Sentencia N.º 100
- Sentencia
- N.º 100
- Fecha
- 20/02/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-2004
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 4 de octubre de 2005, el abogado Germán Ramírez Materán, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 6.642, actuando con el carácter de apoderado judicial de HYUNDAI CONSORCIO, constituido mediante documento protocolizado ante la Notaría Pública Trigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, el 16 de febrero de 2001, bajo el N° 61, Tomo 28, del Libro de Autenticaciones, integrado por las sociedades HYUNDAI INFORMATION TECHONOLOGY CO., LTD; ADVANCE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., DACOM SYSTEM TECHNOLOGIES, INC. Y SIDIF DE VENEZUELA S.A., domiciliadas las tres primeras en la ciudad de Seoul, República de Corea, y la última en la ciudad de Caracas, según consta en documento constitutivo presentado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 65, Tomo 252-A-Segundo, el 4 de diciembre de 1980, solicitó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión de la sentencia núm. 570, dictada, el 19 de marzo de 2005, y publicada el 10 del mismo mes y año, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto por los apoderados judiciales del referido Consorcio contra la Resolución Administrativa núm. 312, dictada, el 30 de agosto de 2001, por el entonces Ministro de Interior y Justicia.
El 6 de octubre de 2005 se dio cuenta en Sala del escrito presentado y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.
El 13 de octubre de 2005, se reconstituyó la Sala Constitucional por el nombramiento de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien asume la ponencia y con tal carácter la suscribe.
Mediante auto núm. 1090 del 19 de mayo de 2006, esta Sala solicitó a la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal la remisión de copia certificada de las actuaciones correspondiente al expediente núm. 2001-0731 (nomenclatura de esa Sala), relacionadAs con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Hyundai Consorcio contra la Resolución núm. 312, dictada el 30 de agosto de 2001, por el entonces Ministro de Interior y Justicia.
Mediante oficio número 326, del 15 junio de 2006, suscrito por la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz, Presidente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se recibieron las copias certificadas requeridas.
Realizado el estudio individual del presente expediente, se dicta la presente decisión, previas las siguientes consideraciones:
I
SOLICITUD DE REVISIÓN
La revisión constitucional requerida por los apoderados judiciales de Hyundai Consorcio se fundamentó en los siguientes alegatos:
Se solicita la revisión de la sentencia núm. 570/2006, dictada el 9 de marzo de 2005, y publicada el día 10 del mismo mes y año, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto Hyundai Consorcio, integrado por Hyundai Information Technology Co., Ltd; Advance Information Technology Co., Ltd, Dacom System Technologies, Inc. y Sidif de Venezuela S.A., contra la Resolución del Ministerio de Interior y Justicia núm. 312, del 30 de agosto de 2001, que revocó el acto administrativo de la Buena Pro que se le había otorgado al referido Hyundai Consorcio, la condición de concesionario para la instalación del Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (SINACOC).
Al respecto, las sociedades que integran el referido Consorcio denunciaron que la decisión de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia transgredió el derecho a la defensa por haber valorado de manera incompleta las pruebas presentadas por ellas en el juicio de nulidad.
En efecto, alegaron haber promovido pruebas testimoniales de declaración de testigos, que fueron admitidas y evacuadas en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa. Dichas pruebas pretendían demostrar el cumplimiento de Hyundai Consorcio de las exigencias impuestas en el Pliego de Licitaciones.
No obstante, la Sala Político Administrativa silenció totalmente las testimoniales, al no analizarlas en la sentencia definitiva.
También adujeron haber promovido una experticia técnica “para que fuera practicada por Ingenieros del área de la computación e informática y la apoderada de la República Bolivariana de Venezuela, promovió una experticia contable a realizarse por Licenciados en Contaduría Pública, cuyos alcances eran para la experticia técnica demostrar si el Hyundai Consorcio, tenía la experiencia mínima exigida para desarrollar el proyecto de identificación y control ciudadano en Venezuela y en cuanto a la financiera si el Hyundai Consorcio, había acreditado la capacidad financiera requerida para dicho proyecto, situaciones que fueron los dos (2) fundamentos principales, que utilizó el Ministerio de Interior y Justicia para revocar la buena pro”. Estas pruebas que fueron admitidas y evacuadas en su debida oportunidad por los peritos designados por las partes y por el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; no obstante, fueron silenciadas en la sentencia definitiva.
En igual orden, denunciaron que en la sentencia cuestionada tampoco se analizó una prueba de informes presentada por Consorcio Hyundai promovida para desvirtuar los fundamentos de hecho por los cuales el Ministro de Interior y Justicia revocó el acto administrativo de la Buena Pro.
Finalmente, indicó que en la tramitación del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por sus representadas “… fue consignado el expediente administrativo por la representación de la República Bolivariana de Venezuela, pero dichas actuaciones fueron solicitadas y retiradas posteriormente por la ciudadana Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, en su carácter de Directora General de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Interior y Justicia…”, alegando que las mismas habían sido remitidas sin la correspondiente foliatura, sin que el expediente administrativo fuese incorporado nuevamente, cercenándole el derecho de acceder a dichas actuaciones e impidiendo con ello que la Sala Político Administrativa diera por constatado “la experiencia mínima exigida para desarrollar el Proyecto SINACOC”, lo cual, constituía la fase de precalificación de la Licitación, por lo que la sentencia se dictó sin que se analizara el expediente administrativo.
En virtud de lo expuesto, solicitó se declarara con lugar la revisión y se “decretara” la nulidad de la sentencia núm. 570, dictada el 9 de marzo de 2005, por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, a los fines de que dicte nueva decisión.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Hyundai Consorcio, contra la Resolución Administrativa N° 312, dictada el 30 de agosto de 2001 por el Ministro de Interior y Justicia, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“…
1.- Vicio en la notificación del acto administrativo
En cuanto a los vicios de notificación del acto administrativo impugnado, observa esta Sala que los apoderados del consorcio recurrente en el escrito consignado en la oportunidad de presentar informes, señalaron que ‘...el acto llegó al conocimiento de nuestro mandante en forma oportuna y aún siendo defectuosa la notificación cumplió con el objetivo a que estaba destinada, además de ello, ejercimos oportunamente nuestras defensas, convalidando los vicios que denunciamos en cuanto a la notificación...’.
Con fundamento en los argumentos anteriormente señalados, considera esta Sala inoficioso efectuar pronunciamiento alguno respecto a los vicios denunciados, ya que tal como indicaran los apoderados del consorcio recurrente, los vicios alegados respecto a la notificación fueron convalidados al haber llegado el conocimiento del acto administrativo de manera oportuna y al haberse interpuesto tempestivamente la presente acción de nulidad, por lo que debe concluirse que la notificación cumplió con su objetivo. Así se declara.
