Venley

Sentencia N.º 0942

Sentencia
N.º 0942
Fecha
29/10/2015
Sala
Casación Social
Expediente
15-710
Ponente
Mónica Misticchio Tortorella
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

TRIBUNAL    SUPREMO    DE    JUSTICIA.     SALA    DE    CASACIÓN    SOCIAL

Caracas, veintinueve (29) de octubre de 2015. Años: 205º y 156º

 

En el proceso que por cobro de acreencias laborales sigue el ciudadano FERNANDO RAFAEL SOLÍS GUATUME, titular de la cédula de identidad Nro. 778.958, representado judicialmente por los abogados Leonardo José Piña López, Fernaldo Betancourt y Ricky España (INPREABOGADO Nros. 176.886, 152.058, 145.580 respectivamente), contra la sociedad mercantil SÚPER FRENOS TAGUAPIRE, C.A., anotada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con Sede en Ciudad Bolívar, en fecha 25 de junio de 1997, anotada bajo el Nro. 1823, Folios 233 al 241, Tomo A 23 año 1997, representada en juicio por los profesionales del Derecho Darío Farfan Álvarez y Evelia Del Carmen Fuentes Abarullo (INPREABOGADO Nros. 9.473 y 84.698, en su orden); el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante sentencia de fecha 5 de mayo de 2015, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante y sin lugar la apelación incoada por la demandada, modificando, la decisión dictada en fecha 3 de noviembre de 2014 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Ciudad de Bolívar, que declaró la admisión de los hechos por parte de la demandada y con lugar la demanda.

 

Contra la decisión de alzada, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Súper Frenos Taguapire, C.A., ejerció recurso de control de la legalidad en fecha 12 de mayo de 2015, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

El día 25 de junio de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Mónica Gioconda Misticchio Tortorella, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Siendo la oportunidad procesal para decidir sobre la admisibilidad del recurso de control de la legalidad, procede esta Sala a pronunciarse en los términos siguientes:

 

ÚNICO

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo prevé el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que, no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la aludida norma dispone que la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar el fallo, de conformidad con el artículo 165 eiusdem y el criterio establecido en la sentencia N° 569 dictada por esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, (caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A.); debiendo hacerse por escrito, que no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.

 

Esta Sala de Casación Social en decisión N° 692 de fecha 12 de diciembre de 2002, (caso: Antonio del Valle Lira Méndez contra Baker Hughes, S.R.L.), expresó que atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le corresponde restringir la admisibilidad de dicho medio de impugnación, limitándola a situaciones en las cuales la violación o amenaza sea de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión, por tratarse de quebrantamientos categóricos del orden legal establecido.

 

Verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y a tal efecto observa:

 

Quien recurre, denuncia la violación del orden público, toda vez que el Juez Superior al motivar la sentencia, declaró la incomparecencia de la parte demandada, cuando el presidente de la sociedad mercantil Súper Frenos Taguapire, C.A. contaba con un reposo médico, incurriendo así el Juez ad quem en un excesivo formalismo, al no flexibilizar las normas procesales aplicables.

 

En sintonía con lo anteriormente expuesto, quien recurre aduce que no se hizo justicia en el caso, por cuanto el Juez Superior debió reponer la causa al estado de fijar una nueva audiencia preliminar.

 

Expone, que la sentencia recurrida vulnera el derecho a la defensa de su representada y que carece de fundamento legal, toda vez, que el Juez ad quem evidencia del cúmulo probatorio, la existencia de una vicepresidenta de la sociedad mercantil Súper Frenos Taguapire, C.A. la cual consideró, que podía comparecer a la audiencia preliminar, por tener las mismas facultades del presidente de la demandada. En tal sentido, expresa el recurrente textualmente: “(…) debió la recurrida, REPONER la causa al estado de la audiencia preliminar y, de ninguna manera declara Sin Lugar el Recurso de Apelación, argumentando que en tal situación podría  haber comparecido la otra socia, en su carácter de vicepresidenta, que, (sic) Según los Estatutos, tiene las mismas facultades del Presidente (…)”.

 

Continúa su escrito de fundamentación, invocando la sentencia Nro. 270 de fecha 6 marzo de 2007 de la Sala de Casación Social, la cual declara la reposición de la causa por la incomparecencia de la apoderada judicial de la sociedad mercantil por presentar una crisis hipertensiva.

 

Manifiesta que “(…) la previsión contenida en el encabezado del artículo 131 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo, viola el principio de igualdad contenido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque priva al no compareciente al inicio de la Audiencia Preliminar, (…) que tiene derecho a probar lo que le favorezca, como lo concede en  materia civil, donde el demandado que no comparece al Tribunal a dar contestación a la demanda, se le otorga un lapso amplio probatorio de 15 días de despacho para probar lo que le favorezca. (…)” (sic).

 

Ahora bien, del análisis de los argumentos expuesto por la parte recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público. En consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 5 de mayo de 2015.

 

No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

_______________________________

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

 

 

La Vicepresidenta y Ponente,                                               Magistrada,

 

 

 

 

______________________________________          ____________________________

MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA              CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

Magistrado,                                                                          Magistrado,

 

 

 

 

__________________________                      __________________________________

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ                         DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO

 

 

El Secretario,

 

 

 

_____________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

C.L. Nº AA60-S-2015-000710

Nota: publicada en su fecha a

 

 

 

 

El Secretario,

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