Venley

Sentencia N.º 0608

Sentencia
N.º 0608
Fecha
15/05/2014
Sala
Casación Social
Expediente
11-1133
Ponente
Sonia Coromoto Arias Palacios
Procedimiento
Recurso de Casación

Ponencia de la Magistrada Doctora SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS

En el juicio que por beneficio de jubilación siguen los ciudadanos GREGORIO DEL CARMEN BRICEÑO VENEGAS, GUILLERMO TERÁN MORILLO y SUILIO TERÁN MORILLO, representados por los abogados Omar Arévalo y Gerardo Uzcátegui, contra el MUNICIPIO BARINAS DEL ESTADO BARINAS, representada por el abogado Jinmy Avilio Ayala Hernández, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, conociendo por apelación de la parte actora, en sentencia publicada el 13 de julio de 2011, declaró sin lugar el recurso de apelación, sin lugar la demanda, confirmando la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, de fecha 24 de mayo de 2011,que declaró la prescripción de la acción.

Contra esa decisión, la parte actora anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Asimismo, anunció recurso de casación contra la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, publicada el 5 de mayo de 2011, que declaró inadmisible las pruebas promovidas por la parte actora. No hubo contestación.

En fecha 29 de septiembre de 2011, se dio cuenta en Sala, asignándose la ponencia al Magistrado Juan Rafael Perdomo.

En fecha 14 de enero de 2013, se incorporaron a esta Sala previa convocatoria, el Magistrado Suplente Octavio Sisco Ricciardi y las Magistradas Suplentes Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, en virtud de haberse cumplido el período para el cual fueron designados los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, de acuerdo con lo previsto en los artículos 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 38 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, por lo que el 28 de enero de 2013 esta Sala de Casación Social ordena su incorporación quedando integrada por el Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, Presidente; Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, Vicepresidenta; el Magistrado Octavio José Sisco Ricciardi y las Magistradas Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera.

En virtud de ello, en la última fecha indicada se reasigna la ponencia de la presente causa a la Magistrada Sonia Coromoto Arias Palacios.  

Se fijó la realización de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día veinticinco (25) de marzo de 2014, a las dos y cuarenta de la tarde (02:40 p.m.), todo en sujeción a lo regulado por el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por auto de fecha 25 de marzo de 2014, se difirió la realización de la referida audiencia para el día martes trece (13) de mayo de 2013, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.).

Cumplidas las formalidades legales con el nombramiento de ponente en la persona de la Magistrada quien con tal carácter suscribe, la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria y la emisión de la decisión inmediata contemplada en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar la sentencia en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN

RECURSO CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 5 DE MAYO DE 2011, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS.

Alega la recurrente que el Sentenciador de alzada infringió el derecho a la defensa de la parte actora al confirmar la decisión que negó la admisión de las pruebas promovidas por la mencionada parte bajo el argumento que no indicó los folios de los elementos probatorios, siendo que estaban identificados mediante letras o números como anexos de la demanda; que en el escrito de pruebas se promovió un conjunto de instrumentos que se habían producido como anexos de la demanda y que resultaba innecesario volver a consignar; que se identificaron debidamente dichos instrumentos, pero el Juez de Juicio no admitió las pruebas, argumentando que no habían sido consignadas en el momento de la promoción; que la Alzada confirmó la decisión del Juez de Juicio y agregó que tampoco se había indicado los folios del expediente en los que cursaban los documentos promovidos; que con ello se infringió el derecho a la defensa de la parte actora.

La parte actora produjo, anexos a la demanda, una serie de documentos, luego, en la oportunidad de promover pruebas, promovió los mencionados documentos indicando que fueron anexados a la demanda y señalando el literal con que los identificó.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, mediante auto de fecha 29 de marzo de 2011, negó la admisión de las pruebas argumentando que la parte actora promovente no consignó con su escrito las pruebas promovidas ni señaló el numero de folios correspondientes a cada uno de los documentos promovidos.

Por su parte, la decisión interlocutoria recurrida confirma el mencionado auto en los términos siguientes:

Ahora bien esta Alzada de un exhaustivo estudio de las actas procesales puede evidenciar que la representación de la parte demandante, en todo el escrito de promoción hizo alusión y referencia a las partes, señalando el nombre de éstas al momento de promover las documentales correspondientes, así como la nomenclatura con la cual denotó las mismas, utilizando para el caso literales; sin embargo, obvio (sic) señalar claramente que las pruebas fueron consignadas con el escrito de la demanda, y las mismas no fueron ratificadas, ni si quiera (sic) invocó el mérito favorable de las documentales consignadas con éste, y no precisó detalladamente los folios en los cuales rielan dichas pruebas; sin embargo, para la ratificación del mérito favorable es necesario el señalamiento del medio de prueba, al no ser ratificada, es decir, si no se señala en forma expresa la prueba, el Juzgador no está obligado a analizar la misma, por lo cual esta Alzada concluye que la parte actora no produjo en el escrito de promoción de pruebas la ratificación y el mérito que se desprende de las documentales acompañadas al escrito de demanda, razón por la cual esta Alzada considera que es improcedente lo solicitado por la representación de la parte demandante. Así se establece.      

El artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que la oportunidad de promover pruebas para ambas partes es la audiencia preliminar, sin embargo, el juez debe interpretar esta disposición a la luz de los principios que rigen el proceso como instrumento fundamental de la justicia, como el de primacía de la justicia sobre las formalidades no esenciales, y con apego a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En ese orden de ideas, no puede calificarse de proporcionada y cónsona con los señalados principios la interpretación que sostenga que no pueden admitirse como pruebas los documentos que se anexen al escrito de demanda bajo el argumento que no fueron producidos en la oportunidad de promoción de pruebas, pues en ese supuesto la contraparte siempre tendrá la posibilidad de contradecir y controlar la prueba instrumental anexada a la demanda, lo que es más, podrá en la oportunidad que le corresponda ejercer su derecho a las pruebas, promover la contraprueba de los instrumentos en cuestión.

En el caso concreto, la parte demandada siempre estuvo en conocimiento de la existencia de los documentos producidos por la parte actora junto con la demanda.         

No obstante, esta Sala ha sostenido reiteradamente que, atendiendo a disposiciones constitucionales, por aplicación del principio finalista y en acatamiento a la orden de evitar reposiciones inútiles, no se declarará la nulidad de la sentencia recurrida si la deficiencia concreta que la afecta no impide determinar el alcance subjetivo u objetivo de la cosa juzgada, no hace imposible su eventual ejecución, o no viola el derecho de las partes a una justa resolución de la controversia.

En este contexto, considerando que la demanda fue declarada sin lugar por prescripción de la acción, revisadas las pruebas promovidas por la parte actora, estima la Sala que no se desprende de ellas la realización de acto alguno capaz de interrumpir la prescripción alegada, por tanto, no se decretará la reposición de la causa, pues ello sería inútil.

RECURSO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denunció el formalizante la infracción del  artículo 1.980 del Código Civil, por error de interpretación.

Alega la recurrente que la recurrida declaró la prescripción de la acción desconociendo el proceso de inclusión que comenzó a aplicar la Administración Municipal en el año 2008 otorgándole el beneficio de jubilación a 24 extrabajadores que en su gran mayoría habían terminado su relación de trabajo el año 2000 y que ocho años después la Administración Municipal asumió reconocer y hacer efectivo el beneficio de jubilación; que la recurrida no debió aplicar la disposición del artículo 1.980 por estar en presencia de un proceso de inclusión de rango superior en el que la Administración Municipal, en aplicación directa de la Constitución, puso en práctica el Estado de Justicia.  

Reiteradamente ha establecido esta Sala que el error de interpretación en cuanto al contenido y alcance de una norma, se comete al determinar los casos abstractos que puede abarcar su supuesto, dicho de otra manera, es el error que se comete al entender el supuesto de hecho de la norma y no su conclusión, el error se produce no porque se hayan establecido mal los hechos o porque se haya incurrido en error al calificarlos, sino porque el supuesto de hecho abstracto se interpretó mal, haciendo incluir en él casos no regulados por la norma.

La denuncia de este error debe incluir la exposición de la interpretación realizada por la recurrida y la explicación relativa a la interpretación que el formalizante considera es la adecuada a la norma en cuestión, sin lo cual no puede considerarse demostrada la aplicación errónea. 

En el caso de autos, la formalización no solo no señala por qué considera que la recurrida interpretó erróneamente la norma delatada, como tampoco señala cuál es, en su criterio, la interpretación que debe dársele.

No obstante la deficiente técnica de formalización advertida, la Sala considera pertinente establecer que la Alzada interpretó y aplicó en forma adecuada el artículo 1.980 del Código Civil, pues del texto de la recurrida se desprende que las relaciones de trabajo terminaron en los años de 1989, 1995 y 1997, respectivamente y la demanda fue presentada en 2010, sin que conste en autos la realización de algún acto capaz de interrumpir el lapso de prescripción. En esas circunstancias, el Sentenciador, acogiendo la doctrina jurisprudencial de esta Sala declaró prescrita la acción.

Por las razones que anteceden, la denuncia se declara improcedente. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia interlocutoria de fecha 5 de mayo de 2011, proferida por el Juzgado Primero Superior Del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, publicada el 13 de julio de 2011, TERCERO: se confirma el fallo recurrido.

No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince  (15) días del mes de mayo de dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta,                                        Magistrado,

 

 

________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA      OCTAVIO JOSÉ SISCO RICCIARDI

 

 

Magistrada y ponente,                                   Magistrada,

 

 

_______________________________         _________________________________

SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

 

 

 

El Secretario,

 

_____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

R.C. N° AA60-S-2011-001133.

Nota: Publicada en su fecha a las

                                                                                                           El Secretario,

 

 

 

 

 

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