Sentencia N.º 068
- Sentencia
- N.º 068
- Fecha
- 01/03/2011
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C10-417
- Ponente
- Deyanira Nieves Bastidas
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS.
El 12 de abril de 2010, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, estableció los hechos siguientes: ( ) en fecha 03-11-2008, aproximadamente a las 4:30 horas de la tarde en la parte trasera de la Escuela Técnica Industrial, ubicada en Vista Hermosa, al frente del Supermercado Central Madeirense, allí desde tempranas horas de la tarde existía una manifestación estudiantil y en primer lugar llegó la Policía del Estado (sic) y a eso de las cuatro y media de la tarde llegó una comisión de la Guardia Nacional que para ese momento, entró por la parte de atrás del Estadio Dalla Costa y procedieron funcionarios tanto de la Guardia Nacional como Policías del estado a efectuar disparos en contra de la muchedumbre, logrando impactar en ese momento con el arma de fuego al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), que (sic) contaba con 16 años de edad y además hirieron al adolescente de 16 años, de nombre (IDENTIDAD OMITIDA) ( )
Por esos hechos y en la fecha antes indicada, el citado Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio, a cargo del ciudadano Juez Ramón Antonio Vallés, CONDENÓ al ciudadano ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL, venezolano, portador de la cédula de identidad Nº 15.469.776, a la pena de DIECISEIS (16) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, por los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO previstos y sancionados en los artículos 405 y 281 del Código Penal, cometidos en perjuicio del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA).
El 27 de abril de 2010, los ciudadanos abogados César Augusto Zambrano Planchart y Braulio Medina, en su carácter de defensores del acusado ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL, ejercieron recurso de apelación contra el fallo anterior. El representante del Ministerio Público no dio contestación al recurso interpuesto.
El 14 de septiembre de 2010, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, integrada por los ciudadanos jueces Gabriela Quiaragua González (ponente), Gilda Mata Cariaco y Omar Alonso Duque Jiménez, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Defensores del ciudadano acusado y CONFIRMÓ la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio.
Notificadas las partes de la anterior decisión, los ciudadanos abogados, César Augusto Zambrano Planchart y Braulio Medina, en su condición de defensores del ciudadano ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL interpusieron recurso de casación.
Vencido el lapso establecido en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que el representante del Ministerio Público actuante en la controversia, diera contestación al recurso de casación interpuesto, la referida Sala Única de la Corte de Apelaciones, remitió las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.
El 10 de diciembre de 2010, ingresó el expediente al Tribunal Supremo de Justicia y se dio cuenta en Sala de Casación Penal, correspondiendo la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse sobre la desestimación o admisibilidad del recurso, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN
PRIMERA DENUNCIA
Con fundamento con el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal los recurrentes alegaron en la primera denuncia del recurso que: ( ) denuncio la violación de Ley por falta de aplicación de los artículos 173 y 364 numeral cuarto del Código Orgánico Procesal Penal cometida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, al momento de proferir su fallo, convalidando de forma inmotivada, la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Juicio.
En el presente caso, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Bolívar al decidir sobre el recurso de apelación de Sentencia interpuesto por la defensa, se limito (sic) simplemente a señalar que el tribunal recurrido realizo (sic) una comparación entre las declaraciones ofrecidas en la audiencia de juicio por los testigos y los funcionarios policiales valorando cada uno de los medios probatorios evacuados en el contradictorio conforme a la sana critica (sic), observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, siendo dichas declaraciones determinantes para inculpar al acusado de auto (sic), en lo (sic) delitos que le fueron imputados, por lo que considero (sic) la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Bolívar, que no se encontró en modo alguno la ausencia de motivación. Sigue señalando la Corte de Apelaciones del estado Bolívar ´Resulta acertado sostener que; el tribunal si motivo debidamente, pues de los extractos mencionados así como del curso del resto del fallo objetado, emerge la descripción de los hechos que se dan por probados con mención específica de cada uno de los medios de prueba que sirvieron al sentenciador para elaborar en forma lógica y coherente la sentencia.´
La defensa esta argumentación de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, que no encuentra en modo alguno la ausencia de motivación. (sic)
Quiere señalar o exponer lo siguiente de las pruebas que fueron evacuadas en el juicio oral y público las cuales sirvieron de fundamento al Juez de primera instancia para condenar al acusado; la Corte de Apelaciones, solo (sic) se limito (sic) a señalar que el juez si motivo (sic) debidamente su fallo, y del extracto que se menciono (sic) anteriormente.
Continúan alegando que ( ) se evidencia que la Corte de Apelaciones del Estado (sic) Bolívar, valoro (sic) las pruebas fijadas en el juicio de primera instancia y estableció hechos del proceso por su cuenta, ciudadanos Magistrados, la Corte de Apelaciones al dictar su sentencia describió hechos aislados tomando solo (sic) en consideración los hechos que inculpan a nuestros asistido omitiendo hechos que lo favorecen, por lo que se oculta la verdad procesal u ofrece solo (sic) un aspecto de tal verdad o suministra una versión procesal de la misma, además priva al fallo de la base lógica en cuanto a motivación se refiere, puesto que la sentencia debe elaborarse sobre el resultado que suministre el proceso pero se debe tomar en consideración las pruebas o hechos que favorezcan al acusado. El sentenciador está obligado a considerar todos los elementos cursantes en el expediente tanto los que obran en contra como a favor del imputado para así poder admitir lo verdadero y desechar lo inexacto, así el texto objetivo penal establece al respeto (sic) de la valoración de las pruebas, el sistema de la libre convicción razonada que exige como presupuesto fundamental la existencia de la prueba, de manera que el juez pueda tomar su convicción con las pruebas aportadas al proceso y practicadas en el juicio oral, y es precisamente sobre la que descansa toda la experiencia jurídica dirigida a ratificar o desvirtuar la inocencia del justiciable.
La Corte de Apelaciones realizo (sic) una narración incompleta de los hechos por cuanto hizo referencia solamente a las prueba (sic) que el tribunal de juicio adminiculo (sic), solamente para condenar al acusado, no tomo (sic) en consideración aquellas pruebas señaladas por la defensa que favorecen al acusado de autos.
Esto (sic) se infiere, cuando en la fundamentación para decidir la Corte de Apelaciones, estableció que el delito de Homicidio Intencional Simple y el uso Indebido de Arma de Fuego, quedó demostrado con el testimonio de los funcionarios del CICPC, funcionarios policiales, y testigos, sin tomar en cuenta declaraciones de funcionarios del CICPC, POLICIALES Y TESTIGOS, que favorecían a nuestro asistido, y en tal sentido esta defensa pasa reseguido a narrar estas declaraciones no señaladas por la Corte de apelaciones (sic) en su sentencia.
Con relación la deposición de los testigos podemos argumentar lo siguiente, los expertos del CICPC en conjuntos (sic) señalaron ante el Tribunal que el día 03-11-08 cuando ocurrieron los hechos no pudieron realizar diligencias de interés criminalístico por lo avanzado de la hora y que el sitio del suceso quedo (sic) resguardado, que el día 04-11-08 la funcionaria Raíza Azcanio se traslado (sic) con un equipo de criminalística al sitio del suceso recolectando conchas y cartuchos de escopeta, las cuales fueron debidamente fijadas, fotografiadas, embaladas, rotuladas y envidas al área de criminalística del CICPC con sede en San Félix.
Asimismo el día 04-11-08, el funcionario Reinaldo Arteaga en compañía de otro funcionario colecta varias evidencias como son cartuchos calibre 12 de escopeta, 6 conchas percutidas 9mm y 1 proyectil deformado, señala que las conchas fueron halladas en el extenso espacio del campo de beisbol del Estadio Dalla Costa, este mismo funcionario Reinaldo Arteaga en fecha 08-11-08 realiza nueva inspección técnica al sitio del suceso localizando nuevas evidencias con ayuda de funcionarios, encontró varias conchas que no recuerda. El experto José Ballenilla Lezama señaló que realizaron una reconstrucción de hechos sin estar presentes los funcionarios de la guardia nacional, que ubicaron a MARQUEZ (sic) MIRABAL a veinte metros de donde falleció el occiso. Asimismo el día 08-11-08 la funcionaria Giovanna Sambrano hizo inspección técnica en el sitio del suceso encontrando dos conchas de balas calibre 9mm en un radio de diez metros y una bala percutida calibre 9mm, en esa inspección participaron los funcionarios Joel Carvajal, Aníbal Torrealba y Johnny España. Asimismo los funcionarios expertos del CICPC practicaron pruebas de trayectoria balística donde se tomo (sic) en consideración para ubicar al tirador la reconstrucción de (sic) hecho (sic) realizada por los funcionarios del CICPC quienes a mutus (sic) propio sin estar presente un Tribunal, Fiscal y las partes procedieron ellos mismo (sic) a ubicar los tiradores a su libre albedrío de acuerdo a las conchas supuestamente encontradas en el lugar de los hechos, dando como resultado positivo que las dos conchas supuestamente disparadas por el arma de MARQUEZ (sic) MIRABAL coincidían con la posición que tenía el cadáver y que la misma concatenaba con la prueba de hilo pabilo como tirador. Igualmente funcionarios del CICPC señalaron que no recordaban si el sitio del suceso estaba reguardado, asimismo otros señalaron que por ser un sitio abierto por allí transitaban estudiantes y personas de la comunidad, y que al siguiente día de haber ocurrido los hechos estaba presente una cuadrilla de la Gobernación desmalezando el terreno, esto fue aseverado por el funcionario Johnny José Acevedo en su declaración quien señalo (sic) que el día 04-11-08 recolectaron conchas de escopeta y 9mm, ese mismo funcionario señala que en fecha 08-11-08 encontró en el lugar del hechos (sic) 07 conchas calibre 9mm y el mismo reconoció que por ese sector lugar de los hechos transitaba un tropel de gentes y había trabajado una cuadrilla de la Gobernación. Igualmente señaló que el día 05-11-10 se hizo presente una comisión del CICPC de caracas (sic) e hicieron una reconstrucción de hechos en el sitio del suceso. También el funcionario Lenni Orjuela en compañía con los funcionarios Luis (sic) Ortiz y Tony España el día 06-11-08 se trasladaron al sitio del suceso recolectando dos conchas de bala 9mm ubicado al lado de la tercera base a 32 mts del occiso, asimismo señalaron que en el lugar de los hechos existió alteración del orden público, daños a terceros como la destrucción de quioscos y vehículos.
En cuanto a los FUNCIONARIOS POLICIALES, todos en conjunto son contestes en afirmar que existía una manifestación estudiantil que hubo una alteración del orden público causando los estudiantes daños a propiedades de terceros, que ellos se ubicaron en la parte externa del sitio del suceso tratando de controlar una manifestación estudiantil. Asimismo señalaron que en el estadio Dalla Costa ingresaron tres funcionarios de la Guardia Nacional y varios policías, que un funcionario de la Guardia Nacional fue agredido por los estudiantes y este (sic) hizo uso de su arma de reglamento causándole la muerte a un estudiante, los describen como una persona de piel trigueña de 1.60 mts de estatura, que estaba vestido de militar con casco y chaleco antibalas y que no podían identificarlo.
Con relación a los ESTUDIANTES, en conjunto al deponer ante el tribunal señalaron que estaban protestando por reivindicaciones estudiantiles cuando llego (sic) la Policía y la Guardia Nacional, que en el área del estadio un estudiante al que le dicen loco loco (hoy occiso) le lanzó un botellazo a un Guardia Nacional que hizo uso de su arma causándole la muerte al estudiante (IDENTIDAD OMITIDA), señalan los estudiantes que se trataba de un Guardia Nacional gordito, de piel trigueña y de un 1.60 mts de estatura, que estaba vestido de militar portando chaleco antibalas y casco motivo por el cual no pudieron identificarlo. También señalaron que sus compañeros causaron daños a bienes de terceros tales como Kioscos de comisas rápida y vehículos. Es importante señalar que estos estudiantes señalaron al Tribunal que ellos recolectaron alrededor de 9 conchas calibre 9mm, conchas de báculas y además expusieron que el hoy occiso fue trasladado por ellos mismos del lugar donde cayó mortalmente herido a otro lugar distante, alterando de esta forma el lugar exacto de la ubicación donde falleciera el occiso y esto no fue tomado en consideración por los funcionarios del CICPC, ni por el Tribunal de Primera Instancia y mucho menos por la Corte de Apelaciones del Estado (sic) Bolívar en su sentencia.
En cuanto a la declaración de los FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA en su conjunto simplemente señalan que se trasladaron al Central Madeirense ya que recibieron información de su Comando que se estaba realizando un saqueo y al constatar que se trataba de una manifestación estudiantil regresaron a su comando a informar tal situación que posteriormente cuando regresaron, fue que les informaron que había un muerto en el estadio.
Todo lo antes expuesto por todos estos testigos y expertos que depusieron en el juicio oral y público no fue tomado en consideración por la Corte de Apelaciones, sino que simplemente se limitó a señalar declaraciones y hechos que incriminaban al acusado, al extremo de transcribir en su sentencia declaraciones de funcionarios del CICPC, que sirvieron de fundamento para condenar a nuestro asistido, pero en ningún momento se ocupo (sic) de hacer referencia de las declaraciones antes señaladas que favorecían al acusado.
Esta defensa quiere señalar que la declaración de los expertos del CICPC no son contestes, ni pueden ser adminiculadas entre sí, así como tampoco las experticias realizadas dan por demostrado la responsabilidad penal de mi asistido en el hecho incriminado toda vez que al practicar tales experticias en el sitio del suceso el mismo estaban (sic) contaminado desde el primer momento, ya que por el lugar transitaban estudiantes y personas de ese sector, además estaba presente una cuadrilla de la Gobernación realizando labores de desmalezamiento y tampoco se tomó en consideración para practicar tales experticias que el cuerpo del occiso fue trasladado por los propios estudiantes a un lugar distante del sitio a donde fue mortalmente herido, por lo tanto la Corte de Apelaciones no debió convalidad(sic) las pruebas de experticias y declaraciones realizadas por los funcionarios que depusieron en el juicio oral y público. Esta decisión constituye un exiguo argumento que impone una reflexión sobre lo que constituye el espíritu, naturaleza y razón de una decisión judicial, cualquiera que esta (sic) sea.
Como ha podido apreciarse de los párrafos antes transcritos, no se cumplió la exigencia legal de efectuar una exposición razonada de los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la determinación condenatoria en contra del acusado: tanto es así que la corte (sic)de Apelaciones no realizo (sic) un examen lógico de los hechos y de las pruebas, se limito(sic) solamente a avalar la decisión del tribunal(sic) segundo (sic) de Primera Instancia en Función de Juicio del Primer Circuito judicial (sic) del estado Bolívar, que condeno (sic) al acusado. Sin tomar en cuenta ni valorar o mencionar las pruebas que favorecían al Ciudadano (sic) Marguez (sic) Mirabal.)
Ciudadanos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, salta a la vista el vicio de inmotivación que se denuncia por medio del presente Recurso, por cuanto, como se señaló precedentemente la corte (sic) de apelaciones (sic), sin analizar todos los elementos de prueba como lo son los (exculpatorios) que favorecían al acusado por el hecho imputado por el Ministerio Público no los analizo (sic), simplemente ratifico (sic) inmotivadamente la sentencia de primera instancia Omissis
Cabe destacar, con relación a la culpabilidad de mi defendido, que en todas las etapas del proceso se debe mantener la Presunción (sic) de inocencia, porque para que haya declaratoria de condena debe estar demostrada la conducta punible y la responsabilidad del imputado, porque si hay una duda procede la materialización de la presunción de inocencia con la máxima de in dubio pro reo. En el proceso penal no es suficiente la admisión de culpabilidad del imputado para dictar una sentencia condenatoria, sino que debe estar probada la responsabilidad en forma adecuada.
Ciudadanos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Corte de Apelaciones al momento de decidir aprecia los elementos probatorios que sirvieron para condenar a nuestro asistido, está obligada a verificar que estos deben ser lo suficientemente contundentes como para desvirtuar la presunción de inocencia que acompaña por derecho constitucional y legal a todo acusado, es decir, no puede quedar ninguna duda en tal apreciación que contrarié (sic) el principio constitucional; y esa contundencia no se verificó y mucho menos resulto (sic) desvirtuada la presunción de inocencia que auxilia a mi asistido.
La revisión del fallo, nos conduce a concluir que la Corte de Apelaciones no dio cumplimiento a esa exigencia de la decisión que se impugna y que constituye un presupuesto para la validez de la misma, la cual al ser ratificada en tales términos, coloca al acusado con un franco estado de indefensión, de allí que se imponga, la censura casacional para corregir este agravio a la tutela Judicial efectiva, el debido proceso y por ende el derecho a la defensa, pilares fundamentales del proceso penal tal como lo indica en forma terminante el constituyente de 1999 en el Artículo 49 de nuestra carta de Derechos.
(sic) Tutela Judicial Efectiva, está consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, y que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia motivada y fundada en derecho, que ponga fin al proceso y que se ajuste a dos exigencias: Que las sentencias sean motivadas, y que sean congruentes.( )
Para finalizar alegan que: ( ) la Corte de Apelaciones no motivó debidamente la sentencia no tomó en consideración los argumentos de la defensa en el sentido de realizar un análisis objetivo de las pruebas señaladas y que favorecían al acusado.
SEGUNDA DENUNCIA
Los recurrentes señalaron que: ( )con fundamento en el artículo 460, primer Supuesto del código (sic) Orgánico procesal (sic) penal (sic) , denuncio (sic) la violación de ley por falta de aplicación de los artículos 190 y191 del código(sic) Orgánico Procesal Penal, cometido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, por no Anular el fallo, convalidando, la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Juicio, violentando con esa decisión los artículos 49 ordinal primero, y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con los artículos 1 y 12, del Código Orgánico Procesal Penal.
Como punto previo, es menester acotar que el derecho (sic) la Defensa y al Debido Proceso, constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimiento. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír(sic) las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes, el tiempo y lo medios adecuados para imponer su defensa. En cuanto al derecho a la defensa, la jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el acusado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas.
En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias, para demostrar su inocencia . Omissis
Continúan señalando que: ( )la Corte de Apelaciones del Estado(sic) Bolívar al no anular el fallo recurrido violento(sic) el Debido Proceso, el Derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, al confirmar la sentencia de primera (sic)instancia (sic).
Esta argumentación la sostenemos por cuanto la corte de apelaciones convalido(sic) la motivación y decisión del tribunal(sic) segundo(sic) de primera Instancia en lo penal del primer(sic) circuito(sic) judicial(sic) de no Evacuar la Prueba de Reconstrucción de los hechos promovida por la defensa dando cumplimiento al artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo admitida en la celebración de la audiencia preliminar por el Juez de Control, para ser practicada en juicio, tomando en consideración el Principio de Inmediación por parte del juez de juicio.)
Al respecto la Corte de Apelaciones argumentó lo siguiente:
´Por último, habiendo a su vez en su 2da denuncia, expuesto los apelantes, lo atinente a la falta de práctica de la prueba por ellos solicitadas de reconstrucción de(sic) hechos, a juicio de esta (sic) alzada, esta decae igual que las anteriores por infundada, para lo cual alegan los recurrentes, del escrito de apelación folios 28 y 29.
