Sentencia N.º 06560
Sentencia N.º 06560
- Sentencia
- N.º 06560
- Fecha
- 15/12/2005
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2004-0297
- Ponente
- Yolanda Jaimes Guerrero
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO
Exp. N° 2004-0297
En fecha 3 de diciembre de 2003, la abogada Maira Trinidad Capote Gamez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 64.759, actuando con el carácter de representante judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), tal como se evidencia de instrumento poder otorgado ante
El recurso contencioso tributario fue ejercido contra
el Acta de Reparo No. 033492, dictada en fecha 11 de octubre de 2001
/
por la Unidad de Ingresos Tributarios del Estado Miranda del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y notificada a mi representada el 23 de octubre de 2001, así como contra el correspondiente Informe de Actualización Fiscal y
Mediante auto de fecha 12 de noviembre de 2003, el Juzgado a quo oyó en ambos efectos la apelación interpuesta y, por Oficio N° 4.923 de la misma fecha, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, siendo recibido el 2 de abril de 2004.
El 14 de abril de 2004, se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se ordenó aplicar el procedimiento de Segunda Instancia previsto en el Capítulo III del Título V de la entonces vigente Ley Orgánica de
El 6 de mayo de 2004, la apoderada judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), consignó Escrito de Fundamentación a su Apelación. En la misma fecha se dejó sentado el comienzo de la relación de la causa.
En fecha 19 de mayo de 2003, los abogados Rodolfo Plaz Abreu y Alejandro Ramírez van der Velde, el primero inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 12.870, y el segundo, antes identificado, esta vez actuando como apoderados judiciales de la aportante, tal como se desprende de poder autenticado ante
El 1º de junio de 2004, la apoderada judicial del INCE presentó escrito de promoción de pruebas.
Por auto de fecha 9 de junio de 2004, vencido como se encontraba el lapso de oposición a las pruebas presentadas, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Mediante auto de fecha 29 de junio de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió en cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, las pruebas documentales indicadas en el Escrito de Promoción de Pruebas, las cuales se contraen a reproducir el mérito favorable de los autos y lo contenido en el expediente administrativo. Asimismo se ordenó notificar a la ciudadana Procuradora General de la República.
Por auto de fecha 9 de septiembre de 2004, el prenombrado Juzgado, en vista de la conclusión de la sustanciación, acordó pasar a
El 16 de septiembre de 2004, se fijó el quinto (5º) día de despacho para que tuviera lugar el Acto de Informes en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
Por auto de fecha 29 de septiembre de 2004 se difirió el Acto de Informes para el día jueves 09 de diciembre de 2004. El 2 de noviembre del mismo año, se dejó sin efecto el acto del 29-09-04 y se fijó nuevamente el referido Acto de Informes para el 25 de noviembre de 2004.
El 25 de noviembre de 2004, siendo la oportunidad fijada para la celebración del Acto de Informes, se dejó constancia de la comparecencia del abogado Alejandro Ramírez van der Velde, antes identificado, quien expuso sus argumentos orales y consignó su respectivo escrito. La Sala, previa su lectura por Secretaría, ordenó agregarlos a los autos, y seguidamente dijo VISTOS.
En fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados, conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas.
Posteriormente, en fecha 2 de febrero de 2005, fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada
I
ANTECEDENTES
Mediante Autorización de Investigación Fiscal No. 013-01-243 de fecha 9 de julio de 2001,
Como resultado de la referida fiscalización, fue levantada el Acta de Reparo No. 033492, acompañada de su correspondiente Informe de Actuación Fiscal y de
a.- Que la fiscalización se efectuó sobre la base de las declaraciones del impuesto sobre la renta, correspondiente a los períodos investigados, en virtud de que supuestamente la contabilidad es llevada en idioma inglés.
b.- Que existe una diferencia entre la base imponible declarada por la aportante, por cuanto no se incluyeron en el cálculo de la contribución especial del dos por ciento (2%) en las utilidades pagadas a los trabajadores, ni algunos conceptos que fueron reflejados en la partida sueldos y salarios a los efectos de la declaración de impuesto sobre la renta.
c.- Que conforme a lo anterior, existe una diferencia a ser cancelada por la cantidad de Bs. 63.467.292,00, por concepto de contribución especial del 2% supuestamente adeudada al INCE; asimismo se impuso multa por el 10% del monto antes reflejado, por Bs. 6.346.729,00.
