Sentencia N.º 0957
- Sentencia
- N.º 0957
- Fecha
- 29/10/2013
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 12-1068
- Ponente
- Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso contencioso administrativo
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Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.
El Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, mediante oficio N° 432/12 del 27 de junio de 2012, remitió a esta Sala de Casación Social copias certificadas correspondientes al expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, interpuesto el 4 de junio de 2012 por la sociedad mercantil GENERAL MILLS DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados Juan Carlos Varela, Liliana Salazar Medina, Emma Neher, Ricardo Alonso, María Alejandra Blanco Peña, Hender Montiel Martínez, Manual Alfredo Rincón Suárez, César Roberto Santana Sosa, Ángel Mendoza Quintana, José Ernesto Hernández Bizot, Hadilli Gozzaoni Rodríguez, Evelyn Pérez Rojas, Daniela Sedes Cabrera, Daniela Arévalo Barrios, Doralice Bolívar Sánchez, Vanessa Mancini Gutiérrez, Ilyana León Toro, Gerardo Gascón Domínguez, Amaranta Lara Márquez, Fabiola Pantoja Rodríguez, Heymer Rodríguez Duque y Andrea Domínguez Muras, contra la Providencia Administrativa N° PA-US-ARA-0022-2012 del 24 de mayo de 2012, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ARAGUA, del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), sin representación judicial acreditada en autos, en la cual se impuso multa a la prenombrada empresa por la cantidad de tres millones ciento veintiséis mil sesenta bolívares fuertes (Bs. F. 3.126.060,00), por la comisión de las Infracciones previstas en los artículos 119 numeral 19; 118 numeral 2, 119 numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (sic).
Tal remisión se efectuó en virtud del recurso de apelación ejercido el 21 de junio de 2012 por la accionante, contra el fallo dictado por el referido Juzgado Superior el 18 de ese mismo mes y año, mediante el cual declaró improcedente la medida de amparo cautelar solicitada, apelación que fue oída en un solo efecto.
El 26 de julio de 2012 se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, y se fijó el inicio del lapso para fundamentar la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 9 de agosto de 2012, la apelante consignó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Social, escrito contentivo de los fundamentos del recurso de apelación.
Mediante auto del 3 de octubre de 2012, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala declaró concluida la sustanciación del presente asunto, al haber transcurrido los lapsos previstos en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 14 de enero de 2013, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados Suplentes Dr. Octavio Sisco Ricciardi y las Dras. Sonia Coromoto Arias Palacios y Carmen Esther Gómez Cabrera, quienes fueron convocados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de sus atribuciones, a los fines de cubrir la falta absoluta en virtud de la culminación del período constitucional de doce (12) años de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 1701 de fecha seis (06) de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal.
En la oportunidad legal correspondiente, procede esta Sala a pronunciarse sobre la apelación sometida a su conocimiento, en los siguientes términos:
I
DE LA SOLICITUD DE AMPARO CAUTELAR
Mediante escrito de fecha 4 de junio de 2012, la sociedad mercantil General Mills de Venezuela, C.A. interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, contra la Providencia Administrativa N° PA-US-ARA-0022-2012 del 24 de mayo de 2012, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del estado Aragua, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en la cual se impuso multa a la prenombrada empresa por la cantidad de tres millones ciento veintiséis mil sesenta bolívares fuertes (Bs. F. 3.126.060,00), por la comisión de las Infracciones previstas en los artículos 119 numeral 19; 118 numeral 2, 119 numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (sic).
Después de exponer la fundamentación jurídica para solicitar la nulidad del acto administrativo, la accionante solicitó medida de amparo cautelar a fin de que se suspendan los efectos del acto impugnado.
En primer lugar, en cuanto a la presunción del derecho que se reclama o fumus boni iuris, señala que el acto impugnado fue dictado en violación a las garantías constitucionales del debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, establecidas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al sancionar a la empresa sin tener pruebas de incumplimientos a la normativa en materia de salud y seguridad, y silenciar las pruebas que fueron consignadas en autos.
Agrega que el acto administrativo desvirtúa por completo la carga de la prueba, que en los procedimientos sancionatorios reposa siempre en cabeza de la Administración en virtud del principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49, numeral 2 de la Carta Magna.
