Venley

Sentencia N.º 104

Sentencia
N.º 104
Fecha
29/01/2002
Sala
Constitucional
Expediente
01-1559
Ponente
Antonio García García
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

El 12 de julio de 2001 fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, el oficio N° 719 del 4 de julio de 2001, por el cual remitió el expediente N° 1-1027-01 (nomenclatura de dicha Corte), en virtud de la consulta de ley a que se encuentra sometida la sentencia dictada, el 27 de junio de 2001, por esa Corte de Apelaciones, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada THAYMID GONZÁLEZ DE CAMERO, en su carácter de Defensora Pública del ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL, titular de la cédula de identidad N° 8.804.587, contra la omisión o abstención de decidir del Juzgado Primero de Ejecución de ese mismo Circuito Judicial Penal, extensión Valle de la Pascua, en relación a la solicitud del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

En esa misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán. Posteriormente, se reasignó la ponencia al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

El  21 de junio de 1999, el Tribunal Segundo Accidental del extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico condenó al ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL a cumplir la pena de cuatro (4) años de presidio por la comisión del delito de robo genérico, tipificado en el artículo 457 del Código Penal.

El 28 de junio de 1999, el mencionado Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, remitió la causa al suprimido Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en virtud de la consulta legal a que se encontraba sujeta la anterior decisión.

El 15 de julio de 1999, dicho Tribunal de segunda instancia ordenó la devolución del expediente al mencionado Tribunal de la causa, por cuanto el 1° de julio de 1999 entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal “...que elimina la consulta de las sentencias definitivas o las interlocutorias, según lo dispone el artículo 509...”.

El 22 de mayo de 2001, la abogada THAYMID GONZÁLEZ DE CAMERO, actuando con el carácter de Defensora Pública del ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL solicitó, ante el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta a su patrocinado.

El 12 de junio de 2001, la mencionada abogada, en virtud de que el referido Tribunal no se pronunció sobre lo solicitado, interpuso la presente acción de amparo, la cual fue conocida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico.

El 27 de junio de 2001, la referida Corte de Apelaciones, declaró, previa admisión y celebración de la audiencia constitucional, con lugar la acción de amparo propuesta, siendo esta decisión la que se encuentra sometida a la presente consulta de ley.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La Defensora Pública del accionante fundamentó la acción de amparo constitucional en los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Señaló que había solicitado, ante el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cuanto su patrocinado fue condenado a cumplir la pena de cuatro (4) años de presidio por la comisión del delito de robo genérico, previsto en el artículo 457 del Código Penal y, además, cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la derogada Ley de Beneficio en el Proceso Penal, vigente para el momento.

En tal sentido, arguyó que el referido Tribunal de Ejecución no había proferido ningún pronunciamiento relacionado con la anterior solicitud, por lo que consideró que  se encontraba “...ante una denegación de justicia...”.

Indicó que se transgredieron los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 6 y 197 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis.

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

La sentencia objeto de la presente consulta, dictada el 27 de junio de 2001,  por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta contra la abstención u omisión de pronunciamiento del Tribunal Primero de Ejecución de ese mismo Circuito Judicial Penal, extensión Valle de la Pascua, teniendo como fundamento para ello, lo siguiente:

Que el expediente, que contenía el proceso penal seguido contra el ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL, se encontraba bajo la posesión material del Tribunal Primero de Ejecución de ese Circuito Judicial Penal, extensión Valle de la Pascua, lo cual aparecía registrado en el libro de causas de dicho Juzgado bajo el N° 194.

Indicó que, el 22 de mayo de 2001, la defensora del quejoso consignó un escrito en dicho expediente, solicitando que se le otorgase el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Señaló que, desde esa oportunidad, el referido Tribunal Primero de Ejecución, extensión Valle de la Pascua, no se ha pronunciado en torno a dicha solicitud.

Con ocasión de lo anterior, precisó que no existía ninguna causa o razón que justificase el indicado retardo, ya que no podía tenerse como una razón válida el argumento esgrimido por la Jueza del mencionado Tribunal de Ejecución referido a que desconocía la existencia del expediente y de la señalada solicitud.

