Venley

Sentencia N.º 1021

Sentencia
N.º 1021
Fecha
29/07/2013
Sala
Constitucional
Expediente
11-0747
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Solicitud de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N° 11-0747

 

El 1 de junio de 2011, los abogados Willian Eduardo Pérez y Antonio Hernández, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 23.843 y 43.928, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados Judiciales de la empresa CONSTRUCCIONES RIAL A-P, C.A, inscrita en el Registro de Comercio Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 24 de marzo de 1993, bajo el N° 20, Tomo 112-A Pro, interpusieron ante esta Sala solicitud de revisión de la decisión del 9 de junio de 2009, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

 

El 13 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Constituida esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 8 de mayo de 2013, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA REVISIÓN

 

La parte solicitante, planteó la solicitud de revisión, en los siguientes términos:

 

Que “(…) esta verificada la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso y a una justicia independiente e imparcial, por cuanto el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, incurrió en incongruencia omisiva y valoró de manera parcializada con la ALCALDÍA METROPOLITANA, por cuanto probó algo que le favorecía, desconociendo todos los alegatos de hecho y de derecho que hizo nuestra representada y desconociendo las demás pruebas que promovió CONSTRUCTORA RIAL A-P., C.A., que desvirtuaban las pruebas de la Alcaldía Metropolitana y que ponían de manifiesto que esta Alcaldía no probó nada que le favoreciere”. (Mayúsculas del escrito).

 

Que “[e]n relación con esas pruebas, que fueron en las que el Juzgado Superior (…) afincó su pronunciamiento de la inexistencia de contrato, delatamos que hubo un pronunciamiento parcializado y discriminatorio, porque están demostrados y probados los trabajos realizados como del consentimiento del órgano contratante como se verifica de las múltiples memos y comunicaciones de Constructora Rial A-P, C.A. para la Alcaldía (…)”.

 

Que “[n]o obstante, tales alegaciones que encuentran soporte en autos y quedaron reflejados en la relación procesal del veredicto cuya revisión se solicitó, el Juzgado Superior (…) omitió su valoración favorable, con lo cual se apartó de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional en relación a los derechos a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso”.

 

Que “[d]e lo precedente, se destaca la imposibilidad para el Juzgador de omisión de apreciación de las alegaciones y probanzas que hayan sido, debidamente aportadas al proceso. No podía el Juzgador Superior Quinto (…) fundar la improcedencia en la consumación de la confesión ficta y beneficiar a la parte que faltó a su deber de dar contestación a la demanda, sobre la base de unas pruebas que fueron contradichas con otras que también existían en autos sin el análisis de estas últimas; es decir, tal como se alegó en la solicitud, del fallo objeto de revisión, solo valoró lo que le favorecía a la demandada y omitió la apreciación del resto de las pruebas”.

 

Que “(…) debemos concluir que el Juzgado Superior (…) desconoció la doctrina vinculante (…) en lo tocante a la correcta interpretación de los derechos a la tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso, toda vez que juzgó de manera parcializada la causa, sin la apreciación, en conjunto del material probatorio que fue consignado en autos”.

 

Que “[h]a sido criterio reiterado de la Sala Constitucional que la revisión de sentencia es procedente excepcional, discrecional y extraordinariamente, cuando se verifica un desconocimiento absoluto de los precedentes dictados por la Sala (…) por la indebida aplicación de una norma constitucional como lo es el debido proceso contemplado en el artículo 46 constitucional (sic) y más aún de su falta d aplicación por el juez de la segunda instancia, es decir, que violó la Carta Magna, aun cuando le corresponde actuar como garante”.

 

Solicita que la presente revisión sea declarada ha lugar y sea anulada la sentencia de marras.

II

DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN

 

El 9 de junio de 2009, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital señaló lo siguiente:

 

“En fecha 30 de septiembre de 2002 se recibió en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, previa distribución, la presente demanda por cobro de bolívares que interpusieran los abogados Raúl Amundaray H. y Antonio Hernández, Inpreabogados Nros. 21.591 y 43.928, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la empresa ‘CONSTRUCCIONES RIAL A-P. CA’, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

…omissis…

Narran los apoderados judiciales de la parte actora que, debido a las fuertes y masivas lluvias que se iniciaron el día 15 de diciembre de 1999, las cuales se prolongaron con gran intensidad y en un extenso territorio del litoral central y parte del norte de Caracas, Guarenas, extendiéndose al este y al oeste de Caracas, todos los venezolanos y el mundo de forma pública y notoria, reseñado por la prensa nacional y extranjera dejaron constancia de los hechos. Que la zona norte de Caracas se colmaba de agua y las inundaciones progresaban día a día, arrasando con todo a su paso y afectando hasta sectores como la parroquia Candelaria, San Bernandino, Los Dos Caminos, Los Chorros, entre otras zonas. Que lo intenso y prolongado de la tragedia provocó que fuera decretado Estado de Emergencia, la magnitud de la tragedia alcanzó proporciones tales que la zona norte del casco de Caracas, hubo de ser intervenida por gran cantidad de maquinaria de diferentes empresas y propietarios, dotados de vehículos de carga para el despeje de las zonas, remoción y transporte de los materiales provenientes de las urgentes demoliciones y del material del deslave de las montañas y derrumbes ocasionales

Que en la señalada oportunidad su representada, propietaria de maquinaria pesada y de vehículos de transporte, habiendo ella misma prestado en ocasiones anteriores servicios a la entonces GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, fue llamada verbalmente a prestar inmediatos servicios, trasladando su maquinaria y vehículos de carga al sitio denominado COTIZA-LA UEPA, donde había en esos momentos enormes cantidades de material de deslave, de árboles arrastrados por las aguas, de construcciones en estado de peligrosidad y vías de agua obstruidas por derrumbes, a todo esto se sumaba la amenaza de nuevas lluvias, las cuales de producirse aún con mayor intensidad y con las vías públicas y cauces de agua ya obstruidos, determinaría una tragedia de proporciones mayores. Que ante la emergencia descrita y en aras de la humanidad los administradores de su representada no dudaron en proceder de inmediato con sus equipos y los vehículos de transporte sirviendo a los intereses de la sociedad y a realizar las labores con efectividad y rapidez necesarias al momento de la tragedia.

Que en las condiciones antes descritas y bajo la presión latente por los efectos de la naturaleza su representada prestó sus servicios con eficacia y abnegación, se realizaron voluminosos trabajos de despeje, de limpieza de calzadas y de cauces de agua, demoliciones de construcciones en estado de peligrosidad, la remoción de todos los materiales de lodo del deslave, de las demoliciones, de vegetación arrastrada, entre otros. Que la cantidad del trabajo ejecutado alcanzó al monto de Bs. 173.602.378,04, que estas obras, de conformidad con el artículo 79 de la ley de licitaciones, debido a la emergencia creada por la calamidad de origen natural acaecida, fueron asignadas y ejecutadas con la urgencia del caso y sin necesidad de licitación previa, pero siempre actuando a precios de contraloría.

…omissis…

Que de todo lo relatado no cabe duda alguna de la existencia de un CONTRATO VERBIS, ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL y la empresa CONSTRUCCIONES RIAL AP C.A., de conformidad con el artículo 1.113 del CÓDIGO CIVIL.

Que la convención existe, pues no llega providencialmente su representada a COTIZA, QUEBRADA ANAUCO - LA UEPA, con sus maquinarias pesadas y con sus unidades de transporte de materiales, los equipos para demoler, iniciando de inmediato el despeje, trasporte de material de deslave y las demoliciones de las edificaciones catalogadas como de peligrosidad, haciendo transporte con sus camiones hasta el ONCOLOGICO LUIS RAZETTI; tampoco es casualidad que el Fiscal ALEXIS MUJICA , quien fiscalizó los trabajos y operaciones se aparezca en el sitio y comience a dar órdenes al igual que el ingeniero JOSE R. OJEDA G. ambos por parte de la GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, y que se iniciara la inspección y fiscalización al mismo tiempo que se iniciaban las operaciones; tampoco de improviso la GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL emitió CINCO cheques por un valor total de Bs. 161.534.646,68, ello supone de forma ineludible la secuencia normal de un contrato y el objeto del contrato es el despeje de la zona, la eliminación de los lodos provenientes del deslave, la recuperación de las vías y de los cauces de las quebradas, la eliminación mediante demolición de las construcciones peligrosas y el transporte de todo el material resultante de las descritas operaciones.

Que a la luz del artículo 1.135 del CODIGO CIVIL, el contrato es oneroso, por cuanto generó pagos por parte de la GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, a cambio de los trabajos y operaciones ejecutadas por la empresa CONSTRUCCIONES RIAL PA-C A. quedando así determinados contratante y contratista, siendo la primera la GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL hoy sucedida por la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO y la segunda LA CONTRATISTA.

Que conforme al artículo 1.137 del CODIGO CIVIL, la oferta del equipo pesado y vehículos de transporte y máquina de demolición, con su personal y dirección de la empresa por ellos representada CONSTRUCCIONES RIAL PA-C. A., fue aceptada por la GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, la cual en prueba de ello fiscalizó, inspeccionó y conformó formas de medición y relación

Que de conformidad con el artículo 1.160 del CODIGO CIVIL VIGENTE, los contratos deben de ejecutarse de buena fe, así lo hizo su representada, la cual ejecutó y concluyó las labores encomendadas, recibió pagos parciales de las mismas, faltando por recibir parte del pago, FACTURA N°. 00070 causado por los trabajos y operaciones ejecutadas, pero, la otra parte, la contratante, ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, sucesora de la GOBERNACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, tal como lo pauta la LEY DE TRANSICIÓN DEL DISTRITO FEDERAL al DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, la cual no procede de buena fe, imputando a la contratista faltas del procedimiento imputables solo a la contratante y se escuda en ese sofisma para no completar los pagos a la empresa contratista, es decir, a su representada y así a más de dos años de concluidos los trabajos y operaciones, aún no han sido estos pagados totalmente a la contratista.

Que de conformidad con el artículo 1.167 del CODIGO CIVIL, su representada habiendo cumplido totalmente y a cabalidad su obligación y a pesar de haber transcurrido más de dos (2) años desde la terminación, aun la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS continúa en fútiles alegatos y no ha completado los pagos, quedando pendiente la FACTURA N°.00070, la cual alcanza la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs.32.067.731,36), siendo este el motivo de esta demanda incoada con la finalidad de obtener el pago de la cantidad legítimamente causada con su correspondiente indexación.

Que de conformidad con la LEY DE LICITACIONES, artículo 79, el caso del contrato que nos ocupa se halla exento de la obligación de licitar, ello según lo expuesto en su ordinal 5°, por derivarse de una calamidad que nacionalmente afectó de forma mortal a la colectividad y fue de resonancia mundial.

Que dado el prolongado retraso en el pago de la FACTURA N°. 00070, solicitan la indexación como sido acordado en reiterada jurisprudencia al respecto debiendo tener como base LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR PUBLICADOS POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, tomando como punto de partida el día 10 de marzo de 2000, fecha en que se produjo la FACTURA N°. 00070, hasta la fecha en que la orden de pago emanada de este tribunal se haga efectiva por parte de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.

Que, con fundamento en los hechos narrados y el derecho explanado y agotada la vía administrativa, como evidentemente lo ha sido, solicitan que sea decretada por este tribunal la procedencia del pago de la FACTURA N°. 00070, por la cantidad de TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN BOLÍVARES CON TREINTA y SEIS CENTIMOS (Bs. 32.067.731,36), que adeuda la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS a su representada, con la indexación aplicada al capital debido, desde el día 10 de marzo de 1.999, hasta el día en que expire el término de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de la sentencia y que este Tribunal debe fijar a la mencionada Alcaldía para que cumpla voluntariamente la sentencia.

…omissis…

DEL FONDO DEL ASUNTO CONTROVERTIDO

La parte demandada dio contestación a la presente demanda, negando rechazando y contradiciendo la misma, por no ser cierto los hechos alegados, ni asistirle al demandante el derecho invocado, por lo tanto, corresponde en el presente juicio a la actora probar tanto la obligación de la que se deduce las cantidades demandadas, así como sus respectivas afirmaciones de hecho, por su parte, la demandada en caso de quedar probada la obligación deberá demostrar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación, todo de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil. Ahora bien, para decidir al respecto observa este Tribunal que, corre inserto a los folios 16 al 36 del expediente, marcado con la letra ‘A’ y que fuese consignado por la parte actora con su libelo de demanda, instrumento poder en original que acredita la representación judicial de la parte actora, así como registro mercantil de la empresa actora en el presente caso y acta de asamblea extraordinaria de la misma, en copias simples, los cuales al no haber sido impugnados ni tachados por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, deben tenerse como fidedignos y ser valorado de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Con respecto a la documental que corre inserta a los folios 37 al 39 del expediente, marcado con la letra ‘B’ y que fuese consignado por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en copias simples de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.006, de fecha 03 de agosto de 2000, donde aparece publicada la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, la cual a pesar de haber sido impugnada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simples de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dicha Gaceta fue consignada en copias certificadas por la empresa actora en el lapso de promoción de pruebas, por lo que debe tenerse como fidedigna y ser valorada de conformidad con lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 14 de la Ley de Publicaciones Oficiales, aunado a esta circunstancia lo que se pretende probar con esta Gaceta es la existencia de una ley nacional, la cual en base al principio ‘iura novit curia’ es del conocimiento de este juzgador, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Con respecto a la documental que corre inserta al folio 40 del expediente, marcada con la letra ‘C' y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en factura N° 00070, de fecha 10 de marzo de 2000, emanada de la empresa Construcciones Rial – A- P. C.A., en la que se establece la suma demandada a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, este Tribunal observa que, la misma debe ser desechada del debate probatorio, pues emana de la propia parte promovente de la prueba, lo que va contra el principio de que la parte no puede hacerse sus propios elementos probatorios, además no reúne los requisitos legales necesarios que debe contener toda factura, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Resolución N° 320, que establece las disposiciones relacionadas con la impresión y emisión de facturas y otros documentos, los cuales son del tenor siguiente:

‘Artículo 1°: Los contribuyentes y responsables a que se refiere el Decreto Ley de Impuesto al Valor Agregado, que emitan facturas, otros documentos equivalentes que autorice la administración, órdenes de entrega o guías de despacho, notas de débito, notas de crédito, soportes o comprobantes, relacionados con la ejecución de operaciones de venta o prestación de servicios, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la presente Resolución.

