Venley

Sentencia N.º 0689

Sentencia
N.º 0689
Fecha
05/04/2006
Sala
Casación Social
Expediente
05-1459
Ponente
Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

En el proceso de cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, instaurado por el ciudadano JOSÉ FRANCISCO ARIAS VELÁSQUEZ, representado judicialmente por los abogados Marcos Chandler Ghent, Gloria Zambrano Palencia, Jairo Campos, María Carolina Nava Luzardo, Antonia Morales, Naman González, Luis Ángel Acasio Liscano, Eduard Fernández Segovia, Jackeline del Carmen Medina y Alfredo Valarino, contra la sociedad mercantil ZARAMELLA & PAVAN CONSTRUCTION COMPANY, S.A., representada judicialmente por los abogados Luis Fereira Molero, David Fernández Bohórquez, Carlos Alfonzo Malavé González, Joanders José Hernández Velásquez, Nancy Ferrer Romero, Alejandro Fereira Rodríguez y Marcy Vilchez Rosales; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, publicó sentencia enfecha 11 de julio de 2005, mediante la cual declaró: 1) parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la demandada, contra la decisión dictada el día 20 de mayo de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró parcialmente con lugar la demanda; 2) con lugar la apelación interpuesta por el demandante contra ese mismo fallo; 3) revocó la decisión recurrida; y 4) parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra el fallo de alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 27 de septiembre de 2005, se dio cuenta del asunto y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Celebrada la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha 30 de marzo de 2006, y emitida la decisión en forma oral e inmediata conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir la misma, en los siguientes términos:

 

RECURSO DE CASACIÓN

- I -

 

De conformidad con el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción de los artículos 120 de la referida Ley, 12 del Código de Procedimiento Civil y 8, literal d) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, por falta de aplicación, “infracciones cometidas por el Juez Superior al incurrir en el segundo caso de suposición falsa de los contenidos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”; así como la infracción de los artículos 75 y 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por errónea interpretación y falsa aplicación, respectivamente.

 

Como fundamento de su denuncia, señala el formalizante:

 

(...) las partes sostuvieron una relación laboral signada por un CONTRATO A TIEMPO INDETERMINADO, de conformidad con el artículo 75 eiusdem [de la Ley Orgánica del Trabajo] y el literal d) del artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, presumiéndose salvo prueba expresa e inequívoca en contrario, la continuidad de la relación laboral, es decir, que la misma, se inició en fecha 24 de enero (de) 1979 y que culminó con el despido injustificado del trabajador (…) ocurrido en fecha 11 de diciembre de 2002, pero en el presente caso, el Juez de la recurrida estableció falsamente en su fallo (…) el hecho de que entre el trigésimo segundo (32°) y el trigésimo tercero (33°) de los contratos de obra, reportes de trabajo o planillas de ingreso suscritos entre las partes litigantes y traídos al proceso por la parte accionada, mediaron CINCO (05) MESES y UN (01) DÍA, es decir, que el trabajador no laboró para la demandada desde el día 21 de diciembre de 2001 hasta el 22 de mayo de 2002, sin que constase en el expediente de la causa, prueba alguna, aportada por las partes litigantes, que le demostrase al Juez dicho argumento de hecho de forma expresa e inequívoca, es decir, que las partes dejaron de estar vinculadas en ese período aludido, violentando de esta manera los dos últimos apartes del artículo 75 ibídem, que señalan la presunción de la contratación a tiempo indeterminado y la falta de aplicación del Principio de Conservación de la Relación Laboral.

Ciudadanos Magistrados, con esa falsa suposición, el Juzgador de la recurrida violenta los artículos 120 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 12 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación, normas estas que establecen lo siguiente:

(Omissis)

(…) el ad quem sacó elementos de convicción fuera de los alegados y probados en juicio, es decir, que el Juzgador de Alzada, presumiendo la buena fe de la parte demandada y tomando en cuenta, única y exclusivamente la circunstancia de que ésta no consignó el Contrato de Obra correspondiente al período desde el 22 de diciembre de 2001 hasta el 20 de Mayo de 2002, dio por demostrado y probado en actas el hecho falsamente asentado en su Sentencia, de que en ese período las partes no estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo a tiempo indeterminado (…), incurriendo de esta manera en el segundo de los casos de suposición falsa de los contemplados en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil (…).