Afirma que las sanciones establecidas en el acto impugnado presuponen incumplimientos o persistencias en no corregir condiciones inseguras para los trabajadores, lo cual implica verificar, constatar y demostrar que los incumplimientos fueron realmente cometidos, de modo que queden plenamente probados con el acervo probatorio, a través del procedimiento legalmente establecido.
En este sentido, afirma que en el presente caso la Administración ni siquiera se basa en los dichos de sus propias actuaciones, ni analiza lo que se desprende de las pruebas de autos; y lo único que consta como actuación de la Administración, son las diversas inspecciones efectuadas por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del estado Aragua, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que no constituyen prueba alguna por tratarse de una actuación realizada por la propia Administración, sin las debidas garantías para la empresa.
Añade que, al no establecerse en el procedimiento pruebas relativas a los supuestos incumplimientos, y desechar todas las pruebas promovidas por la empresa, no por soberana apreciación sino por silencio absoluto de pruebas, la Administración incurrió en violación de la presunción de inocencia, lo que evidencia la necesidad de la protección cautelar solicitada.
Al respecto, aduce que durante la tramitación del procedimiento administrativo, la empresa consignó las pruebas que demuestran el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo, supuestamente infringidas, quedando probado que la empresa cuenta con un programa de salud y seguridad en el trabajo realizado con la participación activa y protagónica de sus trabajadores, que efectuó una serie de trabajos de ingeniería y realizó requisición de materiales para corregir las anomalías detectadas por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del estado Aragua, y que contaba con un programa para incentivar y exigir el mantenimiento de limpieza y orden en el centro de trabajo; sin embargo, la providencia administrativa silenció las pruebas aportadas, lo cual compromete su constitucionalidad y validez.
Que el requisito del fumus boni iuris queda demostrado de la lectura de la providencia administrativa impugnada y de todas las actuaciones que integran el procedimiento administrativo, en razón de la errónea distribución de la carga de la prueba y el fragante silencio respecto de las instrumentales suministradas en el expediente.
En consecuencia, la empresa está obligada a cumplir una providencia inconstitucional e ilegal, que le impone una multa exorbitante al margen de sus derechos constitucionales a la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
En segundo lugar, en cuanto al periculum in mora, alega que si no se otorga la protección cautelar a favor de la empresa, la sentencia definitiva quedaría ilusoria, pudiendo ocasionarle perjuicios de difícil reparación, porque podría verse forzada a cumplir con un acto cuya validez está siendo cuestionada en juicio, quedando obligada a pagar una multa infundada cuyo reintegro o recuperación sería imposible en caso de resultar favorecida en este proceso; y en el supuesto de no acatar el acto impugnado, la empresa se vería expuesta a innumerables sanciones administrativas que podrían acarrear otros perjuicios económicos, como multas sucesivas o la revocatoria de la solvencia laboral, entre otras.
Asegura que tal situación colocaría a la empresa en una situación de imposible reparación, pudiendo quedar ilusoria la sentencia de mérito; y agrega que la sanción tan elevada puede comprometer el giro comercial de la empresa y la integridad de los puestos de trabajo existentes, debido a que la erogación de tal cantidad podría generar dificultades económicas graves a la empresa, de difícil reparación.
Por otra parte, con respecto a la ponderación de intereses en el restablecimiento de las garantías constitucionales infringidas por el acto impugnado, requisito exigido en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, alega que la improcedencia del amparo cautelar solicitado puede causar un serio gravamen a la empresa, al estar obligada a pagar la inconstitucional y desproporcionada sanción.
En este orden de ideas, asegura que el acto impugnado constituye un riesgo para la empresa de posibles contingencias indirectas, pues en el mismo la Administración sostiene, sin pruebas y en violación a la presunción de inocencia, que aquella incumple las normas de salud y seguridad en el trabajo, lo cual le crea mala reputación y podría causar en sus trabajadores una sensación de incertidumbre que no se compadece para nada con las reales condiciones de la empresa en salud y seguridad. Acota, además, que la lesión patrimonial no podría ser reparada por la sentencia definitiva, porque ésta se limitaría a declarar la nulidad de la providencia administrativa, pero no reintegraría los daños patrimoniales sufridos.