Parágrafo Único: Cuando por autorización de la Administración Tributaria se emitan documentos equivalentes que sustituyan a las facturas, también deberán cumplirse los requisitos establecidos en la presente Resolución.’.

‘Artículo 2°: Los documentos a que hace referencia el artículo anterior deben emitirse cumpliendo y llenando los siguientes requisitos:

a) Contener la denominación de ‘Factura’, ‘Documento equivalente de factura’, ‘Nota de Débito’, ‘Nota de Crédito’, ‘Soporte’ o ‘Comprobante’, ‘Orden de Entrega’ o ‘Guía de Despacho’. Las órdenes de entrega o guías de despacho además deberán llevar la frase ‘Copia habilitada para amparar el traslado de bienes’, según sea el caso;

b) Numeración consecutiva y única de la factura o documento de que se trate. Si el contribuyente desarrolla actividades en más de un establecimiento o sucursal, debe emitir las facturas con numeración consecutiva única, por cada establecimiento. Los agentes de retención a que se refiere el artículo 11 de la Ley, emplearán una numeración distinta a la utilizada para emitir los documentos propios de sus actividades.

c) Número de Control consecutivo y único por cada documento impreso, que se inicie con la frase ‘N° de Control...’. Este número no estará relacionado con el número de facturación, salvo que así lo disponga el contribuyente. Asimismo, si el contribuyente desarrolla actividades en más de un establecimiento o sucursal, deberán emitir los documentos a que hace referencia el artículo 1, con numeración consecutiva única, por cada establecimiento. Cuando el contribuyente solicite la impresión de documentos en original y copias, tanto el original como sus respectivas copias, deberán contener el mismo número de control.

Asimismo, el orden de los documentos deberá comenzar con el Número de Control 01. El usuario de los documentos podrá volver a repetir la numeración por cada uno de ellos, en los casos que ésta supere los ocho (8) dígitos.

d) Total de los Números de Control asignados, expresado de la siguiente manera ‘desde el N° (...) hasta el N° (...)’.

e) Las facturas y los otros documentos deberán emitirse por duplicado, salvo las órdenes de entrega o guías de despacho que se emitirán por triplicado. En todo caso, las copias deberán señalar expresamente ‘sin derecho a crédito fiscal’, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 del Reglamento del Decreto Ley de Impuesto al Valor Agregado.

f) Nombre completo y domicilio fiscal del vendedor o prestador del servicio, en caso de que se trate de una persona natural.

g) Denominación o razón social del emisor y su domicilio fiscal en caso de que se trate de una persona jurídica o comunidad, sociedad de hecho o irregular, consorcio u otro ente jurídico o económico, público o privado.

h) Número de inscripción del emisor en el Registro de Información Fiscal (RIF) y Número de Identificación Tributaria (NIT), en caso de poseerlo.

i) Nombre o razón social del impresor de los documentos y su número de inscripción en el Registro de Información Fiscal (RIF), número y fecha de la Resolución de autorización otorgada y la Región a la cual pertenece;

j) Domicilio fiscal, número telefónico, si existiere, de la casa matriz y del establecimiento o sucursal, del emisor.

k) Fecha de emisión.

l) Nombre completo y domicilio fiscal del adquirente del bien o receptor del servicio, si se trata de una persona natural.

m) Denominación o razón social y domicilio fiscal del adquirente del bien o receptor del servicio, en los casos de que se trate de una persona jurídica, sociedad de hecho o irregular, comunidad y demás entes económicos o jurídicos, públicos o privados.

n) Número de inscripción del adquirente en el Registro de Información Fiscal (RIF) y Número de Identificación Tributaria, (NIT) en caso de poseerlo.

o) Indicación del número y fecha de la orden de entrega o guía de despacho, si ésta fue emitida con anterioridad.

p) Condición de la operación, sea ésta de contado o a crédito y su plazo. Si la operación es a crédito, precisar su monto, el plazo, la cantidad de cuotas, monto de cada una de ellas, tasa de interés, monto total de los intereses y en su caso, si se pactó actualización del saldo de precio o de la tasa de interés y el modo de actualización

q) Descripción de la venta del bien o de la prestación del servicio con indicación de la cantidad, precio unitario, valor de la venta, o de la remuneración y de las respectivas alícuotas aplicables.

r) Indicación de los conceptos que se carguen o cobren en adición al precio o remuneración convenidos, para las operaciones gravadas.

s) Especificación de las deducciones del precio o remuneración, bonificaciones y descuentos, a que se refiere el artículo 24 de la Ley.

t) Indicación del sub-total correspondiente al precio neto gravado.

u) Indicación del valor total de la venta de los bienes o de la prestación del servicio o de la suma de ambos, si corresponde.

v) Especificación en forma separada del precio o remuneración del monto del impuesto según la alícuota aplicable.

w) La factura o documento equivalente, cuando sea emitido a un no contribuyente, deberá contener en forma manuscrita o impresa la frase ‘este documento no da derecho a crédito fiscal’ o ‘sin derecho a crédito fiscal’.

x) Cuando el emisor del documento realice operaciones gravadas por cuenta de terceros, deberá indicar que se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley. Por otra parte, cuando actúe como agente de retención, el documento que se emita deberá expresar la frase: ‘El presente documento se emite en cumplimiento del artículo 11 del Decreto Ley de Impuesto al Valor Agregado…’’.

Dicha resolución fue dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento General de la Ley que establece el Impuesto al valor agregado, por el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela (hoy ministerio del poder popular para las finanzas), publicada en la Gaceta Oficial N° 36859 del 29 de diciembre de 1999, la misma se encontraba vigente para el momento de la emisión de la referida factura y de obligatorio cumplimiento para la empresa demandante de conformidad con lo establecido en los artículos 3 numeral 3, 4 numeral 4, 5, 54 y 55 de la Ley que establece el Impuesto al valor agregado, siendo que la empresa actora al momento de emitir la factura no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 2, literales ‘c’, ‘d’, ‘i’, ‘m’, ‘p’, y ‘w’, de la antes mencionada Resolución, por lo que -como ya se expresó- debe ser desechada del debate probatorio, por no reunir los requisitos legales indispensables y por emanar de la propia parte que la promueve, y así se decide.

Con respecto a las documentales que corren insertas a los folios 41 y 42 del expediente, marcadas con la letra ‘C1’ y ‘D’ y que fuesen consignadas por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en planillas de medición 1 y 2 de la Obra ‘Corte, remoción, apilamiento, carga y transporte urbano en Quebrada Arauco La UEPA en Oncológico Luis Razzeti, cuya contratista en la empresa Construcciones Rial A.P. C.A.’, la cual fue impugnada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simples de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, observa este Tribunal que las mismas se encuentran en original en el expediente, con sello húmedo de la extinta Gobernación del Distrito Federal y suscritas por el fiscal de la obra y el ingeniero inspector, lo que constituye un documento administrativo, que por tener la firma de funcionarios administrativos están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario, por lo que este Tribunal desecha la impugnación formulada y considera que deben tenerse como fidedignas y ser valorada de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Con respecto a la documental que corre inserta al folio 43 del expediente, marcada con la letra ‘E’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en relación de obra ejecutada, por la empresa Construcciones Rial –A –P C.A., referida a Corte, Remoción, Apilamiento, Demolición, Carga y Transporte Urbano, realizado en la Quebrada Arauco – LA UEPA, Cotiza hasta el Oncológico Luis Razetti, la cual fue impugnada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simple de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, a lo que observa este Tribunal que, la misma se encuentra en original en el expediente, con sello húmedo de la extinta Gobernación del Distrito Federal y suscrita tanto por el ciudadano Álvaro Campos en representación de la empresa Contratista Construcciones Rial –A –P C.A., así como por el ciudadano Francisco Puente, ingeniero residente de la obra, de igual manera dicha documental se encuentra suscrita por parte de la extinta Gobernación del Distrito Federal por la Jefe de División de Inspección y Fiscalización ciudadana Nancy Rodríguez, por el Ingeniero Inspector ciudadano José Ojeda y por la directora de Línea Arquitecta Keila Sánchez, lo que constituye un documento administrativo, que por tener la firma de funcionarios administrativos están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a los mismos y por tanto debe considerarse cierto hasta prueba en contrario, por lo que debe tenerse como fidedigno y ser valorado de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Con respecto a la documental que corre inserta al folio 44 del expediente, marcada con la letra ‘F’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en carta suscrita por el ciudadano Álvaro Campos asistido por el abogado Héctor Centeno Guzmán dirigida al Consultor Jurídico de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas en la cual entre otras consideraciones solicita el pago de la suma demandada en autos, la referida documental tiene fecha de recibido 08 de marzo de 2001, por el referido ente, la misma no fue impugnada ni tachada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, por lo que debe tenerse como fidedigno el contenido del mencionado documento y ser valorado de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio, y así se decide

Con respecto a la documental que corre inserta a los folio 45 al 71, ambos inclusive, del expediente judicial, marcada con la letra ‘G’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en inspección judicial efectuada en la sede de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, Secretaria de Infraestructura, Unidad Administrativa ubicada en el Edificio Gual y España, por el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 02 de marzo de 2001, signada con el N° S-2097. Este Tribunal advierte que tal y como lo ha dejado sentado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros 01626 del 21 de junio de 2006; 00333 del 28 de febrero de 2007 y 00298 del 05 de marzo de 2008, este tipo de inspección -extra litem-, no puede ser valorada del mismo modo en que se haría si se hubiese evacuado dentro del proceso con el control de la contraparte, por lo que sólo se pueden derivar de ella indicios que adminiculados con otros elementos probatorios pudieran llevar a la determinación de la ocurrencia de un hecho. Por lo tanto, se le otorga el carácter de indicio; en consecuencia, su valor probatorio dependerá del resto de las probanzas que cursan en autos, y así se decide.

En lo que se refiere a la documental que corre inserta al folio 72 del expediente, marcada con la letra ‘H’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en carta emanada del ciudadano Álvaro Campos en su carácter de Gerente de la empresa actora Construcciones Rial A.P. C.A. y dirigida a la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la cual fue recibida en fecha 11 de enero de 2001 por el mencionado ente, tal y como se evidencia de sello húmedo y firma de recibido en la parte inferior de la referida documental, en la que se deja constancia de la entrega de ciertos recaudos relacionados con la suma hoy demandada al ente demandado y la cual fue impugnada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simple de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, a lo que observa este Tribunal que la misma se encuentra en original en el expediente, con sello húmedo de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, por lo que se desecha la impugnación realizada y se tiene como fidedigna la documental, la cual debe ser valorada como documental privada de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1371 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Con respecto a las documentales que corren insertas a los folios 73, 74, 75, 76, 77 y 79 del expediente, marcadas con las letras ‘I’, ‘J’, ‘K’ y ‘M’ y que fuesen consignadas por la parte actora con su libelo de demanda, consistentes en copias simples de Memorandos internos dirigidos entre la Consultoría Jurídica y la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, así como copias simples de cheques de fecha 14 de abril de 2000, girados contra el Banco Caracas, por la Gobernación del Distrito Federal, Dirección General de Obras y Servicios, a la orden de la empresa demandante Construcciones Rial A.P. C.A., las cuales fueron impugnadas por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simples de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto la parte actora no promovió prueba de cotejo con los originales, o a falta de éstos con copias certificadas expedidas con anterioridad a aquellos, para de esta forma servirse de las copias impugnadas, las mismas deben ser desechadas del debate probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

En lo que se refiere a la documental que corre inserta al folio 78 del expediente, marcada con la letra ‘L’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en carta de fecha 07 de marzo de 2000, suscrita por el ingeniero José R. Ojeda G., dirigida a la ingeniera Nancy Rodríguez, en la cual le da conformidad a los trabajos ejecutados en la obra Corte, Remoción, Apilamiento, Demolición, Carga y Transporte Urbano en Quebrada Anauco-La UEPA, Cotiza hasta el Oncológico Luis Razetti (Emergencia N° 15-12 al 17-12-99, ejecutado por la empresa Construcciones Rial A-P, C.A.), dicha documental no fue impugnada ni tachada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, por lo que debe tenerse como fidedigno el contenido del mencionado documento y ser valorado de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Con respecto a la documental que corre inserta a los folios 80 al 109 del expediente, marcada con la letra ‘N’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en copias simples de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 5.386, de fecha 11 de octubre de 1999, donde aparece publicado el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Licitaciones, la cual a pesar de haber sido impugnada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simple de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dicha Gaceta fue consignada en original por la empresa actora en el lapso de promoción de pruebas, por lo que, en principio, debe tenerse como fidedigna y ser valorada de conformidad con lo establecido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 14 de la Ley de Publicaciones Oficiales, pero se observa que, lo que se pretende probar con esta Gaceta es la existencia de una ley nacional, siendo que el Derecho no es objeto de prueba, ya que en base al principio ‘iura novit curia’ es del conocimiento de este juzgador, razón por la cual se desecha del debate probatorio, y así se decide