(Omissis)

En resumen Ciudadanos Magistrados, el Tribunal ad-quem, en su fallo dejó falsamente establecido el hecho de que existió una Interrupción de CINCO (05) MESES Y UN (01) DÍA en la relación de trabajo que sostuvieron el actor y la Empresa demandada, es decir, que no hubo continuidad en la relación laboral a partir del día 21 de diciembre de 2001 hasta el 22 de mayo de 2002, llegando a concluir, que el actor (…) sostuvo dos (02) relaciones laborales independientes la una de la otra para la misma Empresa demandada (…), la primera, desde el 24 de enero de 1979 hasta el 21 de diciembre de 2001, o dicho en otros términos, por espacio de VEINTIDOS (22) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS, y luego, en una segunda, desde el 22 de mayo de 2002 hasta el 11 de diciembre de 2002, es decir, por espacio de CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS, sin que la Empresa demandada hubiese cumplido su carga procesal de haber aportado alguna prueba expresa que indicase de manera inequívoca la voluntad de las partes de desvincularse, tal como fuera alegado por la demandada en su Escrito de Contestación (…) y declarando en consecuencia, la Prescripción de la acción del primero y más importante de los períodos citados (…).

 

Conteste con los alegatos expuestos por el formalizante, el sentenciador de la recurrida incurrió en un falso supuesto, al considerar que el trabajador no laboró para la demandada durante cinco (5) meses y un (1) día, comprendidos entre el 21 de diciembre de 2001 y el 22 de mayo de 2002, sin que conste en autos prueba “expresa e inequívoca”, demostrativa que las partes dejaron de estar vinculadas en ese período, y con ello violentó los artículos 120 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 12 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación. Según afirma, lo anterior llevó al juez a concluir que existieron dos relaciones laborales –una, entre el 24 de enero de 1979 y el 21 de diciembre de 2001, y la otra, entre el 22 de mayo de 2002 y el 11 de diciembre de ese mismo año–, con lo cual incurrió en errónea interpretación del artículo 75 de la Ley Orgánica del Trabajo y falta de aplicación del artículo 8, literal d) de su Reglamento.

 

Delata que, como consecuencia de lo anterior, el juzgador aplicó falsamente el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto estableció la prescripción de la acción en lo que respecta a los conceptos laborales relativos a la primera de dichas relaciones laborales.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El juzgador de alzada consideró que para poder determinar si había operado la prescripción opuesta por la demandada, era necesario dilucidar lo relativo a la continuidad de la relación de trabajo, y que la carga de demostrar la discontinuidad de la misma, correspondía a la demandada. Asimismo, después de examinar las pruebas promovidas por las partes, evidenció que existieron dos períodos de trabajo, a saber, desde el 24 de enero de 1979 hasta el 21 de diciembre de 2001, y desde el 22 de mayo de 2002 hasta el 11 de diciembre de 2002, iniciando el segundo de ellos después de cinco meses y un día. A continuación, constató el transcurso de un año, un mes y dos días desde la finalización de la primera de dichas relaciones de trabajo y la interposición de la demanda, por lo que declaró la prescripción de la acción respecto de los derechos derivados de esa relación.

 

Ahora bien, en la contestación de la demanda, la empresa accionada negó que la relación laboral hubiera sido ininterrumpida y alegó que entre esa empresa y el actor se celebraron treinta y cuatro (34) contratos de trabajo para obras determinadas, entre los cuales había interrupciones que evitaban la continuidad laboral; igualmente, especificó las fechas de cada uno de esos contratos, correspondiendo los últimos de ellos a los períodos del 20 de noviembre de 2001 al 21 de diciembre de 2001, del 22 de mayo de 2002 al 25 de octubre de 2002, y del 29 de noviembre de 2002 al 11 diciembre de 2002.