Por estar en desacuerdo con la referida determinación y
al no existir mención expresa de las vías de impugnación que proceden contra los actos administrativos antes identificados
, en fecha 27 de noviembre de 2001 la empresa aportante interpuso recurso contencioso tributario, con base en los siguientes argumentos:
1.- Solicitó como cuestión preliminar, la suspensión de los efectos de los actos impugnados.
2.- Que en el presente caso se cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario de 1994, para que sea admitido el recurso contencioso tributario.
3.- Que la fiscalización incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, por las siguientes razones:
a.- En lo relativo al idioma en que es llevada la contabilidad de la empresa.
b.- Errónea aplicación del procedimiento de determinación sobre base presuntiva, contemplado en el artículo 120 del Código Orgánico Tributario de 1994.
c.- Errónea interpretación del artículo 10, numeral 1, de
d.- Errónea aplicación del artículo 145 del Código Orgánico Tributario de 1994, en lo que respecta a la imposición de la multa, por Bs. 6.346.729,00.
4.- Finalmente, solicitó se condene en costas al INCE.
por no existir motivos racionales que justificasen su actuación ilegal al formular el reparo a que se contrae este caso
.
Posteriormente, mediante escrito fechado el 8 de enero de 2003, se anexó original de
En consecuencia, y en base a (sic) lo establecido en el Capitulo (sic) I de la presente Resolución, la deuda liquida (sic) a cancelar por el contribuyente GRAMOVEN DISTRIBUIDORA, C.A. por concepto de aportes es por la cantidad de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARES (sic) SIN CENTIMOS (sic) (Bs. 63.467.292,oo).
Además, en virtud del incumplimiento de las obligaciones descritas en el numeral 1 del artículo 10 de
II
DECISIÓN APELADA
El Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de
En el presente caso se plantea una situación especial con relación al proceso contencioso tributario, en primer lugar, conforme a la doctrina de
De este modo lo que se persigue, es que el acto tributario recurrido sea de aquellos (sic) que presuntamente lesionan los derechos de los contribuyentes, o como bien lo señala la recurrente conforme al Artículo 85 de
En el presente caso se observa una lesión a los derechos subjetivos de la recurrente, los cuales fueron confirmados por
Igualmente este sentenciador debe resaltar que formalmente existe otro supuesto que permite la posibilidad de obviar el Sumario Administrativo, y es específicamente cuando las objeciones al Acta de Reparo versan sobre puntos de mero derecho, conforme al Artículo 188 del Código Orgánico Tributario. Para este Tribunal se puede evidenciar que el asunto debatido es de pleno derecho pero la recurrente no probó haber señalado esto en los descargos y por lo tanto origina la continuación del Sumario Administrativo, que finalizó con
En consecuencia, aún sin que consten en autos los descargos para restablecer si las objeciones son de mero derecho, este Tribunal considera que
En virtud de lo anterior este Tribunal considera que el Acta de Reparo y
Igualmente cuando la recurrente fue notificada de
Lo anterior generaría procesalmente que
Por lo que este Tribunal considera que declararse inadmisible el Recurso Contencioso Tributario por ser el Acta de reparo (sic) y
Este tribunal una vez analizadas las razones esgrimidas por la recurrente, y estudiado el acto administrativo que se impugna ha considerado lo siguiente:
Los vicios a que hace referencia la recurrente sobre la improcedencia de la inclusión de utilidades, bono vacacional, bono de asistencia y personal de reposo al salario en la base imponible, constituyen el vicio de falso supuesto que de verificarse acarrea la nulidad absoluta el (sic) acto administrativo.
El falso supuesto puede configurarse tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho y afectan lo que la doctrina ha considerado llamar Teoría Integral de
omissis
Para aclarar si las utilidades forman parte del salario y por lo tanto si deben considerarse como parte del hecho imponible, debemos utilizar tanto las disposiciones del Código Orgánico Tributario, las cuales nos señalan que la norma de naturaleza tributaria debe interpretarse de acuerdo a todos los métodos admitidos en derecho como las normas del Código Civil, el cual señala que a la ley debe dársele el sentido propio de las palabras y su conexión entre sí, tomando en cuenta la intención del legislador (sistema de interpretación literal, gramatical y lógico) y para ello pasamos a reflejar las definiciones que sobre las expresiones sueldo, salarios y jornales posee el diccionario de
omissis
De lo anterior se puede concluir que las utilidades no encuadran dentro del supuesto normativo del ordinal (sic) 1 del Artículo 10, existe en
omissis
Por las razones anteriormente expuestas en este punto y de conformidad con los artículos 83 de
omissis
Por ello, con base a (sic) la pacífica doctrina constitucional, debemos tomar en cuenta que la obligación tributaria sólo surge si la situación fáctica o jurídica prevista en la norma tributaria se produce, se subsume en su supuesto de hecho, se particulariza, y como se denota no se puede enmarcar dentro del ordinal (sic) 1º del Artículo 10 a las utilidades, lo cual trae como consecuencia la inexistencia de obligación tributaria, al no producirse en la vida real el elemento económico tomado por el legislador y previsto en
Como consecuencia de lo anteriormente expresado si no existe una disminución ilegítima de ingresos tributarios, por cuanto la obligación es inexistente y nula, no se subsume la conducta de la recurrente en el tipo delictual definido en el Artículo 97 del Código Orgánico Tributario de 1994, y por lo tanto la multa también se declara nula de nulidad absoluta.
omissis
Se anulan los actos impugnados e igualmente La (sic) Resolución 1084 de fecha 06 de noviembre de 2002 emanada de
De conformidad con el Artículo 327 del Código Orgánico Tributario se condena en costas al Instituto Nacional de Cooperación Educativa por haber resultado totalmente vencido en el presente proceso..
II
FUNDAMENTOS DE
La apoderada judicial del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), fundamentó ante esta Alzada la apelación por ella interpuesta contra la sentencia Nº 099/2003 de fecha 31 de marzo de 2003, en los términos siguientes:
1.- En cuanto al vicio de falso supuesto de hecho alegado por la aportante en su escrito recursorio, por errónea interpretación del artículo 10, numeral 1, de
Que ...el Instituto en la conformación de su criterio sobre la gravabilidad de algunos conceptos remunerativos, hoy por hoy no discutido con la promulgación de
Invocó como fundamento de la gravabilidad de los conceptos remunerativos, el principio según el cual la ley especial priva sobre la ley general, es decir, que
Al respecto, señaló que su tesis se encuentra acogida en sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, de fecha 10 de diciembre de 1999, caso: INCE contra el BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL, entre otros fallos.
En cuanto a la gravabilidad de las utilidades, la representación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, destaca que los razonamientos plasmados por la aportante, ...vulneran el espíritu, propósito y razón de
Que de conformidad con el principio de legalidad consagrado en los artículos 317 de
Con relación a la contribución del medio por ciento (½%), prevista en el numeral 2 del comentado artículo 10, sostiene la apoderada judicial del referido Instituto, que en razón de que el sujeto pasivo obligado con el aporte es el trabajador, ...la obligación del patrono se limita al hecho de retener y enterar el tributo al INCE..
En apoyo del argumento desarrollado por la representante del Instituto, según el cual el concepto remuneraciones genéricas de cualquier especie comprende las utilidades convencionales, transcribe parcialmente sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario de fechas 30 de marzo de 1999 y 20 de noviembre de 1995, casos: FERRO DE VENEZUELA, C.A. e HILANDERÍAS VENEZOLANAS, C.A., respectivamente.
2.- En cuanto a la errónea aplicación del artículo 145 del Código Orgánico Tributario de 1994, también alegado por la recurrente en su recurso, expresó:
Que tal como lo dispone el artículo 145 eiusdem,
Por último, la abogada apelante solicita que se declare con lugar el recurso de apelación y en el supuesto de resultar perdidoso el Instituto representado, se exima el pago de costas, ...en virtud del servicio público que presta y que, como se desprende de los argumentos expuestos, mi representado ha tenido suficientes motivos racionales para litigar....
