Venley

Sentencia N.º 1044

Sentencia
N.º 1044
Fecha
17/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0179
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 3 de febrero de 2006, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio n° 20-06, proveniente de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y adjuntos los originales del expediente n° KP01-R-2005-000227 (nomenclatura de dicha Corte), en virtud de la apelación de la decisión dictada el 31 de octubre de 2005, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar por los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO ANZOLA LOZADA, MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO y JOSÉ ANTONIO ANZOLA CRESPO, titulares de las cédulas de identidad núms. 1.104.942, 7.347.864 y 7.347.865, respectivamente, asistidos por las abogadas Celina Hernández Castillo y Rose Marie España Viladams, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 15.094 y 15.856, en su orden, contra la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año) por el Juzgado Noveno de Control del mencionado Circuito Judicial Penal, en un juicio por estafa con fraude procesal y lucro ilegalmente obtenido.

 

El 8 de ese mismo mes y año, se dio cuenta en Sala del presente expediente, y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Pasa la Sala a decidir la apelación interpuesta, previas las consideraciones siguientes:

I

ANTECEDENTES

 

El 11 de agosto de 2005, se recibió en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, asistidos por las abogadas Celina Hernández Castillo y Rose Marie España Viladams, contra la decisión dictada el 16 de febrero de 2005 en la audiencia preliminar (publicada el 25 de ese mes y año en el auto de apertura a juicio) por el Juzgado Noveno de Control del mencionado Circuito Judicial Penal, en un juicio por estafa con fraude procesal y lucro ilegalmente obtenido.

 

El 20 de septiembre de 2005, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones ordenó notificar a los accionantes con el objeto de que corrigieran su escrito de solicitud de amparo en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su notificación, debiendo expresar de manera específica: la residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante; suficiente señalamiento e identificación del agraviante si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización; todo de conformidad con lo previsto en los artículos 18, cardinales 2 y 3; y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 29 de ese mes y año, fue presentada la información requerida.

 

El 30 de septiembre de 2005, se acordó librar oficio a la Juez Novena de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, con el fin de que informara si la defensa de los accionantes en el juicio penal había opuesto excepciones, y las resultas de las mismas en la audiencia preliminar correspondiente. Información recibida el 3 de octubre de ese año.

 

El 3 de octubre de 2005, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, admitió la acción de amparo incoada, y de manera cautelar ordenó suspender la audiencia de juicio oral y público fijada para el 6 de octubre de 2005; en consecuencia, se ordenó practicar las notificaciones de ley.

 

El 13 de octubre de 2005 a las 2:30 p.m., día pautado para la celebración de la audiencia oral y pública se dejó constancia de que al acto comparecieron las partes notificadas salvo la representación del Ministerio Público.

 

El 31 de octubre de 2005, se publicó in extenso la decisión dictada la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

El 1° de noviembre del mismo año, la parte actora apeló de la anterior decisión.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Los accionantes fundamentaron su acción de amparo en los siguientes argumentos:

 

Que, dentro de la oportunidad prevista procedieron a consignar sendos escritos contentivos de los alegatos de la defensa; en el primero, se opusieron varias excepciones, a saber, la contenida en el artículo 28, cardinal 5 en concordancia con el artículo 48, cardinal 8 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, la extinción de la acción penal por haber prescrito la misma; la cosa juzgada y que la acusación no revestía carácter penal de conformidad con el artículo 28, cardinal 4, letras a) y c) eiusdem.

 

Que posteriormente, las defensoras consignaron otro escrito en el cual opusieron otra excepción, la prevista en el citado artículo 28, cardinal 4, letra i), de la acción promovida ilegalmente por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentarla; asimismo, se solicitó conforme a los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad del acto de imputación fiscal realizado durante la fase de investigación, por haberse efectuado con violación del derecho constitucional a la defensa ya que en la oportunidad en que comparecieron a la citación hecha por el Ministerio Público, a rendir declaración, no estuvieron asistidos de abogado, en atención al artículo 125, cardinal 3 eiusdem.

 

Señalaron, que el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en el juicio que les es seguido por estafa con fraude procesal y lucro ilegalmente obtenido, declaró sin lugar las excepciones opuestas por la defensa transgrediendo presuntamente sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por cuanto la misma fue inmotivada, pues no se señalaron los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó para declarar sin lugar, tanto las excepciones opuestas, como la solicitud de nulidad planteada por la defensa en la oportunidad legal correspondiente, incumpliendo con ello con la obligación impuesta por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal.