2.- Derecho al debido proceso y a la defensa, irrevocabilidad del acto administrativo y ausencia del procedimiento legalmente establecido
Esta Sala pasa de seguidas a conocer sobre los vicios procedimentales planteados por los apoderados del Consorcio recurrente, referentes a las violaciones al debido proceso, irrevocabilidad del acto administrativo y ausencia del procedimiento legalmente establecido, por la conexión existente entre los mismos y la similitud de los argumentos fácticos que les sirven de fundamento.
…omissis…
Según se desprende del contenido de los actos que acaecieron en sede administrativa, se constata que en fecha 9 de octubre de 2000 el Ministerio del Interior y Justicia dio inicio a la Licitación referente al “Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano”, con la publicación en la prensa nacional e internacional de la invitación a participar en la licitación identificada con las letras y números MIJ-00-09-01.
Asimismo, el 10 de noviembre de 2000 se celebró el acto público de recepción de sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad y documentos para la precalificación, en la cual, posteriormente, figuró el Consorcio hoy recurrente por recomendación de la Comisión de Licitación.
Seguidamente, se constata que el 8 de enero de 2001, los grupos de empresas precalificadas presentaron los sobres contentivos de la oferta técnica, la oferta económica y la fianza, con el objetivo de que fueran evaluadas para la adjudicación de la buena pro. Posteriormente, el equipo del proyecto SINACOC, entregó la evaluación de las ofertas técnicas de los consorcios precalificados, señalando que, entre otros, el consorcio Hyundai cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos.
En fecha 22 de enero de 2001, se efectuó el acto de apertura de las ofertas de los consorcios calificados, siendo los precios de las ofertas los siguientes:
- Consorcio IATEX la cantidad de setecientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos setenta y dos dólares americanos (US$ 723.483.872,oo).
- Consorcio IMA 2001 la cantidad de doscientos noventa y ocho millones trescientos treinta mil dólares americanos (US$ 298.330.000,oo).
- Consorcio Hyundai la cantidad de doscientos veintisiete millones setecientos cuarenta y cinco mil quinientos dieciséis dólares americanos con cuarenta centavos (US$ 227.745.516,40).
El 29 de enero de 2001, el Ministro del Interior y Justicia hizo pública la decisión de otorgar la buena pro al consorcio Hyundai, correspondiente a la licitación para el Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano.
Durante el mes de febrero de 2001, fue suspendido el proceso licitatorio como consecuencia de las denuncias formuladas por los consorcios participantes en la licitación.
El 28 de febrero de 2001, el Ministro del Interior y Justicia recibió comunicación de fecha 14 del mismo mes y año, suscrita por el ciudadano Fernado Jorda en su carácter de representante del consorcio IMA 2001, a los fines de solicitar la revisión del proceso de licitación en cuanto al otorgamiento de la buena pro al Consorcio Hyundai, ‘...por cuanto a su juicio existen graves violaciones e incumplimientos por parte del Consorcio Hyundai, que no sólo lesionan los intereses de la República, sino que no garantizan la consecución exitosa del fin perseguido, que el consorcio Hyundai no ha demostrado tener la suficiente experiencia y capacidad técnica para afrontar el proyecto, que, además, actualmente el referido consorcio está atravesando dificultades financieras’.
El 10 de julio de 2001, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, remitió al Ministro del Interior y Justicia el “Informe Final del Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano”, elaborado por la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional y aprobado en reunión plenaria el 27 de junio de 2001.
El 30 de agosto de 2001, el Ministro del Interior y Justicia dictó la resolución Nº 312 por medio de la cual decidió: (i) que quedan enormes dudas y lagunas sobre la confiabilidad de la propuesta a la que se le asignó la buena pro; (ii) revocar la buena pro otorgada al consorcio Hyundai en la licitación Nº MIJ-00-09-01, referente al “Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano” (SINACOC), ‘...por adolecer de los vicios denunciados y comprobados en el procedimiento, por las deficiencias y omisiones sustanciales de las ofertas técnicas y económicas del Consorcio Hyundai respecto al Pliego de Licitaciones, tal como ha quedado establecido y demostrado durante el proceso de investigación de la Subcomisión de Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional de la Asamblea Nacional, y por todas las razones de mérito anteriormente expuestas en el texto de la presente resolución’; y, por último, (iii) dar por terminado el proceso de licitación antes señalado. Como consecuencia de todo lo anterior, adicionalmente la autoridad administrativa señaló en el acto recurrido que se convocaría a un nuevo proceso de licitación, con la asistencia técnica directa de los organismos internacionales a los fines de velar por la transparencia y el acatamiento de las normas nacionales e internacionales.
De los hechos anteriormente señalados, se observa que la denuncia planteada por los apoderados judiciales del consorcio recurrente, referente a la violación del derecho al debido proceso, no se patentiza en el caso de autos, ya que se observa el cumplimiento de las principales fases del procedimiento licitatorio en el que puede participar cada oferente.
A tal efecto, se observa que la revocatoria de la buena pro por parte del ente contratante, tiene su fundamento en razones de interés general, atendiendo a la potestad otorgada a la administración en la norma dispuesta en el artículo 46 de la Ley de Licitaciones, razón por la cual, en uso de esa potestad discrecional, se decidió dar por terminado el proceso licitatorio, no pudiendo existir en modo alguno violación del derecho al debido proceso.
De la misma manera, resulta igualmente improcedente el alegato referente a la pretendida irrevocabilidad del acto administrativo que otorgó la buena pro al recurrente, ya que dicha actuación tuvo como base legal la norma prevista en el artículo 46 de la Ley de Licitaciones vigente, la cual concede facultades a la Administración para dar por terminado el procedimiento licitatorio, cuando existiesen a su juicio, razones de interés general que lo aconsejen.
(…)
De manera tal, que la anulación o revocación del acto de otorgamiento de la buena pro en el procedimiento licitatorio, puede aceptarse en el ordenamiento jurídico, tanto por aplicación de la normativa prevista en los artículos 81 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como por disposición expresa de la Ley de Licitaciones (artículo 46 de la Ley aplicable rationae temporis), donde se le confiere al ente licitante la posibilidad de decidir por acto motivado, dar por terminado el procedimiento, cuando a su juicio existan razones de interés general que así lo aconsejen, por lo cual se le reconocen a la Administración amplias potestades no sólo para la anulación de la buena pro, sino para su revocación por razones de oportunidad o mérito, tal como lo señala el representante de la Procuraduría General de la República.
Con base a lo anteriormente expuesto, es por lo que no puede reconocerse la creación de derechos particulares al Consorcio recurrente con el otorgamiento de la buena pro, ya que como ha quedado asentado, el único acto formal que genera derechos y obligaciones recíprocas para las partes, sería el contrato definitivo que suscriba el particular con la Administración.
Asimismo, en cuanto a lo aseverado por los apoderados del Consorcio recurrente, referente a la ausencia del procedimiento legalmente establecido, debido a que supuestamente era necesaria la apertura de un procedimiento administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para proceder a la revocatoria de la buena pro otorgada, esta Sala advierte que en el caso de autos el procedimiento en el cual podía participar el oferente era el procedimiento licitatorio regulado en la Ley de Licitaciones antes descrito por esta Sala.