Asimismo, destaca el interés general que existe en cuanto a la suspensión de los efectos del acto, en virtud de la actividad económica desarrollada por la empresa, que brinda productos alimenticios de calidad, contribuye con la economía del país y emplea una importante cantidad de trabajadores; al respecto, señala que su producción abastece al mercado de alimentos venezolano en rubros de importancia, lo que podría resultar afectado por cierres en la producción de la empresa, por cualquier medida arbitraria de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del estado Aragua, apoyada en el acto impugnado.
También arguye que la suspensión de los efectos del acto impugnado en nada afecta a la Administración, al interés público ni al interés particular de los trabajadores de la empresa, y que si el recurso interpuesto resulta desfavorable a ésta, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales podrá igualmente cobrar la multa; pero de lo contrario, la empresa no podría evitar nuevas y más graves sanciones.
Por lo tanto, al concurrir los extremos exigidos para ello, solicita se acuerde el amparo cautelar solicitado, suspendiéndose los efectos de la providencia administrativa impugnada.
II
DECISIÓN APELADA
El Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, mediante decisión del 18 de junio de 2012, declaró improcedente la medida de amparo cautelar solicitada, por las siguientes razones:
En cuanto al fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, es menester recordar que esta figura implica la carga del solicitante de alegar y probar que la actividad o inactividad administrativa de los órganos y entes del Poder Público, constituyen una aparente contravención del ordenamiento jurídico constitucional que justifique la adopción de una tutela cautelar.
En el caso de autos, la parte accionante denunció como conculcado el derecho constitucional relativo al debido proceso, presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De tal manera, en lo que respecta a la violación del debido proceso, presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva alegado por el recurrente, advierte este Juzgado que el mismo lleva consigo, entre otros aspectos, el derecho que tienen los administrados a ser notificados de los cargos por los cuales se les investiga en la oportunidad procesal legalmente establecida, el derecho a tener acceso al expediente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; y el derecho a ser informados de los recursos y medios de defensa que proceden frente a la decisión dictada por la Administración, entre otros.
En ese sentido, observa este Tribunal que no se evidencia de las actas prueba alguna que permita presumir la violación del debido proceso, por el contrario, se observa de la propia Providencia Administrativa recurrida en nulidad que la parte accionante tuvo acceso al expediente administrativo, consignando escrito de alegatos y escrito de prueba, evidenciando este Tribunal, conforme a lo anteriormente señalado, que no se violentaron los derechos alegados por parte demandante. Así se declara.
En conclusión, visto que de la revisión exhaustiva realizada a las actas procesales que conforman el presente expediente, no se evidencian pruebas que induzcan a este Órgano Jurisdiccional a constatar la presunta violación de los derechos constitucionales denunciados como conculcados, en el presente caso, no se configura el fumus boni iuris o presunción de buen derecho, que en el caso del amparo cautelar está representado por la presunción de violación o amenaza de violación de derechos de rango constitucional. Así se declara.
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
La parte recurrente fundamentó la apelación ejercida delatando la violación del principio de exhaustividad, porque si bien el juzgador a quo reseñó la afirmada vulneración de la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, circunscribió su análisis al debido proceso, como si fuera el único derecho constitucional denunciado. Así, el juez se limitó a indicar que no tuvo lugar la violación al debido proceso, porque la empresa accionante tuvo acceso al expediente administrativo y consignó escrito de alegatos y pruebas; en consecuencia, el sentenciador dejó de estimar los alegatos en que se basó la solicitud de amparo cautelar, y consideró que el derecho a la defensa se extingue con la posibilidad de alegar y presentar pruebas en el procedimiento administrativo.
Por lo tanto, destacó que el juez de la recurrida no se pronunció sobre todos los derechos constitucionales denunciados en la solicitud de amparo cautelar, y realizó un análisis sesgado de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, obviando la verdadera naturaleza de los derechos cuya infracción delató.
Tal situación equivale, según sostiene, a un silencio absoluto sobre la pretensión, al quedar sin decisión las denuncias formuladas por la empresa en la solicitud de amparo cautelar. Agrega, además, que sus derechos a la presunción de inocencia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, no se conculcaron por falta de acceso al expediente, ni por verse afectada la posibilidad de alegar o acreditar elementos de prueba; por ende, mal puede el juez a quo considerar que no está configurado el fumus boni iuris como requisito de procedencia del amparo cautelar, cuando ni siquiera analizó los argumentos que sustentan la solicitud de amparo, y que quedan demostrados de la lectura de la providencia administrativa impugnada y de todas las actuaciones que integran el procedimiento administrativo.
