Sentencia N.º 0734
- Sentencia
- N.º 0734
- Fecha
- 04/07/2012
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 12-233
- Ponente
- Carmen Elvigia Porras de Roa
- Procedimiento
- Recurso de control de la legalidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL.
Caracas, cuatro (4) de julio de 2012. Años: 201° y 153°.
En el procedimiento que por calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, sigue el ciudadano OLAY RAFAEL SULBARÁN QUINTERO representado judicialmente por los abogados Víctor Barroeta Hernández y Ermary González Abreu, contra la Sociedad Mercantil MERCADOS DE ALIMENTOS, C.A., (MERCAL, C.A.), representada judicialmente por los abogados Verónica Alexandra Linares Andrade y Karina Del Valle Graterol Matos; el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante sentencia publicada en fecha 25 de octubre de 2011, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandada, sin lugar la demanda y revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, de fecha 18 de abril de 2011, que declaró con lugar la demanda.
Contra la sentencia del ad quem, la parte demandante interpuso recurso de control de legalidad, en fecha 1° de noviembre de 2011, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.
En fecha 1° de marzo de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA.
En la oportunidad procesal, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso ejercido, conforme a las consideraciones siguientes:
Ú N I C O
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla el recurso de control de la legalidad, como un medio de impugnación excepcional, al establecer que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no fueren recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público, circunstancia que configura alguno de los requisitos de admisibilidad del mismo.
Aunado a lo anterior, la admisibilidad del recurso in commento exige verificar que el mismo haya sido interpuesto a través de escrito cuya extensión no debe ser mayor de tres (03) folios útiles y sus vueltos, así como su tempestividad, por cuanto la referida disposición establece un lapso preclusivo de cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha en que se publicó la sentencia sujeta a revisión.
Adicionalmente, es oportuno dejar sentado que, tratándose de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la admisibilidad del mismo, especialmente a aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público.
En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas afectan gravemente las instituciones fundamentales del Derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban los derechos al debido proceso y a la defensa, este último supuesto, sustentado en el mandato expreso contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación de todos los jueces de la República de asegurar la integridad del orden constitucional, mediante la utilización de las vías procesales ordinarias y extraordinarias consagradas en la ley.
En el caso sub examine, señala el demandante que la sentencia recurrida violentó los artículos 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, 93 y 89 ordinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que declaró justificado el despido del demandante por parte de la empresa demandada, al valorar el Acta de Inventario promovida por la demandada, sin que dicha documental mencionara al demandante, es decir, sin considerar que el Acta de Inventario no es oponible al trabajador, violentando el principio de alteridad de la prueba.
Señala que el ad quem le otorgó pleno valor probatorio, para declarar justificado el despido, a las testimoniales rendidas por los trabajadores que suscribieron la documental Acta de Inventario, sin considerar que los testigos fueron traídos a la audiencia y evacuados por orden de la Juez, violentando el artículo 73 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece que la oportunidad de promover pruebas es en la audiencia preliminar.
Aduce que el ad quem al haber valorado las testimoniales rendidas por los trabajadores que suscribieron el Acta de Inventario, violentó el orden procesal de promoción de pruebas, ya que los testigos fueron traídos al proceso por el Juez, sin que fuesen promovidos en la oportunidad procesal, menoscabando el debido proceso contendido en el ordinal 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, del análisis de los argumentos expuestos por el demandante, la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida no vulnera normas de orden público, en consecuencia, es innecesario desplegar la actividad jurisdiccional de la Sala para ejercer el control de la legalidad de la sentencia impugnada. Tal declaratoria resulta cónsona con lo establecido en el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que la potestad revisora conferida a esta Sala se ejerce de forma discrecional y excepcional. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las consideraciones anteriores, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia publicada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en fecha 25 de octubre de 2011.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Presidente de la Sala
_______________________ OMAR ALFREDO MORA DÍAZ | |
El Vicepresidente,
_________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
|
Magistrado,
________________________________ JUAN RAFAEL PERDOMO
|
Magistrado
_______________________________ ALFONSO VALBUENA CORDERO |
Magistrada Ponente,
_______________________________ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
|
Secretario,
_____________________________ MARCOS ENRIQUE PAREDES | |
C.l. Nº AA60-S-2012-000233
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
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