Sentencia N.º 093
- Sentencia
- N.º 093
- Fecha
- 20/03/2026
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 25-341
- Ponente
- Carlos Alexis Castillo Ascanio
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado Dr. CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO
En el proceso que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue la ciudadana PAOLA CRISTINA TACHON SCOPAZZO, titular de la cédula de identidad número V-23.713.742, representada judicialmente por la abogada Milangela Tachon Scopazzo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el número 269.794; contra la sociedad mercantil VIVA SUPERCENTRO, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital el 28 de abril de 2021, bajo el número 25, Tomo 57-A, patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Rafael Jesús Díaz Sifontes, Junior Armando Emperador Padrón, María Dina De Freitas Andrade, Pablo Andrés Benavente Martínez y Marianny Anaís Gallardo Rengifo, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 117.737, 260.210, 64.526, 60.027 y 292.779, respectivamente; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicó sentencia el 4 de junio de 2025, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada el 14 de agosto de 2024 por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda; en consecuencia, el ad quem modificó el fallo impugnado y declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación el 9 de junio de 2025, el cual fue ratificado el día 11 y admitido el 17 de junio del mismo año.
El 2 de julio de 2025, se recibió el expediente en esta Sala mediante oficio del 18 de junio de 2025, remitido por el juzgado superior de origen, registrándose bajo el número AA60-S-2025-000341.
El 7 de julio de 2025, la representación judicial de la parte demandada recurrente formalizó su recurso el 7 de julio de 2025, siendo este contestado por la contraparte el día 23 del mismo mes y año.
El 4 de agosto de 2025, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Por auto del 20 de noviembre de 2025, concluyó la sustanciación del recurso de casación anunciado y formalizado en la presente causa. En consecuencia, a tenor de lo previsto en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entró la causa en estado de fijación de audiencia.
En la fecha antes mencionada, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala fijó la audiencia oral, pública y contradictoria para el día jueves 27 de ese mes, a las 10:30 a.m. No obstante, mediante auto de esa misma fecha, la audiencia fue diferida para el 9 de diciembre de 2025 a las 12:40 pm, oportunidad en la que se celebró con la comparecencia de la representación judicial de ambas partes.
Ahora bien, celebrada la audiencia y dictado el dispositivo de forma oral, conforme al artículo 174 de la ley adjetiva laboral, esta Sala procede a reproducir el fallo por escrito bajo las siguientes consideraciones:
RECURSO DE CASACIÓN
-I-
De conformidad con el artículo 168, numeral 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la parte recurrente denuncia la falta de aplicación de los artículos 78, 86 y 87 de la ley adjetiva laboral, bajo los siguientes términos:
(….) Esta representación denuncia la falta de aplicación de las normas antes mencionadas, toda vez que la recurrida le otorga valor probatorio a documentos privados que fueron formalmente desconocidos e impugnados por la otrora representación de mi mandante durante la audiencia de juicio. La recurrida otorga valor probatorio a las documentales promovidas por la representación de la demandante marcadas con las letras A (constancia de trabajo); C, D, E, F, G, H, I y J (recibos de pago desde marzo de 2020 hasta octubre de 2020), esto a pesar de que expresamente reconoce que fueron impugnadas y desconocidas durante la celebración de la audiencia de juicio. Esta digna Sala de Casación Social podrá apreciar en el folio 7 de la recurrida que el juez ilógicamente, y sin citar las suposiciones falsas del juez de instancia, establece que: “Con vista al ataque procesal anunciado en la audiencia de juicio sobre las documentales supra identificadas, en contraste con el objeto particular alzamiento de quien se quiso valer de dichos medios instrumentales, verifica esta Superioridad que en efecto los términos y fundamentos del trámite procesal de la recurrida sobre la documenta/ marcada con la letra "A", son abiertamente contrarios a derecho y por ende configuran una lesión subsumible en una errada suposición que condujo al establecimiento de una consecuencia jurídica incompatible, tanto con el hecho presentado como con el hecho probado que espera y exige una consecuencia legal apegada a nuestro Ordenamiento Jurídico", y con base a esa ilógica conclusión la recurrida en el folio 7 y 8 procede a otorgar valor probatorio a los documentos en los siguientes términos: "En necesaria secuencia de la premisa precedente, vale acotar el análisis forense de la documental que la recurrida desechó por cuanto no "logró" su autenticidad por parte de la promovente, implica una errada valoración del título documental, sino una ilegal traslación de la carga de la prueba en hombros de quien ya ingresa al proceso probando con plena efectividad, máxime cuando se trata de una autenticidad instrumental cuyo contenido remite a los términos y condiciones de una relación jurídica determinada debidamente otorgada mediante la firma original de quien representa al patrono otorgante". Más adelante la recurrida en el folio 14 insiste en su ilógica conclusión de que debe otorgar valor probatorio específicamente a la documental impugnada marcada A estableciendo que: "Así las cosas, no pierde de vista esta Alzada, que en la oportunidad procesal del debate oral y contradictorio, la representación judicial del supermercado en el que laboró la trabajadora demandante, impugnó la prueba, atacando la cualidad específica de quien aparece firmando en fresco esa constancia de trabajo que luego desecharía la operadora judicial de primera instancia sobre la base de una ausencia demostración de la cualidad de la ciudadana firmante y quien responde al nombre de Bárbara Martínez como coordinadora de recursos humanos, lo cual es un genuino despropósito pues tal carga procesal en hombros de la laborante, de nuestro Ordenamiento Jurídico del Trabajo, no existe". De la simple lectura de los pasajes que se han citado de la recurrida esta digna Sala de Casación Social podrá apreciar que la recurrida, bajo premisas y argumentos ilógicos, niega aplicación a las consecuencias jurídicas establecidas en los artículos delatados de la LOPT, y concretamente no aplica los artículos 78 y 87 que establecen expresamente: (…).
Llama la atención de esta representación que la recurrida Incluso concluye que el tribunal que conoció en primera instancia se encuentra aplicando falsamente principios del derecho procesal civil, cuando lo cierto es que, el juez de instancia correctamente aplica las consecuencias jurídicas previstas en las normas delatadas por esta representación. De la simple lectura de la sentencia objeto del presente recurso de casación se puede apreciar que la conclusión a la que se arriba es totalmente contraria a lo establecido en las normas delatadas. La conclusión a la que debía arribar la recurrida al aplicar las normas delatadas es precisamente la contraria, tal y como lo hace la sentencia dictada en primera instancia. Esta digna Sala de Casación Social podrá apreciar que el juzgador de instancia aplicando correctamente las normas delatadas concluye en su sentencia que las documentales A, C, D, E, F, G, H, I y J, deben ser desechadas y no se les debe conferir valor probatorio debido a que fueron impugnadas, y la promovente no logró demostrar su autenticidad. Esta representación debe resaltar que la infracción denunciada fue determinante en el dispositivo del fallo, pues de la valoración dada por la recurrida a dichas documentales, estableció erróneamente el salario que alegaba la parte actora en su demanda, y en función de esa errada conclusión condena a mi representada a pagar los conceptos que le fueron demandados, y así solicito sea declarado. (Sic). [Cursivas y Mayúsculas del original].
Para decidir, la Sala observa:
Del contenido de la denuncia se desprende que el formalizante cuestiona la falta de aplicación de los artículos 78, 86 y 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, alegando que el ad quem valoró las documentales promovidas por la representación de la demandante marcadas con las letras “A” (constancia de trabajo); “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” y “J” (recibos de pago desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes octubre de ese año), aun cuando estas fueron oportunamente desconocidas e impugnadas en la etapa procesal correspondiente.
Al respecto, la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social ha señalado que la falta de aplicación de una norma tiene lugar cuando el juzgador niega la aplicación de una disposición legal que está vigente a una determinada relación jurídica que se encuentra bajo su alcance, vale decir, se materializa cuando el sentenciador no emplea un imperativo legal en vigor, que es el aplicable a efectos de resolver el caso en cuestión. (Cfr. Sentencia número 357 del 17 de septiembre de 2019 [caso: Francisco José Bielsa contra María Alejandra Kaufman González]).
Para determinar la existencia del vicio delatado, resulta indispensable analizar el contenido de los artículos 78, 86 y 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 78. Los instrumentos privados, cartas o telegramas, provenientes de la parte contraria, podrán producirse en el proceso en originales. Estos instrumentos podrán también producirse en copias o reproducciones fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico, claramente inteligible, pero los mismos carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obre los impugnase y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia.
Artículo 86. La parte contra quien se produzca en la audiencia preliminar un instrumento privado, como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente, en la audiencia de juicio, si lo reconoce o lo niega. El silencio de la parte a este respecto dará por reconocido el instrumento.
Artículo 87. Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo.
De las normas citadas se desprende que los instrumentos privados, cartas o telegramas provenientes de la contraparte pueden producirse en juicio en originales, copias, reproducciones fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico inteligible, quedando su valoración sujeta al desconocimiento o impugnación que de estos realice la parte contraria.
Respecto a los instrumentos presentados en original, si la parte contra quien se producen (o sus causahabientes) desconoce la firma, corresponderá a quien los promovió demostrar su autenticidad mediante la prueba de cotejo, cuya incidencia deberá sustanciarse siguiendo lo establecido en los artículos 86 al 91 del texto adjetivo laboral.
Por otra parte, si tales instrumentos han sido promovidos en copias o reproducciones, carecerán de valor probatorio si la parte contra quien obran los impugna y su certeza no puede constatarse mediante la presentación de los originales o el auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia.
En síntesis, ante instrumentos privados originales, el mecanismo de contradicción es el desconocimiento de la firma, lo que traslada la carga de la prueba al promovente, pudiendo este valerse del cotejo; mientras que, tratándose de copias o reproducciones, el medio de ataque es la impugnación, cuya eficacia probatoria dependerá de la exhibición del original o de su corroboración mediante otros elementos de convicción.
Con el objeto de constatar si la recurrida incurrió en la infracción denunciada, esta Sala considera necesario examinar los fundamentos del fallo impugnado, cuyo texto se transcribe a continuación:
Pruebas de la actora:
Documentales: Instrumentos que corren insertos a los autos que conforman el expediente judicial sub iudice en su primera pieza del folio 39 al 148, de las cuales se constata el ejercicio libre del derecho constitucional de la parte demandada al control y contradicción de la prueba, mediante el ataque procesal de las que corren insertas en se legajo documental marcadas con las letras "A y C, D, E, F, G, H, I, y J".
Con vista al ataque procesal anunciado en la audiencia de juicio sobre las documentales supra identificadas, en contraste con el objeto del particular alzamiento de quien se quiso valer de dichos medios instrumentales, verifica esta Superioridad que en efecto los términos y fundamentos del trámite procesal de la recurrida sobre la documental marcada con la letra “A”, son abiertamente contrarios a derecho y por ende configuran una lesión subsumible en una errada suposición que condujo al establecimiento de una consecuencia jurídica incompatible, tanto con el hecho presentado como con el hecho probado que espera y exige una consecuencia legal apegada a nuestro Ordenamiento Jurídico.
En necesaria secuencia de la premisa precedente, vale acotar el análisis forense de la documental que la recurrida desechó por cuanto no "logro" su autenticidad por parte de la promovente, implica una errada valoración del título documental, sino una ilegal traslación de la carga de la prueba en hombros de quien ya ingresa al proceso probando con plena efectividad, máxime cuando se trata de una auténtica instrumental cuyo contenido remite a los términos y condiciones de una relación jurídica determinada debidamente otorgada mediante la firma original de quien representa al patrono otorgante, ni más ni menos, de una auténtica constancia de trabajo firmada en fresco, no se activa de ningún modo carga probatoria adicional en hombros de la parte actora como lo insinúa la recurrida en su escasa motivación de la desechada al folio 23 de la segunda pieza del expediente bajo examen.
De este modo, vale la pena precisar, que en nuestro derecho constitucional del trabajo en sus dos expresiones Orgánico - legislativas básicas (LOPTRA y L0TTT), el trabajador viene amparado ab initio por auxilios probatorios específicos para el debido equilibrio procesal-constitucional entre quien demanda sus derechos como laborante con poca documentación, y quien es demandado y detentador de toda documentación como patrono. Empero tal equilibrio debe ser eficaz y oportuno para ambos litigantes, de tal suerte que también dispone nuestro Ordenamiento Jurídico de mecanismos procesales para desvirtuar lo falso de la pretensión de quien como laborante haga mal uso de tales auxilios probatorios, ello explica porque una entidad de trabajo, al igual que en el derecho procesal común, goza efectivamente de los mecanismos adjetivos de impugnación de pruebas que desvirtúen la pretensión probatoria de un laborante típicamente abusivo, tales como los previstos en los artículos 78, 84 y 86 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, incompatibles con la morfología auténtica del instrumento como ya hemos establecido.
Sin embargo; el contexto del actual análisis probatorio, escapa de los supuestos normativos precedentes, pues la prueba desechada, ha sido opuesta en original, por lo cual no había más carga procesal en ese debate de juicio que pudiera exigírsele a la hoy accionante frente a la irregular impugnación propuesta por la demandada, como -cuando así lo requiere una copia carbónica no certificada o copia simple-, en la que se activa la carga adicional de incorporar -en ese mismo acto- el suplemento de su originalidad (Artículo 78 LOPTRA).
Tampoco podía exigírsele el cumplimiento de cargas procesales para la demostración de una autenticidad instrumental de un documento reconocido o tenido por reconocido, en la que, propuesta la tacha, deba tanto el tachante como la laborante, venir a evacuar pruebas de tal autenticación (Artículo 84 LOPTRA).
Mucho menos aún podía conminarse a la laborante a que presentara instrumentos adicionales para la certificación forense de la firma del instrumento en original cuando se niega dicha firma, y en algunos casos la reputada -falsedad ideológica- pues tal instrumento ha sido objeto de una supina impugnación que no negó la autoría, sino antes bien, la falta de capacidad jurídica de la firmante en comprometer a la entidad de trabajo, lo cual se reputa en esta apelación de plena intrascendencia material y vacío procesal en la fundamentación de dicho ataque, pues, es el mismo atacante quien en la continuación de la audiencia que esta superioridad presenció por inmediación de segundo grado, en un ejercicio de saludable honestidad, afirmó que la ciudadana quien responde al nombre de Bárbara Martínez quien aparece como firmante -en fresco-, era efectivamente miembro coordinador de recursos humanos de la demandada, quedando así definitivamente comprometida en concatenación del resto de los recibos en los que se demuestra el pacto laboral por unidad de tiempo contra prestación salarial de USD$ 400,oo sin ningún género de duda, de tal suerte que dicha impugnación es estéril y no debió surtir ningún efecto en el juicio principal, ni mucho menos atribuir en la recurrida una carga procesal a la laborante inexistente en la ley por lo que se declara IMPROCEDENTE la írrita impugnación ergo, válida y eficaz la prueba de constancia de trabajo y ASI SE ESTABLECE.
Del precedente entuerto, mal puede brotar eficacia procesal alguna del desecho de tales instrumentos, pero declarándolos previamente probatorios y eficaces cuando forman parte de un legajo administrativo al que le otorgó valor positivo de evidencia en copias simples y que están vigentes a falta de nulidad contencioso administrativa de ese procedimiento administrativo, para después sofocarlos en su forma de originales por no ser, supuestamente -oponibles-; siendo tal inconsistencia insostenible en el examen forense de las pruebas, por lo cual dichas documentales han sido erradamente apreciadas por la recurrida mereciendo el mérito de la presente apelación y declarándose la eficacia vigente de la prueba, ergo IMPROCEDENTE aquella impugnación y ASI SE DECIDE.
(Omissis)
De este modo se nos presenta a priori la anomalía procesal detectada que debe ser corregida de oficio, por cuanto al segundo grado de jurisdicción compete la determinación del fondo apelado con arreglo a la lógica de lo alegado y probado en autos con arreglo al Debido Proceso de raigambre Constitucional. En tal sentido, se observa que la recurrida ha negado la procedencia de la composición cualitativa y cuantitativa del salario que fuere reclamado con base a divisas, específicamente en dólares norteamericanos, según su entender, por ausencia de evidencia sobre pacto semejante a tales términos económicos durante la vigencia de la relación de trabajo entre ambos adversarios procesales y sin embargo, negada dicha composición salarial, la recurrida dictamina en la dispositiva sentencial definitiva, que la acción se declara, como hemos advertido previamente, "con lugar la demanda" marcando con ello, una inconsistencia insalvable en la deliberación del fallo, que debe ser enderezada en el presente fallo, tal y como se refleja en la nueva dispositiva de esta Alzada y ASI SE ESTABLECE.
