Sentencia N.º 06221
- Sentencia
- N.º 06221
- Fecha
- 16/11/2005
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2002-0031
- Ponente
- Yolanda Jaimes Guerrero
- Procedimiento
- Declinatoria de competencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO
Exp. Nº 2002-0031
La Sala Constitucional de este Alto Tribunal, mediante Oficio N° 01-2431 de fecha 19 de diciembre de 2001, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, interpuesto por el abogado Rafael Suárez Medina, portador de la cédula de identidad N° 4.759.922, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos CARMEN MATILDE GONZÁLEZ, YOLANDA FUENMAYOR DE LEAL, JUAN CARLOS TREJO, NELLY MEDINA, GLENDA MACHADO, LIMBOR CUENCA, CRISTINA CALDERÓN, VÍCTOR BEUSES, ANA MARÍA QUINTERO, YOLANDA DE SIERRALTA, MARINA DE HERRERA, MILENY FERRER, ISABEL VILLALOBOS, NEIRI DE PALENCIA, MARÍA ÁNGELA VILLALOBOS, RHAIZA DE COLMAN, LIGIA URDANETA, PATRICIA ROO, BELKIS DE ARRIETA, ROSA SANTOS DE BAPTISTA, MERCEDES NOVO, MIREYA MACIAS, LIGIA ARÁMBULO, ARELIS MESTRE DE LACAYO, NELLY FERRER, ALMA SILVA, ISABEL DE VALERA, ANTONIO OCANDO, NAIDA TOAN, ÁNGEL BOHÓRQUEZ, MAURICIO VILCHEZ, MARÍA PATIÑO, EDGAR PRIETO, LILA SÁNCHEZ, MIRIA ANSELMI, LEONEL RUBIO, EDUARDO BEUSES, ELISA PULGAR, ANDRÉS CAMBAR, DERLANDO RUÍZ, AURA PERNÍA, MARÍA DE MONSALVE, MAGALY MORENO, LOURDES CEDEÑO, CRISTINA DE LINARES, LUISA BAPTISTA, AGNES MAVARES, NÉLIDA LÓPEZ, MILAGROS MAS Y RUBÍ, AIDA PIRELA, ELIZABETH MÁRQUEZ, NESTOR ROMERO, MARÍA SOTO, JACQUELINE GOTERA, INÉS DE CONTRERAS, DORIS SOTO DE LUGO, MAVELIS ROSALES, IDILMA DE GUTIÉRREZ, ELIA GONZÁLEZ, JORGE CAMPOS, IROMER GONZÁLEZ, NILSA GONZÁLEZ, HERCIDA DE BENCOMO, MIRTHA DE BORREGO, ÁNGELA QUIVA, ANA CHACÍN DE BOSCÁN, DUILIO ROSALES, DIANORA OTAMENDI OSORIO, EMERSON MARTÍNEZ, JOSÉ DEL VILLAR, MAYRA BELTRÁN, ALEIDA DE PÉREZ, FRANK ROSALES, EULOGIA MEUNIER, GLADYS PÉREZ, CARMEN HIGUERA, ÉLIDA DE REVEROL, EDDY ARAUJO, HERMES PARRA, ÁNGELA BOSCÁN, VIDALINA BOSCÁN DE SOTO, CÉLIDA DE NÚÑEZ, BETILDE DE ÁNGELA BOSCÁN, VIDALINA BOSCÁN DE SOTO, CÉLIDA DE NÚÑEZ, BETILDE DE MORALES, NANCY RINCÓN, ALIDA VALBUENA, ELIGIA BLANCHARD DE MEDINA, OLGA DE MEDINA, ILIA ANTÚNEZ, INGRID DE LOVERA, TANIA ECHEVERRÍA, CRUZ PÉREZ FARIA, JULIÁN DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, BLANCA AURORA COHÉN, AMADA DE ARTIGAS, REMBERTO CARROZ, MARY DE CARDOZO, ANA ÁVILA, OSWALDO ENRIQUE MATA, ALCIRA RINCÓN, AURA ZAMBRANO DE ARRIETA, MAIGUALIDA SANDREA, HERIBERTO RENDÓN, AISKEL INCIARTE, JAIRO ROSALES, EDITZA MÁRQUEZ, GRETA PORTILLO, NIOVE RAMOS, LUZ DE SANDOVAL, NORKA DE GONZÁLEZ, LUIS LARREAL, EDGAR FERNÁNDEZ, SALVADORA URRIBARRI, MARÍA DE PAZ, LUIS ROMERO, INGRID AGUIRRE, BEATRÍZ BOZO, ELBA BOHORQUEZ, MARÍA DE HERNÁNDEZ, PEDRO AMAYA, ADRIANA DE VILLALOBOS, ALÍ MOSTAFÁ, LEDA MEJÍAS DE VÁSQUEZ Y ÉLIDA DE REVEROL, todos mayores de edad y portadores de las cédulas de identidad Nros. 3.385.543, 3.778.841, 9.786.057, 3.647.690, 9.782.650, 4.527848, 3.507.956, 1.884.858, 3.274.1760 (sic), 2.873.688, 3.779.047, 7.612.249, 2.881.652, 1.698.082, 9.776.268, 1.098.920, 1.042.298, 9.717.520, 4.278.658, 4.014.879, 3.108.431, 3.269.628, 5.062.474, 4.145.198, 4.150.925, 2.883.903, 3.926.648, 1.823.348, 5.039.778, 4.149.675, 7.786.010, 2.875.518, 3.273.190, 4.531.895, 1.062.716, 3.379.510, 1.066.844, 2.052.203, 7.762.128, 7.600.931, 4.161.768, 3.371.573, 4.826.067, 4.149.761, 4.743.754, 3.651.237, 2.739.293, 2.880.292, 4.751.049, 1.090.584, 4.992.301, 5.795.502, 5.169.320, 5.803.535, 4.992.019, 4.143.292, 3.650.872, 4.157.606, 3.111.696, 4.157.087, 4.743.764, 147.403, 3.933.125, 3.508.696, 9.790. 