IV
CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN
Los apoderados judiciales de la aportante GRAMOVEN DISTRIBUDORA, C.A., presentaron la contestación a la apelación incoada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), en atención a lo siguiente:
Que de la lectura concatenada de los numerales 1 y 2 del artículo 10 de
Explican además, que ambas contribuciones son distintas la una de la otra, por cuanto son distintos los elementos integrantes de ambas obligaciones, por lo tanto
no podrá el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), sin incurrir en ilegalidad, mezclar ambas contribuciones, aplicando el tipo o tarifa del tributo de una contribución, como es la correspondiente a los patronos del dos por ciento (2%) sobre los sueldos y salarios pagados, a la otra contribución correspondiente a los trabajadores y que es del medio por ciento (½%) sobre las utilidades pagadas..
En apoyo a lo anterior citaron jurisprudencia de
Con base en lo expuesto, solicitan se declare sin lugar la apelación del INCE y se confirme la sentencia recurrida.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En virtud de la declaratoria contenida en la sentencia recurrida y de las objeciones formuladas por la apelante, en representación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), la controversia planteada en el caso en examen queda circunscrita a decidir acerca de la gravabilidad o no de las partidas de utilidades para el cálculo del aporte patronal del dos por ciento (2%) de la contribución establecida en el numeral 1 del artículo 10 de
Delimitada la litis, pasa esta Sala a decidir, previa las consideraciones siguientes:
La representante del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) afirma que, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 10 de
Por su parte, el apoderado judicial de la contribuyente aportante considera que dicho concepto remunerativo no se encuentra gravado con la aludida contribución del dos por ciento (2%), pues alega que las utilidades ya se hallan expresamente gravadas en el numeral 2 del artículo en referencia.
En cuanto a la gravabilidad de la partida de utilidades a los efectos del cálculo del aporte patronal del dos por ciento (2%) dispuesto en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, resulta pertinente destacar la pacífica jurisprudencia sobre el particular de esta Sala Político-Administrativa, desde la sentencia dictada en fecha 5 de abril de 1994 (Caso: Compañía Anónima Nacional de Cementos), hasta sus fallos Nº 00781 de fecha 04 de junio de 2002 (Caso: Makro Comercializadora, S.A.), Nº 1.624 del 22 de octubre de 2003 (Caso: Banco Caracas, Banco Universal, C.A.), N° 00003 del 27 de enero de 2004 (Caso: Hilados Flexilón, S.A.), N° 03676 del 2 de junio de 2005 (Caso: Laboratorios Gentek, C.A.), entre otros, decisiones en las que ha quedado sentado el criterio siguiente:
...Ante tales circunstancias, considera oportuno esta Sala observar lo preceptuado por el artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), el cual es del siguiente tenor:
El Instituto dispondrá para sufragar los gastos de sus actividades, las aportaciones siguientes:
1. Una contribución de los patronos, equivalente al dos por ciento del total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados al personal que trabaja en los establecimientos industriales o comerciales no pertenecientes a la Nación, a los Estados ni a las Municipalidades.
2. El medio por ciento de las utilidades anuales, pagadas a los obreros y empleados y aportadas por éstos. Tal cantidad será retenida por los respectivos patronos para ser depositada a la orden del instituto, con la indicación de la procedencia.
3. Una contribución del Estado equivalente, a un veinte por ciento como mínimo, del montante anual de los aportes señalados en los numerales 1 y 2 de este artículo.
4. Las donaciones y legados de personas naturales o jurídicas, hechas al instituto. (Destacado de la Sala).
Del análisis de la disposición supra transcrita se observa que el legislador en el texto de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, estableció una contribución a cargo de patronos y de trabajadores, y cuyo sujeto activo es el propio Instituto. Esta contribución comprendida dentro de las denominadas contribuciones parafiscales, que son aquellas recabadas por ciertos entes públicos para lograr su financiamiento autónomo, fue establecida en forma diferente según se trate de patronos o de trabajadores.