Es así entonces como el medio de insurgencia procesal se despliega contra un error de determinación objetiva de la composición cuantitativa del salario devengado presuntamente por el reclamante, junto a la denuncia en contra la operadora de justicia quien suscribe la recurrida, de omitir reglas básicas de valoración probatoria que, de no haber sido omitidas, se hubiese condenado la composición salarial correcta, por lo que se trata de delatar un error de juzgamiento en la sentencia de instancia con base a una falsa percepción del Tribunal que en funciones de Juicio, conoció de la causa, tanto de los hechos como en el derecho aplicable a la controversia, lo cual desembocó en una resolución supuestamente contraria a la ley, por imprecisa, escasa para unos, excesiva para otros, pero teleológicamente injusta.
(Omissis)
1) Silencio parcial de pruebas vinculado un falso supuesto de hecho y derecho:
Como se observó en el acápite de la narrativa bajo examen, la apelante denuncia que la recurrida ha incurrido en un silencio parcial de prueba al omitir el valor de la documental opuesta por ella en original en forma de constancia de trabajo con firma en tinta original, por lo cual, dicha insurgente ataca el fundamento de la recurrida para establecer la falsedad o “falta de autenticidad” de la documental en forma de constancia de trabajo en razón de que la jurisdicente decretó que la promovente no "logro probar su autenticidad' según se lee en el folio 23 de la segunda pieza del expediente, lo que condujo a una resolución definitiva en la que condenó un salario distinto al alegado y probado configurándose un falso supuesto de hecho que la hizo errar también en la aplicación del derecho.
Con ese contexto, debe advertirse que el vicio de silencio parcial de pruebas no es un tipo procesal nominado y especifico de la ley procesal común per-se, sino una derivación de la relación -genero-especie- dentro de una más amplia categoría de los defectos de actividad del Juez, en la que el -genero- corresponde al vicio de inmotivación de la sentencia, y su -especie-, corresponde al "silencio de pruebas", ambos de palmaria lesión constitucional y de donde el acuñado -silencio parcial- afecta igualmente el Orden Público aunque en una proporción atenuada respecto del defecto que adolezca la sentencia delatada en primera instancia.
(Omissis)
Sin embargo, a la vista de lo precedente, observa este Sentenciador, que el error denunciado por la apelante en este apartado especifico, no es precisamente un silencio de pruebas en cualquiera de sus sub-especies, sino una falsa valoración del documento probatorio junto a la falsa atribución de una carga procesal no prevista por la ley, En tal sentido, se constata que el documento falsamente apreciado por la recurrida, es en efecto una auténtica instrumental sometida a reglas de Orden Público por ser de estricto derecho del trabajo a tenor de lo previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, más aún cuando esta Alzada verifica que fue incorporada a los autos de manera original y auténtica.
Así las cosas, no pierde de vista esta Alzada, que en la oportunidad procesal del debate oral y contradictorio, la representación judicial del supermercado en el que laboró la trabajadora demandante, impugnó la prueba, atacando la cualidad específica de quien aparece firmando en fresco esa constancia de trabajo que luego desecharía la operadora judicial de primera instancia sobre la base de una ausencia de demostración de la cualidad de la ciudadana firmante y quien responde al nombre de Bárbara Martínez como coordinadora de recursos humanos, lo cual es un genuino despropósito pues tal carga procesal en hombros de la laborante, de nuestro Ordenamiento Jurídico del Trabajo, no existe.
Resaltamos de lo precedente, tal y como lo hemos venido sosteniendo en no pocos fallos, una singular práctica que viene observándose dentro de nuestro proceso laboral al aplicarse de modo desmesurado e incompatible con el mismo, reglas de derecho procesal civil que son meridianamente disconformes con la tramitación judicial del proceso judicial laboral, como por ejemplo, la carga procesal de demostrar cualidad pasiva de un deudor para ser demandado o sentenciado como responsable de unas obligaciones de raigambre típicamente civil.
Muy por el contrario, en materia del Derecho del Trabajo, la constancia de trabajo está incluida, y por ende consustancial, a las normas sobre el contrato de trabajo, como normas de Orden Público en las que el laborante goza de un complejo sistema de auxilios probatorios que lo relevan, -a diferencia del proceso civil- de la carga de probar las obligaciones laborales insolutas, de tal suerte que aquel patrono que se repute así mismo como liberado de tales obligaciones, corresponderá la carga de la prueba de tales efectos liberatorios de la obligación presumida como cierta hiris tantum. Así por ejemplo; el nexo -trabajador-entidad de trabajo-, entra al proceso probando y probado -salvo prueba en contraria- bajo el amparo de los más sólidos auxilios probatorios en cuanto a las condiciones de modo, termino y lugar del contrato de trabajo de los cuales, presumidas ab initio como ciertos en ausencia de contrato por escrito, dan lugar a la extensión de esa presunción hasta los límites del nexo jurídico y contraprestación salarial según lo establecido en el Artículo 58 de la Lev Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores.
En la postura que aquí se adopta, la constancia de trabajo es; junto al contrato de trabajo en la que se sostiene, -sea por escrito- o -de fuente legal presunta por la prestación personal del servicio Art. 53 y 58 de LOTTT-, la prueba madre en materia de Derecho del Trabajo y cuya legitimidad brota de la voluntad patronal de materializar el vinculo laboral ipso facto al beneficiarse de la prestación personal del servicio por el laborante mediante su otorgamiento bajo firma por escrito de dicha constancia.
En tal sentido, una falta de legitimidad de quien aparece como otorgante del mismo, o en su representación patronal, concierne a la negación de la firma, siendo ello el supuesto en el que negada la firma, puede trasladarse la carga de la prueba a la promovente de la constancia laboral, bien sea por la -sospecha lata- de su falsificación, o su plena falsedad afirmada por quien ocupa la postura procesal de reclamado en juicio laboral como patrono, a tenor de lo previsto en los artículos 86 al 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y no del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, debe advertirse, que la demandada no niega la autoría de la firma, sino de la capacidad del otorgante de la misma para comprometer la responsabilidad laboral, señalando en un momento anterior al debate judicial y producción de la prueba, que la ciudadana firmante Bárbara Martínez tenía el cargo de coordinadora de recursos humanos al momento de la expedición y firma del documento, otorgando a dicha constancia, pleno y uniforme valor de pruebas en este Alzamiento, pues tal instrumento no pierde vigencia por la capacidad ratio temporis del otorgante a cuyo patrono representa o representaba.
Con ese contexto, y fuera de ese supuesto precedente de la negación de la firma para su cotejo forense; en nuestro fuero legal adjetivo, la carga de probar la falsedad supra tramitada, incumbe al patrono demandado, y nunca al laborante a quien solo le corresponde su derecho de solicitar la constancia de laborante bajo las únicas reglas documentales previstas en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras v los Trabajadores, de tal forma que esta Alzada constata que la recurrida impuso una carga procesal no prevista en la ley para demostrar lo que en un primer encuentro del careo judicial en su Sede, se desconoció por una supuesta falta de capacidad jurídica de quien allí firma para comprometer a la entidad de trabajo, colocando dicho Despacho Judicial, la carga sobre los hombros de la trabajadora para demostrar quien es la persona que firma, quebrantando así reglas procesales de Orden Público y por ende inaplazables en la determinación de las cargas adjetivas del proceso laboral a tenor de lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
De lo anterior se sigue que en la litis contestatio brilla por su ausencia la supuesta alegación de falsedad o incapacidad jurídica de quien firma la constancia de trabajo, limitándose la accionada a negar el salario en dólares mediante un craso descuido del valor de esa prueba de constancia de trabajo en original erradamente valorada por la recurrida, adicional a la admisión posterior del hecho de que quien aparece como la firmante era efectivamente la Coordinadora de Gestión Humana de la demandada, dicho incluso durante el debate oral de juicio, de tal modo que se declara procedente la denuncia de gravamen, por vía de falsa valoración de la prueba que condujo a un falso supuesto de hecho y de derecho, al tener por cierto lo contrario al hecho litigioso afirmado y probado en las actas en las cuales hay constancia indubitable del trabajo realizado así como del salario devengado en dólares americanos y ASI SE DECIDE.
De la cita del fallo impugnado, esta Sala colige que las instrumentales probatorias ofrecidas por la parte actora, marcadas con las letras “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” y “J” -las cuales, según la recurrente, fueron debidamente impugnadas en la audiencia de juicio y valoradas por el ad quem al margen de la ley-, fueron analizadas por el juzgado de segunda instancia con estricta observancia de los artículos 78, 86 y 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En efecto, el juez superior apreció acertadamente que la recurrente se limitó a cuestionar la cualidad de quien suscribió la constancia de trabajo original (instrumental “A”), lo cual constituye el uso de un medio impugnatorio errado frente a los supuestos de los artículos 86 y 87 eiusdem. Por el contrario, el propio impugnante admitió en la audiencia que la firmante era efectivamente la Coordinadora de Recursos Humanos de la demandada; dicha confesión, concatenada con el resto de los recibos, permitió al juez ad quem llegar a la conclusión de que quedó demostrado el vínculo laboral y el devengo de un salario mensual de 400 USD.
A mayor abundamiento, esta Sala mediante sentencia número 478 del 29 de octubre de 2024 (caso: María Eugenia Izquierdo Hernández contra Especialidades Dollder, C.A.), se pronunció sobre un supuesto análogo al de autos en los siguientes términos:
Esta Sala, en cuanto al desconocimiento de la firma y contenido de los recibos de pago, opuesto por la accionada, estima importante precisar el alcance de dicho medio de impugnación, cuyos límites están establecidos en los artículos 444 y 445 del Código de Procedimiento Civil, reproducido su sentido en los artículos 86 y 87 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los cuales indican de forma expresa y tácita, que ante el documento privado simple, la parte a quien se le opone tiene el derecho, cuando la firma no es la suya, a no reconocerla, a fin de restarle validez a ese instrumento y de forma consecuencial al contenido, pero de ningún modo dicho medio cuestiona de modo directo y autónomo el mismo.
De modo tal, que el desconocimiento o no reconocimiento de firma es el mecanismo establecido específicamente en la ley procesal para impugnar la autoría del documento, sin que tal medio pueda alcanzar el contenido del instrumento. Las falsedades materiales o ideológicas del documento no se atacan por vía del desconocimiento, para ello existen otras defensas, como la tacha, entre otras.
En el caso en concreto, la accionada no promovente desconoció el contenido de los recibos marcados con las letras F1, F2, y F3, lo cual constituye el uso de un medio impugnatorio errado.
Asimismo, en cuanto a las instrumentales probatorias distinguidas con las letras “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” y “J”, observa esta Sala que fueron acertadamente valoradas por el ad quem, en virtud que, si bien la parte recurrente las impugnó, dicha oposición se limitó a cuestionar su valor de forma simple y genérica, omitiendo que tales documentos ya integraban el expediente administrativo de estabilidad laboral que cursa en autos, al cual se le otorgó valor probatorio en su oportunidad, sin que el recurrente ejerciera contra él recurso de nulidad alguno. Por lo tanto, la Alzada actuó con coherencia procesal al reconocerles la eficacia vigente de la prueba, pues lo contrario habría implicado una inconsistencia lógica al desechar instrumentos que ya surtían plenos efectos en la esfera administrativa como en la judicial.
De esta forma, es menester señalar que la actividad probatoria de las partes en el proceso no se agota en la proposición de los medios, sino que se extiende al control y la contradicción de estos; traduciéndose este último aspecto en la facultad de discutir su procedencia o admisibilidad, o bien en la posibilidad de enervar su mérito de convicción sobre los hechos controvertidos en el proceso.
En tal sentido, la actividad probática debe ceñirse estrictamente a las regulaciones normativas que rigen la proposición u oferta, admisión, evacuación y valoración de los medios. Respecto a la prueba documental, esto implica que cada tipo de instrumento posee reglas particulares para su incorporación y posterior impugnación; reglas que, en el caso de autos, fueron debidamente observadas por el juzgado superior en conjunción con los alegatos indicados, para reconocer que la demandada no cumplió con los requerimientos técnicos para desvirtuar los instrumentos de la actora, al no haber articulado el ataque idóneo según la naturaleza de cada prueba.
Bajo estas premisas, la Sala observa que el fallo recurrido reconoció la fuerza probatoria de los instrumentos en referencia con observancia de la normativa delatada, fundamentando su decisión en la ineficacia del ataque formulado por la parte demandada. Por consiguiente, al no constatarse el agravio a las normas delatadas, la presente denuncia debe ser declarada improcedente. Así se decide.
II
Para decidir, esta Sala observa:
Denuncia la parte demandada recurrente la errónea interpretación del artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, que regula el depósito de la garantía de las prestaciones sociales, fundamentando su pretensión en que la recurrida no ordenó el cálculo de los intereses sobre dicha garantía, conforme a la doctrina sentada por esta Sala, es decir, convirtiendo la deuda a bolívares según la tasa oficial correspondiente a cada trimestre, para la posterior aplicación de la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela.
Al respecto, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que el vicio de errónea interpretación se verifica cuando el juzgador, aun reconociendo la existencia y validez de la norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, yerra al interpretar su alcance general y abstracto haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido, es decir, el sentenciador interpreta la disposición legal, pero le otorga un sentido distinto al verdadero contenido de ésta.
Por tanto, al alegarse la existencia del mencionado vicio, es imperativo precisar la correcta exégesis de la norma acusada como infringida. Asimismo, como lo ha establecido esta Sala, el vicio de infracción de ley exige como presupuesto indispensable de procedencia la influencia determinante en el dispositivo del fallo, es decir, el error debe ser de tal magnitud que resulte capaz de alterar el sentido de la decisión de la litis; pues solo así justifica el despliegue de la función casacional en virtud del principio de utilidad que rige este recurso extraordinario.
Para completar este marco analítico, se transcribe el contenido del artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 143. Depósito de la garantía de las prestaciones sociales. Los depósitos trimestrales y anuales a los que hace referencia el artículo anterior se efectuarán en un fideicomiso individual o en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales a nombre del trabajador o trabajadora, atendiendo la voluntad del trabajador o trabajadora.
La garantía de las prestaciones sociales también podrá ser acreditada en la contabilidad de la entidad de trabajo donde labora el trabajador o trabajadora, siempre que éste lo haya autorizado por escrito previamente.
Lo depositado por concepto de la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses al rendimiento que produzcan los fideicomisos o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según sea el caso.
Cuando el patrono o patrona lo acredite en la contabilidad de la entidad de trabajo por autorización del trabajador o trabajadora, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, determinada por el Banco Central de Venezuela.
En caso de que el patrono o patrona no cumpliese con los depósitos establecidos, la garantía de las prestaciones sociales devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley.
El patrono o patrona deberá informar trimestralmente al trabajador o trabajadora, en forma detallada, el monto que fue depositado o acreditado por concepto de garantía de las prestaciones sociales.
La entidad financiera o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, según el caso, entregará anualmente al trabajador o trabajadora los intereses generados por su garantía de prestaciones sociales. Asimismo, informará detalladamente al trabajador o trabajadora el monto del capital y los intereses.
Las prestaciones sociales y los intereses que éstas generan, están exentos del Impuesto sobre la Renta. Los intereses serán calculados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador o trabajadora, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.
A los fines de resolver la presente delación, esta Sala de Casación Social procede a verificar si la Alzada incurrió en el vicio denunciado, examinando para ello el fallo recurrido, del cual se extrae:
Resueltas las denuncias precedentes, procede este Juzgador a la cuantificación real de la condena como hemos dicho al encabezamiento de la presente motiva, solo dentro de los límites de lo apelado en autos y con vista a que la parte demandada no ejerció modio de gravamen alguno; tantum apellatum quantum devolutum, por lo que, los hechos litigiosos de la pretensión que fruto del correcto análisis forense de la prueba sin posibilidad de reforma en perjuicio por la prohibición de la reformatio in peius, resultan de la convicción plena de esta Superioridad y se discriminan como veredictos así:
.Garantía de Prestaciones Sociales (literales A y B del artículo 142 LOTTT): USD$ 3.383,33
. Intereses de capital sobre la garantía de prestaciones sociales (artículo 143 LOTTT): USD$2.611,35
(Omissis)
Finalmente, en cuanto a los intereses moratorios sobre la prestación de antigüedad y demás conceptos laborales y periféricos de la pretensión deducida y que no fue apelada por la condenada en este proceso, se ordena el cómputo cancelación de los mismos, a partir de la fecha en que terminó el computo de la pretensión, es decir, a partir de la fecha de interposición de la demanda, por lo que queda prohibido el cálculo de intereses sobre los intereses ya acordados, debiendo ser calculados mediante experticia complementaria del fallo a cargo de un solo experto, teniendo éste último la labor de cuantificarlos conforme lo prevé el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde de la fecha de la interposición de la demanda, hasta la fecha en que el presente fallo se encuentre definitivamente ejecutado debiendo acotar, que el experto debe efectuar el cálculo de los intereses de mora convirtiendo la deuda a Bolívares a la tasa oficial para el momento que tenga lugar el pago, monto al cual le aplicara las tasas de interés, a fin de obtener el monto total a pagar en Bolívares, y de los cuales puede liberarse mediante ambos conos monetarios pudiendo aplicar según se tramite la reconversión de dicho total a dólares a la tasa de su ejecutoria, en concordancia con lo preceptuado en la norma del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Por último, se debe dejar sentado que el experto deberá excluir de dicho cálculo, los lapsos sobre los cuales la causa se hubiere paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, realizando el cómputo con base en los índices inflacionarios correspondientes fijados por el Banco Central de Venezuela. ASÍ SE ESTABLECE.
De la transcripción parcial del fallo recurrido, esta Sala observa que, si bien el ad quem cumplió con el deber de ordenar la condena de los intereses sobre la garantía de las prestaciones sociales, así como de los intereses moratorios sobre las cantidades acordadas en dólares de los Estados Unidos de América, se aprecia que la misma no se ajustó a lo suficientemente señalado por esta Sala en la sentencia número 306 del 26 de julio de 2024 (Javier Alexander Luzardo Gutiérrez y otra contra Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.), entre otras; en la cual se sostuvo lo siguiente:
Se ordena el pago de los intereses de mora de las cantidades condenadas en dólares Norteamericanos de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio sentado por esta Sala en sentencia número 1.841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: José Surita contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.), […]. Dicho cálculo se efectuará mediante experticia complementaria del fallo realizada por el experto designado, cuyos honorarios serán cancelados por la parte demandada, considerando para ello la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, que corresponde a la tasa activa conforme a lo previsto en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Además, para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los mismos, ni serán objeto de indexación.
Siendo que parte de los montos condenados se encuentran en moneda extranjera (dólares Norteamericanos), sin embargo, las tasas de interés publicadas por el Banco Central de Venezuela están establecidas solo en bolívares, el experto procederá a efectuar el cálculo de los intereses de mora convirtiendo la deuda a Bolívares a la tasa oficial de la fecha de finalización de la relación de trabajo, (…), monto al cual le aplicará las tasas de interés, desde la fecha antes mencionada hasta la fecha efectiva de cálculo, a fin de obtener el monto total a pagar en Bolívares, del monto total arrojado por los intereses de mora, la parte demandada en la oportunidad de la ejecución podrá efectuar el pago en moneda extranjera, al cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela al momento del pago efectivo, monto equivalente a reflejar también en la experticia. Así se establece.
En caso de incumplimiento voluntario, se ordena el pago de los intereses de mora del monto que resulte total a pagar en dólares, contado a partir de la fecha del decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago efectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para lo cual el experto procederá a convertir la deuda a Bolívares y el tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución de la sentencia definitivamente firme o lo que es lo mismo de la materialización del pago efectivo, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al trabajador. Así se decide. (Destacado de la cita).
Asimismo, este Alto Tribunal advierte que el sentenciador de alzada omitió excluir de la metodología de los intereses moratorios lo relativo al cálculo de los intereses sobre la garantía de las prestaciones sociales, toda vez que, al tratarse de conceptos condenados en dólares americanos, estos últimos -por mandato de la norma sustantiva (ex articulo 143)- deben cuantificarse de forma trimestral y bajo la regla de conversión a moneda nacional, conforme a la señalado en la precitada sentencia número 306 del 26 de julio de 2024, de la siguiente manera:
Intereses sobre la prestación social de las cantidades condenadas en dólares:
Se ordena el pago de los intereses de la prestación social de las cantidades ordenadas a pagar en dólares a la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha en que los actores comenzaron a devengar salarios en dólares, hasta la fecha de terminación de la relación laboral, tal como lo dispone el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadoras y las Trabajadoras.
Ahora bien, considerando que se trata de cantidades reflejadas en moneda extranjera, el experto procederá a efectuar el cálculo de los intereses de prestación social convirtiendo la deuda a Bolívares a la tasa oficial que corresponda en cada trimestre, desde la fecha en que los actores comenzaron a devengar salarios en divisas, hasta la fecha de egreso el 5 de enero de 2021. Así se establece. (Destacado de la cita).
Por ende, al verificar que el juzgado superior omitió excluir de la metodología de los intereses moratorios lo relativo al cálculo de los intereses sobre la garantía de las prestaciones sociales -los cuales deben cuantificarse convirtiendo la acreencia a bolívares según la tasa oficial vigente al cierre de cada trimestre sobre el salario histórico respectivo-, esta Sala constata la comisión del vicio de errónea interpretación del artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Tal infracción inficiona de nulidad parcial el fallo impugnado, habida cuenta que el yerro detectado recae estrictamente sobre la determinación aritmética de la condena y no sobre la procedencia del concepto laboral, extremo este último sobre el cual no se esgrimió disconformidad alguna por la parte recurrente y que, por tanto, permanece incólume; por lo cual infra se ordenará la corrección de tal error constatado. Así se establece.
III
De conformidad con lo establecido en el artículo 168 numeral 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte recurrente denuncia que la decisión impugnada adolece del vicio de inmotivación, por infracción de lo previsto en el artículo 159 eiusdem, fundamentando su delación en los siguientes términos:
(…) esta representación se permite denunciar que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivacion al no establecer en su motiva el correcto cálculo de los conceptos salariales demandados conforme a los parámetros establecidos por ley sino que se limitó a reproducir como ciertos los montos alegados por la parte actora' so pretexto de que no se ejerció apelación por esta representación lo cual no constituye una condición sine qua non para inobservar el mandamiento de ley en determinar de forma expresa, positiva y precisa los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión máxime cuando esta representación desconoció el monto en divisas base objeto de cálculo para los demás conceptos esgrimidos. Esta digna Sala de Casación Social podrá apreciar que la recurrida en el folio 17 se limita a condenar los montos que fueron demandado por concepto tanto de intereses sobre prestaciones sociales como intereses de mora, sin emitir pronunciamiento alguno en torno a la forma en la que la parte actora realiza el cálculo de dichos conceptos. La recurrida de manera errada aduce que al no haberse apelado por esta representación los conceptos laborales se dan por verídicos cuando lo cierto es que -se reitera que al desconocerse el salario en moneda extranjera- alegado por la parte actora, queda en total desconcierto el método o forma de cálculo utilizado para arribar a tales montos dejando así a nuestra representada en completa indefensión. Insiste esta representación en que esta digna Sala de Casación Social ha establecido que errores de cálculo da lugar a la posibilidad de que una sentencia pueda casarse de oficio debido a que se trata incluso de normas de orden público. Con base al criterio jurisprudencial expuesto, ha debido el Juez de la recurrida concluir que la forma de calcular tanto los conceptos laborales como los Intereses sobre prestaciones sociales y los intereses de mora que fueron demandados no habían sido correctamente calculados, ordenando en su sentencia la realización de una experticia complementaria del fallo, a los fines de que un experto pudiese realizar el cálculo correcto aplicando la doctrina y la correcta interpretación de la norma que se denuncia como infringida. Es por ello por lo que solicito a esa digna Sala de Casación Social que, en caso de que la denuncia anterior sea declarada improcedente, se sirva declarar con lugar (a presente denuncia anulando parcialmente el fallo recurrido y ordenando que el cálculo de los conceptos salariales para que sean debidamente calculados. (Sic).
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante denuncia, con fundamento en el artículo 159 de la Ley Orgánica de Procesal del Trabajo, que el ad quem incurrió en el vicio de inmotivación del fallo, por cuanto -a su decir- se limitó a condenar los montos demandados sin establecer en su motiva el correcto cálculo de los conceptos salariales conforme a los parámetros establecidos por ley.
Al respecto, esta Sala de Casación Social debe reiterar que el vicio de inmotivación se produce cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, lo que no debe confundirse con la escasez o exigüidad de motivos. De esta forma, existe falta absoluta de fundamentos cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que constituye la verdadera finalidad de la pretensión.
En este orden de ideas, la jurisprudencia pacífica ha señalado que existe inmotivación de una sentencia cuando sucede alguna de las siguientes hipótesis: 1°) Ausencia total de razonamientos: Si no contiene materialmente ningún fundamento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo; 2°) Impertinencia: Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones y defensas opuestas; 3°) Contradicción insoluble: Los motivos se destruyen los unos con los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos; 4°) Vaguedad o absurdidad: Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión; 5°) Silencio de prueba: Cuando el sentenciador omite el análisis de medios probatorios determinantes.
La motivación constituye un requisito intrínseco y esencial de validez de toda sentencia, tal como lo ordenan el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 243, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión, los cuales disponen:
Artículo 159. Dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez deberá, en su publicación, reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará a las actas, dejando constancia, el Secretario, del día y hora de la consignación. El fallo será redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni de transcripciones de actas, ni de documentos que consten en el expediente; pero contendrá la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del objeto, con un único perito, el cual será designado por el Tribunal.
Artículo 243. Toda sentencia debe contener:
(Omissis)
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
Este último precepto legal citado impone que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho en que se fundamente la decisión; lo que implica que el juzgador tiene la carga de explicar con claridad el iter lógico que le permitió arribar a su conclusión, basándose tanto en los hechos derivados del material probatorio como en las normas de derecho aplicables al caso concreto.
Bajo esta premisa, el requisito de validez del fallo que se examina tiene como propósito, según lo antes expuesto, garantizar que en el texto de la sentencia concurran los fundamentos de hecho y de derecho que sirven de sustento a la decisión final; “(…) ESTO NO SIGNIFICA QUE EL JUEZ, DEBA DAR LA RAZÓN DE LA RAZÓN, SINO DAR UNA RAZÓN APOYADA EN HECHOS CONCRETOS. LOS JUECES NO ESTÁN OBLIGADOS A DAR EL PORQUÉ (sic) DE CADA MOTIVO, ‘LA RAZÓN DE CADA RAZÓN’ (…)”. [Agregado de la Sala; destacado de la cita] (Sala de Casación Civil, sentencia número 79 del 11 de febrero de 2014; caso: Laboratorio Clínico Bacteriológico Táchira, C.A. contra Policlínica Táchira, C.A. y otra).
Señalado lo anterior, resulta oportuno para esta Sala transcribir lo expuesto por el sentenciador de alzada respecto al punto discutido, quien expresamente señaló lo siguiente:
Resueltas las denuncias precedentes, procede este Juzgador a la cuantificación real de la condena como hemos dicho al encabezamiento de la presente motiva, solo dentro de los límites de lo apelado en autos y con vista a que la parte demandada no ejercicio medio de gravamen alguno; tantum apellatum quantum devolutum, por lo que, los hechos litigiosos de la pretensión que fruto del correcto análisis forense de la prueba sin posibilidad de reforma en perjuicio por la prohibición de la reformatio in peius, resultan de la convicción plena de esta Superioridad y se discriminan como verídicos así:
Garantía de Prestaciones Sociales (literales A y B del artículo 142 LOTTT): USD$ 3.383,33.
Intereses de capital sobre la garantía de prestaciones sociales (artículo 143 LOTTT): USD$ 2.611,35.
Utilidades vencidas y no pagadas: USD$ 2.133,33.
Vacaciones adeudadas: USD$ 640,00.
Bono Vacacional no pagados 2021-2023: USD$ 640,00.
Salarios caídos sep 2021- ago 2023: USD$ 9.600,00.
Intereses de mora sobre los salaros caídos sep 2021- ago 2023: USD$ 4.428,56.
Intereses de mora sobre utilidades vencidas y no pagadas sep 2021- ago 2023: USD$ 944,66.
TOTAL CONDENADO a PAGAR: USD 24.381.24. (Sic).
De la transcripción parcial de la sentencia recurrida, esta Sala de Casación Social observa que, si bien el juzgado superior estableció la procedencia de los conceptos laborales demandados, omitió realizar el correspondiente análisis jurídico-aritmético respecto de la naturaleza de los montos condenados en moneda extranjera.
Asimismo, este Alto Tribunal extremando funciones ha podido evidenciar de las actas que conforman el caso sub iudice, la ausencia de convenio especial expreso (convención contractual) o demostración inequívoca de la voluntad de las partes de establecer la divisa como “moneda de pago”, de conformidad con el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.211 Extraordinario, Decreto número 2179 del 30 de diciembre de 2015). Tal omisión confirma que el juzgador de alzada no cumplió con el deber de motivar el fallo sobre este particular, conculcando así los derechos de la parte demandada, tal como fue denunciado.
Por ende, al apreciarse el yerro cometido respecto a la falta de distinción entre la moneda extranjera como “moneda de pago” y no como “moneda de cuenta”, así como la falta de realización de los cálculos aritméticos de los conceptos acordados -frente a la ausencia de señalamiento por parte de la recurrida sobre la existencia de convención expresa entre las partes para la utilización de la divisa como moneda de pago-, esta Sala declara la procedencia de la presente denuncia en virtud del vicio acusado y con lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.
En consecuencia, se inficiona el fallo recurrido de nulidad parcial, habida cuenta que lo detectado se corresponde estrictamente con el cálculo aritmético de la condena y no respecto a la procedencia de los conceptos laborales demandados, lo cual permanece incólume. Así se establece.
En tal sentido, atendiendo a las procedencia del recurso de casación, el cual se circunscribe exclusivamente a la determinación del monto de los conceptos laborales demandados conforme a los parámetros que quedaron definitivamente firmes (sentencia de esta Sala número 1108 del 1° de diciembre de 2015; caso: Luis Enrique Oviedo contra Alimentos Polar Comercial, C.A.), toda vez que no hubo impugnación respecto de la procedencia de la demanda ni de los conceptos objeto de condena, esta Sala estima que los vicios detectados afectan únicamente de manera parcial el fallo recurrido.
Congruente con lo anterior, resulta menester destacar que es procedente la nulidad parcial de una decisión judicial cuando los errores verificados se refieran exclusivamente a la determinación de la base salarial o al cálculo numérico de los conceptos condenados, sin afectar el resto del pronunciamiento ni el fondo del derecho reconocido, tal como ha sido sostenido de forma reiterada por esta Sala en la sentencia número 284 del 23 de julio de 2024 (caso: Daniele Vittorio Satti Bertoncini y otro contra Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.), entre otras; al señalar lo siguiente:
De igual forma, en sentencia número 222 del 26 de abril del 2013 [(Caso: Fernando Guillermo Leyes contra Compañía Brahma Venezuela, S.A. (Ambev Venezuela)] esta Sala de Casación Social, en cuanto a la posibilidad de declarar la nulidad parcial del fallo recurrido, señaló lo que a continuación se transcribe:
Analizados como han sido los recursos de casación presentados por ambas partes, y visto que han prosperado dos de las denuncias contenidas en la formalización de la parte demandada recurrente, esta Sala declara sin lugar el recurso interpuesto por la parte actora y con lugar el incoado por la parte demandada. En consecuencia, se anula parcialmente el fallo recurrido y con la finalidad de decidir el mérito de la controversia se desciende a las actas del expediente, de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se declara.
Dado lo puntual de los vicios que afectan la decisión recurrida y analizados como han sido cada uno de los aspectos de la misma con los cuales existió disconformidad por parte de los recurrentes, esta Sala ratifica en todas y cada una de sus partes la sentencia proferida en fecha 8 de octubre de 2010, por el Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con excepción de lo atinente al número de días que fueron condenados por concepto de bono vacacional y prestación antigüedad, ello en sujeción a los planteamientos esgrimidos a los efectos de dar solución al recurso propuesto. Así como también, en lo que respecta a la omisión de ordenar al experto a los efectos de su dictamen el descuento de la cantidad ya pagada al actor por concepto de prestaciones sociales. (Sic).
A mayor abundamiento, en sentencia de la Sala de Casación Social, número 169 de fecha 26 de junio de 2019, caso: Lisbeth Josefina Armas contra Supermercados Unicasa, C.A), bajo la figura de una casación de oficio, se anuló el fallo de forma parcial, estableciendo lo siguiente:
En el caso concreto, se justifica la casación de oficio toda vez que se ha evidenciado la violación del orden público, al infringirse el principio de equidad en la decisión de la causa, debido que en virtud del período de tiempo transcurrido desde la publicación de la sentencia recurrida hasta la presente decisión, toda vez que el monto condenado por la juez ad quem, por concepto de indemnización del daño moral se hace insuficiente y por ende, los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al Estado Social y de justicia, por lo que de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe esta Sala casar de de oficio la sentencia, anular parcialmente el fallo y descender a las actas del proceso, a los fines de resolver el merito del asunto únicamente en lo que respecta al establecimiento del monto de la indemnización por daño moral. Así se declara. (Sic) [Resaltado de la Sala]. (Resaltado añadido).
(…) En tal virtud, en base a los razonamientos anteriormente expuestos, se anula parcialmente el fallo recurrido únicamente en lo relativo con el monto condenado tanto en bolívares como en dólares para el pago de la prestación social contemplada en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y el concepto de corrección monetaria de las cantidades condenadas en dólares, quedando firme el resto de los conceptos condenados, y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala desciende al estudio de las actas procesales y pasa a resolver el fondo de la controversia, en los siguientes términos (…).
En atención a lo expuesto, esta Sala declara con lugar el recurso ejercido por la parte demandada, anula parcialmente el fallo recurrido y, con la finalidad de decidir el mérito de la controversia, se desciende a las actas del expediente. Así se declara.
DE LA DECISIÓN DE MÉRITO
Ahora bien, tal como se señaló ut supra, esta Sala entra a resolver puntualmente los vicios que afectan la decisión recurrida, referidos exclusivamente al quantum en moneda extranjera de los conceptos condenados por el Juez de alzada, así como a los intereses sobre las prestaciones sociales, los intereses moratorios y la conversión de dichos montos a moneda nacional; circunstancia por la cual, esta Sala de Casación Social ratifica en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada el 4 de junio de 2025, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, con excepción de los puntos antes señalados.
En este sentido, se ha determinado que el juez de alzada incurrió en error específicamente en la operación aritmética del quantum condenado; en virtud de ello, y toda vez que la parte demandada se conformó con lo establecido por el juez a quo sobre los concepto laborales condenados, por ende, esta Sala -en aplicación de los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos del trabajador-, ordena el correcto cálculo de las prestaciones sociales y demás beneficios, así como de los intereses de mora y sobre la garantía de las prestaciones sociales condenados por el ad quem, mediante la realización de una experticia complementaria del fallo. Así se establece.
Dicha experticia deberá ser practicada por un único experto designado por el tribunal de ejecución competente, conforme a lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyos gastos derivados de dicha actuación serán sufragados por la parte demandada. Así se establece.
Para la elaboración de dicho cálculo, el experto tomará como base el último salario mensual demostrado como devengado por la trabajadora, siendo este de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (400 USD) y, a partir de este monto, determinará el salario normal mensual.
Una vez determinado este, se procederá a calcular el salario normal diario; obtenido este último, el experto deberá adicionar la alícuota correspondiente a diecisiete (17) días de bono vacacional y treinta (30) días de utilidades, a los fines de determinar el salario integral diario que servirá como base para el cálculo ordenado. Así se decide.
Por otra parte, visto que el salario demostrado como devengado en el presente caso fue en moneda extranjera y, ante la ausencia de un convenio expreso que lo establezca como moneda de pago, esta Sala considera oportuno traer a colación lo señalado en la sentencia número 269 del 8 de diciembre de 2021 (caso: Oscar Rafael Quiroz Bravo y otros contra Baker Hughes de Venezuela, S.C.P.A.), respecto a las obligaciones de pago expresadas en moneda extranjera en la República Bolivariana de Venezuela, a tenor de lo siguiente:
Asimismo, debe indicarse que en atención al artículo 128 en referencia, en principio las obligaciones en Venezuela expresadas en moneda extranjera y pagadera en el territorio, utilizan la divisa como moneda de cuenta, como referencia para el pago equivalente en bolívares aplicando el cambio o tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela para el momento en que se realice el pago efectivo, salvo convención especial en contrario, entendida como contrato, cláusula o acuerdo, que consagre a la moneda extranjera como moneda de pago, siempre que lo permita el marco del sistema o régimen de operación con divisas existente para el momento del pago.
(Omissis)
Así las cosas, siendo el bolívar la moneda de curso legal (dinero), como lo refiere el artículo 123 citado no se permite el pago del salario en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda; debiendo ser pagado en dinero efectivo, o mediante cheque bancario o por depósito en entidad de ahorro y préstamo u otra institución bancaria; mas el bolívar no es de curso forzoso entre particulares, lo que permite que el salario, como remuneración, provecho o ventaja por los servicios prestados, pueda acordarse por las partes en todo o en parte en moneda extranjera como compensación por el servicio efectuado y forma de mantener el poder adquisitivo del salario, reflejándolo en el recibo de pago del trabajador (artículo 106 LOTTT), en el entendido, que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades materiales, morales e intelectuales del trabajador y de su familia, en relación con la actividad cumplida (artículo 111 LOTTT).
De esta manera, se acepta el pago del salario en moneda extranjera por convención especial y a la luz del nuevo marco cambiario, conforme a lo previsto en el artículo 128 mencionado concatenado con el Decreto Constituyente (2 de agosto de 2018) y el Convenio Cambiario N° 1, en su literal b), del artículo 8 mencionado y; en caso de pactarse lo devengado en salario en moneda extranjera como moneda de cuenta, se permite que el patrono pueda liberarse de su obligación efectuando el pago en dicha moneda o en bolívares, atendiendo al literal a) del artículo 8 del vigente Convenio Cambiario N° 1 (7 de septiembre de 2018). (Sic).
En esta línea argumentativa, esta Sala, mediante decisión número 374 publicada el 7 de agosto de 2024 (caso: Romer Alexander Zambrano Vivas contra Gold Data C.A y otros.), asumió el criterio reiterado por la Sala de Casación Civil en la sentencia número 106 del 29 de abril de 2021 (caso: Gabriela Coromoto Infante Gravina y otra, contra Alexander Santa María Ávila y otro), en los siguientes términos:
En cuanto a las obligaciones, la Sala ha establecido que debe distinguirse cuando la obligación en divisas está expresada en moneda de cuenta (moneda alternativa) o como moneda de pago stricto sensu. En el primer caso, la Sala ha establecido que la moneda extranjera funciona como una moneda de cuenta, es decir, de modo referencial del valor de las obligaciones asumidas en un momento determinado, en el segundo caso, la moneda extranjera se fija como moneda efectiva y exclusiva de pago.
En este sentido, cuando la moneda extranjera funciona como moneda de cuenta, implica que las partes la emplean como una fórmula de reajuste o estabilización de la obligación pecuniaria frente a eventuales variaciones del valor interno de la moneda de curso legal, que en nuestro caso es el Bolívar. Así, el deudor de una obligación estipulada en moneda extranjera, en principio, se liberará entregando su equivalente en bolívares a la tasa corriente a la fecha de pago, precisamente tanto la moneda de cuenta como la moneda de curso legal están in obligationem, pero una sola de ellas está in solutionem, en consecuencia salvo que exista pacto especial o cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, conforme lo dispone el artículo 128 de la mencionada Ley del Banco Central, el deudor se liberará de la obligación nominada en moneda extranjera mediante la entrega de su equivalente en bolívares a la tasa de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago. (Subrayado de la cita).
En consecuencia, con base en las consideraciones expuestas, una vez determinado el salario integral diario conforme a las acreencias reconocidas como devengadas, el experto designado deberá efectuar las operaciones jurídicas aritméticas correspondientes, utilizando dicho monto como moneda de cuenta y, en virtud de la inexistencia de un pacto expreso que lo establezca como moneda de pago, el cumplimiento de la obligación podrá efectuarse en divisas o en bolívares, empleando como referencia el valor del Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, según la tasa oficial vigente al momento del pago efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Banco Central de Venezuela. Así se establece.
Prestaciones sociales:
La operación jurídico-aritmética correspondiente al cálculo de lo adeudado por este concepto será realizada por el experto designado, desde la fecha de inicio de la relación laboral, 6 de febrero de 2020, hasta la fecha de su terminación, el 22 de septiembre de 2023, tomando en consideración el salario integral histórico devengado en cada trimestre respectivo, para lo cual deberá considerar los salarios establecidos en las pruebas cursantes en autos, siendo este de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (400 USD).
En tal virtud, el perito deberá efectuar el cálculo conforme a lo previsto en el artículo 142, literal a), de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual establece que la garantía de las prestaciones sociales se computa mediante el depósito trimestral de quince (15) días de salario, calculado con base en el último salario integral devengado en el respectivo trimestre.
Adicionalmente, se deberán incluir los dos (2) días adicionales por cada año, contemplados en el literal b) del referido artículo, calculados sobre el salario integral del año correspondiente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dichos días adicionales proceden después del primer año de servicio y son acumulativos hasta treinta (30) días. Una vez obtenidos ambos montos, deberán sumarse los resultados derivados de los literales a) y b) del artículo 142 eiusdem.
Asimismo, el experto deberá realizar el cálculo previsto en el literal c) del artículo 142 de la ley sustantiva laboral, correspondiente al total del tiempo de servicio del trabajador, esto es, tres (3) años y siete meses (7) y dieciséis (16) días -período este considerado por haber quedado demostrada la fecha de inicio y terminación de la relación laboral-. Dicho cálculo se efectuará a razón de treinta (30) días por cada año de servicio, multiplicados por el último salario integral devengado.
Finalmente, el experto deberá comparar el monto total obtenido por la suma de los literales a) y b) con el resultado del cálculo efectuado conforme al literal c), y determinar cuál de los dos es más favorable. El monto superior será el que corresponda a la demandante por concepto de prestaciones sociales.
Para efectos del pago, el monto resultante deberá ser convertido a su equivalente en bolívares, tomando como referencia el tipo de cambio oficial vigente para la fecha del pago efectivo. Así se decide.
Intereses sobre las prestaciones sociales:
Se ordena el pago de los intereses sobre la garantía de las prestaciones sociales de la cantidad ordenada a pagar, tomando como referencia el histórico de la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela, desde el inicio de la relación laboral, 6 de febrero de 2020, hasta la fecha de su terminación, el 22 de septiembre de 2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
A tal efecto, considerando que se trata de cantidades expresadas en moneda extranjera, el experto procederá a efectuar el cálculo de los intereses sobre la garantía de prestaciones sociales mediante la conversión de la deuda a bolívares, utilizando la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela que corresponda en cada trimestre, desde la fecha de ingreso (6 de febrero de 2020), hasta la fecha de su terminación (22 de septiembre de 2023). Así se establece.
Demás conceptos laborales:
Respecto de los restantes conceptos laborales reconocidos, al haber quedado incólumes los parámetros fijados por la sentencia recurrida, se ordena al experto perito efectuar el cálculo de los mismos conforme a dichos lineamientos. (Cfr. Sentencia de esta Sala número 1108 publicada el 1° de diciembre de 2015 [caso: Luis Enrique Oviedo contra Alimentos Polar Comercial, C.A.]), los cuales se reproducen a continuación:
Utilidades:
En cuanto a este concepto, corresponde a la demandante el pago de las utilidades por la fracción del periodo 2020 y los periodos completos 2021, 2022 y 2023, calculadas con base en el salario normal devengado durante el referido período anual, el cual quedó establecido en la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (400 USD).
En consecuencia, se ordena su pago de acuerdo con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por la cantidad equivalente a treinta (30) días del salario normal diario respecto a los periodos 2021, 2022 y 2023, y la fracción del año 2020 por la cantidad de diecisiete coma cinco (17,5) días. Así se decide.
Vacaciones vencidas:
En cuanto a este concepto, corresponde a la demandante el pago de las vacaciones de los periodos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. Dichos montos se calcularán a razón de quince (15) días para el primer periodo, dieciséis (16) días para el segundo periodo y diecisiete (17) días para el tercer periodo, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, conforme al último salario normal devengado, el cual quedó establecido en la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (400 USD). Así se decide.
Relativo a este concepto, corresponde a la demandante el pago del bono vacacional por los periodos 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023. Dichos montos serán calculados a razón de quince (15) días para el primer periodo, dieciséis (16) días para el segundo periodo y diecisiete (17) días para el tercer periodo, a tenor de lo previsto en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; y, al igual que los conceptos anteriores, la base de cálculo será el último salario normal devengado (400 USD). Así se decide.
Salarios caídos:
Relativo a este concepto, le corresponde a la demandante el pago de los salarios caídos desde el 15 de septiembre de 2021 al 22 de septiembre de 2023, calculados con base en el salario normal mensual devengado. Así se decide.
Intereses de mora:
Se ordena el pago de los intereses de mora correspondientes a las cantidades condenadas, conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en aplicación del criterio establecido por esta Sala en la sentencia número 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: José Surita contra Maldifassi & Cia C.A.), computado desde la fecha de terminación del vínculo laboral -22 de septiembre de 2023- hasta la oportunidad del pago efectivo. Dicho cálculo se realizará mediante experticia complementaria del fallo a cargo del experto designado, cuyos honorarios serán asumidos por la parte demandada, considerando para ello la tasa de interés activa fijada por el Banco Central de Venezuela, conforme a lo previsto en los artículos 128 y 142 literal f) de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Para dicho cálculo no operará el sistema de capitalización de los mismos, ni serán objeto de indexación.
Dado que el monto condenado se encuentra expresado en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), y su pago podrá efectuarse en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, y considerando que las tasas de interés publicadas por dicha entidad bancaria están igualmente establecidas en moneda nacional, el experto procederá a convertir la deuda a bolívares utilizando la tasa oficial vigente a la finalización de la relación de trabajo (22 de septiembre de 2023). Sobre dicho monto en bolívares, aplicará las tasas de interés activa correspondientes desde esa fecha hasta la oportunidad efectiva de cálculo. Del total resultante por concepto de intereses de mora, la parte demandada podrá, al momento de la ejecución, efectuar el pago en moneda extranjera o en su equivalente en bolívares, utilizando el tipo de cambio oficial fijado por el Banco Central de Venezuela vigente a la fecha del pago efectivo, reflejando dicho equivalente en la experticia. Así se establece.
En caso de incumplimiento voluntario, se ordena el pago de los intereses de mora sobre el monto total a pagar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, calculados desde la fecha del decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago efectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para lo cual el experto procederá a convertir la deuda a bolívares, y el tribunal de la causa, al momento de la ejecución de la sentencia definitivamente firme -esto es, la materialización del pago efectivo-, deberá solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario registrado en el país durante dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al actor. Así se decide.
Finalmente, en torno a los conceptos condenados en moneda extranjera, la Sala Constitucional en sentencia número 628 de fecha 11 de noviembre de 2021 (caso: Gisela Aranda Hermida), ratificó el criterio sostenido por esta Sala de Casación Social relativo a la improcedencia de la indexación cuando se trate de obligaciones en moneda extranjera que sean actualizadas a la tasa vigente para el momento del pago o canceladas en efectivo. Por tal razón, se declara improcedente la corrección monetaria sobre dichos conceptos. Así se decide.
Atendiendo a los términos antes expuestos, queda modificado el fallo recurrido, con lo cual se declara parcialmente con lugar la demanda incoada. Así se decide.
DECISIÓN
En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación formalizado por la parte demandada, sociedad mercantil VIVA SUPERCENTRO, C.A., contra la decisión dictada el 4 de junio de 2025, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: SE ANULA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, en los términos establecidos en la parte motiva de la presente decisión; TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda.
No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Particípese de esta decisión al Tribunal Superior de origen de la referida Circunscripción Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
_______________________________
EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ
El Vicepresidente y Ponente, Magistrado,
__________________________________ ________________________________
CARLOS ALEXIS CASTILLO ASCANIO ELÍAS RUBÉN BITTAR ESCALONA
La Secretaria,
______________________________________
ANABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES
R.C. N° AA60-S-2025-000341.
Nota: Publicada en su fecha a las
En el día de hoy viernes, 20 de marzo de 2026, se publica la presente sentencia.
La Secretaria,
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