Solicita a la Sala analizar los alegatos planteados, a fin de verificar la concurrencia de los elementos de procedencia del amparo cautelar peticionado, visto que el juez a quo no se pronunció de modo expreso y positivo sobre todos ellos.
En este sentido, señala que el juez de la causa dejó de estimar las violaciones al debido proceso, a la distribución de la carga probatoria y a la presunción de inocencia. Destaca, al respecto, que en los procedimientos sancionatorios la carga de la prueba corresponde a la Administración, que debe aportar pruebas de la participación del investigado en el hecho sancionable, quien está amparado por la presunción de inocencia; no obstante, en el caso concreto la actuación del ente que dictó el acto impugnado se limita a las inspecciones por él realizadas, sin las debidas garantías a la empresa; así, la vulneración de la presunción de inocencia se patentiza por la inexistencia de pruebas sobre los supuestos incumplimientos por parte de la empresa, y el silenciamiento absoluto de las probanzas aportadas por ésta.
Adicionalmente, aduce que el sentenciador a quo también dejó de estimar la violación a los derechos a la defensa y la tutela judicial efectiva, pues la Administración omitió la valoración de las pruebas promovidas por la empresa; así, si bien ésta contó con los lapsos y oportunidades procesales para oponer defensas y probarlas, la Administración silenció sus pruebas y se basó en inspecciones efectuadas por ella misma, las cuales no pueden constituir prueba de los incumplimientos que se le atribuyen.
Por otra parte, en cuanto al cumplimiento del fumus boni iuris y del periculum in mora, reitera que si no se suspenden los efectos del acto impugnado, la empresa podría quedar obligada a pagar la multa impuesta, lo cual le causaría un descalabro económico y sería imposible la recuperación de ese monto, en caso de resultar favorecida en la presente demanda de nulidad; y si por el contrario no acata el acto recurrido, la empresa quedaría expuesta a innumerables sanciones; además, corre el riesgo cierto de ser considerada reincidente al no pagar las multas establecidas inconstitucional e ilegalmente.
Por último, con respecto a la ponderación de intereses en el restablecimiento de las garantías constitucionales exigidas, señala que existe el fundado temor de que la improcedencia del amparo cautelar cause a la empresa un serio gravamen, por existir la obligación de pagar la inconstitucional y desproporcionada sanción, además de la mala reputación y la sensación de incertidumbre que en los trabajadores puede generarse a partir de la providencia administrativa cuestionada.
Conteste con lo anterior, solicita se declare con lugar la apelación y procedente el amparo cautelar solicitado.
IV
DE LA COMPETENCIA
Con el propósito de examinar la competencia de esta Sala de Casación Social para decidir el recurso de apelación sometido a su conocimiento, se observa que la Sala Plena de este alto Tribunal, en sentencia N° 27 del 26 de julio de 2011 (caso: Agropecuaria Cubacana C.A.), dejó sentado que corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia laboral, el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación. Ello fue fundamentado, esencialmente, en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y en el cambio de criterio de la Sala Constitucional, sostenido en fallo N° 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso: Bernardo Jesús Santeliz Torres y otros contra Central La Pastora, C.A.), con respecto a la competencia de los tribunales laborales para conocer de las demandas contra los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo.
Así las cosas, conteste con la citada Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los Tribunales Superiores del Trabajo son competentes transitoriamente, mientras se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social para decidir, en primera instancia, los recursos contencioso administrativos previstos en dicha Ley; y de sus decisiones, se oirá recurso de apelación ante esta Sala de Casación Social.
En consecuencia, esta Sala asume la competencia para resolver la apelación ejercida en el caso bajo estudio, por la sociedad mercantil General Mills de Venezuela, C.A. Así se declara.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala decidir la apelación interpuesta por la sociedad mercantil General Mills de Venezuela, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, el 18 de junio de 2012, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de amparo cautelar formulada por dicha empresa.
Conteste con lo expuesto por la apelante, el fallo recurrido es contrario al principio de exhaustividad, porque únicamente analiza el alegato de violación del debido proceso, obviando la denuncia relativa a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Ello equivale, según aduce la recurrente, a un silencio absoluto sobre la pretensión, que abarca la vulneración del debido proceso, pero también de la distribución de la carga probatoria, la presunción de inocencia, así como los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva, porque la Administración omitió la valoración de las pruebas aportadas por la empresa.