Por tal motivo, consideró que el indicado retardo procesal era atribuible al descuido del señalado órgano jurisdiccional, lo que indudablemente significaba una inobservancia de lo previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual obliga a dar oportuna respuesta a las solicitudes formuladas por los ciudadanos.

Por tal motivo, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta y ordenó al mencionado Tribunal Primero de Ejecución “...iniciar inmediatamente los trámites procesales necesarios para la resolución de la solicitud formulada...relacionada con el otorgamiento del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena...”, acotando que dicha “...orden no afecta en lo absoluto la independencia del señalado órgano jurisdiccional al momento de dictar el indicado pronunciamiento.”.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

            Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente consulta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa:

            En sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), esta Sala estableció que le correspondía conocer y decidir las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que decidan acciones de amparo en primera instancia.

Ahora bien, al encontrase sometida a la consulta de ley una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido contra una omisión o abstención de decidir del Tribunal Primero de Ejecución de ese mismo Circuito Judicial Penal, sobre una solicitud realizada por la Defensora Pública Penal del accionante, esta Sala Constitucional, coherente con lo antes señalado, se declara competente para conocer de la presente consulta. Así se decide.

Determinada la competencia, esta Sala observa, según los alegatos esgrimidos por la abogada defensora del accionante, que la acción de amparo fue interpuesta contra la abstención u omisión de decidir del Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, respecto a una solicitud del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

En tal sentido, sostuvo la abogada del quejoso que se cercenaron derechos fundamentales al no decidir el referido Tribunal de Ejecución sobre el beneficio solicitado, cuando estaban cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 14 de la derogada Ley de Beneficios en el Proceso Penal, aplicable en el momento, ya que el mismo había sido condenado a cumplir la pena de cuatro (4) años de presidio por la comisión del delito de robo genérico, tipificado en el artículo 457 del Código Penal. 

Ahora bien, de las actas que integran el presente expediente, esta Sala observa que desde el 22 de mayo de 2001, oportunidad en que fue solicitada la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta al ciudadano  DOUGLAS RAFAEL GIL, hasta el 12 de junio de 2001, momento en el cual se interpuso la presente acción de amparo, transcurrieron más de diez (10) días hábiles sin que el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, hubiese emitido algún pronunciamiento con respecto a la solicitud de la concesión de dicho beneficio.

En ese sentido, esta Sala, en relación a la falta de pronunciamiento por parte de los Tribunales de la República, señaló en la sentencia del 28 de julio de 2000 (caso: Rommel José Medina Suárez y otro),  lo siguiente:

“...los órganos jurisdiccionales no podrán observar conductas que menoscaben la capacidad de las partes de salvaguardar, utilizando los medios prescritos legalmente, sus intereses objetos de litigio. Estas conductas lesivas, prohibidas constitucionalmente por contravenir el derecho fundamental de la defensa, no sólo pueden ser ocasionadas mediante actos u actuaciones positivas, sino también negativas, es decir abstenciones u omisiones (...). Cónsona con las ideas esbozadas, esta Sala Constitucional por sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 (caso Arias Quevedo), expresamente reconoció: ‘la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento; ante situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional.’” (Resaltado de la Sala)

 

En ese sentido, en sentencia del 16 de octubre de 2001 (caso: Lubricantes Castillito, C.A), esta Sala indicó lo siguiente:

“La Sala considera que aquellos casos en que el tribunal deje de efectuar  pronunciamiento  sobre una pretensión, y quede, por tanto, la cuestión planteada sin juzgar, se produce una situación de indefensión que vulnera el derecho de las partes a exponer los alegatos que estimen pertinentes para sostener la situación más conveniente a sus intereses.  Sostiene esta Sala que presentar alegatos y esgrimir defensas en juicio tiene como finalidad el obtener por parte del órgano jurisdiccional que debe dirimir la controversia, una decisión justa y razonable.  En este sentido, la  omisión  de pronunciamiento sobre lo alegado por una de ellas constituye una actuación indebida del órgano jurisdiccional, vulneradora del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de la parte cuyos alegatos fueron omitidos en el  pronunciamiento del  tribunal, lo que afectó el derecho a la tutela judicial efectiva.”