 

Al haber alegado un hecho nuevo, efectivamente correspondía a la demandada la carga de la prueba, y por tal motivo, su representación judicial produjo en autos pruebas documentales, consistentes en las planillas de ingreso elaboradas por el actor al inicio de cada contrato, y en las liquidaciones de las prestaciones sociales que le correspondían por cada período laborado.

 

De las pruebas señaladas, se desprende que las partes del presente proceso celebraron distintos contratos de trabajo para obras determinadas; en este sentido, en las planillas de ingreso se indica que la “condición de empleo” es para una obra determinada, y se describe la obra en cuestión como “atracaderos Corpoven”, “revestimiento y movilización de tubería”, “revestimiento de concreto lines (sic) 24 (Lagoven)”, “fabricaión (sic) e instalación de la ampliación de la estación EF-UD-3”, entre otras. Adicionalmente, en las distintas formas de liquidación se indica el período trabajado para la concreción de cada obra, coincidiendo cada uno de ellos con los alegados por la demandada en el escrito de contestación. Así, los últimos contratos correspondieron a los períodos del 20 de noviembre de 2001 al 21 de diciembre de 2001, del 22 de mayo de 2002 al 25 de octubre de 2002, y del 29 de noviembre de 2002 al 11 diciembre de 2002.

 

Como se observa, la empresa demandada demostró la celebración de distintos contratos de trabajo para una obra determinada, así como la duración de cada uno de ellos, de donde deriva el tiempo que transcurrió entre uno y otro; en este orden de ideas, se evidencia que un contrato finalizó el 21 de diciembre de 2001, y el siguiente comenzó el 22 de mayo de 2002.

 

Si bien el demandante sostiene que no existe una prueba expresa e inequívoca de la inexistencia de un vínculo laboral entre las dos fechas señaladas –21 de diciembre de 2001 y 22 de mayo de 2002–, y afirmó que el juez ad quem presumió la buena fe de la demandada, esta Sala observa que la accionada probó los hechos nuevos alegados en la contestación, con respecto a la existencia y duración de los distintos contratos de trabajo para obras determinadas.

 

En consecuencia, el juzgador ad quem decidió de acuerdo con lo alegado y probado en autos, sin incurrir en el denunciado vicio de falso supuesto.

 

Por otra parte, en cuanto a la interpretación del artículo 75 de la Ley Orgánica del Trabajo, el sentenciador de la recurrida señaló:

 

(…) brevísimas interrupciones en la prestación de servicio, no autorizan para considerar que existan diferentes y sucesivos contratos de trabajo, sino una sola relación de trabajo.

(Omissis)

Al interpretar las disposiciones legales establecidas en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del Trabajo en relación a los contratos por obra y por tiempo determinado, aparentemente permiten que las partes pueden suscribir los contratos a tiempo determinado que quisiesen siempre y cuando medie entre ellos más de un mes, contradiciendo la disposición establecida en el artículo 73 eiusdem, según el cual el contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo determinado cuando no aparezca la voluntad expresa de las partes de manera inequívoca de unirse con ocasión de una obra determinada o tiempo determinado, concluyéndose que quienes se vinculan por contratos sucesivos y divididos en el tiempo por tiempo superiores (sic) a un mes, más bien expresan inequívocamente que han decidido unirse por tiempo indeterminado, afectando así la antigüedad del trabajador, de tal manera de suprimir la intención por parte de las empresas de evadir los efectos de la misma.

Sin embargo considera este sentenciador que al mediar entre las diversas contrataciones, reportes o planillas de ingreso, períodos superiores a tres meses, en ese caso sí existe manifiesta voluntad de interrumpir la continuidad de la relación de trabajo existente, y por lo tanto se evidencia que la continuidad de la relación no se materializó en este caso (Resaltado añadido).

 

De acuerdo con lo afirmado por el juzgador, las partes expresan su voluntad de vincularse por tiempo indeterminado cuando celebran sucesivos contratos para obras determinadas, separados entre sí por lapsos superiores a un mes, lo que no ocurre cuando dichos períodos son superiores a tres meses.