Así de la norma en referencia se constata la existencia de dos contribuciones parafiscales con sujetos pasivos distintos y alícuotas impositivas diferentes, la primera de ellas, de carácter periódico, a cargo de los patronos de los establecimientos que ejerzan actividades comerciales o industriales y que no pertenezcan a ninguno de los distintos entes político territoriales, cuya base imponible está determinada por el total de los sueldos, salarios, jornales y demás remuneraciones pagadas a los trabajadores, calculada en aplicación de una alícuota impositiva del dos por ciento (2%); la segunda, tiene como sujetos pasivos a los obreros y empleados de tales establecimientos, es fijada tomando como base imponible las utilidades anuales pagadas a dichos trabajadores a las cuales les será aplicable la alícuota del medio por ciento ½%, debiendo ser retenida por el patrono por mandato de la Ley; criterio éste que ya había sido sostenido por esta Sala en anteriores oportunidades (caso Compañía Anónima Fábrica Nacional de Cementos del 5/4/94).
Respecto a la contribución parafiscal consagrada en el numeral 1 del señalado artículo 10 de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, se observa que su base imponible viene determinada por el total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie, pagados por los empleadores a sus trabajadores. Ahora bien, el objeto a dilucidar en la presente controversia se contrae a decidir si dentro de la expresión remuneraciones de cualquier especie, pueden comprenderse a las utilidades anuales pagadas por dichos empleadores a sus trabajadores a los efectos del gravamen establecido en el referido numeral.
Por otra parte, observa esta Sala que el representante de la contribuyente, en su escrito de contestación a la apelación sostiene que la disposición consagrada en el numeral 1 del artículo 10, de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, encuentra su limitación en los artículos 133 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 (Gaceta Oficial N° 4.240, Extraordinario del 20 de diciembre de 1990), aplicable en razón de su vigencia temporal al caso bajo examen. Indica, asimismo que la Ley Orgánica del Trabajo restringe la amplísima base imponible de la Ley del INCE (y remuneraciones de cualquier especie) al limitarla a un concepto más definido (al monto del salario normal), de cuyo ámbito escapa los pagos por concepto de utilidades anuales. Por las anteriores motivaciones, debe observarse lo regulado por el parágrafo segundo del artículo 133 y lo dispuesto en el tercer aparte por (sic) el artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, los cuales señalaban:
Artículo 133: (omissis)...
Parágrafo Segundo: Cuando el patrono o el trabajador, o ambos, estén obligados legalmente a cancelar una contribución, tasa o impuesto a un organismo público, el salario de base para el cálculo no podrá exceder del equivalente al monto del salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior a aquél en que se cause el pago.
Artículo 146: (omissis)...
La participación del trabajador en las utilidades de una empresa se considerará salario a los efectos del cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan al trabajador con motivo de la terminación de la relación de trabajo.
En base a la normativa anterior parcialmente transcrita, el apoderado de la contribuyente aduce que las utilidades no participan del carácter salarial, es decir, no forman parte del salario normal de los trabajadores, el cual debe ser tomado como base para el cálculo de dicha contribución, y que sólo forman parte del salario a efectos del cálculo de las prestaciones e indemnizaciones causadas con ocasión de la terminación de la relación laboral conforme a la Ley Orgánica del Trabajo; en este sentido, debe esta Sala señalar que la presente controversia ha sido planteada con ocasión del gravamen a las utilidades establecido por la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa; por tal virtud, dicho planteamiento debe ser estudiado desde la perspectiva del cuerpo normativo del referido instituto.
Ahora bien, de la lectura y análisis del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, arriba transcrito, se observa que el legislador consagró, a los fines del cálculo de la contribución parafiscal establecida en el numeral 1, que la base imponible estuviera determinada por la aplicación de un porcentaje fijo (2%), sobre el total de los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie que perciban los trabajadores de sus patronos; en este sentido, se observa que cuando dicha Ley alude a tales conceptos lo hace, si bien estableciendo una distinción según el tipo de contraprestación económica percibida por los trabajadores de acuerdo a sus labores, atendiendo a la connotación salarial remunerativa con ocasión de la relación laboral. En consecuencia, al indicarse que la base para el cálculo de la contribución citada se encuentra conformada por los sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie se hace referencia es al pago que efectúan los empleadores a sus trabajadores con ocasión de la prestación por parte de los trabajadores de una determinada actividad.