En lo que se refiere a la documental que corre inserta a los folios 110 al 117, ambos inclusive del expediente, marcada con la letra ‘Ñ’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en memorándum interno de fecha 16 de julio de 2002 emanado del ciudadano Rafael Antonio Dersi Morillo Director de Consultoría Jurídica de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, dirigido al ciudadano Francisco Mendoza en su carácter de Secretario de Infraestructura del referido ente, en el que se le señala que se devuelva la documentación a la empresa hoy demandante respecto al pago reclamado por ella, a los fines de que subsane las observaciones señaladas en dicho memorándum y se remita nuevamente a dicha Dirección, para concluir la revisión y estudio del caso con la opinión que merezca, dicha documental no fue impugnada ni tachada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, por lo que debe tenerse como fidedigno el contenido del mencionado documento y ser valorado de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

En lo que se refiere a la documental que corre inserta a los folios 118 al 120 del expediente, marcada con la letra ‘O’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en carta emanada del ciudadano Álvaro Campos en su carácter de Gerente de la empresa actora Construcciones Rial A.P. C.A. y dirigida a la Dirección General de Obras y Servicios de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la cual fue recibida en fecha 18 de octubre de 2000 por el mencionado ente, tal y como se evidencia de sello húmedo y firma de recibido en la parte inferior de la referida documental (folio 120), en la que solicita el reconocimiento de la deuda pendiente por la cantidad de Bs.32.067.731,36 y deja constancia de la entrega de ciertos recaudos relacionados con la suma hoy demandada al ente demandado, dicha documental no fue impugnada ni tachada por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, por lo que se tiene como fidedigna la documental, la cual debe ser valorada de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1371 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

En lo que respecta a la documental que corre inserta al folio 121 del expediente, marcada con la letra ‘P-1’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en carta de fecha 26 de enero de 2000, emanada de la ciudadana Celeste Aida Pacheco, en su carácter de Presidenta de la Asociación de Vecinos del Bloque 1 de Cotiza, en la cual hace un reconocimiento público a diferentes autoridades y personas que colaboraron con las familias afectadas por la tragedia ocurrida en quebrada Anauco, este tribunal desecha dicha documental del debate probatorio, pues emana de un tercero que no es parte en el presente juicio y por tanto debió ser ratificada mediante prueba testimonial (lo cual no ocurrió), todo de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide

Con respecto a las documentales que corren inserta a los folios 122 al 142 del expediente, marcadas con las letras ‘R-1’ al ‘R-21’ y que fuesen consignadas por la parte actora con su libelo de demanda, consistentes en 42 fotografías de los lugares afectados por la tragedia así como de las labores efectuadas en los mismos, suscritas por el ingeniero José R. Ojeda G. y selladas por la extinta Gobernación del Distrito Federal, División de Inspección y Fiscalización, este Tribunal les otorga pleno valor probatorio (a las contenidas en las nomenclaturas ‘R-2’ al ‘R-21’), ya que no fueron impugnadas ni tachadas por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente; únicamente fue impugnada la signada con la nomenclatura ‘R-1’ por la parte demandada dentro del lapso legal correspondiente, es decir con la contestación, por ser copia simple de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, siendo que la misma se encuentra suscrita en original –como ya se dijo- por el ingeniero José R. Ojeda G. y selladas por la extinta Gobernación del Distrito Federal, División de Inspección y Fiscalización, por lo que se tienen como fidedignas y deben ser valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Referente a las documentales que corren inserta a los folios 143 al 152 del expediente, marcadas con las letras ‘S-1’ al ‘S-10’ y que fuesen consignadas por la parte actora con su libelo de demanda, consistentes en tarjetas de inspección de viajes, suscritas por el ingeniero José R. Ojeda G. y selladas por la extinta Gobernación del Distrito Federal, División de Inspección y Fiscalización, este Tribunal les otorga pleno valor probatorio, ya que no fueron impugnadas ni tachadas por la parte demandada en el curso del debate procesal dentro del lapso legal correspondiente, es decir, con la contestación, por lo que se tienen como fidedignas y deben ser valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

En lo que respecta a la documental que corre inserta a los folios 153 y 154 del expediente, marcada con la letra ‘U’ y que fuese consignada por la parte actora con su libelo de demanda, consistente en índices de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002 emanados del Banco Central de Venezuela, este tribunal desecha dicha documental del debate probatorio, pues emana de un tercero que no es parte en el presente juicio y por tanto debió ser ratificada mediante prueba testimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil o debió ser traída a los autos mediante prueba de informes de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil; aunado a esta circunstancia, dicha documental no aporta nada al hecho controvertido de autos, razón por la cual –como ya se dijo- se desecha del debate probatorio, y así se decide

Con respecto a la documental marcada ‘T’ cursante al folio 155 del expediente y consignada por la representación judicial de la parte actora con su libelo de demanda, consistente en copia simple de carta de fecha 07 de marzo de 2000, suscrita por el ingeniero José R. Ojeda G., dirigida a la ingeniera Nancy Rodríguez, en la cual le da conformidad a los trabajos ejecutados en la obra Corte, Remoción, Apilamiento, Demolición, Carga y Transporte Urbano en Quebrada Anauco-La UEPA, Cotiza hasta el Oncológico Luis Razetti (Emergencia N° 15-12 al 17-12-99), ejecutado por la empresa Construcciones Rial A-P, C.A., este Tribunal observa que, dicha documental fue igualmente consignada en original marcada ‘L’ por la parte actora y fue analizada anteriormente por este Tribunal, por lo cual no hay nada que decidir en este punto.

