SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, 04 de abril de 2006. Años: 195º y 147º.
En el juicio de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo seguido por los ciudadanos HÉCTOR JOSÉ PORTOCARRERO PATIÑO y HÉCTOR JOSÉ RUÍZ, representados judicialmente por los abogados Militzi Lorena Nava Betancourt, Sandra Marlene Valbuena Conde y Karem Peñuela, contra las sociedades mercantiles METRO TAX, CA., TRANSPORTES Y SERVICIOS TAXI SERVICE, C.A., e INMOBILIARIA 20.037, C.A., representadas judicialmente, las dos primeras, por los abogados Oscar Ignacio Lossada Gásperi, José Vicente Uzcátegui Amaré y Mariselva del Valle Correa, y, la última, por los abogados Rosa Elena Martínez de Silva, María Eva Carrillo, María Elena Páez-Pumar, Luis José Vásquez, Luis Augusto Silva Martínez, María Guadalupe García Sans, Simón A. Andrade P. y Giussepina de Folgart, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en sentencia de fecha 22 de abril de 2005, declaró con lugar la demanda.
El Juzgado Primero Superior del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, al conocer del recurso de apelación interpuesto por las codemandadas, en sentencia definitiva publicada el 26 de septiembre de 2005, declaró parcialmente con lugar la apelación, y, parcialmente con lugar la demanda, modificando la sentencia apelada.
Contra esa decisión, la codemandada Inmobiliaria 20.037, C.A., interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Recibido el expediente, se designó ponente al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo y siendo la oportunidad legal para decidir, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre la admisibilidad en los siguientes términos:
Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.
Alega el recurrente que la sentencia recurrida violó el artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falsa aplicación; el artículo 5° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falta de aplicación, y, la jurisprudencia de la Sala, sentencia N° 1031, de fecha 9 de septiembre de 2004, caso Cerámica Carabobo, al confundir la figura de intermediario, con la de concedente y concesionario, propias del contrato de concesión, pues, aun cuando admitió que entre las empresas Inmobiliaria 20.037, C.A., y Transporte y Servicios Taxi Service, C.A., se suscribió un contrato de concesión, concluyó, que la primera funge como un patrono indirecto, esto es, como intermediario, siendo lo correcto aplicar, a decir de quien recurre, la figura del contrato de concesión mercantil, toda vez, que en el mismo no se pautó una retribución monetaria para Inmobiliaria 20.037, C.A., sino que se reguló de conformidad con el artículo 1.133 del Código Civil, de mutuo acuerdo entre las partes la relación existente entre concedente y concesionario, a través de un contrato atípico de colaboración mercantil, sinalagmático, consensual, con independencia jurídica y patrimonial cada parte, riesgo absoluto de su actividad, mas no el de intermediación por parte de Inmobiliaria 20.037, C.A., pues la actividad desempeñada era por cuenta propia y para beneficio de Transportes y Servicios Taxi Service, C.A., y Metro Tax, C.A., contemplándose en forma expresa en la cláusula décima del contrato, que Inmobiliaria 20.037, C.A., no se hacía responsable de las obligaciones adquiridas por aquella para con sus trabajadores.
En este mismo sentido señala el recurrente, que el servicio prestado por las empresas Transportes y Servicios Taxi Service, C.A., y Metro Tax, C.A., fue ejecutado en su nombre propio, con sus recursos económicos, técnicos y humanos, asumiendo el riesgo de las operaciones de transporte de personas, y no por Inmobiliaria 20.037, C.A.; los vehículos utilizados eran propiedad de terceros o de las codemandadas; la taquilla donde el demandante canjeaba los tickets por dinero en efectivo la operaba la empresa Transportes y Servicios Taxi Service, C.A.; las posibles ganancias por parte del cobro de los cánones de arrendamiento de vehículo fueron percibidas por ésta última, y no por Inmobiliaria 20.037, C.A., la cual no recibía el servicio prestado por los choferes de las mencionadas empresas, ya que el servicio o la obra ejecutada era recibida por las personas naturales, usuarios, visitantes o trabajadores de comercios del Centro Comercial Metrópolis Shopping, quienes utilizaban directamente el servicio de transporte.
Igualmente, denuncia que la sentencia recurrida es inmotivada y en consecuencia infringe los artículos 159 y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al establecer que la supuesta responsabilidad de Inmobiliaria 20.037, C.A., deviene del supuesto carácter de intermediario, y de quien se presenta como beneficiario de la obra o servicio fungiendo como patrono indirecto del actor, sin expresar los fundamentos de hecho para tal declaratoria, es decir no sustenta el hecho con los elementos probatorios que cursan en el expediente.
Por último, acusa que la recurrida incurrió en contradicción, al afirmar por una parte, la existencia de relación de trabajo entre el actor y la codemandada Transportes y Servicios Taxi Service, C.A., lo cual supone que éste es su patrono, y como tal la persona por cuenta de quien el actor prestó servicios, y por la otra, más adelante señala, que esa compañía era intermediaria y que Inmobiliaria 20.037 C.A., era quien se presentaba como beneficiario de la obra o servicio fungiendo como patrono indirecto del actor, incurriendo en una mezcla indebida de los conceptos de, trabajador, intermediario y contrato de trabajo, consagrados en los artículos 39, 54 y 67 de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual atenta contra el derecho a una tutela judicial efectiva.
Con vista de dicho recurso, y de las disposiciones legales en que se fundamenta, por cuanto se encuentra que han sido cumplidos los requisitos establecidos en la Ley y que existen motivos racionales para interponerlo, SE ADMITE, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se ordena seguir el procedimiento previsto en los artículos 173 y 174 eiusdem, aplicables por remisión de aquél. En consecuencia, a partir de la publicación del presente auto comenzará a correr un lapso de veinte (20) días calendarios consecutivos, para que la otra parte pueda consignar su contestación al recurso. Una vez concluida la sustanciación la Sala fijará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral, pública y contradictoria.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
Magistrado, Magistrada,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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R.C.L. N° AA60-S-2005-001689
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario,