Venley

Sentencia N.º 0753

Sentencia
N.º 0753
Fecha
11/07/2012
Sala
Casación Social
Expediente
12-767
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

TRIBUNAL   SUPREMO   DE   JUSTICIA.    SALA   DE   CASACIÓN   SOCIAL.

Caracas, once (11) de julio de 2012. Años: 202º y 153º.-

 

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, sigue la ciudadana LEYDA LISBETH CHACÓN SALINAS, representada judicialmente por los abogados Luis Eduardo Medina Gallanti, Fanny Dunllin Lima Gamez, Renzo Benevides Lizarazo, Eduardo Josue Chávez Chaparro, Jean Carlos Sayago Villamil, Nelly Yorley Castañeda Castellanos, Adriana Rodríguez Montoya, Jorblan Luna, Fabiola Colmenares Dal Canto, Karen Sira Florez, Joyce Montilla, Mayrin Herrera, Carmen Escalante Correa, Eliana Velásquez y Richard Anderson Hernández Mora; contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA, representada judicialmente por los abogados David Augusto Niño Andrade, Reyna Coromoto Bastidas Rueda, Madalen Hartom Vivas Campos, Raiza Mirela Torres Carrillo, Marisol del Carmen Gil Terán, Edith Cecilia Velasco de Forero, Isolina Jauregui Velasco, Juan José Matiguan Díaz, Hayleen Josefina Villamizar Núñez, Yelena Elsy Cera de la Cruz, Yenit Siree Márquez Olejuela, Leidy Dayana Zambrano Parra, Blanca Oliva Méndez Mejía, Alfredo Rodríguez Flores, José David Medina López, Danny Gilberto Escalante Reyes, Matilde Martínez Rincón, Andrea Carolina Uzcátegui Villaroel, Wilmer José Ostos Novoa, Arelys Beatriz Pérez Sánchez, Adriana del Valle Guerrero Perico, María Trinidad Becerra Rojas y José Clemente Bolívar Torrealba; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva en fecha 24 de octubre de 2011, mediante la cual declaró: con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la decisión proferida en fecha 8 de junio de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; en consecuencia declaró la prescripción de la acción, y sin lugar la demanda incoada, quedando revocado el fallo apelado.

 

                  Contra la decisión emitida por la Alzada, en fecha 31 de octubre de 2011, la representación judicial de la parte actora interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

                  En fecha 24 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                  Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral.

 

Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral.

 

En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social, a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa lo siguiente:

 

En el presente caso, denuncia la parte actora recurrente la violación de normas con carácter de orden público, específicamente, los artículos 72, 78, 79, 10 y 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al igual que el artículo 89 numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud a que en el caso de autos se evidencia claramente que la parte demandada no probó una fecha distinta de culminación de la relación laboral a la alegada en el escrito libelar -27 de febrero de 2009-, siendo prueba fehaciente de la existencia de la relación al igual que la terminación de la misma, las documentales promovidas cursante a los folios 53 al 57, las cuales no fueron valoradas por el Superior, por ser, según su apreciación, documentos privados emanados de terceros que no fueron ratificados por quien los suscribió.

 

Agrega la recurrente que, la Alzada, no podía dejar de valorar unas documentales emanadas de un representante de la parte demandada y otorgarle cualidad de documentos privados emanados de tercero, que debía ser ratificados por el mismo para otorgarle el valor probatorio correspondiente, ya que dichas documentales se trataban de originales de constancias de trabajo de fecha 18/12/2008, 18/04/2008 y 22/10/2007, emanadas de la Directora de la institución, siendo esta persona la máxima autoridad en el ejercicio de dichas funciones y por tanto sería la competente para otorgar dichas constancias de trabajo, además de constituir un hecho no controvertido, el cargo desempeñado por la trabajadora, éste es, docente en la Unidad Educativa Liceo Bolivariano NER 527 del Estado Táchira, tal y como lo reflejan estas instrumentales, por lo que dan fe de la existencia de la relación laboral hasta la fecha de su celebración y de la presunción de que se extendiera por más tiempo , es decir, hasta el 27/02/2009.

 

En este sentido y por cuanto aprecia esta Sala de Casación Social que el recurso no ha sido intentado maliciosamente, a la vez que existen motivos racionales para interponerlo, en el dispositivo de este auto lo admitirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenándose seguir el procedimiento previsto en los artículos 173 y 174 eiusdem, por remisión del artículo 178 antes mencionado. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 24 de octubre de 2011, emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

En consecuencia, a partir del día siguiente de la publicación del presente auto comenzará a correr un lapso de veinte (20) días calendarios consecutivos, para que la otra parte pueda consignar su contestación al recurso. Una vez concluida la sustanciación, la Sala fijará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral, pública y contradictoria.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                Magistrado,

 

_______________________________                    ________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ                    JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,                                                     Magistrada,

 

______________________________        ________________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

___________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

C.L. N° AA60-S-2012-000767

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

            El Secretario,

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