Ahora bien, con respecto a las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora en el presente juicio en el lapso de promoción de pruebas y admitidas por el Tribunal a-quo en su debida oportunidad, este Tribunal hace los siguientes pronunciamientos: en lo que se refiere a la prueba de exhibición solicitada por la actora de las documentales marcadas ‘D’, ‘E’, ‘H’ y ‘L’, consignadas con el libelo de demanda, observa este Juzgador que las mismas fueron consignadas en original en aquella oportunidad y debidamente valoradas ut supra, por lo que resulta inadmisible dicha prueba respecto a estas documentales, aunado a esta situación la parte actora debió consignar con la promoción de la prueba de exhibición una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario, lo cual no hizo, razón por la cual resulta inadmisible la pretendida prueba de exhibición, pues no reúne los requisitos legales establecidos en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

Con respecto a la prueba de exhibición solicitada por la actora de las documentales marcadas ‘M’, ‘I’, ‘J’ y ‘K’, consignadas con el libelo de demanda, observa este Juzgador que las mismas fueron consignadas en aquella oportunidad en copias simples y las mismas fueron impugnadas en la oportunidad legal correspondiente por la parte demandada y por cuanto la parte actora no promovió prueba de cotejo con los originales, o a falta de éstos con copias certificadas expedidas con anterioridad a aquellos, para de esta forma servirse de las copias impugnadas, fueron desechadas del debate probatorio –como ya se expreso ut supra-, por lo que debió la parte promovente de la prueba de exhibición, es decir, la parte actora, consignar con la promoción de la prueba de exhibición una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario, lo cual no hizo, ya que sólo señaló que se encontraban en copias en el expediente, siendo que éstas fueron desechadas en su oportunidad del debate probatorio, razón por la cual resulta inadmisible dicha prueba respecto a estas documentales, pues no reúne los requisitos legales establecidos en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

Con respecto a los instrumentos que fueron promovidos, este Tribunal observa que, los marcados ‘R-1 a ‘R-21’, ‘O’, ‘P-1’, ‘S-1’ a ‘S-10’ y ‘T’, no fueron consignados junto con el escrito de promoción de pruebas y en todo caso fueron analizados y valorados ut supra por este juzgado, ya que sí fueron consignados junto con el libelo, respecto a las Gacetas Oficiales que si fueron consignadas en original la N° 5386 y en copias certificadas la N° 37.006, las mismas también fueron analizadas y valoradas ut supra en esta sentencia, por lo no hay nada sobre que pronunciarse en este punto.

En lo referente a las pruebas testimoniales promovidas, admitidas y evacuadas por la actora en el presente juicio este Tribunal observa que: el ciudadano Marco Antonio Millan Miquilena, rindió declaración en fecha 18 de septiembre de 2003, y el ciudadano Juan Bravo Bravo, rindió declaración en fecha 26 de septiembre de 2003 y de las mismas se evidencia que fueron coherentes entre sí, indicando dichos ciudadanos que participaron en la inspección de las obras realizadas por la empresa actora, por lo que deben ser valoradas de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1392 del Código Civil, razón por la cual se les otorga pleno valor probatorio, y así se decide.

Precisado lo anterior, y como quiera que la representación judicial de la Alcaldía demandada negó, rechazó y contradijo tanto los hechos como el derecho invocados en la presente demanda, advierte este Tribunal que los procesos de selección de contratistas están indefectiblemente sujetos al cumplimiento de las normas que los regulan, por lo que, corresponde en primer término revisar el cumplimiento de las condiciones necesarias para la existencia del contrato objeto de la presente demanda. Así pues, el artículo 1.141 del Código Civil venezolano, dispone que son requisitos esenciales para la existencia de todo contrato: el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato y la causa lícita. A lo cual hay que agregar la existencia de dos o más sujetos que tengan capacidad para obligarse, así como en el caso de los contratos de carácter administrativo, el cumplimiento de las formalidades esenciales, esto es, que en la contratación administrativa, además de los requisitos exigidos en los contratos ordinarios (consentimiento, objeto y causa), han de observarse otros requisitos, tales como: la competencia de quien lo suscribió, la aprobación o autorización de otros entes de ser el caso (Consejo de Ministros, Contraloría, Asamblea Nacional, Directorio, entre otros). Conforme a lo expuesto, se advierte que el artículo 79, numeral 5, de la Ley de Licitaciones vigente para la fecha del supuesto contrato, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.386 de fecha 11 de octubre de 1999, establecía que:

‘Artículo 79. Se puede proceder por adjudicación directa, independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique adecuadamente su procedencia, en los siguientes supuestos:

(…)

5. En caso de calamidades que afecten a la colectividad o de emergencia comprobada dentro del respectivo organismo o ente; (…)’.

De la lectura de la norma antes transcrita, se evidencia que, en aquellos casos de calamidades que afecten a la colectividad, la adjudicación de la obra podía hacerse de manera directa, sin embargo, su aprobación estaba sujeta a que la máxima autoridad del órgano o ente contratante, es decir, el Gobernador del extinto Distrito Federal, dictara acto administrativo motivado, mediante el cual justificara adecuadamente su procedencia.

Por otra parte, de la revisión efectuada a las actas que conforman el presente expediente, no se encontró ningún documento del cual se evidencie la existencia del referido acto administrativo, conforme al cual se justificara la procedencia de la adjudicación directa.

Por lo que, tal y como lo alegara la actora en su libelo y en virtud de que no existe evidencia respecto a la realización de un procedimiento licitatorio y visto que sólo se cuenta con lo argumentado por la actora, en cuanto a que la adjudicación de la obra se hizo de manera directa, de conformidad con el artículo antes transcrito. Este Tribunal estima que, el hecho de que no se haya abierto un proceso licitatorio para la selección del contratista, no significa que no se deba dar cumplimiento con el proceso de formación previa de la voluntad de la Administración para contratar, el cual se manifiesta a través de los actos administrativos dictados por la Administración, y que en el caso bajo estudio, estaría conformado por el acto contentivo de las razones por las cuales la obra se adjudicaría de manera directa, tal y como lo ha dejado sentado nuestro máximo Tribunal de Justicia en Sala Político Administrativa, mediante sentencia N° 01135, publicada en fecha 23 de julio de 2003.

Por tanto, visto que de autos no se evidencia la concurrencia de todos los elementos necesarios para la existencia del contrato administrativo, ni tampoco el cumplimiento de las formalidades esenciales inherentes al mismo, pues, no existe en las actas que conforman el presente expediente, documento alguno del cual pueda constatarse el cumplimiento de los requisitos indispensables para la formación previa del consentimiento de la Administración como una condición esencial para la existencia del contrato; por lo cual no puede apreciarse al referido documento como capaz de evidenciar una relación contractual que vincule a las partes.

En materia de contratación administrativa, existe una marcada diferencia entre los contratos celebrados entre particulares, ya que éstos últimos se rigen por el Código Civil, donde la voluntad de las partes priva en el cumplimiento y ejecución de lo acordado, esta relación contractual se perfecciona con el sólo consentimiento de los contratantes. Los Contratos Administrativos a diferencia de los contratos celebrados entre particulares tienen elementos y requisitos distintos a éstos, donde los elementos que llevan a demostrar que estemos en presencia de un contrato administrativos son: que una de las partes contrates sea una persona o ente público en sentido lato; que el contrato tenga como objeto de manera directa o indirecta la prestación de un servicio público y que en el texto del contrato se establezcan de manera expresa las llamadas cláusulas exorbitantes o prerrogativas de la Administración.