015, 4.521.898, 1.646.751, 1.645.407, 4.741.709, 7.612.598, 7.975.710, 1.689.030, 7.766.438, 1.393.868, 3.106.507, 3.924.763, 3.637.355, 1.829.413, 2.769.870, 1.827.774, 1.940.578, 2.467.798, 2.771.665, 3.636.880, 1.598.945, 1.422.879, 2.865.478, 4.703.327, 7.732.410, 7.767.627, 698.589, 1.446.641, 4.060.803, 4.828.685, 1.661.920, 4.147.983, 4.540.930, 7.744.240, 4.828.189, 4.491.901, 4.527.418, 4.060.241, 9.113.667, 1.686.598, 4.520.044, 9.971.887, 3.509.975, 4.516.194, 1.675.614, 104.724, 307.833, 5.713.278, 3.643.757, 1.095.797, 4.524.019, 5.175.061, 7.666.806, 1.828.295, 1.684.898, 1.065.082, 8.835.232, 4.528.682, contra el “…Artículo 4to del Decreto Presidencial Número 3.146 de fecha 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 36.615, el día 06 de enero de 1999…”, mediante el cual se aprueba el Informe sobre la reorganización administrativa del Ministerio de Justicia. Decreto Dicha remisión fue efectuada en virtud de que la referida Sala se declaró incompetente para conocer la causa.
El 16 de enero de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO a los fines de decidir la declinatoria de competencia.
En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas, designados por el Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.
Posteriormente, en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa, en el estado en que se encuentra.
I
ANTEDECENTES
El abogado Rafael Suárez Medina, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos CARMEN MATILDE GONZÁLEZ, YOLANDA FUENMAYOR DE LEAL, JUAN CARLOS TREJO y otros, previamente identificados, en fecha 5 de febrero de 1999, interpuso ante la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional, contra el “…Artículo 4to del Decreto Presidencial Número 3.146 de fecha 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 36.615, el día 06 de enero de 1999…”. El cual dispone: “...El personal de los Registros y de las Notarías adscrito al Ministerio de Justicia, a partir del 1° de enero de 1999 dependerá administrativamente de los Servicios Autónomos Registros y Notarías, de acuerdo con las necesidades de dichos Servicios, con motivo de la creación de la Superintendencia de Registros y Notarías...”.
Por auto de fecha 11 de febrero de 1999, se dio cuenta ante la Corte en Pleno de la extinta Corte Suprema de Justicia y se designó Ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó, a los fines de resolver lo conducente acerca de la acción de amparo interpuesta.
Mediante decisión de fecha 29 de junio de 1999, la referida Corte en Pleno, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida en forma conjunta con recurso contencioso administrativo de nulidad.
El 3 de agosto de 1999, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad interpuesto y ordenó la notificación por Oficio de los ciudadanos Presidente de la República y Fiscal General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Mediante Oficio N° TPI-00-016 de fecha 15 de febrero de 2000, la Sala Plena de este Alto Tribunal remitió el expediente a la Sala Constitucional, por considerar que era la competente para conocer la causa.
El 8 de marzo del mismo año, se dio cuenta ante la referida Sala y se ordenó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, las cuales fueron recibidas el 28 de marzo del 2000.
Por auto de la misma fecha, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional, a los fines de continuar el procedimiento acordó practicar las notificaciones ordenadas en el auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación de la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 3 de agosto de 1999. Asimismo, con fundamento en el artículo 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acordó establecer la prevalencia constitucional sobre la normativa referida a la cancelación del arancel judicial y otras tasas y contribuciones, por contradecir el principio de gratuidad como garantía esencial del derecho de acceso a la justicia y de la tutela judicial efectiva consagrados en el artículo 26 eiusdem.