En atención a los fundamentos suficientemente explanados, es por lo que resultan improcedentes los alegatos formulados por los apoderados del Consorcio recurrente referentes a las violaciones al debido proceso y a la defensa, irrevocabilidad del acto administrativo y ausencia del procedimiento legalmente establecido. Así se declara.
3.- Incompetencia del Ministro del Interior y Justicia
Indicaron los apoderados judiciales del recurrente que el acto recurrido adolece del vicio de incompetencia manifiesta, por carecer el Ministerio del Interior y Justicia, de aptitud legal para actuar válidamente en derecho, al no tener poder jurídico atribuido por ley especial en razón de la materia.
Frente a tal denuncia, considera esta Sala necesario señalar, que tanto la doctrina nacional como extranjera han sido contestes en definir la competencia como la capacidad legal de actuación de la Administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por Ley. De allí, que la competencia no se presuma sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal y de los actos administrativos de carácter normativo, dictados formalmente con carácter previo conforme a la ley, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley de Administración Pública.
…omissis…
Ahora bien, analizando las competencias del Ministerio del Interior y Justicia, a la luz de la precitada norma, constata esta Sala que al mismo le corresponde entre aquellas, la regulación, formulación y seguimiento de actividades relacionadas con materias de política interior; la seguridad personal y el orden público; la coordinación de los cuerpos de policía y la identificación de los habitantes de la República.
Así las cosas, constata esta Sala que el objeto que pretende la República al contratar el diseño, suministro e instalación del Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (SINACOC), es el control de la información ciudadana, mediante la generación de documentos de identificación (tarjeta de identificación y pasaportes) seguros, confiables e inequívocos para todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros, que permita desarrollar una base de datos depurada y centralizada en la sede principal de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONI-DEX) y que facilite a futuro el intercambio de información digitalizada, capaz de prestar los servicios migratorios en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos a escala nacional.
De esta manera, es criterio de esta Sala que el objeto pretendido por la República en el mencionado contrato, compete claramente al Ministerio del Interior y Justicia, ya que se circunscribe a la regulación, formulación y seguimiento de una política interior, orientada a la identificación de los habitantes de la República tanto venezolanos como extranjeros, y que servirá entre otros fines para garantizar la seguridad personal y el orden público, con una adecuada coordinación con los cuerpos de policía.
De tal forma, sostiene esta Sala que al ostentar el Ministerio del Interior y Justicia el desarrollo de la competencia anterior, se evidencia su facultad para regular, formular y vigilar la adecuada celebración del referido contrato, de conformidad con la normativa antes expuesta, por lo que era competente para dictar la Resolución Nº 312, de fecha 30 de agosto de 2001, por medio de la cual procedió a revocar la buena pro otorgada al Consorcio recurrente en la Licitación identificada bajo el Nº MIJ-00-09-01, referente al Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (SINACOC).
En consecuencia, resulta improcedente la denuncia de incompetencia alegada por los representantes del Consorcio recurrente, ya que la actuación del Ministro del Interior y Justicia, estuvo ajustada al ordenamiento jurídico y dentro del marco de sus competencias previamente atribuidas. Así se declara.
4.- Violación de la seguridad jurídica
Corresponde revisar la presunta violación de la seguridad jurídica, ya que en criterio de los apoderados del recurrente, el Consorcio se ve decepcionado y perjudicado por habérsele cercenado su derecho legítimo a suscribir el contrato definitivo, aun cuando aportó la mejor oferta económica y haber obtenido la buena pro.
(…)
En tal sentido, constata esta Sala que el Ministro del Interior y Justicia ajustó su actuación al poder conferido por la norma legal dentro del marco de las competencias previamente atribuidas, las cuales, lo facultaban para dar por terminado el procedimiento licitatorio cuando existieren razones de interés general, tal como lo hizo en la Resolución Nº 312, motivo por el que no hubo desconocimiento de los intereses particulares, al no haberse suscrito para ese momento el contrato definitivo.
En razón de lo anterior, resulta forzoso para esta Sala desechar la denuncia de violación del principio de seguridad jurídica, alegada por los apoderados del Consorcio recurrente, ya que el Ministro del Interior y Justicia actuó con apego a Derecho, dentro del alcance de sus competencias. Así se declara.
5.- Falso supuesto de derecho
Alegaron los representantes del Consorcio recurrente, que el acto administrativo recurrido incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al pretender convocar a un nuevo proceso de licitación, “...ya que si se apega a la norma, tiene que convocar la misma licitación e invitar al menos a la totalidad de los oferentes que habían participado en ella”.
Así las cosas, ha entendido esta Sala que el vicio en la causa del acto administrativo por falso supuesto de derecho, se configura cuando existen los hechos que sirven de fundamento a la decisión administrativa, son verdaderos y se corresponden con lo acontecido; sin embargo, la Administración al emitir su pronunciamiento los subsume en una norma errónea o inexistente en el derecho positivo.
Con base en lo anterior, considera esta Sala que la actuación del Ministro del Interior y Justicia contenida en la Resolución recurrida, en la que pretende convocar oportunamente un nuevo proceso licitatorio, se ajusta a los (sic) previsto en la norma dispuesta en el artículo 46 de la Ley de Licitaciones, la cual le confiere a la Administración la potestad para abrir de nuevo la licitación de un sistema moderno, seguro y confiable de identificación y control ciudadano que asegure la integridad y la veracidad de la información.
En atención a lo anteriormente expuesto, es criterio de esta Sala que la denuncia de vicio en la causa por falso supuesto de derecho, resulta improcedente ya que la actuación del Ministro del Interior y Justicia con fundamento en los hechos que motivaron su decisión, resulta subsumida en la norma adecuada y en la consecuencia jurídica correcta. Así se declara.
6.- Falso supuesto de hecho
…omissis…
Como fundamento de la veracidad de las afirmaciones anteriores, los apoderados judiciales del recurrente promovieron pruebas de experticia técnica (folios 132 al 206 de la segunda pieza principal del expediente) y experticia contable (folios 220 al 236 de la misma pieza), pruebas las cuales pasa esta Sala a revisar junto con los otros instrumentos que cursan en el expediente, con el fin de constatar la veracidad o no de las razones fácticas que consideró la Administración como de interés general, para revocar la buena pro otorgada a Hyundai Consorcio.
…omissis…
Del análisis de los escritos que cursan en el expediente, se constata que las pruebas aportadas por el recurrente para desvirtuar la afirmación contenida en el acto recurrido y, en consecuencia, probar la experiencia de Hyundai Consorcio en proyectos similares fueron: i) Comunicación remitida por el Ministro de Información y Comunicación de la República de Corea al Ministro del Interior y Justicia el 4 de noviembre de 2000; ii) Constancia de haber participado la empresa Dacom System Technologies, Inc. en la construcción de la red de computación integrada de tarjeta electrónica de los ciudadanos de la República de Corea y en el sistema de informática general de la Policía Nacional; iii) Sistema de captura de tarjetas por un monto de trescientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 363.000,oo).