Siendo ello así, continua (sic) impróspero(sic) argumento de la defensa, pues no entiende este Tribunal de Alzada como(sic) es que los apelantes se precipitan en afirmar que ´que se pudo haber practicado la reconstrucción de los hechos por cuanto las alteraciones existentes en el lugar de los hechos no iban (sic) incidir en el resultado ´si serían los expertos que acudieron a juicio y quienes concurrieron a la infructuosa constitución del tribunal en el sitio del suceso para realizar el acto de reconstrucción de los hechos, quienes aseguran que existía un alteración del sitio del suceso y que los resultados no serian (sic) los mismos, tal cual se puede leer al folio 208 de la 9 pieza,, y así lo asevera el tribunal en su fundamentación.´
La defensa quiere señalar que la prueba de reconstrucción de hechos fue admitida en la celebración de la Audiencia Preliminar, pero es el caso que en el juicio oral y público antes de que se concluyera con la evacuación de pruebas la Fiscalía del Ministerio Público anunció al Tribunal un Cambio de Calificación por los delitos por los cuales acusaba a nuestro asistido, motivo por el cual el juez de primera instancia nos manifestó lo conducente, pero en ningún momento señalo(sic) que el acogía tal cambio de calificación jurídica, por lo que esta defensa solicito(sic) la suspensión del juicio y promovió nuevas pruebas entre las cuales estaba la reconstrucción de(sic) hecho (sic), siendo suspendido por el juez el juicio y admitiendo todas las nuevas pruebas solicitada por la defensa, ordenando una reconstrucción de(sic) hecho(sic) la cual no se práctico(sic) aduciendo que el sitio del suceso estaba alterado por cuanto en el terreno había sido desmalezado y en la parte adyacente al Liceo Dalla Costa que colinda con el estadio se construyo(sic) un paredón; la defensa estando en el lugar insistió al Tribunal en que se practicara la reconstrucción de(sic) hecho(sic), la cual había sido admitida por el Tribunal de Control en la celebración de la audiencia preliminar, y promovida en el transcurso del juicio debido al cambio de calificación de los hechos punibles por parte de la Fiscalía del Ministerio Público y la cual fue nuevamente admitida por el juez de juicio, quien habiéndose trasladado al sitio del suceso argumento(sic) que no podía practicarse por cuanto los expertos del CICPC y los Fiscales del Ministerio Público se opusieron cuestión esta(sic) que le extraño(sic) a la defensa así como a nuestro asistido, quienes insistimos al Juez que se practicara la prueba por cuanto las alteraciones habidas no impedían la realización de la misma por cuanto el hecho punible ocurrió fue dentro del campo de Beisbol del estadio Dalla Costa.
Ahora bien, considera la defensa que se pudo haber practicado la reconstrucción de (sic) hecho (sic) por cuanto las alteraciones existentes en el lugar de los hechos no iban a impedir su realización, y que se pudo haber ubicado a todos los tiradores en el lugar de los hechos, así como sus motos y determinar qué posición ocupaban cada uno con relación al sitio exacto donde el occiso cayó mortalmente herido y no el sitio donde fue trasladado posteriormente. La defensa sostiene tal apreciación por cuanto la construcción del paredón que colinda con el estadio esta distante al lugar donde se originaron los hechos y lo único que había alterado en el lugar era el desmalezamiento del monte, por lo tanto con esa decisión de la Corte de Apelaciones de convalidar esta decisión del tribunal(sic) de Primera Instancia de no realizar la prueba debidamente admitida se vulnero(sic) flagrantemente el derecho a la defensa y el debido proceso lo que vicia de nulidad esta sentencia, por(sic) lesiono(sic) un derecho constitucional que asiste al acusado. Como lo es el derecho a la Defensa, al no anular el fallo que se recurrió.
Para finalizar, la defensa considera que no existe plena prueba y en esta decisión del tribunal (sic) de Primera Instancia está presente una violación al Derecho a la defensa y la Tutela Judicial Efectiva, motivo por el cual no se debió condenar al acusado por los delitos que acusaba el Fiscal del Ministerio Público, mal podía la Corte de Apelaciones convalidarla y condenar al acusado, vulnerando de esta forma el principio de valoración de las pruebas. Por consiguiente, en el presente caso son abundantes lo vicios denunciados Omissis
Por último los recurrentes solicitan a esta Sala que: ( ) el presente recurso sea declarado con lugar, y se decrete la nulidad del fallo por la decisión recurrida, y se ordene la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público ante otro Tribunal distinto al que la dictó ( ).
