatoria el expediente a esta Sala, para que se pronuncie al respecto, independientemente de que en el caso bajo estudio se ejerció recurso de regulación de jurisdicción. En consecuencia, será respecto de la consulta planteada por el a quo que esta Sala emitirá el pronunciamiento correspondiente.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta de la sentencia de fecha 28 de julio de 2004, dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual negó la jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer el asunto planteado, y en tal sentido se observa:
El presente caso está referido a una demanda por cobro de bolívares interpuesta por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Jialing Motorcycle (América) Corporation, registrada en el Estado de Florida de los Estados Unidos de América, contra la sociedad mercantil Pacific Motors, C.A., domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, en la cual ha sido planteada la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos frente al juez extranjero.
En efecto, se desprende del expediente que la demanda bajo análisis presenta elementos de extranjería relevantes, como lo es el domicilio de una de las partes involucradas, por lo cual se impone su análisis a la luz del Derecho Internacional Privado, con el objeto de determinar la jurisdicción para proveer sobre el asunto debatido, para lo cual debe procederse a la revisión de las fuentes del Derecho Internacional Privado previstas en el artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo texto establece:
“Artículo 1. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados.”
Así, en atención al orden de prelación de fuentes antes referido, debe tomarse en cuenta, en primer, lugar las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, particularmente, las establecidas en los tratados internacionales vigentes para Venezuela en materia de Derecho Procesal Civil Internacional.
En este orden de ideas, se advierte que existen suficientes elementos que permiten concluir que la jurisdicción de dos países podrían estar “interesadas” en el conocimiento y decisión de la presente controversia: la de los Estados Unidos de América y la venezolana. Ahora bien, como quiera que entre los Estados Unidos de América y Venezuela no existe tratado que regule lo referente a la materia de jurisdicción, debe forzosamente acudirse al examen de las normas de Derecho Internacional Privado venezolano a los fines de su determinación.
Establecido lo anterior, se impone a esta Sala la revisión de la Ley de Derecho Internacional Privado como segunda fuente consagrada en el artículo 1° transcrito supra, advirtiendo previamente que la apreciación que haga este Alto Tribunal respecto de los alegatos formulados por las partes y los elementos que componen el expediente, sólo tienden a la determinación del tribunal con jurisdicción en la esfera internacional para resolver la presente controversia, por lo que las consideraciones que se expondrán en este fallo no constituyen un pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido.
En este sentido, esta Sala observa que, como se indicó anteriormente, el caso de autos versa sobre una demanda por cobro bolívares incoada contra la sociedad mercantil Pacific Motors, C.A, empresa domiciliada en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, en fecha 26 de julio de 1999, bajo el No. 41, Tomo 59-A.
En atención a lo anterior, observa esta Sala que de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual atribuye jurisdicción a los Tribunales venezolanos en los casos que la parte demandada esté domiciliada en el territorio de la República, el Poder Judicial Venezolano tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda incoada en el caso bajo examen. Así se decide.
Ahora bien, una vez determinada la jurisdicción de los Tribunales venezolanos para conocer el asunto planteado, corresponde a esta Sala examinar el alegato esgrimido por la parte demandada en primera instancia acerca de la derogatoria de la jurisdicción venezolana en virtud de la existencia de una cláusula de elección de foro, incluida en el “Contrato de Distribución” suscrito por las partes, según la cual éstas acordaron dirimir cualquier controversia surgida con ocasión del contrato ante los tribunales del Condado de Dade, del Estado de Florida, de los Estados Unidos de América. Ello en atención al carácter concurrente que revisten los criterios atributivos de jurisdicción previstos en la Ley de Derecho Internacional Privado, en el sentido que pueden tener jurisdicción dos o más Tribunales para conocer el mismo asunto.
Sobre este particular, advierte la Sala que cursa en el expediente (folios 58 al 66), el “Contrato de Distribución” suscrito entre Jialing Motorcycle (América) Corporation y Pacific Motors, C.A., debidamente traducido al español por intérprete público, en cuya cláusula 18 estipularon expresamente lo siguiente:
“(…) Adicionalmente, las partes acuerdan además que la jurisdicción por cualquier acción legal iniciada bajo este Contrato deberá ser en el Condado de Miami-Dade, Florida, Y que la Compañía y el Distribuidor en pleno conocimiento de ello, de manera voluntaria e intencional renuncian al derecho que cada uno de ellos puedan tener a un Juicio con jurado en relación a cualquier litigio basada en este documento, o que surja del mismo, bajo o en relación con este Contrato, y cualquier contrato contemplado a llevarse a cabo en conexión con este Contrato, o cualquier curso de conducción, manejo, declaraciones (sean verbales o escritas) o acciones de cualquiera de las partes indicadas. Esta estipulación es material y esencial para las partes que suscriben este Contrato.”