Visto que, según aduce la apelante, el Juzgado Superior del Trabajo habría dejado de valorar una serie de defensas relativas a derechos constitucionales supuestamente conculcados por la Administración, con lo cual se habría apartado del principio de exhaustividad, esta Sala observa que en definitiva la denuncia planteada está referida al vicio de incongruencia negativa, que encuentra su fundamento legal en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual el juez debe emitir una decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolver la instancia, debiendo la sentencia ser exhaustiva, al pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate y de esa manera dirimir el conflicto de intereses que constituye el objeto del proceso. Así las cosas, el sentenciador incurre en el mencionado vicio de incongruencia negativa cuando modifica la controversia judicial debatida, porque no resuelve todas las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio, vulnerando el principio de exhaustividad del fallo.
En el caso concreto, el juzgador a quo indicó que la accionante había alegado la vulneración de los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, y a continuación consideró que no está demostrada en autos la violación del debido proceso, constatando que la empresa accionante tuvo acceso al expediente administrativo y consignó escrito de alegatos y de pruebas, razón por la cual concluyó que no se violentaron los derechos constitucionales denunciados como conculcados, y en consecuencia, no se configura el fumus boni iuris.
Ahora bien, visto que efectivamente en la motivación de la sentencia apelada no se analizan las denuncias de todos los derechos constitucionales referidos por la accionante, en particular la presunción de inocencia, la inversión de la carga probatoria estrechamente vinculada con la anterior y la tutela judicial efectiva, el fallo de primera instancia se encuentra viciado de incongruencia negativa, toda vez que el juzgador no cumplió con el principio de exhaustividad.
En consecuencia, esta Sala debe declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto y anular el fallo apelado. Así se decide.
Declarado lo anterior, esta Sala procederá a emitir un pronunciamiento en cuanto a la solicitud de amparo cautelar planteada por la empresa accionante, a través de la cual pretende la suspensión de los efectos de la providencia administrativa N° PA-US-ARA-0022-2012 del 24 de mayo de 2012, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del estado Aragua, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en la cual se le impuso multa por la cantidad de tres millones ciento veintiséis mil sesenta bolívares fuertes (Bs. F. 3.126.060,00).
La medida cautelar de amparo constitucional está prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los siguientes términos:
Artículo 5. La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.
Con relación a la medida de amparo cautelar, la reiterada jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de este alto Tribunal ha establecido que para su procedencia debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual no basta un simple alegato de perjuicio, sino que es necesaria la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales de la accionante. En cuanto al periculum in mora, en estos casos, generalmente es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que, por la naturaleza de los intereses debatidos, debe preservarse in limine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la sentencia definitiva a la parte que alega la violación de un derecho constitucional.
En cuanto al fumus boni iuris, la accionante alegó la presunta violación del debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, agregando que la Administración distribuyó erróneamente la carga de la prueba, por cuanto sancionó a la empresa sin tener pruebas de sus incumplimientos a la normativa en materia de salud y seguridad en el trabajo al respecto, indicó que sólo constan las inspecciones efectuadas por la propia Administración, sin las debidas garantías para la empresa, y silenció las probanzas aportadas por ella en el trámite del procedimiento administrativo, las cuales evidencian el cumplimiento de las disposiciones supuestamente infringidas.
Con relación a tal señalamiento, se observa que el derecho de presunción de inocencia constituye una de las garantías del debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de gran relevancia en los procedimientos administrativos referidos a un régimen sancionatorio, que se concretiza en la necesaria existencia de un procedimiento previo a la imposición de la sanción, que ofrezca las garantías mínimas al sujeto investigado y permita, sobre todo, comprobar su culpabilidad (Vid. sentencia de la Sala Político Administrativa N° 975 del 5 de agosto de 2004, caso: Richard Alexander Quevedo Guzmán).
