Venley

Sentencia N.º 0804

Sentencia
N.º 0804
Fecha
26/04/2007
Sala
Casación Social
Expediente
07-608
Ponente
Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Procedimiento
Regulación de Competencia

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, veintiséis (26) de abril  de 2007. Años: 197º y 148º.

 

En el procedimiento por imposición de multa en virtud de incumplimiento de orden administrativa prevista en el artículo 642 de la Ley Orgánica del Trabajo, seguido por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “PEDRO PASCUAL ABARCA” DEL ESTADO LARA, CON SEDE EN BARQUISIMETO -representada por el Inspector Jefe del Trabajo, abogado Christian Vivas-, contra la empresa CONSTRUCTORA PEGARCA, C.A., -sin representación judicial acreditada en autos-; el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Carora, mediante auto dictado el 16 de febrero del año 2007, declinó la competencia para practicar el arresto por omisión de pago de multa al representante legal de la empresa antes nombrada, en los Tribunales con competencia en materia penal de la aludida Circunscripción Judicial.

 

Efectuada la distribución del expediente, fue recibido en el Tribunal de Control N° 10 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Carora, el cual en fecha 23 de febrero del año 2007, al considerar que el Juzgado del Municipio de la residencia del multado es quien debe aplicar la referida sanción, planteó conflicto negativo de competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, remitiéndose las actuaciones a la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal.

 

El 27 de marzo del año 2007, se dio cuenta en Sala del asunto y se designó Ponente al Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO. 

 

Cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a decidir previa las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

El Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Carora, se declaró incompetente aduciendo puntualmente:

 

(...) los Tribunales competentes para aplicar medidas privativas de libertad serán los Tribunales Penales y como quiera que el Numeral 4to. del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la obligatoriedad del Juzgamiento por el Juez Natural, y observando que la presenta (sic) Comisión se refiere a la aplicación de una medida privativa de libertad, es evidente que el Juez Natural para practicar tan delicada medida es el Juez Penal y no el de Municipio, (...).

 

Por otra parte, el Tribunal de Control N° 10 del Circuito Judicial Penal de la mencionada Circunscripción Judicial, indicó:

 

(...) la Ley Orgánica del Trabajo, en que se fundamenta la solicitud de imposición de arresto, (...) establece los siguientes artículos:

 

Artículo 625. Las infracciones a las disposiciones de esta Ley serán objeto de las sanciones establecidas en este Título, sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que hubiere lugar.

Estas sanciones se impondrán de oficio por parte del funcionario a quien corresponda y podrán ser denunciadas por cualquier persona.

 

Artículo 647. El procedimiento para la aplicación de las sanciones estará sujeto a las normas siguientes:

 

(omissis)

 

g) Si el multado no pagare la multa dentro del término que hubiere fijado el funcionario, éste se dirigirá de oficio al Juez de Municipio o Parroquia del lugar de residencia del multado, para que dicha autoridad le imponga el arresto correspondiente. En todo caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago. (resaltado del Tribunal).

(...) en el presente asunto el juez natural del caso concreto, es el Juzgado del Municipio de la residencia del multado, a fin de proceder al arresto del representante legal de la empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 647 eiusdem. (...).

 

Expuestos como han sido los argumentos según los cuales los prenombrados órganos jurisdiccionales manifestaron su incompetencia para conocer del caso en cuestión, y a los fines de emitir el debido pronunciamiento de ley, es preciso destacar que, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 5, numeral 51, establece que la Sala afín con la materia y la naturaleza del asunto debatido es la competente para decidir los conflictos de competencia entre tribunales que no tengan un superior jerárquico común.

 

Ahora bien, la Sala Plena de este alto Tribunal, en sentencia N° 24 del 26 de octubre del año 2004, determinó que es ella la competente para dirimir aquellos conflictos que hayan surgido entre juzgados, ordinarios o especiales, cuando no exista tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico. En tal sentido, se señaló textualmente:

 

Así las cosas, debe esta Sala asumir la competencia a fin de establecer cuál es el tribunal competente para conocer de la demanda, especialmente porque es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la más apropiada para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de distintas “jurisdicciones” sin un superior común, no sólo por tener atribuida esta Sala la competencia, ya que todas las Salas la tienen, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta instancia analizar de mejor manera y desde todos los puntos de vista, a qué tribunal debe corresponder conocer de una causa en la que haya duda sobre cuál juzgado deba conocerla en cuanto a la competencia por la materia. Así se declara.

 

Por tanto, en estricta sujeción al criterio transcrito ut supra, el cual ha sido adoptado y corroborado en repetidos fallos, se concluye que la Sala Plena de este máximo Tribunal debe resolver el conflicto de competencia generado en el sub iudice, todo lo cual obedece al hecho de que este se originó entre un Juzgado de Municipio y un Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

En razón de lo expresado, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia planteado en el presente juicio. En consecuencia, se declina la competencia en la SALA PLENA de este alto Tribunal.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia. Particípese esta decisión al Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Carora, y al Tribunal de Control N° 10 del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial.

 

El Presidente de la Sala,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,                                                           Magistrado Ponente,

 

________________________                       _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                            Magistrada,

 

_______________________________         ________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.G. Nº AA60-S-2007-000608

Nota: Publicada en su fecha a las

 

El Secretario

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias