Sentencia N.º 1024
- Sentencia
- N.º 1024
- Fecha
- 11/07/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0501
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Desaplicación de Normas
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Consta en autos que, el 13 de abril de 2012, la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, abogada ZULAY BRAVO DURÁN, remitió a esta Sala Constitucional, para su revisión, copia certificada del fallo dictado el 19 de enero de 2012 por el Juez saliente, abogado Héctor Centeno, en el que desaplicó por control difuso de la constitucionalidad el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que rige la citación por edictos de los herederos desconocidos de la sucesión De Sousa De Sousa, parte demandada en la acción mero declarativa interpuesta por la ciudadana Evelia Velásquez, por cuanto consideró que dicha norma legal, en el marco del proceso civil, atenta contra los principios constitucionales de acceso a la justicia, derecho a la defensa, de celeridad y gratuidad procesal; todo de conformidad con lo que preceptúa el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 334 y 335 eiusdem.
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 4 de mayo de 2012 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.
Esta Sala Constitucional observa que la petición de revisión que se examina se contrae a una sentencia definitivamente firme, por lo que es admisible en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con los artículos 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
I
DE LA DESAPLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA
El Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, abogado Héctor Centeno, solicitó, a esta Sala, la revisión de su fallo dictado el 19 de enero de 2012, en el cual desaplicó el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, cuando declaró:
CON LUGAR la solicitud de concesión del beneficio de justicia gratuita en lo que respecta a la publicación de Edictos, planteada por la ciudadana EVELIA VELASQUEZ, parte actora en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA, sigue en contra de la ciudadana MARÍA CLAUDINA DE SOUSA y los SUCESORES del ciudadano JOSÉ CESAREO DE SOUSA DE SOUSA, ( ) en consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordena la publicación de un único edicto en el cual se llamará a todas aquellas personas herederos desconocidos del de cujus, ciudadano JOSÉ CESAREO DE SOUSA DE SOUSA, que se puedan ver asistidos en el derecho que se reclama, para que comparezcan ante este Tribunal en el termino de noventa (90) días continuos, siguientes a la publicación, consignación y fijación a las puertas del Tribunal que del edicto se haga en el expediente.
En consecuencia de la anterior declaratoria, ordena oficiar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de remitir adjunto a dicho oficio copia certificada de la presente decisión una vez que quede definitivamente firme, con el objeto de que conforme a lo previsto en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 25.12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, revise el desconocimiento del precedente dictado por la mencionada Sala en relación al beneficio de justicia gratuita, así como la desaplicación que por control difuso de la constitucionalidad, se hiciera de la norma contenida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil .
La decisión del Juez de Primera Instancia fue basada en las siguientes consideraciones:
Por disposición del tribunal, el Juez puede otorgar el beneficio, en los casos en que lo solicite una de las partes que demuestre no tener medios suficientes para litigar, aunque su salario sea superior a las tres mensualidades del salario mínimo. Esta situación quedará evidenciada por el hecho de que la parte que solicite el beneficio, utiliza sus ingresos para atender situaciones especiales derivadas de una obligación alimentaría, o de alguna otra circunstancia ineludible, como lo sería sufragar gastos por enfermedad.
En ambos casos, bien sea por disposición de la Ley o del Tribunal, debe intervenir el Juez para constatar los requisitos y decidir cualquier eventual impugnación de la contraparte.
( )
En el presente caso, la parte actora demanda por ACCIÓN MERO DECLARATIVA a la ciudadana MARÍA CLAUDINA DE SOUSA DE GOMEZ y a los sucesores del ciudadano JOSÉ CESAREO DE SOUSA DE SOUSA, fundamentando la acción en los artículos 211 y 767 del Código Civil Venezolano; mediante auto de fecha 07 de enero de 2011 se admitió la demanda, ordenándose el emplazamiento de la ciudadana MARÍA CLAUDINA DE SOUSA DE GÓMEZ, en su condición de heredera conocida del de cujus e igualmente la citación mediante edicto de los herederos desconocidos, para que comparecieran ante el Tribunal a darse por citados en un término de noventa (90) días continuos, siguientes a la última publicación, consignación y fijación que del edicto se hiciera en el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil
( )
En tal sentido, la gratuidad de la justicia consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se circunscribe a la prohibición de exigir algún pago por concepto de las actuaciones desempeñadas por el órgano administrador de justicia, no obstante, ya se ha señalado que esta prohibición no se extiende en modo alguno a los efectos económicos del proceso que no revisten carácter impositivo y que deben cumplirse en virtud de las cargas procesales que representan para los accionantes. (Vid. Sentencia Nº 466 del 14 de marzo de 2007, caso: Darío Segundo Echeto Ochoa).
Por otro lado, cabe destacar que el beneficio de justicia gratuita consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil resulta distinto al principio de gratuidad de justicia, por cuanto ( ) se encuentra referido no sólo al deber que posee el Estado de cubrir los gastos del sistema de justicia, sino que lleva inmerso la exención a quien se le conceda tal beneficio, de disfrutar de otros conceptos como son, que se le nombre un defensor que sostenga sus derechos gratuitamente, exención del pago de tasas u honorarios a los auxiliares de justicia, tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros, los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el asunto cuando actúen a solicitud del beneficio de la justicia gratuita (artículo 180 del Código de Procedimiento Civil) ( ) (Vid. Sentencia Nº 1.943 del 15 de julio de 2003, caso: Héctor R. Blanco Fombona y otro)..
De todo lo antes señalado, se puede concluir que el beneficio de justicia procede a favor de aquellas personas a quienes el Tribunal o la Ley concedan este beneficio y su ámbito abarca no sólo la gratuidad del proceso sino el derecho que se le nombre al beneficiado defensor para que sostenga sus derechos gratuitamente y la exención del pago de honorarios a los auxiliares de justicia, tales como: intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos u otros, tal como ha sido señalado y sostenido por la Jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, sin embargo, no podemos olvidar que Venezuela se constituye en un Estado Social de Derecho y de Justicia, que no es más que un Estado en constante evolución, que concibe al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, mas, como cualquier manifestación de la actividad humana en el mundo moderno, tiene un costo cuya cuantía varía en función de su duración y complejidad, sin que tales gastos puedan o deban suponer en un Estado Social de Derecho y de Justicia un límite para el acceso a la jurisdicción, una limitante para quien, por carecer de recursos económicos, se encuentra impedido de instar la dispensa de la tutela judicial, pues de admitirse lo contrario, la onerosidad del proceso se erigiría en un grave obstáculo al derecho de petición, convirtiendo a la justicia en una justicia de clase.
( )
Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente procedimiento, se observa que riela a los folios 18 al 24 una serie de justificativos y constancias médicas, que informan que la ciudadana EVELIA VELÁSQUEZ sufrió un accidente cerebro vascular residual, secuela neurológica depresiva, pinzamiento de columna vertebral, en el cual se recomienda seguir el tratamiento psiquiátrico y, visto igualmente que este Juzgador en reiteradas oportunidades ha observado personalmente a la referida ciudadana, constatando el estado de salud de la misma; este Tribunal a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la accionante, ciudadana EVELIA VELÁSQUEZ y en búsqueda de una tutela judicial efectiva, siendo que el artículo 2 de nuestra Carta Magna propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia y la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, exaltando la dignidad de la persona humana, a los fines de administrar justicia para la resolución del presente caso, se aparta de los criterios sostenidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia antes citados, y como consecuencia de ello declara procedente la presente solicitud de Justicia Gratuita en lo que respecta a la publicación de Edictos, por lo que en este caso y sólo por lo que respecta al presente caso, desaplica el contenido del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, considerando que su aplicación resultaría violatorio de los principios del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, colocando a la accionante en estado de indefensión; en aras de los derechos constitucionales a la Defensa y la Tutela Judicial Efectiva, y así se deberá declarar en la parte dispositiva del fallo.
En consecuencia, a la luz de lo previsto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y en estricto cumplimiento del artículo 334 de la Carta Magna, el cual anuncia el control difuso de la constitucionalidad, en resguardo al derecho a la defensa y al debido proceso, en este caso y sólo por lo que respecta al presente caso, quien aquí decide desaplica la norma del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto colide y violenta los principios constitucionales contenidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE .
II
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
En conformidad con el artículo 336.10 de la Carta Magna, la potestad de la Sala Constitucional, para la revisión de actos de juzgamiento de control de la constitucionalidad que emitan los tribunales de la República, está atribuida en los siguientes términos:
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...)
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia nº. 1400 del 8 de agosto de 2001, determinó lo siguiente:
...el juez constitucional debe hacer saber al Tribunal Supremo de Justicia sobre la decisión adoptada, a los efectos del ejercicio de la revisión discrecional atribuida a la Sala Constitucional conforme lo disponen los artículos 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .
Corresponde, por tanto, a esta Sala, el pronunciamiento sobre la solicitud de revisión que fue requerida por el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, de su decisión de 19 de enero de 2012, por motivo de la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, en el caso concreto se planteó la revisión de un acto jurisdiccional definitivamente firme, surgido dentro de la acción mero declarativa presentada por la ciudadana Evelia Velásquez contra la ciudadana María Claudina De Sousa de Gómez y los sucesores del ciudadano José Cesareo De Sousa De Sousa (fallecido), quienes son beneficiarios de los derechos hereditarios del mismo y, por tanto, el Tribunal de la causa, mediante aplicación del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, una vez ordenada la citación de la ciudadana María Claudina De Sousa de Gómez para que compareciera dentro de los veinte (20) días siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su citación, a fin de que diera contestación a la demanda, ordenó igualmente emplazar mediante edicto a todas aquellas personas herederos desconocidos del causante, a objeto de que hicieren valer sus derechos en el juicio en referencia, para lo cual deberán comparecer a darse por citados en un término de noventa (90) días continuos, siguientes a la última publicación y consignación de que el edicto se hiciera en el expediente.
Ahora bien, en la decisión a que se refirió supra, el Juez de primera instancia, en aplicación del control difuso de la constitucionalidad que ejercen todos los jueces de la República según el primer aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplicó el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el particular, la Sala estima oportunas las siguientes reflexiones:
1. El artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone a todos los jueces o juezas de la República, en el límite de sus competencias, la obligación de dar cumplimiento a la Constitución y la ley y de asegurar la integridad de la Carta Magna. En caso de incompatibilidad entre el Texto Fundamental y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente .
El artículo 20 del Código de Procedimiento Civil preceptúa que cuando la ley vigente, cuya aplicación se pide, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia .
Tal facultad, que fue conferida a los jueces para el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, se ejecuta mediante la desaplicación de la norma incompatible con los postulados constitucionales, la cual no tiene efectos erga omnes (que sólo produce la inconstitucionalidad que sea declarada por el Tribunal Supremo de Justicia a través del control concentrado de la Constitución), sino que priva de efectos, en un determinado proceso, a una regla jurídica.
El acto de juzgamiento que acuerde la desaplicación estará sujeto a revisión por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 336.10 de la Constitución, siempre que se trate de sentencia definitivamente firme.
2. El artículo 231 eiusdem prevé que:
Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias.
El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante de los sucesores desconocidos, el último domicilio del causante, el objeto de la demanda y el día y la hora de la comparecencia.
El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez por lo menos durante sesenta días, dos veces por semana .
El Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, mediante auto de admisión de la acción mero declarativa, estimó que era prudente la citación de eventuales sucesores desconocidos por la naturaleza del caso, no obstante, sobrevenidamente fue solicitada la declaratoria de justicia gratuita, y fue ordenado abrir cuaderno separado para su tramitación de conformidad con el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil, otorgando en la sentencia, la concesión del beneficio de justicia gratuita en lo que respecta a la publicación de edictos, desaplicando en el mismo fallo el contenido del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que sirvió de fundamento al auto de admisión de la acción principal, por cuanto a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la accionante, y en búsqueda de una tutela judicial efectiva, siendo que el artículo 2 de nuestra Carta Magna propugna como valores supriores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia y la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, exaltando la dignidad de la persona humana, a los fines de administrar justicia para la resolución del presente caso, se aparta de los criterios sostenidos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que su aplicación resultaría violatorio de los principios del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, colocando a la accionante en estado de indefensión; en aras de los derechos constitucionales a la Defensa y la Tutela Judicial Efectiva.