En relación con lo anterior, cabe destacar que las cláusulas de elección de foro constituyen una manifestación de la autonomía de la voluntad de las partes, reconocida por el legislador como criterio atributivo de jurisdicción, pues a través de ellas las partes en un contrato pueden determinar directamente el Estado a cuya jurisdicción desean someter las controversias que puedan surgir con ocasión a éste.
La legislación venezolana establece ciertos límites a la derogatoria de la jurisdicción, consagrados en el artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual contempla tres supuestos en los cuales la jurisdicción de los Tribunales de la República no podrá ser derogada convencionalmente, a saber: a) controversias relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República; b) materias respecto de las cuales no cabe transacción; y c) materias que afecten los principios esenciales del orden público venezolano.
Esta inderogabilidad fija los casos en los que una vez establecida la jurisdicción venezolana en virtud de alguno de los criterios atributivos, ésta no puede ser sustraída por la voluntad de los litigantes mediante la sumisión a tribunales extranjeros o a árbitros que resuelvan en el extranjero, contemplando como supuesto de jurisdicción exclusiva el caso de los derechos reales sobre bienes inmuebles situados en la República.
Siguiendo este orden de ideas, se observa que la parte actora tanto en el libelo como en su reforma indicó que la demanda se fundamenta en la falta de pago de la factura No. VZ021304-01 del 13 de febrero de 2004 (folio 24), de la cual se desprende –según alega la actora- que Jialing Motorcycle (América) Corporation vendió a Pacific Motors, C.A., 914 motos.
Asimismo, alegó que de la referida factura se puede leer que se eligió como domicilio único la ciudad de Caracas, por lo que -según expone- “el domicilio elegido para accionar la presente demanda, es la ciudad de Caracas y no el Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de Norteamérica, ya que el fundamento de la demanda intentada no es el Contrato de Distribución (…)”.
Ahora bien, consta a los folios 58 al 61 del expediente traducción al español del “Contrato de Distribución” suscrito entre las partes en el presente juicio cuya cláusula primera indica que Jialing Motorcycle (América) Corporation otorgó a Pacific Motors, C.A., una franquicia para que venda motocicletas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello así, resulta evidente para quien decide que el incumplimiento alegado por la parte actora guarda relación directa con el “Contrato de Distribución” tantas veces mencionado, pues con ocasión a él, precisamente, se efectuó la venta de las motos reflejada en la factura cuyo pago se pretende con la demanda interpuesta.
En este orden ideas, es pertinente acotar que el señalamiento hecho en la factura No. VZ021304-01 del 13 de febrero de 2004, acerca de la elección de la ciudad de Caracas como “domicilio único”, podría constituir un vínculo con la República Bolivariana de Venezuela, traducido por ejemplo, en el lugar de pago de la obligación; mas resulta insuficiente para afirmar que constituye la elección de un foro para dirimir las controversias surgidas con ocasión a la negociación que ella contiene, pues el acuerdo sobre la jurisdicción debe plasmar de manera expresa e indubitable la voluntad de las partes en someter sus controversias al conocimiento de los tribunales de un Estado determinado. (Vid. Sentencia de esta Sala No. 5.765 del 28 de septiembre de 2005).
Así, una vez hechas las precisiones anteriores, advierte la Sala que el asunto bajo examen no está referido a controversias sobre bienes inmuebles situados en el territorio de la República, pues lo que se reclama es el pago de cantidades de dinero, tampoco se circunscribe a materias que no admitan transacción, ni afecta principios esenciales del orden público interno; todo lo cual conduce a la conclusión lógica de declarar la validez de la derogación de la jurisdicción venezolana a favor de los Tribunales del Estado de Florida, de los Estados Unidos de América. Así se decide.
Asimismo, se observa que de la redacción de la cláusula invocada por la parte demandada, se evidencia de manera diáfana la expresa voluntad de los contratantes de someter las disputas surgidas con ocasión al contrato a la jurisdicción extranjera.
En consecuencia, vistas las consideraciones expuestas, resulta forzoso para esta Sala confirmar la sentencia consultada dictada por el a quo mediante la cual declaró la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos frente al juez extranjero para conocer el presente asunto. Así se declara.
IV
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara QUE El PODER JUDICIAL VENEZOLANO NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por cobro de bolívares interpuesta por el abogado Carmine Romaniello, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil JIALING MOTORCYCLE (AMERICA) CORPORATION, contra la sociedad mercantil PACIFIC MOTORS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo, en fecha 26 de julio de 1999, bajo el No. 41, Tomo 59-A, antes identificadas. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de julio de 2004, mediante la cual declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer la presente demanda, opuesta por la parte demandada.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (01) día del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En dos (02) de noviembre del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 06073.
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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