En lo que se refiere a los requisitos de validez, además de los previstos en los contratos entre particulares, tal como se mencionara anteriormente (consentimiento, objeto y causa), hay que añadir, la competencia del funcionario llamado por ley a suscribir dicho contrato, así como también que no basta sólo la manifestación de voluntad para que se perfeccione el contrato, sino que al mismo tiempo se requiere de la realización de un iter procedimental administrativo efectuado por el ente público contratante, tales como: verificación de disponibilidad presupuestaria, el proyecto a ejecutarse, la autorización de los entes de Contraloría Interna y muy especialmente el texto escrito del contrato. Si bien es cierto que en determinados casos se pudiera prescindir no de la totalidad sino de algunos de éstos requisitos, como en los casos de la ocurrencia de hechos fortuitos o de fuerza mayor, donde de procederse al cumplimiento de los mismos (licitación), el daño al colectivo o al orden público puede incrementarse, no es menos cierto, que necesariamente la Administración debe manifestar su voluntad a través de actos administrativos debidamente motivados donde deje constancia de las causas por los cuales se inobservaron ciertos trámites administrativos, de allí que, en la realización de ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios por parte de los particulares ejecutados por mandato de la Administración a través de un contrato, no se puede hablar o no se encuadran los contratos orales, ya que se incumpliría con las formalidades legales por medio de las cuales la Administración queda legalmente obligada, no pudiendo ser demandada al cumplimiento de un contrato inexistente como ocurre en el presente caso, ello no significa que el demandante pueda obligar a la Administración por vía distinta a la de cumplimiento de contrato a resarcirle los daños o lo invertido por ella en beneficio de la Administración. En consecuencia, este Tribunal debe declarar forzosamente inexistente el supuesto contrato cuyo cumplimiento se demanda y con ello desestimar la totalidad de la demanda incoada, y así se decide.

En base a los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal se impone declarar con lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada y por ende nula la sentencia proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el presente expediente, que declaró la existencia de un contrato verbal entre las partes y con lugar la demanda interpuesta, y así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos:

PRIMERO: Declara CON LUGAR, la apelación interpuesta por el abogado IGOR ACOSTA en su carácter de apoderado judicial del DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la sentencia proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el presente expediente.

SEGUNDO: Declara NULA la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el presente expediente

TERCERO: declara SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares que interpusieran los abogados Raúl Amundaray H. y Antonio Hernández, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la empresa ‘CONSTRUCCIONES RIAL A-P. CA’, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.”

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.

  

Asimismo, en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, de revisar las siguientes decisiones judiciales:

 

“(…) 1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional (…)”.

 

 

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.991 el 29 de julio de 2010, la cual fue reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.552 del 1 de octubre de 2010, en el artículo 25 numeral 10, establece lo siguiente:

 

“Artículo 25.- Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

…omissis…

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuando una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales”.

           

Ahora bien, por cuanto en el caso de autos se pidió la revisión de un fallo definitivamente firme que emanó del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la misma. Así se decide.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Llegada la oportunidad para decidir, esta Sala observa:

 

Solicitó la actora a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la decisión del 9 de junio de 2009, dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró “CON LUGAR, la apelación interpuesta (…) contra la sentencia proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el presente expediente. (…) SEGUNDO: Declara NULA la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el presente expediente (…). TERCERO: declara SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato y cobro de bolívares que interpusieran [los] apoderados judiciales de la empresa ‘CONSTRUCCIONES RIAL A-P. CA’, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS”.

 

En razón de lo anterior, cabe indicar que la revisión de sentencias ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales y para corregir graves infracciones a sus principios o reglas, estando la Sala en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla, por tratarse de una potestad discrecional, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.

 

Al respecto, la sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: “Corpoturismo”), señaló que la facultad de revisión es “(…) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional (…)”, por ello “(…) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere”, así “(…) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión  ‘(…) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales’ (…)”.

 

En este sentido, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.

 

Dicho esto, alegó la parte solicitante básicamente que“(…) esta verificada la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso y a una justicia independiente e imparcial, por cuanto el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, incurrió en incongruencia omisiva y valoró de manera parcializada con la ALCALDÍA METROPOLITANA, por cuanto probó algo que le favorecía, desconociendo todos los alegatos de hecho y de derecho que hizo nuestra representada y desconociendo las demás pruebas que promovió CONSTRUCTORA RIAL A-P., C.A., que desvirtuaban las pruebas de la Alcaldía Metropolitana y que ponían de manifiesto que esta Alcaldía no probó nada que le favoreciere”.

 

En tal sentido, si bien los argumentos expuestos por la representación judicial de la empresa peticionante no son del todo explícitos y completos, esta Sala en uso de su facultad como máxima interprete de la Constitucionalidad y en base a la potestad conferida para la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales y para corregir graves infracciones a sus principios o reglas, expresa las siguientes consideraciones:

 

Observa esta Sala, que en el curso de la demanda primigenia de cobro de bolívares intentada por la solicitante contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, se arguyó en la contestación de la demanda lo que sigue:

 

“[e]n nombre de mi representada, niego, rechazo y contradigo la presente demandada, por no ser cierto los hechos alegados, ni asistirle el derecho invocado.

…omissis

En este caso, la empresa demandante, no agotó el procedimiento administrativo previo, relativo a la solicitud de reconocimiento de acreencias no prescritas, por tal motivo la presente demanda es temeraria por anticipada e inadmisible, y así solcito sea declarado. En otras palabras, la jurisdicción no puede conocer de la presente reclamación hasta tanto el accionante cumpla su carga procesal –constitutiva de la relación jurídico procesal de haber agotado la competencia de la administración distrital, instando al reconocimiento voluntario de la deuda (…).

…omissis…

La excepción non adimpleti contractus (excepción de contrato no cumplido) llamada también excepción de incumplimiento, es la facultad que tiene la parte inocente de un contrato bilateral a negarse a cumplir sus obligaciones, cuando su contraparte le exige el cumplimiento, sin haber cumplido a su vez con su propia obligación.

Los trabajos en referencia fueron ejecutados con motivo de la emergencia derivada de los sucesos del mes de diciembre del año 1999, lo que explica que la contratación de la empresa se llevará a efecto sin cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Sin embargo, tal situación no exime al órgano de control interno de su función fiscalizadora sobre tales trabajos, en particular, el control sobre la legalidad del gasto y vigilancia sobre la ejecución del contrato y que el pago corresponda a lo realmente contratado y ejecutado.

Cabe señalar que no se evidencia documentos algunos que puedan establecer el monto total de la obra contratada que permita determinar, previa medición de los trabajos, el control de los pagos efectuados por obra ejecutada y las deducciones en base a las valuaciones presentadas por la empresa.

