Sentencia N.º 09
- Sentencia
- N.º 09
- Fecha
- 05/04/2005
- Sala
- Plena
- Expediente
- 2003- 034
- Ponente
- Rafael Arístides Rengifo Camacaro
- Procedimiento
- Conflicto de competencia entre la Sala Político Administrativa y la Sala Constitucional.
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
En Sala Plena
MAGISTRADO PONENTE RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
EXPEDIENTE N° AA10-L-2003- 000034
I
En fecha 12 de marzo de 2003, fue recibido en esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el oficio número 0514 de fecha 14 de ese mismo mes y año, procedente de
En fecha 28 de julio de 2004 se dio cuenta en Sala y vista la jubilación del Dr. Rafael Hernández Uzcátegui, se reasignó la ponencia al Magistrado Dr. RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, a los fines del pronunciamiento correspondiente.
Siendo la oportunidad de decidir, pasa esta Sala a hacerlo en los siguientes términos:
II
ANTECEDENTES DEL CASO
En fecha 28 de abril de 1998,
Por su parte, la representación de
En esta línea de alegación, señalan los apoderados de
En consecuencia, alegan los representantes de
Finalizan los recurrentes solicitando la declaratoria de nulidad de la mencionada providencia administrativa.
Por auto del 7 de diciembre de 1999, el mencionado Juzgado admitió el recurso de nulidad interpuesto.
Posteriormente, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de
Así las cosas, el referido Juzgado Superior por decisión de fecha 4 de abril de 2002, igualmente se declaró incompetente para conocer la causa, planteando un conflicto negativo de competencia, en los términos siguientes:
...Vista las decisiones de fechas 13 de noviembre de 2001 y 5 de febrero de 2002 emanadas de
Recibido el expediente en
III
DE
En sentencia de fecha 11 de marzo de 2003,
(...)En este sentido, se observa que la jurisdicción laboral ha venido conociendo de los juicios de nulidad de estas resoluciones, siguiendo el criterio sostenido en decisión dictada por
La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción laboral es entonces la competente para conocer de dichos juicios, con base en lo dispuesto en los artículos 5 y 655 eiusdem, sino que lo razonable era establecer que como quiera que, la decisión provenía de un órgano de carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecutivo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias era la jurisdicción contencioso administrativa, siendo consecuente con el principio del juez natural. De lo expuesto se colige, que el criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por
Siguiendo en su argumentación,
(...) Entonces, el criterio señalado ut supra sobre la competencia de la jurisdicción laboral para conocer de los recursos de nulidad en contra de las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, fue establecido por
Así pues, siguiendo el camino de la jurisprudencia ya establecida, esta Sala de Casación Social había señalado reiteradamente que los Tribunales competentes para conocer de las acciones de nulidad -y de amparo, en caso de que se ejerza- contra las decisiones emanadas de las Inspectorías del Trabajo eran los Juzgados Laborales, y específicamente conocerían de dichas acciones en Primera y Segunda Instancia los Tribunales Laborales que se encontraban dentro de
Ahora bien, en reciente fallo proferido por
(...)
Así las cosas,
Finalizó señalando que al no compartir el criterio sostenido por
Analizadas las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Plena pasa a dictar sentencia, previa las siguientes consideraciones:
IV
DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA PLENA
Como punto previo es menester señalar que, de conformidad con lo establecido en el ordinal 7° del artículo 42 y en el artículo 43, ambos de la derogada Ley Orgánica de
Por otra parte, en concordancia con el principio de perpetuatio iurisdictionis, que precisa el momento determinante de la competencia, consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil,
La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de ducha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.
De la transcripción anterior se colige que la competencia jurisdiccional se determina con base a la situación existente en el momento en que se plantea el conflicto de competencia por los criterios que sostiene
El procesalista Devis Echandía (DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. El Proceso Civil, Segunda Edición, Editorial ABC, Bogotá Colombia, 1973.) señala que la perpetuatio iurisdictionis se aplica para las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con estos factores: valor, territorio o domicilio y calidad de las partes. La perpetuación del fuero se sustenta en dos principios fundamentales para el acaecer procesal: el de seguridad jurídica y el de economía. De manera que las excepciones que el mismo comporta, son rigurosas y deben ceder sólo ante cualquier evidente perjuicio procesal que puedan sufrir las partes, perjuicio que, en definitiva, no es otro que el de preterición o menoscabo del derecho de defensa.