Por otra parte, también se ha aseverado que la presunción de inocencia es un derecho complejo que comprende en sí mismo, además del derecho a la defensa, un conjunto de garantías en favor del justiciable, entre las que figuran el acceso a la justicia, a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, entre otras; y que abarca lo relativo a la prueba y a la carga probatoria, como lo concerniente al tratamiento general dirigido al imputado a lo largo del procedimiento, y en virtud de ello, la carga de la prueba respecto de los hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras de la Administración, recae exclusivamente sobre ésta, y sólo puede entenderse como prueba la practicada durante un procedimiento, bajo la intermediación del órgano decisor y la observancia del principio de contradicción. De manera que la violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta que juzgue o precalifique como culpable al investigado, sin que tal conclusión haya sido precedida del debido procedimiento, en el cual se le permita al particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados (Vid. sentencia N° 1.887 de la mencionada Sala Político Administrativa del 26 de julio de 2006, caso: Omar José González Lameda).
Conteste con las premisas expuestas y sin que ello signifique prejuzgar sobre la decisión que resuelva el fondo de la nulidad planteada, observa esta Sala que la Administración abrió el procedimiento sancionatorio correspondiente, en el cual la empresa accionante contó con la oportunidad de formular sus alegatos y presentar pruebas en relación a los hechos imputados, tal como se colige del acto impugnado. Asimismo, aprecia la Sala que la multa fue impuesta por haber considerado la Administración suficientemente acreditados los hechos imputados a la empresa, sobre la base de elementos probatorios que constan en el expediente administrativo. Adicionalmente, de la lectura del acto administrativo impugnado se observa prima facie que la Administración sí valoró los elementos probatorios constantes en el expediente; en este sentido, si bien en el referido acto se desestimaron los alegatos y los medios probatorios marcados A, B y C, así como testimoniales y pruebas de informes relacionadas con los estudios ergonómicos, el programa de mantenimiento y protección térmica de las tuberías que conducen fluidos calientes, el programa de orden y limpieza, y el programa de seguridad y salud en el trabajo, ello se hizo después de observar, entre otras cosas, que no fue oportuna la respuesta de la empresa en la realización de las evaluaciones ergonómicas, o de las reparaciones de las tuberías que conducen fluidos calientes, o en la implementación del programa de orden y limpieza, en virtud de los plazos perentorios legalmente establecidos; que la empresa no cumplió tempestivamente con la elaboración del programa de seguridad y salud en el trabajo; que las testimoniales no demuestran que las evaluaciones cumplen con los elementos de orden técnico y cualitativo que se hayan realizado en los plazos perentorios indicados, o que el programa de seguridad y salud en el trabajo se haya materializado en el plazo que para ello se le otorgó; y se destacó, también, la inadmisión de la prueba de inspección judicial promovida.
Conforme a lo anterior, esta Sala observa, salvo mejor apreciación en la sentencia definitiva, que el acto administrativo recurrido no sólo hace referencia a los alegatos esgrimidos por la empresa General Mills de Venezuela, C.A, sino que además se fundamentó en las probanzas cursantes en el expediente administrativo para imponer la sanción, determinando en particular, con base en los elementos probatorios aportados por la empresa, su actuación inoportuna en lo que respecta a las actividades que allí se señalan.
En consecuencia, no es posible presumir en esta etapa cautelar del proceso la transgresión de los alegados derechos a la presunción de inocencia e inversión de la carga de la prueba alegados como conculcados; lo cual no obsta para que, al resolverse el fondo del recurso de nulidad, previo el estudio de las actas que conformen el expediente administrativo y el judicial, se verifique la violación de los mencionados derechos constitucionales.
También advierte preliminarmente la Sala, que en el caso planteado, no se han violado el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva denunciados, con respecto a los cuales, como fue indicado ut supra, la accionante expuso los mismos alegatos analizados relativos a la presunta falta de valoración en sede administrativa de las pruebas aportadas en el expediente y la presunta imposición de la multa sin elementos probatorios. Así se declara.
En razón de lo anterior, se concluye que en el presente caso no se ha concretado el requisito del fumus boni iuris, por lo que debe declararse improcedente el amparo cautelar peticionado. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la sociedad mercantil General Mills de Venezuela, C.A., contra la decisión de fecha 18 de junio de 2012, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua; en consecuencia, SEGUNDO: ANULA la sentencia antes identificada; y 3) IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al referido Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Presidente de la Sala y Ponente,
________________________________________
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
La Vicepresidenta, Magistrado,
_________________________________ __________________________
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA OCTAVIO SISCO RICCIARDI
Magistrada, Magistrada,
________________________________ _______________________________
SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
El Secretario,
___________________________
MARCOS ENRIQUE PAREDES
R.A. N° AA60-S-2012-001068
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
La Magistrada doctora Carmen Elvigia Porras de Roa manifiesta su discrepancia con la decisión que antecede, por lo que procede a salvar su voto, con base en las siguientes consideraciones:
En el caso sub examine, la mayoría sentenciadora declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa General Mills de Venezuela, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Trabajo que declaró improcedente el amparo cautelar solicitado contra el acto administrativo impugnado.