            En el caso sub exámine se observa que, al no haber emitido ningún pronunciamiento el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guarico sobre la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para lo cual, se acota, que tenía un lapso de tres (3) días, según lo previsto en el entonces artículo 194 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable ratione temporis, esta Sala considera que tal omisión pudiese configurar una flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva del accionante, por cuanto le impide obtener el debido pronunciamiento judicial y, si fuere el caso, obtener oportunamente su revisión a través de los medios ordinarios, circunstancia ésta que conllevaría a esta Sala, en principio, a declarar la confirmatoria de la decisión proferida el 27 de junio de 2001, por el Tribunal a quo, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensora Pública Penal del ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL.

            No obstante lo anterior, esta Sala observa igualmente de las actas del expediente que el mencionado ciudadano fue condenado el 21 de junio de 1999, por la comisión del delito de robo genérico, por el Tribunal Segundo Accidental del extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, ubicado en Valle de la Pascua, es decir, bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En tal sentido, el mencionado Tribunal de Primera Instancia en lo Penal, cumpliendo con lo establecido en el artículo 51 del derogado código adjetivo penal, ordenó la consulta de la sentencia condenatoria, remitiendo la causa a un Tribunal Superior.

El 15 de julio de 1999, el Juzgado Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial de ese mismo Estado, dictó un auto en el cual señaló lo siguiente:

“Con motivo de haber entrado en vigencia a partir del 01-07-99 el Código Orgánico Procesal Penal que elimina la consulta de las sentencias definitivas o las interlocutorias, según lo dispone el artículo 509 de dicho Código, se ordena devolver este expediente a su Tribunal de origen a los fines de proceder a la ejecución de la sentencia...”

 

Ahora bien, esta Sala, en relación a las consultas ordenadas por los Tribunales Penales antes de la vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal, estableció en la sentencia del 18 de mayo de 2000 (caso: Diógenes Santiago Celta Aponte y otro), lo siguiente:

“Con la entrada en vigencia del novísimo Código Orgánico Procesal Penal quedó derogado, por mandato expreso, el referido Código de Enjuiciamiento Criminal, entre otras leyes y procedimientos penales. Este Código ofrece como medios de impugnación de las resoluciones judiciales, a los efectos de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en los que hayan incurrido, los recursos de revocación, apelación, revisión y casación, eliminando la consulta legal obligatoria que disponía el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, es oportuno precisar, que en principio toda norma jurídica es creada para surtir efectos desde el momento de su entrada en vigencia; sólo por excepción se aplicará a hechos o situaciones ocurridas con anterioridad, como es el caso, en materia penal, de las normas jurídicas que beneficien a los imputados o a los encausados.

En este sentido, se consolida el principio de irretroactividad de la Ley, el cual ha sido acogido por la mayoría de los ordenamientos constitucionales, ello con el fin de evitar que se despojen a las personas de los derechos que adquirieron con un ordenamiento jurídico anterior.

Sobre este asunto, Joaquín Sánchez Covisa, uno de los tratadistas que más ha profundizado sobre la aplicación del derecho intertemporal, expresa lo siguiente:

‘El derecho adquirido y la irretroactividad de la ley son el aspecto subjetivo y objetivo de un mismo fenómeno...Será un derecho adquirido aquél que no pueda ser vulnerado por la ley sin incurrir en retroactividad...Para que un derecho tenga la condición de derecho adquirido, son precisas las dos notas siguientes:

a) Que dentro de la ley vigente durante el hecho idóneo para producirlo, en virtud de las leyes del tiempo en que ese hecho se ha consumado, aunque la ocasión de hacerlo valer no se presente antes de la nueva ley y,

b) Que dentro de la ley vigente originaria, haya entrado a formar parte inmediatamente, del patrimonio de  quien lo ha adquirido.

Sólo los hechos que han reunido todos sus elementos constitutivos y sólo los efectos de tales hechos producidos antes de la vigencia de la nueva ley son derechos subjetivos que forman parte integrante de nuestro patrimonio y que constituyen auténticos derechos adquiridos...’

Sólo es retroactiva la norma que afecte los actos jurídicos y sus efectos cumplidos con anterioridad a la vigencia de la norma en cuestión. Al efecto, el artículo anterior establece que las leyes procesales deberán ser aplicadas a los procesos que estén en curso al momento de su entrada en vigencia, y excepcionalmente en materia penal, cuando resultare favorable al reo.

...omissis...

De lo antes expuesto, esta Sala, al observar que la consulta fue ordenada y tramitada bajo la vigencia del ordenamiento jurídico anterior,  la considera como un acto ya cumplido.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, al negarse a conocer en consulta la referida decisión, aplicando lo establecido en el artículo 509 del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, le atribuye a esta norma un  efecto retroactivo, con lo que efectivamente vulneró el principio de irretroactividad de la ley, toda vez  que despojó a los accionantes de un derecho que adquirieron con el sistema procesal penal anterior, como era la consulta de ley obligatoria, cuyos efectos aún no habían cesado.”

 

Igualmente, esta Sala en sentencia del 2 de abril de 2001 (caso: Procurador General de la República y Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria), señaló:

“Al respecto, ya esta Sala, en sentencia de fecha 18 de mayo de 2000 se ha pronunciado específicamente con relación a las consultas ordenadas antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, estableciendo que su tramitación debe continuarse hasta su debida decisión. Como es sabido, el Código Orgánico Procesal Penal eliminó la consulta legal, pero debe entenderse que ello se refiere a las decisiones que sean dictadas a partir del 1° de julio de 1999, es decir, desde que el Código Orgánico Procesal Penal entró en vigencia plenamente. Diferente es el caso de consultas (asimiladas a recursos de apelación, según el artículo 336 mencionado), las cuales han de ser resueltas por el órgano competente, y habiendo sido dictada la sentencia absolutoria por un Tribunal de Primera Instancia, le correspondería resolver la consulta legal al órgano que actualmente sustituyó a los Juzgados Superiores, el cual es la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por ello, esta Sala Constitucional considera que la decisión de la Corte de Apelaciones mencionada violó el debido proceso, al declarar no tener materia sobre la cual decidir, con relación a una consulta ordenada conforme a la ley adjetiva vigente para esa fecha, es decir de acuerdo al artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Criminal que ordenaba la consulta de toda sentencia absolutoria ‘en los mismos casos en que hubiese podido interponerse contra ella recurso de apelación’.

En efecto, la Corte de Apelaciones, ha debido pronunciarse acerca de la sentencia absolutoria en cuestión, pues tenía competencia para ello, violando la ley, en este caso el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para la fecha en la cual se ordenó la consulta, al declarar no tener materia sobre la cual decidir, cuando su obligación era decidir lo relativo a la consulta formulada. En consecuencia, considera esta Sala que el auto emanado de la Sala Nº 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas debe declararse nulo, y así se decide.”

 

Sobre el principio de la irretroactividad de la ley, esta misma Sala en la sentencia del 25 de septiembre de 2001 (caso: Antonio Volpe González), estableció:

 

“Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas, en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que hubieron de actuar.”

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden..”

 

 Ahora bien, en el caso sub exámine se observa que cuando el extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial ordenó la consulta de la sentencia que condenó al ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL, lo hizo conforme lo disponía el artículo 51 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para la época, el cual era del siguiente tenor:

“Haya o no apelación, toda sentencia absolutoria o condenatoria, de primera instancia, se consultará siempre con el Superior dentro del término y en los mismos casos en que hubiese podido interponerse contra ella recurso de apelación, según lo que se establece en el artículo precedente.

Cuando la pena impuesta fuere de multa o privativa de libertad que no exceda de un año, la sentencia quedará firme si no apelada.”

 

Así las cosas, el referido Tribunal de primera instancia remitió el expediente, pero una vez que entró en vigencia plena el Código Orgánico Procesal Penal, el 1° de julio de 1999, ordenó devolver erróneamente el expediente, cuando ya se había adquirido el derecho de consultar la sentencia condenatoria bajo el régimen del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal.