Es doctrina pacífica que el momento determinante de la competencia es el de la demanda. Así, lo ha afirmado el profesor Arístides Rengel Romberg (obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano) al señalar que está vigente en el derecho venezolano el famoso principio de la perpetuatio iurisdictionis, tan elaborado por la doctrina a partir de la ya clásica nota de Chiovenda, según el cual, la competencia del juez después de iniciada la causa, queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que la habían determinado (per citationem perpetuatur iurisdictio). En este caso, ese momento es el conflicto de criterios planteado entre
Así las cosas, este Juzgador considera que, al evidenciarse la aplicación del principio de la jurisdicción perpetua que se establece en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil y según el cual la competencia del juez queda inmutable pese a cualquier cambio posterior en las circunstancias que la determinaron,
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Expuesto lo anterior, resulta necesario señalar que, en un primer momento,
Ahora bien, tal como lo refiere la jurisprudencia anterior de
De allí, que al ser las providencias emanadas de las Inspectorías del trabajo, actos administrativos, una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos corresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa ordinaria, sino de tribunales de la jurisdicción laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso administrativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio general, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no existe en el presente caso.
Por tanto debe concluir esta Sala Plena que, ante la inexistencia de una norma legal expresa que atribuya a los Tribunales Laborales la competencia para conocer de las providencias emanadas de las Inspectorías del Trabajo, dicha competencia corresponde a los órganos contencioso administrativos competentes. Así se declara.
En efecto, los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa no son sólo aquellos que ostentan esa denominación (la llamada jurisdicción contencioso administrativa ordinaria), a saber,
Para finalizar, en razón de la inexistencia en el ordenamiento jurídico venezolano de un basamento normativo que permita predicar que la competencia para conocer de los recursos contencioso administrativos interpuestos contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, los cuales son actos administrativos, corresponderá a los tribunales de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de tales asuntos, en virtud de la aplicación del principio de la universalidad de su control por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 259 de
Ahora bien, dilucidada como ha sido la jurisdicción competente para conocer y decidir casos como el presente, es necesario determinar y declarar cuál es el tribunal contencioso administrativo competente para conocer del mismo.
A este respecto existen precedentes, como la sentencia número 1333, de fecha 25 de junio de 2002, proferida por
(...) 2. No existe un tribunal contencioso-administrativo especialmente competente para dilucidar conflictos suscitados con ocasión del ejercicio de las competencias de las inspectorías del trabajo; por ello, toca a la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa ver de estos casos (ver: sentencias núms. 207/2001, 1318/2001 y 2695/2001). Siendo, pues, que a la accionante le resulta más accesible un Juzgado del Estado Bolívar, corresponde tramitar la acción de amparo incoada al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso-Administrativo del Segundo Circuito de
Conforme a la doctrina expuesta, en la que se considera el tribunal ...que a la accionante le resulta más accesible, esto es, en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares, esta Sala Plena declara que, tratándose de un asunto acaecido fuera de
VI
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: El JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
SEGUNDO: REMITIR el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de
Notifíquese, publíquese y regístrese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, en Caracas, a los 2 días del mes de marzo de dos mil cinco (2005). Años: 194º de
El Presidente,
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Primer Vicepresidente, El Segundo Vicepresidente,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
Los Magistrados,
EVELYN MARRERO ORTIZ ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN JESÚS E. CABRERA ROMERO
YOLANDA JAIMES GUERRERO IRIS ARMENIA PEÑA DE ANDUEZA
HÉCTOR CORONADO FLORES LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
FERNANDO VEGAS TORREALBA ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS LEVIS IGNACIO ZERPA
JUAN RAFAEL PERDOMO PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN ALFONSO VALBUENA CORDERO
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ EMIRO GARCÍA ROSAS
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
OLGA M. DOS SANTOS P.
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