[d]el primero de los documentos, el cual riela a los folios 308 y 309 de la primera pieza principal del expediente (…) se desprenden un cúmulo de referencias que pretenden dotar al Consorcio Hyundai de la experiencia suficiente para afrontar el proyecto de identificación y control ciudadano en Venezuela. Sin embargo, no se especifican detalles técnicos de los mismos, que comprueben de manera cierta y patente la vasta experiencia a que hace referencia el funcionario coreano. En efecto, la comunicación sólo hace referencias genéricas que carecen de firmeza para demostrar la capacidad del Consorcio Hyundai frente al proyecto que pretende el ente contratante.
Así las cosas, no se especifica si el proyecto nacional de identificación de la República de Corea se asemeja o no al que pretende la República de Venezuela; así como tampoco se muestran detalles de la inversión ni de la fase por la cual va transcurriendo dicho plan de identificación, así como tampoco se identifica si el mismo cubre uno de los objetivos principales del proyecto SINACOC, cual es, el desarrollo de un sistema de control centralizado que sea capaz de prestar los servicios migratorios en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos a escala nacional.
En segundo lugar, tampoco constituye prueba suficiente de experiencia que desvirtúe los elementos contenido en el acto recurrido, la constancia de haber participado la empresa Dacom System Technologies, Inc. en la construcción de la red de computación integrada de tarjeta electrónica de los ciudadanos de la República de Corea y en el sistema de informática general de la Policía Nacional, ya que tampoco se demostró las semejanzas del sistema coreano con el proyecto venezolano.
En tercer lugar, respecto al sistema de captura de tarjetas por un monto de trescientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 363.000,oo); constata esta Sala que el mismo es el que más se asemeja a las condiciones exigidas en el pliego de Licitaciones como referencia de la experiencia requerida, sin embargo, este proyecto dista mucho de la complejidad del proyecto que pretende Venezuela en el que se estima hacer una inversión superior a los doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América ($ 200.000.000,oo).
Así las cosas, constata esta Sala que el Consorcio recurrente no demostró ni en la fase de precalificación ni por ante esta Sala en la fase probatoria, la experiencia mínima exigida para desarrollar el proyecto SINACOC, circunstancia la cual, fue uno de los fundamentos fácticos y de mayor importancia del Ministerio del Interior y Justicia para revocar la buena pro. En efecto, dentro de los puntos que se analizaron en las experticias promovidas, ninguno se orientó a analizar los instrumentos que le acreditaren al Consorcio Hyundai la experiencia requerida en el Pliego de Licitaciones.
Con base en lo anterior, es criterio de esta Sala que tal situación constituye fundamento suficiente para que el Ministro del Interior y Justicia revocare la buena pro concedida al Consorcio Hyundai, dadas las razones de interés general que conllevan la impecable y cabal realización de un sistema nacional de identificación y control ciudadano. En efecto, al haber quedado demostradas deficiencias en la oferta técnica presentada por el Consorcio y sus implicaciones, resultaba necesario dar por terminado el proceso licitatorio, circunstancia además que tiene un importante contenido económico por el monto de la inversión que pretende hacer el Estado venezolano, por lo cual, al no haber quedado demostrada la experiencia requerida, no podía en modo alguno suscribirse el contrato definitivo.
De acuerdo con los razonamientos anteriormente expuestos y al haber quedado suficientemente demostrados elementos que no otorgan confiabilidad sobre la propuesta presentada por el Consorcio Hyundai, es aceptable que el ente licitante una vez seleccionada la oferta, haya decidido dar por terminado el procedimiento licitatorio, por haber considerado la existencia de un vicio de mérito, al haberse apreciado con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, hechos que hacen inaceptable la propuesta del oferente, implicando una alteración en el contenido de la propuesta clasificada en primer lugar, por lo que considera esta Sala que resulta inoficioso conocer los otros argumentos respecto al vicio en la causa por falsos supuestos de hecho alegados por los apoderados del recurrente, ya que la situación de la falta de experiencia en proyectos similares, constituye razón suficiente para que se revoque la buena pro y en consecuencia, se dé por terminado el proceso licitatorio, todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Licitaciones con base a las razones de interés general que representa la importancia de un adecuado sistema de identificación. Así se declara.
(…)
Con fundamento en los pronunciamientos anteriores, esta Sala declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por los apoderados de Hyundai Consorcio, contra la resolución Nº 312 de fecha 30 de agosto de 2001, dictada por el Ministro del Interior y Justicia. Así se declara”.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala determinar previamente su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, a tal efecto, observa:
En fallos anteriores se ha determinado la facultad que detenta la Sala Constitucional para revisar las actuaciones de las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como de las decisiones que se opongan a las interpretaciones que haya realizado esta Sala en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el texto constitucional, partiendo de lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dispuso aplicar lo dispuesto en el numeral 10, del artículo 336 eiusdem, aunque no emitiera el desarrollo legislativo al respecto (vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001).
Ahora bien, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entró en vigencia el 20 de mayo de 2004, delimitó la competencia que tiene la Sala Constitucional para conocer de las solicitudes de revisión constitucional. En este sentido, el numeral 4, conjuntamente con el primer aparte del artículo 5 de la mencionada Ley Orgánica establece lo siguiente:
“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
(omissis)
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.
(omissis)
El Tribunal conocerá en Sala Plena lo asuntos a que se refiere este artículo en sus numerales 1 al 2. En Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23. En Sala Político Administrativa los asuntos previstos en los numerales 24 al 37. En Sala de Casación Penal los asuntos previstos en los numerales 38 al 40. En Sala de Casación Civil el asunto previsto en los numerales 41 al 42. En Sala de Casación Social los asuntos previstos en los numerales 43 y 44. En Sala Electoral los asuntos previstos en los numerales 45 y 46. En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida” (destacado de esta Sala).
En este orden, esta Sala mediante sentencia del 8 de septiembre de 2004 (caso: Peter Hofle Szabo), reiteró que tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aluden a las sentencias como el objeto de la revisión. En tal sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, contempla dos revisiones que atienden a supuestos diferentes, a saber, las que afectan los fallos de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, la cual tiene lugar por las razones establecidas en el artículo 5 numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; y otra que atiende solamente a las sentencias firmes de amparo constitucional y de control difuso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, emanadas de cualquier Tribunal de la República, respecto de la aplicación de la Constitución o de los principios que la conforman, dispuesta en el artículo 5 numeral 16 eiusdem.
