Venley

Sentencia N.º 0623

Sentencia
N.º 0623
Fecha
04/04/2006
Sala
Casación Social
Expediente
06-149
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,   04  de abril  de 2006. Años: 195º y 147º.

 

                   En el juicio que por calificación de despido, sigue el ciudadano VÍCTOR JESÚS TÚÑEZ PERDOMO, representado judicialmente por las abogadas Fela Martín, Edith Cardozo Tovar y María Teresa Carvallo, contra la sociedad mercantil SIEMENS, S.A., representada judicialmente por los abogados Juan Carlos Pro Rísquez, Ramón J. Alvins S., Carlos Julio Fernández Vega, Victorino J. Tejera Pérez, Marianna Boza, Isabella Ciliberto, Alberto F. Ravell Nolck, Fernando A. Planchart Padula, Esther Cecilia Blondet Serfaty, Norah M. Chafardet, Eirys Mata M., Yanet C. Aguiar y Thomas Norgaard; el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia de fecha 12 de diciembre de 2005, declaró desistido recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la decisión de fecha 26 de mayo de 2005, emanada del Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declara con lugar la demanda incoada.

 

                   Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte accionada propuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                   En fecha 13 de febrero de 2006, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                   Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo las siguientes consideraciones:

 

Ú N I C O

 

Es pertinente observar, que siendo el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, deben cumplirse a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.

 

Asimismo, es oportuno dejar por sentado, que tratándose como antes se expresó, de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo antes mencionado, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público o de jurisprudencia reiterada de esta Sala.

 

En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaben el debido proceso y derecho a la defensa.

 

                   En el caso bajo estudio, denuncia la parte recurrente, la violación de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 11 y 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, el Juez de Alzada no valoró la defensa de fondo opuesta por la apoderada de la parte demandada, sino se limitó a resolver el argumento subsidiario de la representación sin poder, declarando desistida la apelación de la parte demandada, aduciendo que la apoderada de la demandada no estaba acreditada en autos, ni demostró tal cualidad en el transcurso de la audiencia, violando el Juez Superior, con esto el principio de la doble instancia e interpretando erróneamente el artículo 165 de la Ley Adjetiva Laboral.

 

                   Seguidamente, delata la violación de la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, señalando las sentencias de fecha 8 de marzo de 2001 (caso: B.A. Verde contra M. T. Briceño), 18 de abril de 2002 (caso: Luis Soto contra Eleoccidente), y 4 de junio de 2004 (caso: Aponte contra Rattan, C.A.), conforme a las cuales debe entenderse, que el apoderado judicial está debidamente facultado para gestionar en un proceso por otra persona, cuando resulte comprobado en el expediente que antes del acto en cuestión ya se había otorgado el poder invocado.

 

                   Después de un exhaustivo estudio del asunto planteado, las normas delatadas en definitiva no transgredirían el Estado de Derecho, y siendo este recurso un medio excepcional de impugnación y, a fin de cuentas, una potestad discrecional de la Sala, forzosamente debe declararse inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2005, emanada del Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

                   No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que lo envíe al Tribunal correspondiente, participándole dicha remisión de la decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                   Magistrado,

 

 

________________________                          _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                           ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                             Magistrada,

 

 

________________________________      _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

C.L. N° AA60-S-2006-149

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

 

El Secretario,

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