Cuando el ordinal 1 (sic) del citado artículo hace referencia a los conceptos arriba indicados está refiriéndose expresamente al carácter salarial de dichas remuneraciones; en consecuencia, considera esta alzada que cuando dicha disposición hace mención a `remuneraciones de cualquier especie´, alude a otras remuneraciones pagadas por los empleadores distintas a los sueldos, salarios y jornales que no hayan sido establecidas en el texto del señalado cuerpo normativo en dicho numeral o en otro de sus numerales; esto como derivado de una sana interpretación en conjunto de lo dispuesto por la señalada norma, la cual no puede ser valorada en forma aislada sino atendiendo al contexto en que fue concebida dicha contribución. Así, de la simple observancia de la norma contenida en el artículo 10 de la señalada Ley, se advierte que el legislador al momento de establecer la contribución parafiscal en referencia gravó expresamente a las utilidades percibidas por los trabajadores con una alícuota impositiva distinta a la establecida para los sueldos, salarios y jornales, es decir, el propio legislador quiso distinguir la contribución parafiscal contenida en dicha ley atendiendo no sólo a las alícuotas impositivas sino conforme a los sujetos pasivos de la misma, así como de acuerdo a la base imponible para realizar el cálculo de dicha contribución.
Por todo lo anterior, debe esta Sala concluir que al ser las contribuciones parafiscales contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, distintas, y por estar las utilidades expresamente gravadas conforme a lo dispuesto por el numeral 2 del señalado artículo con una alícuota del ½%, no puede el instituto imponer el gravamen consagrado en el numeral 1 sobre las mismas.. (Destacado de la Sala).
A partir del criterio acogido por esta Sala, se observa que el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, aplicable rationae temporis al caso bajo análisis, preceptúa que cuando el patrono o el trabajador se encuentren obligados al pago de un tributo, la base de cálculo del mismo está constituida por el salario normal, cuyo concepto se encuentra definido en el artículo 1° del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la Remuneración (publicado en Gaceta Oficial Nº 35.134 del 19 de enero de 1993), el cual establece:
Artículo 1. Cuando la Ley establezca como base de cálculo el salario normal, se entenderá por tal la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente, durante su jornada ordinaria de trabajo como retribución por la labor prestada.... (Destacado de la Sala).
Por tanto, conforme a la reiterada y pacífica jurisprudencia de este Alto Tribunal antes reseñada y de acuerdo a la normativa transcrita, aplicables al presente debate, forzosamente juzga esta Sala que, conforme fue apreciado por el a quo, las utilidades, sean estas legales o convencionales, no resultan gravables a los fines del cálculo de la contribución del dos por ciento (2%) prevista en el numeral 1 del artículo 10 de
En consecuencia, debe esta Alzada declarar la ilegalidad e improcedencia de la obligación tributaria impuesta a la sociedad mercantil Gramoven Distribuidora, C.A., por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), mediante el Acta de Reparo No. 033492, dictada en fecha 11 de octubre de 2001 por
En cuanto a la multa impuesta debe esta Alzada, una vez verificada como ha sido supra la ilegalidad de la determinación de la obligación tributaria principal, y a partir de la accesoriedad que enmarca a dicha multa, declarar igualmente la nulidad de la misma. Así se declara.
Por las razones expuestas, resulta imperioso para esta Sala declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y, por consiguiente, confirmar en todas sus partes la sentencia Nº 099/2003 dictada el 31 de marzo de 2003 por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de
V
DECISIÓN
En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1) SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Maira Trinidad Capote Gamez, actuando con el carácter de representante judicial del INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), contra la sentencia Nº 099/2003, dictada el 31 de marzo de 2003 por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de
2) En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada y, por consiguiente, se CONFIRMA la declaratoria de nulidad de la referida resolución.
3) Se confirma
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
EVELYN MARRERO ORTÍZ
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En quince (15) de diciembre del año dos mil cinco, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 06560.
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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