Siendo ello así, observa esta Sala que la solicitud de revisión de autos fue interpuesta contra la sentencia núm. 570, dictada el 9 de marzo de 2005, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, respecto de la cual se alegó la existencia de violación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En virtud de lo anterior, y en atención a la norma parcialmente transcrita, esta Sala considera pertinente asumir su competencia para conocer y decidir la revisión solicitada, advirtiendo que la misma estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o inexcusable en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas y principios constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también de algún tipo de violación constitucional en la que, por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Se solicita la revisión constitucional de la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia que declaró “Sin Lugar” el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Hyundai Consorcio contra la Resolución del entonces Ministro del Interior y Justicia núm. 312 del 30 de agosto de 2001 que revocó la Buena Pro otorgada para la concesión del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL Y CONTROL CIUDADANO (SINACOC).
Al respecto, se denuncia la violación del derecho a la defensa por silencio de pruebas, al considerar que la sentencia denunciada no valoró las pruebas testimoniales, de experticia e informes presentadas por Hyundai Consorcio que, en su criterio, demuestran la improcedencia de la revocatoria del acto administrativo de la Buena Pro.
Asimismo, el solicitante de la revisión denunció que la Sala Político Administrativa sentenció la causa sin la presencia del expediente administrativo. A tal efecto, indicó que el Ministerio de Interior y Justicia remitió los antecedentes administrativos, pero luego los retiró sin volverlos a presentar nuevamente en el juicio contencioso administrativo de nulidad.
Expuesto lo anterior, corresponde a la Sala determinar la veracidad de la violación constitucional referida a la delación del derecho a la defensa por silencio de pruebas y por el retiro indebido del expediente administrativo.
Como debe señalarse, el derecho a la defensa se encuentra comprendido en el debido proceso por formar parte de las garantías relacionadas con los principios elementales que deben conformar todo proceso. En este sentido, el derecho a la defensa abarca el derecho a ser oído, a la presunción de inocencia, acceso a la justicia, a interponer los recursos que dieran lugar, a la articulación de las fases procesales debidamente estructuradas, a ser juzgado por jueces naturales predeterminados y con competencia específica en el asunto planteado (vid. s. S. C. núm. 724/2001). Este principio también prevé el derecho que asiste a toda parte de presentar dentro de los lapsos correspondientes las pruebas –legales y pertinentes- que demuestren los hechos que favorezcan o desvirtúen aquellos que puedan desfavorecer su situación jurídica debatida dentro del proceso.
Esta Sala Constitucional ha señalado la importancia de la fase probatoria por cuanto procura al juez tener ante su presencia y por inmediación los medios y herramientas necesarias para formar su convicción acerca de los hechos transcendentes que determinen el resultado de la decisión.
Respecto a las pruebas, debe señalarse que los jueces que las inadmitan injustificadamente o no se pronuncien de las mismas incurren en el silencio de pruebas establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual, puede ser objeto de protección constitucional. Esto implica, negar las pruebas sin motivación alguna o bajo argumentos contrarios a los principios del proceso. En estos supuestos, la parte, además de enterar al juez constitucional sobre la negativa de la tramitación de la prueba, debe demostrar que dicha prueba es esencial para sostener su pretensión y fundamental para modificar la decisión de la causa.
En lo concerniente a la valoración de las pruebas, la Sala ha establecido que su estudio y análisis pertenece a la libertad de juzgamiento de los jueces, por lo que análisis que el juzgador dé a las mismas escapa del conocimiento de juez constitucional. En este punto se ha señalado que “[l]os errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la Constitución, quede desconocido” (s.S.C. núm. 828/2000, véase también en este sentido s. S.C. núm. 242/2003).
En materia probatoria esa libertad del juez queda resumida de la siguiente manera: “… lo que se le imputa a la sentencia es un error de apreciación de pruebas, una aplicación incorrecta del derecho o un simple vicio formal que no resultare sustancial, la acción de amparo resultaría improcedente” (s. S.C. núms. 250/2000 y 273/2001). Por lo que en este sentido, el juez tiene un ejercicio potestativo de valoración y análisis de la prueba, siempre que su proceder se ajuste a los principio de la sana crítica y de valoración taxativa, considerando que esta última procederá, cuando así la ley lo determine.
Sin embargo, el juez constitucional puede conocer excepcionalmente del análisis probatorio, siempre que la valoración efectuada sobre la prueba contraríe principios elementales en materia probatoria que generen una auténtica indefensión a la parte. Al igual que ocurre en la inadmisión injustificada de pruebas, el accionante en amparo o solicitante de la revisión debe demostrar que dicha probanza es fundamental para prevalecer su pretensión y que su análisis tiene el valor suficiente para cambiar el sentido de la decisión definitiva (vide s. S.C. núms. 831/2002). En este sentido, y a modo de ejemplo, la sentencia núm. 1489/2002, asevera la jurisprudencia asentada en esta materia:
“La falta de apreciación por parte de los jueces de las pruebas que constan en el expediente produjo el vicio de silencio de pruebas, que contiene el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual está relacionado con el derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
En ese sentido, la Sala considera que todo ciudadano tiene el derecho a ser juzgado y a que la causa sea resuelta con fundamento en los elementos de hecho y de derecho que cursen en el expediente y no puede el Juez silenciar las pruebas, pues esa falta de juzgamiento incide directamente en el derecho a la defensa y en el derecho a ser juzgado con las garantías del debido proceso.
Ahora bien, la Sala precisa que para que se configure la violación del derecho constitucional a la defensa, no basta con la simple falta de valoración de una prueba, sino que se compruebe que la prueba dejada de apreciar era determinante para la decisión, de tal manera que, de haber sido apreciada, la decisión hubiera sido otra”.
Establecido lo anterior, corresponde a la Sala verifica en un primer orden si la Sala Político Administrativo incurrió en silencio de pruebas para lo cual, observa:
El acto administrativo del cual se recurrió ante la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, es aquél contenido en la Resolución del entonces Ministro de Interior y Justicia núm. 312, que adjudicó a Hyundai Consorcio la Buena Pro para la instalación y manejo del Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (SINACOC).
Este acto, el cual, de las actas que cursan en el expediente y de las afirmaciones de la parte recurrente en nulidad y solicitante de la revisión, permiten determinar que al momento de revocarse la Buena Pro, el Estado y la concesionaria no habían suscrito el contrato administrativo correspondiente. A tal efecto, los términos en que se dictó la Resolución son los siguientes:
“Por todo lo antes expuesto, este Despacho resuelve que:
1. Tal como lo expresa la Conclusión N° 1 del Informe Final de la Subcomisión de Control de Gasto e Inversión del Ejecutivo Nacional de la Asamblea Nacional, quedan enormes dudas y lagunas sobre la confiabilidad de la propuesta a la que se le asignó la Buena Pro, para garantizar la ‘necesidad nacional de urgente satisfacción, la adquisición e implementación de un Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano, para resolver los innumerables problemas que se presentan actualmente en la identificación de los ciudadanos, emisión y falsificación de cédulas, usurpación de identidad, distorsiones en la base electoral del país, ineficiencia en el control migratorio y otros que conducen a una gran inseguridad de todo tipo en la población’.