En fecha 28 de marzo de 2000, se libraron las boletas de notificación a las partes, así como los respectivos Oficios, en cumplimiento a lo ordenado en el citado auto de fecha 3 de agosto de 1999.
Mediante diligencia de fecha 10 de mayo de 2001, el abogado Rafael Suárez Medina, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los accionantes, solicitó se fijara el Acto de Informes.
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Constitucional, por auto de fecha 22 de mayo de 2001, declaró no poder fijar el referido Acto de Informes solicitado por el recurrente, en virtud de lo establecido en los artículo 94, 95 y 96 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pero ordenó remitir las actuaciones a la Sala para la designación de Ponente y el comienzo de la primera etapa de la relación.
El 29 de mayo de 2001, se fijó el quinto día de despacho para el comienzo de la relación y se designó como Ponente al Magistrado Antonio García García y el 7 de junio del mismo año, se dejó constancia del inició de la relación y se fijó el Acto de de Informes, para el primer día hábil luego de transcurridos quince día continuos.
La Sala Constitucional de este Alto Tribunal, por decisión N° 2603 de fecha 11 de diciembre de 2001, se declaró incompetente para conocer la causa, en los términos siguientes:
“(...) de conformidad con lo estipulado en el artículo 259 de la Constitución vigente, la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley, siendo competentes los órganos de esta jurisdicción para anular los actos administrativos generales o particulares contrarios a derecho, incluso por desviación de poder.
En razón de ello, el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, en ejecución directa de una norma de rango legal y en función administrativa), son del conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
…Omissis…
En consecuencia, según los dispositivos constitucionales precedentemente aludidos, en concordancia con las competencias acordadas a la Sala Político Administrativa por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en materia del (sic) control de los actos administrativos , estima esta Sala que el Tribunal competente para conocer de la acción planteada en autos, dirigida a la anulación de un Decreto sin rango y fuerza de ley, por no cumplir los requisitos del artículo 190, ordinal 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y a ésta deben remitirse íntegramente las actas procesales contenidas en este expediente. Así se declara…”.
Pasa la Sala a pronunciarse en los términos siguientes:
II
COMPETENCIA DE LA SALA
En el presente caso la Sala Constitucional de este Alto Tribunal por decisión N° 2603 de fecha 11 de diciembre de 2001, declinó en esta Sala la competencia para conocer de la solicitud de nulidad del “…Artículo 4to del Decreto Presidencial Número 3.146 de fecha 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 36.615, el día 06 de enero de 1999…”. En efecto, se observa que el numeral 5 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que es competencia de la Sala Político-Administrativa: “Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente”.
Por otra parte, el artículo 5, aparte 31, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:
“Artículo 5: Es competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
…omissis…
31. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Poder Ejecutivo nacional, por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad; …omissis”
De las normas parcialmente transcritas, se concluye que corresponde a esta Sala Político-Administrativa conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el “…Artículo 4to del Decreto Presidencial Número 3.146 de fecha 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 36.615, el día 06 de enero de 1999…”. En consecuencia, acepta la competencia que le fuera declinada por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Así se decide.
III
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Para decidir, la Sala observa:
Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso (tal y como lo preveía el artículo 86 de la entonces es vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y ahora, el artículo 19, decimoquinto aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela), o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.
Se erige entonces el instituto de la perención como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes, los procesos se perpetúen en el tiempo y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe ningún tipo de interés por parte de los sujetos de la litis.
Examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la esta causa ha estado paralizada desde el 11 de diciembre de 2001, fecha en la cual la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal declinó el conocimiento de la presente causa en esta Sala. Las actuaciones posteriores, como fueron la remisión por Oficio del expediente, el cual fue recibido en esta Sala en fecha 9 de enero de 2002 y la designación como ponente de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerreo el día 16 de enero de 2002, no son considerados actos de procedimiento capaces de interrumpir el lapso de perención. Con posterioridad, las partes no han efectuado acto alguno tendente a impulsar la presente causa.
Ahora bien, es de destacar que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004, establece en el primer aparte de su artículo 19 que “Las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia” y, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil dispone: “La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior.”.
Con fundamento en ello y toda vez que en el supuesto bajo estudio, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, deben ser regulados de acuerdo a la Ley anterior, la resolución del presente caso se efectúa a la luz de lo previsto por la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que en su artículo 86 dispone: "Salvo lo previsto en las disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha del último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado, la Corte sin más trámites, declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte. ".
Por tanto, habiendo transcurrido con creces el lapso de un (1) año en el cual no se evidencia actividad de las partes y al no estar interesado el orden público en la presente causa, resulta forzoso declarar consumada la perención y por ende, extinguida la instancia en este juicio, de conformidad con la anterior norma procesal. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA:
1.-ACEPTA la competencia que le fuera declinada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal.