Decidió, por tanto, que:
ordena la publicación de un único edicto en el cual se llamará a todas aquellas personas herederos desconocidos del de cujus, ciudadano JOSÉ CESAREO DE SOUSA DE SOUSA, que se puedan ver asistidos en el derecho que se reclama, para que comparezcan ante este Tribunal en el termino de noventa (90) días continuos, siguientes a la publicación, consignación y fijación a las puertas del Tribunal que del edicto se haga en el expediente . (Resaltado añadido).
De acuerdo con la decisión que fue transcrita, el Juez ad quem ordenó que la citación de los supuestos sucesores o herederos desconocidos del demandante se realizara por medio de la publicación de un único edicto en el cual se llamará a todas aquellas personas herederos desconocidos del de cujus , fundamentándose en un análisis e interpretación autónoma, realizado por el mismo juzgador conocedor de la causa, que lo lleva a la desaplicación de todo el contenido del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, considerando que su aplicación resultaría violatorio de los principios del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a la accionante en estado de indefensión.
En tal sentido, la gratuidad de la justicia consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se circunscribe a la prohibición de exigir algún pago por concepto de las actuaciones desempeñadas por el órgano administrador de justicia, siendo que esta prohibición no se extiende en modo alguno a los efectos económicos del proceso que no revisten carácter impositivo y que deben cumplirse en virtud de las cargas procesales que representan para los accionantes. Por otro lado, cabe destacar que el beneficio de justicia gratuita consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil resulta distinto al principio de gratuidad de justicia, por cuanto se encuentra referido no sólo al deber que posee el Estado de cubrir los gastos del sistema de justicia, sino que lleva inmerso la exención a quien se le conceda tal beneficio, de disfrutar de otros conceptos como son, que se le nombre un defensor que sostenga sus derechos gratuitamente, exención del pago de tasas u honorarios a los auxiliares de justicia, tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros, los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el asunto cuando actúen a solicitud del beneficio de la justicia gratuita -artículo 180 del Código de Procedimiento Civil- (Vid. Sentencia n.° 1.943 del 15 de julio de 2003, caso: Héctor R. Blanco Fombona y otro).
Así pues, se puede concluir que el beneficio de justicia procede a favor de aquellas personas a quienes el Tribunal o la Ley concedan este beneficio y su ámbito abarca no sólo la gratuidad del proceso sino el derecho que se le nombre al beneficiado, defensor para que sostenga sus derechos gratuitamente y la exención del pago de honorarios a los auxiliares de justicia, tales como: intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos u otros, tal como ha sido señalado y sostenido por la Jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, sin que con ello, se incurra en violación de los principios establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo infirió el sentenciador de primera instancia, ya que lo que se busca es mantener un equilibrio del derecho a la defensa de ambas partes en juicio.
Por tanto, la Sala concluye que la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad que efectuó el Juez de Primera Instancia, en el caso bajo examen, constituyó un errado, por innecesario control constitucional, y no está conforme a derecho, lo cual debe conducir a la anulación del fallo en cuestión y a la continuación de la causa en el estado en que se encuentre, a cuyos efectos se ordena al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda que libre y publique el edicto respectivo con cargo a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y se consigne el mismo para la citación de herederos desconocidos, tal como lo establece el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara NO CONFORME A DERECHO la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad que efectuó el Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, la NULIDAD del fallo que fue objeto de la presente revisión, en lo concerniente a la desaplicación del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se ordena la CONTINUACIÓN de la causa en el estado en que se encuentre, a cuyos efectos se ordena al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda que libre y publique el edicto respectivo con cargo a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y se consigne el mismo para la citación de herederos desconocidos, tal como lo establece el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de esta decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de julio de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
/
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
GMGA.zt.
Expediente n.° 12-0501
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