2. SE REVOCA LA BUENA PRO OTORGADA AL CONSORCIO HYUNDAI, en la Licitación anunciada internacionalmente MIJ-00-09-01, ‘Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano’ (SINACOC), por adolecer de los vicios denunciados y comprobados en el procedimiento, por las deficiencias y omisiones sustanciales de las ofertas técnicas y económicas del Consorcio Huyndai respecto al Pliego de Licitaciones, tal como ha quedado establecido y demostrado durante el proceso de investigación de la Subcomisión de Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional de la Asamblea Nacional, y por toda las razones de mérito anteriormente expuestas en el texto de la presente resolución.
3. Vistas las múltiples objeciones que han sido formuladas al Pliego de Licitación; vista la complejidad técnica del Sistema de Identificación que pretende adquirir la República, el cual permite determinar cuál de ellas es l más conveniente al interés general de la Nación; visto que este proceso licitatorio ha sido objeto de diversas denuncias de irregularidades cometidas en el transcurso del mismo; vista la magnitud de la inversión que involucra la contratación del Sistema de Identificación Nacional y Control Ciudadano (SINACOC); visto también que se trate de una inversión a largo plazo y que estamos en presencia de un área estratégica y de especial importancia para el país, en virtud de los altos intereses involucrados en el mismo; todo lo cual conforman razones de interés general de las previstas en el artículo 46 de la Ley de Licitaciones vigente, este Despacho, con fundamento en la norma legal antes citada, DECIDE DAR POR TERMINADO EL PROCESO DE LICITACIÓN ANUNCIADA INTERNACIONALMENTE, MIJ-00-09-01, ‘SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL Y CONTROL CIUDADANO’ (SINACOC), Y CONVOCARÁ OPORTUNAMENTE A UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN, DE ACUERDO CON LA LEY, CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, QUE VELARÁN POR LA TRANSPARENCIA Y EL ACATAMIENTO DE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN ESTA MATERIA”.
En este sentido debe entenderse que se está en presencia del procedimiento para las licitaciones, el cual, dada las actas judiciales remitidas por la Sala Político Administrativa, y del acto impugnado contenido en la Resolución núm. 312, se observa que el acto cuestionado ante el contencioso administrativo se dictó de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la entonces vigente Ley de Licitaciones, cuya previsión dispone:
“En todos los procedimientos regulados por esta Ley, el ente contratante puede suspender el procedimiento cuando así lo estime conveniente, mientras no haya tenido lugar el acto de apertura de sobres contentivos de manifestaciones de voluntad u ofertas, según el caso. Igualmente podrá, mientras no se haya firmado el contrato definitivo, decidir por acto motivado, dar por terminado el procedimiento, cuando a su juicio existiesen razones de interés general que así lo aconsejen. En caso de que hubiere otorgado la buena pro, se indemnizará al beneficiario de éste con una suma equivalente al monto de los gastos en los que incurrió por participar en el procedimiento de selección, dentro del lapso de treinta (30) días contados a partir de la notificación al beneficiario de la buena pro de la terminación del procedimiento”.
Al haberse dictado la Resolución núm. 312 con base en el entonces vigente artículo 46 de la Ley de Licitaciones, que permite dar por terminada la licitación inclusive luego de otorgada la Buena Pro, esta Sala determina que el ámbito de juzgamiento por parte del juez contencioso se circunscribe a verificar si la Administración actuó conforme a esta disposición legal, por lo que otros elementos distintos a los previstos en este artículo como la capacidad del designado para ejecutar la concesión, hechos que fueron objeto de las pruebas aportadas, no son pertinentes, toda vez que se está analizando la validez de un acto administrativo dictado dentro del ejercicio potestativo y unilateral de la Administración para dejar sin efecto la licitación cuando circunstancias de interés general así lo ameriten.
No obstante, la sentencia objeto de revisión hizo mención de las pruebas presentadas por Hyundai Consorcio, cuyo supuesto silencio se alega. Por el contrario, del análisis de dichas probanzas de determinó, que las mismas no demuestran la experiencia empresarial ni la capacidad para asumir el proyecto de cedulación; tampoco prueban los detalles de inversión, ni la compatibilidad entre el servicio prestado en la República de Corea, con los requerimientos exigidos en el pliego de licitación presentados en su momento por el Ministerio de Interior y Justicia. A tal efecto, se considera necesario referirse específicamente al análisis efectuado por el fallo objeto de la revisión, a los fines de constatar que las pruebas fueron consideradas en esa causa:
“Del análisis de la comunicación transcrita, se desprenden un cúmulo de referencias que pretenden dotar al Consorcio Hyundai de la experiencia suficiente para afrontar el proyecto de identificación y control ciudadano en Venezuela. Sin embargo, no se especifican detalles técnicos de los mismos, que comprueben de manera cierta y patente la vasta experiencia a que hace referencia el funcionario coreano. En efecto, la comunicación sólo hace referencias genéricas que carecen de firmeza para demostrar la capacidad del Consorcio Hyundai frente al proyecto que pretende el ente contratante.
Así las cosas, no se especifica si el proyecto nacional de identificación de la República de Corea se asemeja o no al que pretende la República de Venezuela; así como tampoco se muestran detalles de la inversión ni de la fase por la cual va transcurriendo dicho plan de identificación, así como tampoco se identifica si el mismo cubre uno de los objetivos principales del proyecto SINACOC, cual es, el desarrollo de un sistema de control centralizado que sea capaz de prestar los servicios migratorios en los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos a escala nacional.
En segundo lugar, tampoco constituye prueba suficiente de experiencia que desvirtúe los elementos contenido en el acto recurrido, la constancia de haber participado la empresa Dacom System Technologies, Inc. en la construcción de la red de computación integrada de tarjeta electrónica de los ciudadanos de la República de Corea y en el sistema de informática general de la Policía Nacional, ya que tampoco se demostró las semejanzas del sistema coreano con el proyecto venezolano.
En tercer lugar, respecto al sistema de captura de tarjetas por un monto de trescientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América ($ 363.000,oo); constata esta Sala que el mismo es el que más se asemeja a las condiciones exigidas en el pliego de Licitaciones como referencia de la experiencia requerida, sin embargo, este proyecto dista mucho de la complejidad del proyecto que pretende Venezuela en el que se estima hacer una inversión superior a los doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América ($ 200.000.000,oo).
Así las cosas, constata esta Sala que el Consorcio recurrente no demostró ni en la fase de precalificación ni por ante esta Sala en la fase probatoria, la experiencia mínima exigida para desarrollar el proyecto SINACOC, circunstancia la cual, fue uno de los fundamentos fácticos y de mayor importancia del Ministerio del Interior y Justicia para revocar la buena pro. En efecto, dentro de los puntos que se analizaron en las experticias promovidas, ninguno se orientó a analizar los instrumentos que le acreditaren al Consorcio Hyundai la experiencia requerida en el Pliego de Licitaciones.
