Sentencia N.º 0998
- Sentencia
- N.º 0998
- Fecha
- 09/08/2011
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 10-816
- Ponente
- Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.
En la demanda de indemnización por daños y perjuicios que siguen los ciudadanos MARÍA JOSEFINA ALARCÓN AVENDAÑO, GIOVANNY ANTONIO BRICEÑO JUÁREZ y ROSALBA VELASCO PIENDA, asistidos por el Defensor Público Agrario Primero del estado Portuguesa, abogado Alberto Serrano Moreno, contra el ciudadano CARLOS MANUEL VIÑA BRITO, representado judicialmente por los abogados Julio R. Figueredo y Maritza Sandoval Pedroza; el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó fallo en fecha 18 de mayo de 2010, en atención al cual declaró: con lugar la apelación interpuesta por la parte actora ( ) contra la sentencia dictada en fecha 08 de marzo de 2010 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Primer Circuito del estado Portuguesa. En consecuencia, SE REVOCA la Sentencia objeto de apelación y se repone la causa al estado de dictar nuevamente Sentencia por un Juez Accidental, sin incurrir en los vicios que serán explanados en la extensión del presente fallo (sic).
Contra el precitado fallo de alzada, anunció recurso de casación el apoderado judicial de la parte accionada, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado.
Recibido el expediente en esta Sala, se dio cuenta del mismo en fecha 8 de junio de 2010, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.
Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas como han sido las formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en base a las siguientes consideraciones:
Con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del mismo Código, por cuanto la recurrida está absolutamente inmotivada, al no contener los argumentos de hecho y de derecho que, en su concepto, conducen a la conclusión del dispositivo.
Explica el formalizante, que el sentenciador reduce su función jurisdiccional a hacer un somero análisis de los hechos referidos por la parte accionante, y omite enteramente los argumentos esgrimidos por el demandado en su escrito de contestación a la demanda.
Luego, expresa que en el fallo:
No existe sin embargo una concatenación lógica entre los hechos analizados, los dispositivos legales aplicables y el dispositivo de la sentencia. En ninguna forma señala el ciudadano Juez cuales son las circunstancias de hecho y de derecho que lo llevan a reponer la sentencia como lo hizo. Son estas circunstancias las que ha considerado la doctrina, además de pacífica jurisprudencia de casación para sancionar el fallo con su nulidad por haber incurrido en el vicio de la inmotivación, como expresamente solicitamos se califique y como consecuencia se case el fallo. La sentencia violenta también los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, porque el juez no se atuvo a las normas expresas de ley, que constituyen dispositivos de orden público porque son fundamentales en los efectos del proceso, como son las relativas a la debida motivación, que garantiza la actuación del juzgador conforme a lo alegado por las partes.
Para decidir, la Sala observa:
La denuncia expuesta por el formalizante estriba en la presencia del vicio de inmotivación en el fallo recurrido, por cuanto en éste no se explanan los fundamentos fácticos y jurídicos que conllevan al sentenciador a ordenar la reposición de la causa, tal y como lo hizo.
Ahora bien, una vez reseñado lo anterior, es menester destacar que de acuerdo al criterio diuturno de esta Sala, el vicio de inmotivación puede asumir diversas modalidades, y sobre este particular se ha enseñado:
Existe inmotivación de una sentencia cuando sucede alguna de las siguientes hipótesis: 1º) Si no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo; 2º) Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas; 3º) Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos; 4º) Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión; y 5º) Cuando el sentenciador incurre en el denominado vicio de silencio de prueba. (Sentencia Nº 324, Sala de Casación Social, de fecha 29 de noviembre de 2001, ratificada en fecha 5 de febrero de 2002). (Negrillas de este fallo).