La Sala, para decidir, observa:
Revisado como ha sido el recurso de casación interpuesto por los ciudadanos CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO PLANCHART Y BRAULIO MEDINA, en su condición de Abogados del acusado ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL, y en virtud de que las denuncias anteriormente transcritas guardan estrecha relación entre sí, la Sala procede a resolverlas de forma conjunta.
Del análisis y estudio realizado al recurso de casación presentado por los defensores del ciudadano ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL, se evidencia que el mismo no cumple con los requisitos señalados en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, a los efectos de la correcta fundamentación del mismo.
Si bien es cierto los recurrentes en sus denuncias alegan de manera muy somera el vicio de inmotivación; también es cierto que en el desarrollo de las transcritas denuncias no señalan la razón jurídica en virtud de la cual la Corte de Apelaciones del estado Bolívar incurrió en el vicio de inmotivación de sentencia, sino que por el contrario entran a realizar un análisis y comparación de una serie de pruebas que presuntamente favorecían al acusado y que según los recurrentes no fueron analizadas ni tomadas en consideración por la Corte de Apelaciones.
Ahora bien, es conveniente aclarar a los recurrentes que tal vicio de inmotivación, por falta de análisis, comparación y valoración de pruebas, no puede ser atribuido a la Corte de Apelaciones, toda vez que dicha actividad corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Juicio, son ellos los que presencian el debate y establecen los hechos en el proceso, y es en el debate oral y público, donde se obtendrá un correcto conocimiento de las mismas, cumpliéndose de esta forma con los principios de oralidad, publicidad e inmediación, por lo tanto mal pueden los recurrentes atribuirle a la Corte de Apelaciones, el análisis, comparación y valoración de pruebas, ya que como se dijo antes es una función propia del Tribunal de Juicio; las Cortes de Apelaciones sólo pueden valorar aquellas pruebas que hayan sido promovidas en el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal.
Al respecto la Sala de Casación Penal ha señalado que: ( ) las Cortes de Apelaciones en ninguna circunstancia pueden analizar, comparar ni valorar pruebas, pues la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que se estiman acreditados para la configuración de los delitos analizados, les corresponde a los juzgados de Juicio en virtud del Principio de inmediación, y por ello, las mismas (Cortes de Apelaciones) estarán sujetas a los hechos ya establecido(s ) (Sentencia N° 418 del 9 de Noviembre de 2004)
En este mismo sentido ha establecido que ( )El conocimiento que sobre los hechos tiene la Corte de Apelaciones, se produce de manera indirecta y mediata, por cuanto es un tribunal que conoce de Derecho y de los posibles vicios cometidos en el juicio que precede a la sentencia recurrida. Por ello, les está vedado dictar una decisión propia, estableciendo hechos nuevos o considerando y desvirtuando pruebas ya fijadas por el tribunal de instancia, lo cual atentaría contra el principio de inmediación que garantiza el sistema acusatorio ( ). (Sentencia 303 del 29 de junio de 2006.).
En este mismo orden de ideas ha indicado que:( ) por imperativo de su falta de inmediación respecto a la prueba debatida en el juicio oral, la Corte de Apelaciones no puede valorar las pruebas fijadas en el juicio de primera instancia con criterios propios ni establecer los hechos del proceso por su cuenta ( ). |(Sentencia Nº 454, del 3 de noviembre de 2006).
En consecuencia, y en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, SE DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los ciudadanos CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO PLANCHART Y BRAULIO MEDINA en su condición de abogados del acusado ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL, con fundamento en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley DECLARA DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los ciudadanos CÉSAR AUGUSTO ZAMBRANO PLANCHART Y BRAULIO MEDINA en su condición de abogados del acusado ARMANDO RODERIK MÁRQUEZ MIRABAL, con fundamento en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, al primer (1°) día del mes de Marzo de 2011. Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO
La Magistrada Vicepresidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
Ponente
Los Magistrados,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DNB/
Exp. RC10-417.
LA MAGISTRADA DOCTORA BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN NO FIRMO POR AUSENCIA JUSTIFICADA.
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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