Además, es necesario resaltar que las sentencias a que se refería el entonces artículo 509, hoy 524, que no serán objeto de consulta, son aquellas dictadas en las causas que se encontraban en etapa de plenario y sumario, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, eso es, los supuestos previstos en los entonces artículos 507 y 508, hoy 522 y 523, eiusdem.

Por tal motivo, esta Sala hace notar que la sentencia condenatoria dictada contra el ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL no se encuentra firme, por lo que no era dable la remisión de la causa penal a un Tribunal de Ejecución, “...a los fines de proceder a la ejecución de la sentencia...” y, menos aún, era procedente la solicitud del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Al haberse ordenado la ejecución de una sentencia que no se encontraba firme, se está alterando el orden público constitucional y cercenando el principio de irretroactividad de la ley, el cual estaba previsto en el artículo 44 de la Constitución de 1961, y que ahora se encuentra en el artículo 24 de a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así las cosas, conforme al principio de supremacía constitucional, esta Sala debe salvaguardar la vigencia de los postulados constitucionales, pudiendo, en efecto, de oficio, corregir la ilegitimidad de alguna actuación, cuando habiendo sido sometido un caso a su análisis, observe que la misma ha transgredido el orden público constitucional.

Por tanto, esta Sala precisa que el auto dictado, el 15 de julio de 1999, por el extinto Tribunal Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, mediante el cual ordenó la devolución del expediente al Tribunal que conocía en primera instancia la causa penal incoada contra el ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL, a los fines que procediese a la ejecución de la sentencia condenatoria en la que se había ordenado su consulta conforme al régimen del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, debe ser anulado por cercenar el principio constitucional de irretroactividad de la ley. En tal sentido, se observa que la sentencia condenatoria dictada el 21 de junio de 1999, por el referido Juzgado Segundo Accidental del extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, ubicado en Valle de la Pascua, no se encuentra firme.

En consecuencia, visto que la presente acción de amparo es contra una omisión de pronunciamiento del Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal de ese mismo Estado, en relación con una solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual tiene como requisito de procedibilidad que el sujeto haya sido condenado por una sentencia firme, esta Sala forzosamente debe revocar la decisión proferida por el Tribunal a quo, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo y, en su lugar, declarar la inadmisibilidad de la acción, conforme lo previsto en el artículo 6 numeral 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al no existir ninguna posibilidad de que pueda restituirse la situación jurídica infringida. Así se decide.

En cuanto a la consulta que quedó pendiente de la sentencia dictada el 21 de junio de 1999, por el Juzgado Segundo Accidental del extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que condenó al ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL, por la comisión del delito de robo genérico, previsto en el artículo 457 del Código Penal, la cual debe ser resuelta al ser ordenada conforme al artículo 51 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, se ordena a la Secretaría de esta Sala que remita copia certificada al referido Tribunal Primero de Ejecución para que a su vez remita el expediente penal incoado contra dicho ciudadano a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, a fin de que se pronuncie sobre la consulta legal. Así se declara.

VI

DECISIÓN

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Se REVOCA      la sentencia dictada el 27 de junio de 2001, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la Defensora Pública Penal del ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL.

SEGUNDO: INADMISIBLE, la referida acción de amparo propuesta, conforme lo previsto en el artículo 6, numeral 3, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

TERCERO: Se ANULA el auto dictado el 15 de julio de 1999, por el extinto Tribunal Superior Segundo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.

CUARTO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala remita copia certificada de la presente decisión al Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, a los fines de que dicho Juzgado remita a la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal, el expediente penal del ciudadano DOUGLAS RAFAEL GIL, a los fines de que se resuelva sobre la consulta de la sentencia condenatoria, ordenada bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la  Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes ENERO de  del año dos mil dos.  Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                 El Vicepresidente,

 

                        JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Magistrados,

 

JOSÉ M. DELGADO OCANDO                ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

Ponente

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. 01-1559

AGG/jarm       

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