 

Ahora, ello no se corresponde con lo establecido en el penúltimo aparte del artículo 75 de la Ley Orgánica del Trabajo, según el cual se presume la relación por tiempo indeterminado, cuando haya transcurrido un mes, o menos, entre dos contratos de trabajo para una obra determinada celebrados sucesivamente. Sin embargo, ese error de interpretación no influye en el dispositivo del fallo, porque entre el 21 de diciembre de 2001 y el 22 de mayo de 2002 –cuando finalizó un contrato y comenzó el siguiente–, transcurrieron cinco meses, por lo que igualmente no operaba la presunción legal.

 

Determinada la existencia de distintas relaciones de trabajo, una de las cuales finalizó el 21 de diciembre de 2001, correspondía aplicar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y declarar la prescripción de la acción para reclamar los conceptos derivados de la misma –tal como lo hizo el ad quem–, por cuanto la demanda fue interpuesta en fecha 23 de enero de 2003, es decir, más de un año después.

 

Por las razones anteriores, la Sala desestima la denuncia bajo examen, y así se establece.

- II -

 

De conformidad con el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción del artículo 64, literal d) de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 1.973 del Código Civil, y del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falta de aplicación; así como del artículo 61 de la referida Ley Orgánica del Trabajo, falsa aplicación.

 

Como fundamento de su denuncia, alega la parte recurrente que, en el supuesto negado de existir dos relaciones laborales, el juzgador de alzada aplicó falsamente el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, con la consiguiente falta de aplicación del artículo 64, literal d) eiusdem, en concordancia con el artículo 1.973 del Código Civil, toda vez que declaró la prescripción a pesar de existir actos interruptivos de la misma, por cuanto los días 25 de octubre y 11 de diciembre de 2002, la empresa accionada pagó adelantos de prestaciones sociales al demandante.

 

Asimismo, denuncia la falta de aplicación del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto el ad quem no acogió la doctrina emanada de esta Sala de Casación Social, específicamente el criterio reiterado mediante sentencia N° 104 del 3 de marzo de 2005, en la cual, según afirma, se estableció que la prescripción se interrumpe civilmente cuando el deudor reconoce el derecho que tiene el acreedor, mediante el pago de las prestaciones sociales.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

De conformidad con el artículo 1.973 del Código Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 64, literal d) de la Ley Orgánica del Trabajo, la prescripción se interrumpe civilmente cuando el deudor reconoce el derecho de aquél contra quien ella había empezado a correr.

 

Sin embargo, de los documentos que cursan en los folios 257 y 259 del expediente, donde constan los pagos que señala el recurrente como interruptivos de la prescripción de los derechos derivados de la relación laboral que culminó el 21 de diciembre de 2001, se desprende que la empresa demandada canceló al actor las siguientes cantidades: 1) Bs. 2.978.336,05 por concepto de liquidación de las prestaciones sociales correspondientes al contrato que transcurrió entre el 22 de mayo y el 25 de octubre de 2002; y 2) Bs. 228.423,70 por ese mismo concepto, correspondiente al contrato que transcurrió entre el 29 de noviembre y el 11 de diciembre de 2002.

 

Por lo tanto, visto que los pagos realizados al demandante no estaban referidos a la relación de trabajo que finalizó en fecha 21 de diciembre de 2001, los mismos no interrumpen la prescripción de la acción para reclamar los derechos que de ella derivasen; en consecuencia, no era aplicable el artículo 64, literal d) de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 1.973 del Código Civil, y el juez ad quem aplicó correctamente el artículo 61 de la ley sustantiva laboral, al declarar la prescripción.

 

En consecuencia, se desecha la denuncia formulada, y así se establece.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por el demandante, contra la sentencia de fecha 11 de julio de 2005, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de este fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba señalada. Particípese de la presente remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   No firma esta decisión el Magistrado Juan Rafael Perdomo, por cuanto no estuvo presente en la audiencia oral, debido a motivos justificados.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cinco (05) días del mes de abril  de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

El-

Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

       

 

 

El Vicepresidente,                                                              Magistrado,

 

 

________________________                          ______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

 

Magistrado y Ponente,                                             Magistrada,

 

 

_______________________________       _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZCARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

 

El Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

R.C. N° AA60-S-2005-001459

Nota: Publicada en su fecha a

                                                                       El Secretario,                   

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