Asimismo, la doctrina patria especializada en la materia, refiere:
La motivación es un conjunto metódico y organizado de razonamientos que comprenden los alegatos de hecho y de derecho expuestos por las partes. La sentencia contiene distintos ingredientes sicológicos y es al mismo tiempo declaración de voluntad, juicio lógico y experticia jurídica. Los motivos no pueden ser simples afirmaciones, repertorio de datos tomados de los mismos autos, sino un razonamiento lógico, de peso jurídico que expliquen el fundamento de las declaraciones hechas en la recurrida (Cuenca, Humberto, Curso de Casación Civil, pp. 136 y ss.).
Para el caso objeto de estudio, el ad quem, en la oportunidad de dictar sentencia sobre el mérito del asunto, efectúa un somero análisis de las pruebas cursantes en autos, y proyecta algunas consideraciones acerca de cómo debe ser la actividad probatoria en juicio, para luego indicar lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el demandado se limitó a rechazar y negar los hechos alegados por la parte actora, más no impugnó, ni logró desvirtuar prueba alguna de las alegadas en su contra, de las cuales ciertamente, no existe evidencia de un contrato como tal, que sustente el convenio de los servicios de fumigación aérea suscrito por parte del ciudadano Carlos Manuel Viña, pero tampoco, no es menos cierto que el demandado no probó la falsedad de los hechos que se le atribuyen, por lo tanto, considera éste Juzgador que el fallo dictado por el A-quo debe ser revocado. Así se decide.
De forma inmediata, materializa su decisión, la cual se produce en los siguientes términos:
Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Tribunal Superior Tercero Agrario en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora, ciudadanos María Josefina Alarcón Avendaño, Giovanny Antonio Briceño Juárez y Rosalía Velasco Pineda, a través del Defensor Público Primero Agrario del Estado Portuguesa, abogado Alberto Gregorio Serrano Moreno, contra la decisión dictada en fecha 08 de marzo de 2010 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Primer Circuito del Estado Portuguesa. En consecuencia, SE REVOCA la Sentencia objeto de apelación y se repone la causa al estado de dictar nuevamente Sentencia por un Juez Accidental, sin incurrir en los vicios que serán explanados en la extensión del presente fallo.
Conforme a las necesarias reproducciones que anteceden, se aprecia diáfanamente que el Juez del Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, dictó una decisión incurriendo en inmotivación absoluta del fallo, cuestión de difícil ocurrencia, pero que en el presente caso se ha materializado. No se señaló en la recurrida, razón o motivo alguno para acordar la reposición ordenada; no se ofrece el debido sustento fáctico y jurídico que ampare el dispositivo del fallo.
Por lo tanto, se evidencia que la decisión objeto de estudio incurre en la delatada infracción del ordinal 4° del artículo 243 de nuestra Ley Adjetiva Civil y del artículo 12 del mismo texto normativo, al no indicar el fundamento sobre el cual descansa el dispositivo del fallo y por ende, no atenerse a las normas de derecho; por lo que deberá declararse con lugar la presente denuncia, ya que el vicio constatado es fundamental en la resolución de la controversia. Así se decide.
Por consiguiente, y declarada la procedencia de la presente denuncia, se ordenará al juzgado superior que resulte competente dictar nueva sentencia, sin incurrir en el vicio que se observó en el fallo recurrido. Así se decide.
Motivado a la procedencia de una denuncia por defecto de actividad, esta Sala, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer las otras delaciones planteadas. Así se decide.
DECISIÓN
En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1°) CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el abogado Julio R. Figueredo, actuando en representación judicial de la parte accionada, ciudadano CARLOS MANUEL VIÑA BRITO, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 18 de mayo de 2010; 2°) SE REVOCA el fallo recurrido, y 3°) SE ORDENA al tribunal superior correspondiente que dicte nueva decisión sin incurrir en el defecto de actividad antes especificado.
Publíquese, regístrese y remítase este expediente al Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente y Ponente, Magistrado,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado, Magistrada,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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MARCOS ENRIQUE PAREDES
R.C. Exp. N° AA60-S-2010-00816
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
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