Con base en lo anterior, es criterio de esta Sala que tal situación constituye fundamento suficiente para que el Ministro del Interior y Justicia revocare la buena pro concedida al Consorcio Hyundai, dadas las razones de interés general que conllevan la impecable y cabal realización de un sistema nacional de identificación y control ciudadano. En efecto, al haber quedado demostradas deficiencias en la oferta técnica presentada por el Consorcio y sus implicaciones, resultaba necesario dar por terminado el proceso licitatorio, circunstancia además que tiene un importante contenido económico por el monto de la inversión que pretende hacer el Estado venezolano, por lo cual, al no haber quedado demostrada la experiencia requerida, no podía en modo alguno suscribirse el contrato definitivo.
De acuerdo con los razonamientos anteriormente expuestos y al haber quedado suficientemente demostrados elementos que no otorgan confiabilidad sobre la propuesta presentada por el Consorcio Hyundai, es aceptable que el ente licitante una vez seleccionada la oferta, haya decidido dar por terminado el procedimiento licitatorio, por haber considerado la existencia de un vicio de mérito, al haberse apreciado con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, hechos que hacen inaceptable la propuesta del oferente, implicando una alteración en el contenido de la propuesta clasificada en primer lugar, por lo que considera esta Sala que resulta inoficioso conocer los otros argumentos respecto al vicio en la causa por falsos supuestos de hecho alegados por los apoderados del recurrente, ya que la situación de la falta de experiencia en proyectos similares, constituye razón suficiente para que se revoque la buena pro y en consecuencia, se dé por terminado el proceso licitatorio, todo ello de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Licitaciones con base a las razones de interés general que representa la importancia de un adecuado sistema de identificación. Así se declara”.
Bajo este mismo aspecto debe señalarse, que el principio de pertinencia de la prueba también rige para el ámbito del contencioso administrativo. En este sentido, al entenderse que los actos administrativos se encuentran investidos del principio de la presunción de legalidad, resulta cierto que para que los mismos sean desvirtuados, debe traerse a colación pruebas que demuestren la falta de adecuación del acto con respecto a la base legal que lo sustenta, por lo que cualquier medio que no tenga tal eficacia dentro del proceso debe ser desestimado.
Por otra parte, la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa analizó específicamente la revocatoria de la Resolución núm. 312, por la aplicación del artículo 46 de la entonces vigente Ley de Licitaciones, señalando expresamente que:
“De los hechos anteriormente señalados, se observa que la denuncia planteada por los apoderados judiciales del consorcio recurrente, referente a la violación del debido proceso, no se patentiza en el caso de autos, ya que se observa el cumplimiento de las principales fases del procedimiento licitatorio en el que puede participar cada oferente.
A tal efecto, se observa que la revocatoria de la buena pro por parte del ente contratante, tiene su fundamento en razones de interés general, atendiendo a la potestad otorgada a la administración en la norma dispuesta en el artículo 46 de la Ley de Licitaciones, razón por la cual, en uso de esa potestad discrecional, se decidió dar por terminado el proceso licitatorio, no pudiendo existir en modo alguno violación del derecho al debido proceso.
De la misma manera, resulta igualmente improcedente el alegato referente a la pretendida irrevocabilidad del acto administrativo que otorgó la buena pro al recurrente, ya que dicha actuación tuvo como base legal la norma prevista en el artículo 46 de la Ley de Licitaciones vigente, la cual concede facultades a la Administración para dar por terminado el procedimiento licitatorio, cuando existiesen a su juicio, razones de interés general que lo aconsejen.
En este orden de ideas, estima necesario esta Sala reiterar el criterio asumido en sentencia de fecha 25 de marzo de 2003, número 00457, en la que se dejó sentado lo siguiente:
‘Por tanto, no puede sostenerse o atribuírsele al acto formal de ‘buena pro’, la generación de obligaciones o compromisos más allá de la simple designación de con quién habrá de contratar la Administración Pública, ya que de lo contrario, le negaría el carácter de acto de trámite que ésta comporta y más aún, le otorgaría naturaleza de un acto definitivo y de perfeccionamiento a la celebración contractual; carácter éste que sólo es atribuible en el derecho privado a los llamados negocios ‘consensuales’, estos son, los que se perfeccionan con el sólo consentimiento de las partes válidamente manifestado (Vid. 1.161 del Código Civil). De allí que, el únco acto formal que genera el perfeccionamiento del compromiso y pro tanto, el nacimiento de derechos y obligaciones correspectivas (negocios sinalagmáticos perfectos), será el contrato de concesión definitivo que suscribirá el particular con la Administración Pública’.
De manera tal, que la anulación o revocación del acto de otorgamiento de la buena pro en el procedimiento licitatorio, puede aceptarse en el ordenamiento jurídico, tanto por aplicación de la normativa prevista en los artículos 81 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como por disposición expresa de la Ley de Licitaciones (artículo 46 de la Ley aplicable rationae temporis), donde se le confiere al ente licitante la posibilidad de decidir por acto motivado, dar por terminado el procedimiento, cuando a su juicio existan razones de interés general que así lo aconsejen, por lo cual s ele reconocen a la Administración amplias potestades no sólo para la anulación de la buena pro, sino para su revocación por razones de oportunidad o mérito, tal como lo señala el representante de la Procuraduría General de la República”.
Así, observa la Sala que las pruebas aportadas por el solicitante de la revisión, no tienen relevancia alguna para desvirtuar la anulación de la Resolución núm. 312, y visto que la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa analizó las razones de la revocatoria establecida en el acto administrativo cuestionado, esta Sala Constitucional concluye que no hubo violación del derecho a la defensa por silencio de pruebas. Así se declara.
En otro orden, el solicitante denunció que la Sala Político Administrativa dictó la sentencia sin el expediente administrativo. A tal efecto, señalaron que en un primer momento la representación de la República consignó el aludido expediente, pero luego solicitó su retiro, sin devolver nuevamente las actuaciones a la causa.
En este sentido, debe hacerse especial mención al expediente administrativo, por ser un medio característico de prueba en el contencioso administrativo.
Al respecto, existen manifestaciones de voluntad por parte de la Administración que requieren necesariamente de la instrucción de un procedimiento que proporcione a los administrados y al juez contencioso administrativo los elementos esenciales sobre los cuales se está conformando la decisión administrativa.
Uno de los fundamentos por los cuales se exige la conformación del expediente administrativo es la de permitir que el juez contencioso constate que los administrados tuvieron un procedimiento del cual se denoten los actos de instrucción, tales como alegaciones y pruebas, necesarios para determinar si se le permitió al afectado la posibilidad de ejercer los mecanismos de defensa en vía administrativa.
El expediente administrativo también permite, en razón del principio inquisitivo que caracteriza al procedimiento administrativo, que la Administración pruebe que realizó los actos de instrucción adecuados que soporten, de conformidad con la ley, al acto administrativo.
