Sentencia N.º 0728
- Sentencia
- N.º 0728
- Fecha
- 29/06/2011
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 11-366
- Ponente
- Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de control de la legalidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, veintinueve (29) de junio de 2011. Años: 201º y 152º.-
En el procedimiento por cobro de salarios caídos que sigue el ciudadano YOVAR DE PAZ, representado judicialmente por los abogados Manuel Núñez, Beatriz Liendo, Lucí Escalante y Elinor Guerrero, contra la sociedad mercantil SANITARIOS MARACAY, S.A., cuya representación judicial no consta en autos; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Maracay, mediante sentencia publicada en fecha 21 de febrero de 2011, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora e inadmisible la demanda y confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, de fecha 16 de noviembre de 2010.
Contra la sentencia del ad quem, la parte demandante interpuso recurso de control de legalidad, en fecha 28 de febrero de 2011, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.
En fecha 17 de marzo de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En la oportunidad procesal, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso ejercido, conforme a las consideraciones siguientes:
ÚNICO
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.
En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa:
En el caso sub examine, señala la representación del actor que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 3 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 89 ordinal 2°, 92 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagran que las normas laborales son de orden público, y sustentan el principio de irrenunciabilidad, el derecho al salario y la estabilidad en el trabajo.
Alega que la pretensión se circunscribe al reclamo del pago de los salarios caídos derivados de la Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo Batalla de Vigirma de Municipio Guacara, San Joaquín, Diego Ibarra y los Guayos, con sede en Guacara Estado Carabobo, la cual ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos.
Argumenta que las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público, y que establecen un conjunto de derechos para los trabajadores, que son irrenunciables y que constituyen un blindaje jurídico inexpugnable, toda vez que por debajo de esos derechos no es válido ningún acuerdo o convenio entre trabajadores y patronos ( ).
Señala que la estabilidad absoluta no admite cumplimiento por equivalente ni es susceptible de sustituir la obligación al trabajador despedido injustificadamente mediante el pago de una cantidad de dinero, sino al contrario procede de pleno derecho la restitución del trabajador en el cargo o puesto de trabajo que venía desempeñando con anterioridad al despido con el pago de los salarios caídos causados hasta el reenganche efectivo de [mi] representado hasta el día 30-04-2010, y los que se sigan causando ( ) ( ) (Omissis).
Aduce que la Providencia Administrativa que ordena el reenganche y pago de los salarios caídos es un acto administrativo de ejecución inmediata, que no está sujeto a ninguna condición para su cumplimiento.
Ahora bien, de un detenido análisis del hilo argumental expuesto por la recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.
DECISIÓN
En mérito a las precedentes conclusiones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 21 de febrero de 2011, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en Maracay.
No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente y Ponente, Magistrado,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado, Magistrada,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
C.L. Nº AA60-S-2011-000366
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
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