En este sentido, se observa que la sentencia aprobada por la mayoría, incurrió en contradicción en el dispositivo, toda vez que aun cuando declara con lugar el recurso de apelación ejercido por el accionante, por haber incurrido el sentenciador superior en el vicio de incongruencia negativa, producto de lo cual anula el fallo recurrido, establece tanto en los motivos como en su parte dispositiva, las razones que justifican la declaratoria de improcedencia del amparo cautelar interpuesto conjuntamente con la acción de nulidad, coincidiendo el nuevo dispositivo pronunciado con lo que había decidido el a quo.
Ahora bien, al examinar el presente caso resulta evidente que si bien la sentencia recurrida adolece del vicio de incongruencia negativa delatado por el recurrente, del análisis de los alegatos expuestos por el accionante como sustento de su pretensión, se desprende que el mismo no resulta de tal magnitud como para alterar lo decidido por el a quo, lo que constituye un requisito exigido por la doctrina de esta Sala para dejar sin efecto el fallo recurrido, ya que en aplicación del principio finalista, no se declarará la nulidad de la sentencia cuestionada, si la misma no contiene alguna deficiencia que sea determinante para la resolución de la controversia, que produzca o implique alguna violación del derecho a la defensa y el debido proceso de alguna de las partes, o que tal deficiencia se traduzca en una omisión de pronunciamiento o en falta de fundamentos de tal entidad que impida el control de la legalidad de la sentencia impugnada.
Asimismo, al considerar la definición establecida por Guasp respecto al recurso de apelación en la que se le señala como un proceso de impugnación en el que se pretende la eliminación y sustitución de una resolución judicial por el superior inmediato jerárquico del que la dictó (Cfr. VESCOVI, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1988, p. 99), se observa que el fin perseguido por quien impugna la decisión pronunciada mediante el recurso de apelación, es en definitiva la nulidad de un pronunciamiento que le es adverso y su sustitución por uno nuevo que le favorezca, por lo que resultaría inútil declarar con lugar la apelación interpuesta si la decisión que sustituye a la anulada no le favorece al recurrente en algún aspecto.
Al expresar en la dispositiva que se está declarando con lugar el recurso interpuesto, se le está dando la razón al recurrente respecto a la apelación planteada, creando en él la expectativa de que en virtud de habérsele oído su recurso, el pronunciamiento que le resultada adverso fue anulado, por lo que espera que la nueva decisión resultare favorable a su pretensión, circunstancia ésta que no ocurre en el caso sub examine, ya que aun cuando se le está declarando al accionante con lugar el recurso de apelación interpuesto, la dispositiva declara, al igual que la recurrida, sin lugar el amparo cautelar solicitado, lo que en nada mejora su posición respecto a la pretensión planteada, pues al ser la nueva decisión idéntica a la que se anuló, se está confirmando, con diferente motivación.
En virtud de los razonamientos explanados, considera quien disiente que en el caso analizado debió la Sala declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa accionante y firme el fallo impugnado, ya que a pesar de haberse evidenciado en el contenido de la recurrida el vicio de incongruencia negativa delatado por la empresa accionante, el mismo no resultaba determinante del dispositivo de la decisión apelada, por lo que en nada favorecía a la parte recurrente el anular la sentencia del a quo si en definitiva la misma terminaría confirmada por motivos diferentes, lo que es en sí una contradicción en el dispositivo, ya que declara procedente el recurso y confirma el gravamen de primera instancia.
Quedan en estos términos expresadas las razones de mi voto salvado.
Caracas, en fecha ut supra.
El Presidente de la Sala y Ponente,
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LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
La Vicepresidenta disidente, Magistrado,
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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA OCTAVIO SISCO RICCIARDI
Magistrada, Magistrada,
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SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA
El Secretario,
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MARCOS ENRIQUE PAREDES
R.A. N° AA60-S-2012-001068
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
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