2.- CONSUMADA LA PERENCIÓN en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional, por el abogado Rafael Suárez Medina, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos CARMEN MATILDE GONZÁLEZ, YOLANDA FUENMAYOR DE LEAL, JUAN CARLOS TREJO, NELLY MEDINA, GLENDA MACHADO, LIMBOR CUENCA, CRISTINA CALDERÓN, VÍCTOR BEUSES, ANA MARÍA QUINTERO, YOLANDA DE SIERRALTA, MARINA DE HERRERA, MILENY FERRER, ISABEL VILLALOBOS, NEIRI DE PALENCIA, MARÍA ÁNGELA VILLALOBOS, RHAIZA DE COLMAN, LIGIA URDANETA, PATRICIA ROO, BELKIS DE ARRIETA, ROSA SANTOS DE BAPTISTA, MERCEDES NOVO, MIREYA MACIAS, LIGIA ARÁMBULO, ARELIS MESTRE DE LACAYO, NELLY FERRER, ALMA SILVA, ISABEL DE VALERA, ANTONIO OCANDO, NAIDA TOAN, ÁNGEL BOHÓRQUEZ, MAURICIO VILCHEZ, MARÍA PATIÑO, EDGAR PRIETO, LILA SÁNCHEZ, MIRIA ANSELMI, LEONEL RUBIO, EDUARDO BEUSES, ELISA PULGAR, ANDRÉS CAMBAR, DERLANDO RUÍZ, AURA PERNÍA, MARÍA DE MONSALVE, MAGALY MORENO, LOURDES CEDEÑO, CRISTINA DE LINARES, LUISA BAPTISTA, AGNES MAVARES, NÉLIDA LÓPEZ, MILAGROS MAS Y RUBÍ, AIDA PIRELA, ELIZABETH MÁRQUEZ, NESTOR ROMERO, MARÍA SOTO, JACQUELINE GOTERA, INÉS DE CONTRERAS, DORIS SOTO DE LUGO, MAVELIS ROSALES, IDILMA DE GUTIÉRREZ, ELIA GONZÁLEZ, JORGE CAMPOS, IROMER GONZÁLEZ, NILSA GONZÁLEZ, HERCIDA DE BENCOMO, MIRTHA DE BORREGO, ÁNGELA QUIVA, ANA CHACÍN DE BOSCÁN, DUILIO ROSALES, DIANORA OTAMENDI OSORIO, EMERSON MARTÍNEZ, JOSÉ DEL VILLAR, MAYRA BELTRÁN, ALEIDA DE PÉREZ, FRANK ROSALES, EULOGIA MEUNIER, GLADYS PÉREZ, CARMEN HIGUERA, ÉLIDA DE REVEROL, EDDY ARAUJO, HERMES PARRA, ÁNGELA BOSCÁN, VIDALINA BOSCÁN DE SOTO, CÉLIDA DE NÚÑEZ, BETILDE DE ÁNGELA BOSCÁN, VIDALINA BOSCÁN DE SOTO, CÉLIDA DE NÚÑEZ, BETILDE DE MORALES, NANCY RINCÓN, ALIDA VALBUENA, ELIGIA BLANCHARD DE MEDINA, OLGA DE MEDINA, ILIA ANTÚNEZ, INGRID DE LOVERA, TANIA ECHEVERRÍA, CRUZ PÉREZ FARIA, JULIÁN DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ, BLANCA AURORA COHÉN, AMADA DE ARTIGAS, REMBERTO CARROZ, MARY DE CARDOZO, ANA ÁVILA, OSWALDO ENRIQUE MATA, ALCIRA RINCÓN, AURA ZAMBRANO DE ARRIETA, MAIGUALIDA SANDREA, HERIBERTO RENDÓN, AISKEL INCIARTE, JAIRO ROSALES, EDITZA MÁRQUEZ, GRETA PORTILLO, NIOVE RAMOS, LUZ DE SANDOVAL, NORKA DE GONZÁLEZ, LUIS LARREAL, EDGAR FERNÁNDEZ, SALVADORA URRIBARRI, MARÍA DE PAZ, LUIS ROMERO, INGRID AGUIRRE, BEATRÍZ BOZO, ELBA BOHÓRQUEZ, MARÍA DE HERNÁNDEZ, PEDRO AMAYA, ADRIANA DE VILLALOBOS, ALÍ MOSTAFÁ, LEDA MEJÍAS DE VÁSQUEZ Y ÉLIDA DE REVEROL, todos previamente identificados, contra el “…Artículo 4to del Decreto Presidencial Número 3.146 de fecha 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 36.615, el día 06 de enero de 1999…”. y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta – Ponente,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En dieciséis (16) de noviembre del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 06221.
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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