Al respecto, esta Sala Constitucional considera que el expediente administrativo constituye un elemento probatorio fundamental dentro del contencioso administrativo, por ser el mecanismo que permite constatar que la sentencia dictada por el juez en esta materia valoró en su totalidad los elementos de hecho y de derecho por los cuales la Administración dictó su decisión y cuyo control se somete a la sentencia que, a tal efecto, se dicte en sede jurisdiccional. Su inexistencia puede dar a entender que la Administración incurrió en una vía de hecho, que, a su vez, puede quebrantar derechos fundamentales, por lo que la Administración deberá siempre elaborar el expediente correspondiente y el juez contencioso tendrá que considerar su presencia y valor probatorio dentro de la causa, como elemento de prueba que fundamente los actos administrativos.
Indicado lo anterior, esta Sala mediante decisión núm. 1090/2006, solicitó a la Sala Político Administrativa copia certificada de las actuaciones correspondientes al juicio contencioso administrativo de nulidad, determinándose, que si bien es cierto que la Representación de la República solicitó el retiro del expediente administrativo, posteriormente, consignó nuevamente el expediente antes de concluirse la fase de promoción de pruebas. A tal efecto (vid. anexo 3. folio 405 del expediente) se puede verificar su entrega, lo cual, se hizo constar en Acta suscrita entre el representante de la República y el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa:
“En el día de hoy, veintitrés (23) de abril de 2002 se presentó en la Dirección General de Consultoría Jurídica, el ciudadano Richard José Garnier, en representación del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, Juzgado de Sustanciación, y la Dra. Ana Cecilia Zulueta Rodríguez, como Directora de Consultoría Jurídica y la abogado Gloria Salas en representación del Ministerio del Interior y Justicia, con el objeto de hacer formal entrega de las actuaciones administrativas correspondientes al expediente que cursa ante ese Juzgado signado con el N° 201-731, relacionado con el Juicio de Nulidad intentado por el empresa Hyundai Consorcio contra Resolución dictada por este Ministerio. En este acto se hace entrega, al representante del Tribunal antes mencionado, lo siguiente:
-Anexo certificado Letra ‘K’, de trescientos sesenta y cinco (367) (sic) folios.
-Anexo letra ‘I’ de setenta y tres (73) folios.
Es todo, terminó se leyó y conformes firman”.
Constatado lo anterior, esta Sala desestima los argumentos expuestos por la solicitante de la revisión, al determinar que la sentencia núm. 570, dictada, el 10 de marzo de 2005, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se dictó con el expediente administrativo. Así se declara.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala declara no ha lugar la revisión constitucional solicitada por el abogado Germán Ramírez Materán, actuando con la condición de apoderado de Hyundai Consorcio, de la sentencia núm. 570, dictada, el 10 de marzo de 2005, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Visto que en el último punto se determinó que el abogado solicitante de la revisión mintió y omitió información, esta Sala, ordena remitir copia certificada de la decisión al Colegio de adscripción del abogado Germán Ramírez Materán, a los fines de iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente, considerando como denuncia, los señalamientos expuestos en este fallo. Así finalmente se decide.
V
DECISIÓN
Con base en las consideraciones que antecedente, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la revisión constitucional de la sentencia núm. 570, del 10 de marzo de 2005, dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Suprema de Justicia, interpuesta por el abogado Germán Ramírez Materán, actuando con la condición de representante judicial de Hyundai Consorcio.
Publíquese y regístrese. Remítase copia del presente fallo a la Sala Político Administrativa y al Colegio de Abogados al cual esté adscrito el abogado Germán Ramírez Materán.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de febrero de dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 05-2004
CZdeM/
Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su voto salvado en relación con la decisión que antecede:
La sentencia objeto de esta disidencia declaró que no ha lugar a la solicitud de revisión constitucional que HYUNDAI CONSORCIO planteó respecto del veredicto que dictó, el 19 de marzo de 2005, la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.
Ahora bien, este voto salvante considera que la mayoría no observó que la Sala Político-Administrativa desconoció doctrina de esta Sala Constitucional, en cuanto se refiere a la valoración de las pruebas, válidamente promovidas y a la ausencia de un procedimiento constitutivo que soporte la emanación de un acto administrativo revocatorio de otro constitutivo de derechos, como lo es el acto que otorga la buena pro en una licitación.
En efecto, la Sala estimó que “(…) visto que la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa analizó las razones de la revocatoria establecida en el acto administrativo cuestionado, esta Sala Constitucional concluye que no hubo violación del derecho a la defensa por silencio de pruebas. Así se declara”.
La Sala no verificó que la parte actora desplegó una actividad probatoria para la demostración de su capacidad y experiencia para el desarrollo del proyecto de identificación y control ciudadano en el país, lo cual constituía el objeto del procedimiento licitatorio. Entre tales pruebas, se promovieron unas testimoniales que fueron absolutamente silenciadas por la Sala Político-Administrativa al momento cuando emitió su veredicto. Tal omisión, al menos desde una perspectiva formal, afecta el derecho a la tutela judicial eficaz que comprende el derecho del promovente a que las pruebas que promovió válidamente sean objeto de análisis en el fallo definitivo. Distinto es el fondo del asunto, esto es que tal material probatorio conduzca al juez a la convicción de que se tiene la razón.
Por otra parte, a este disidente le causa preocupación que la mayoría no se haya percatado de la tergiversación que la Sala Político Administrativo hizo respecto de la denuncia del peticionario sobre la violación a su derecho a la defensa y al procedimiento debido.
En efecto, el demandante delató que el acto objeto de la pretensión de nulidad –acto revocatorio de la buena pro- había sido expedido sin procedimiento. Al respecto, la Sala Político-Administrativa señaló que la denuncia carecía de fundamento, toda vez que se había dado cumplimiento a las etapas del procedimiento licitatorio, en especial se refirió el artículo 46 de la Ley de Licitaciones que dispone que, por razones de interés general, puede revocarse el acto de la buena pro.
Ahora bien, la manipulación se encuentra en que la denuncia del actor no estaba dirigida a la ausencia del procedimiento licitatorio, sino a la ausencia del procedimiento que diera anclaje jurídico al acto revocatorio. Esta prescindencia de procedimiento, sin duda, viciaba al acto de nulidad absoluta, según lo preceptúa el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Ciertamente, no escapa a quien disiente que la Administración puede asumir decisiones fundada en la protección del interés general que debe tutelar. No obstante, la dotación de la Administración de múltiples privilegios y prerrogativas no puede equivaler a arbitrariedades y desconocimientos de los derechos subjetivos de los administrados. Estas apreciaciones se enmarcan en el más elemental sistema de protección de derechos que debe existir en un Estado de derecho y que, desde una visión constitucional, debe garantizar esta Sala.
En este caso, la Sala Político-Administrativa desconoció derechos fundamentales que asistían al consorcio inipugnante en la demanda de nulidad que incoó contra el acto revocatorio de la buena pro. A su vez, la mayoría de la Sala consideró correcto ese juzgamiento que motivó esta discrepancia.
Queda, en los términos que anteceden, expresado el criterio del Magistrado disidente.
Fecha retro.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
Francisco Antonio Carrasquero López
…/
…
MARCOs TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 05-2004
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