…omissis…

En el caso que nos ocupa, no existe ningún tipo de incumplimiento, ni de inejecución, ni de retardo en su ejecución por parte de nuestra representada en las obligaciones derivadas del contrato objeto de la presente acción, pues, en primer lugar, la accionante no ha cumplido las disposiciones legales que rigen el procedimiento presupuestario público lo que impide efectuar el pago de la deuda demandada y en segundo lugar, el referido incumplimiento se ha debido a que no constan valuaciones de las obras y servicios facturados, razón por la cual esta representación opone la excepción non adimpleti contractus (excepción de contrato no cumplido) como defensa de fondo, a efecto de resguardar el patrimonio público distrital de la presente demanda temeraria, pues como es del conocimiento del accionante a través de comunicaciones, éste no cumplió ni subsanó una serie de deficiencias que le fueran solicitadas por los órganos de la Administración Distrital para realizar el pago.

Las omisiones del accionante en sede administrativa condujeron a la imposibilidad del deudor (mi representado) de realizar el pago demandado, siendo que (…) era carga del acreedor consignar las valuaciones de la obra, las facturas con registro fiscal y sin cargo por concepto de IVA, etc.

…omissis…

Que en el presente caso, la parte actora al momento de estimar la presente demanda, fue más allá de los requisitos legales establecidos por el Código de Procedimiento Civil, ya que no sólo solicitó la indexación de la cantidad reclamada, sino que la estimó, tal como se desprende del libelo de demanda.

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, solicitamos a este Juzgado declare sin lugar la acción intentada por la empresa Rial A-P C.A., contra la Alcaldía de Distrito metropolitano de caracas, con la consecuente condenatoria en costas de la parte actora”.

 

Como puede evidenciarse, la representación judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, ejerció sus defensas, alegando entre diversos aspectos la imposibilidad de cancelar lo adeudado por presuntas faltas acometidas por la actora para la determinación del quantum a pagar por los servicios prestados, el incumplimiento de ésta del procedimiento previo para el cobro de acreencias no prescritas, o la excepción de contrato no cumplido; pero sin dejar de reconocer la existencia del contrato en cuestión y la adjudicación a la empresa de marras de dichos trabajos en virtud de la emergencia derivada de los sucesos del mes de diciembre del año 1999.

 

En tal sentido, es innegable que al haber el tribunal de marras apartado su decisión de lo expuesto por la actora y lo esgrimido en la contestación de la demanda, declarando la inexistencia del contrato de autos, se sustituyó en las partes, modificando el tema decidendum, y ocasionando una violación al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte solicitante.

 

En este sentido, es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por que ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de “(…) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión”. (Vid. Sentencia Nº 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”).

 

Asimismo, además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La cual puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce una desconexión entre la decisión y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo requerido; así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.

 

Es así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, y al respecto ha señalado esta Sala que “la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita”. (Vid. Sentencia Nº 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”).

 

Asimismo, la decisión de esta Sala N° 168/2008, caso: “Preveca”, arguyó al respecto lo siguiente:

 

“(…) es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por qué ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de ´(…) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión (…)’.

Además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce ‘(…) un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido (…)’.

… omissis….

La Sala reiteradamente ha señalado que así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, por cuanto ‘(…) la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita (…)’.

Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 1.340 del 25 de junio de 2002 señaló ‘(...) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley (…)’.

Igualmente, la Sala sostuvo en sentencia Nº 1.068/2006, que ‘(...) ‘la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho (…). Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento’ (…)”.

 

Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 1.340 del 25 de junio de 2002 señaló:

 

“...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley”.

 

 

Asimismo sostuvo en sentencia N° 2.036 del 19 de agosto de 2002, caso: “Plaza Suite I C.A.”), que:

 

“...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.

 

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:

 

“Artículo 15 

Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.

 

Artículo 243 

Toda sentencia debe contener:

...omissis...

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

 

Artículo 244 

Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita”.

 

 

Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital al analizar los alegatos de la querellante y las defensas de la querellada declaró, sin que formara parte del contradictorio en un juicio donde se estaba ventilando la procedencia o no de un cobro de bolívares, que el contrato, cuya cumplimiento se exige era inexistente, por lo que, esta Sala estima que el fallo impugnado incurrió en el vicio de incongruencia positiva, el cual conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al desconocimiento del alcance que a dicha norma la Sala ha dado, ya que al no analizarse correctamente los alegatos y no ceñirse a la naturaleza de la acción deducida, se están modificando de forma sustancial los términos de la controversia principal.

           

En atención a los criterios expuestos, estima esta Sala que, el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital no ha debido inmiscuirse en un tema ajeno a la controversia, como lo es la existencia o no del contrato de servicios cuyo cumplimiento dinerario se exigió a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas; máxime cuando ambas partes contendientes abalaban su existencia.

 

Entonces, en el marco de las observaciones antes desarrolladas, el pronunciamiento dictado por el referido Juzgado Superior, donde entró a analizar por sí mismo la existencia del contrato, lo cual no fue alegado ni en la demanda ni en la contestación a la misma, es decir, al margen de que ello no fuera alegado por ninguna de las partes en el proceso; y que no constituía el objeto de la litis, vician el fallo de incongruencia positiva, de conformidad con los parámetros antes planteados; ello por cuanto el objeto de la controversia, giraba en torno a la existencia o no de la deuda dineraria por la ejecución de unos trabajos con motivo de la emergencia natural suscitada en diciembre del año 1999.

 

Ciertamente, la sentencia objeto de revisión adolece del vicio de incongruencia en contravención del artículo 243.5 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en la causal de nulidad del artículo 244 eiusdem, dándose una injuria grave al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al resolver la controversia fuera de los términos planteados en la litis, extrayendo motivos que no fueron expuestos ni se deducen de la demanda o de las defensas opuestas.

 

En conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala estima procedente la revisión de la sentencia dictada el 9 de junio de 2009 por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital y visto que el fallo impugnado obvió los criterios e interpretación de las normas y principios constitucionales, como lo son la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia y la contradicción, lesivos, a su vez del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución, así como la doctrina sentada por esta Sala en las sentencias citadas en el texto de la presente decisión, en consecuencia, se anula dicha decisión y se ordena remitir al Juzgado Distribuidor en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que distribuya la causa y otro Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo distinto, dicte nuevo fallo, de segunda instancia, con pronunciamiento de fondo sobre la materia denunciada por los apoderados judiciales de los solicitantes en revisión, sin incurrir en la incongruencia activa analizada en el presente fallo. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los abogados Willian Eduardo Pérez y Antonio Hernández, actuando en su carácter de apoderados Judiciales de la empresa CONSTRUCCIONES RIAL A-P, C.A, antes identificados, de la decisión del 9 de junio de 2009, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. En consecuencia, se ANULA el fallo objeto de revisión y se ORDENA remitir al Juzgado Distribuidor en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que distribuya la presente causa y otro Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo distinto, dicte un nuevo fallo de conformidad con los parámetros aquí establecidos.

 

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

           

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                                                                                                     El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

  FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Los Magistrados,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                       Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

                 

 

 

 

 El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

  

Exp. N° 11-0747

LEML/f

 

 

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