 

Que aunado a ello, el Tribunal Noveno de Control, vulneró sus derechos constitucionales al haber omitido señalar tanto en el pronunciamiento dictado al culminar la audiencia preliminar celebrada el 16 de febrero de 2005, así como en el denominado auto de apertura a juicio publicado el 25 de febrero del referido año, los hechos que van a ser objeto de controversia, durante el debate oral, ni tampoco la exposición sucinta de los motivos en que se fundó la decisión, tal como lo ordena el artículo 331, cardinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal; tampoco precisó cuál fue la conducta asumida por cada uno de los acusados en los ilícitos penales imputados por los representantes del Ministerio Público en el escrito de acusación fiscal y, la que fuera admitida totalmente por el mencionado Tribunal, no disponiendo en consecuencia con los medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa, al desconocer de una manera clara, precisa y circunstanciada los hechos imputados.

 

Finalmente, alegaron que el Juzgado Noveno de Control al no motivar su decisión y fijar los hechos objeto del debate oral de una manera clara, precisa y circunstanciada, como era su obligación legal y constitucional, actuó con abuso de poder violentando con ello sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, lo que a su juicio, hace procedente el amparo.

 

Conjuntamente con la pretensión de amparo solicitaron de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se acordara medida cautelar innominada, y se ordenara la suspensión del inicio del juicio oral y público, en virtud de que la celebración del mismo, sin que se les haya restituido nuestros derechos constitucionales conculcados, les podría causar un perjuicio irreparable, al asistir al debate en total estado de indefensión por desconocimiento de los hechos concretos, precisos y circunstanciados que serían objeto del mismo.

 

III

DE LA DECISIÓN APELADA

 

La decisión dictada el 31 de octubre de 2005, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

 

Previo análisis del fondo del asunto planteado, la Corte hizo alusión a la admisibilidad de la acción conforme a lo establecido en el cardinal 5 del artículo 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Indicó que la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al respecto, ha precisado el carácter de orden público de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, ello en sentencia n° 41 del 26 de enero de 2001.

 

Que, en el mismo sentido la citada Sala en sentencia nº 2369 del 23 de noviembre de 2001, consideró:

 

“…

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve)”.

 

Que la Sala Constitucional en sentencia n° 3387 del 3 de diciembre de 2003,  estableció en un caso análogo lo que sigue:

 

“…Por otra parte, el Juez de Alzada declaró inadmisible el recurso de apelación en lo que se refiere a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas, puesto que dicho pronunciamiento es inimpugnable y, asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal garantiza que dichas excepciones pueden ser opuestas nuevamente en la fase de juicio. Además, si fuere el caso de que en dicha fase se diera nuevamente una declaratoria sin lugar de las excepciones, considera esta Sala que el afectado por la decisión puede recurrirla conjuntamente con la apelación de la sentencia definitiva; en consecuencia, estima que las excepciones son unas incidencias dentro del proceso que no presuponen la violación de un derecho constitucional, ya que la Ley Adjetiva Penal establece las formas para la solución de las mismas y sus efectos.

 

En virtud de las consideraciones que se expusieron, es criterio de la Sala que la demanda de autos, contra el fallo de la Sala n° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no cumple con los requisitos de procedencia del amparo constitucional contra decisiones judiciales que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, porque la sentencia que se impugnó fue dictada por esa Corte, en ejercicio de sus atribuciones, sin abuso de poder ni usurpación de funciones, es decir, dentro de los límites de su competencia sustancial. Además, se observa que el contenido de la decisión objeto de impugnación no presupone la existencia de violación de los derechos constitucionales del quejoso, pues el fallo de la Sala n° 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se dictó con apego al ordenamiento procesal penal y bajo la discrecionalidad de los jueces de la Corte, porque éstos gozan de autonomía e independencia cuando deciden, sin que esa autonomía pueda traducirse en arbitrariedad, ya que sus decisiones deben estar en conformidad con la Constitución y las leyes. Así se declara”.

 

Que, en virtud de lo expuesto y luego de haber examinado los criterios jurisprudenciales y referencias doctrinales anteriores, así como el escrito presentado por los accionantes y de la revisión exhaustiva efectuada al sistema informático JURIS 2000 en el asunto principal signado bajo el n° KP01-P-2004-0000632, consideró que lo procedente y ajustado a derecho era declarar inadmisible, la acción interpuesta de conformidad con lo establecido en el cardinal 5 del artículo 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dado que los ciudadanos acusados y accionantes en el presente caso, aún para la fecha, tenían la facultad de ejercer el derecho a oponer las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar, en la fase de juicio oral y público, es decir, tenían vigentes las facultades previstas en los artículos 31 cardinal 4, 344 en su último aparte, y 346 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Por tanto, esa Corte de Apelaciones, concluyó que los accionantes en su intervención como acusados y defensa privada en el asunto principal no habían recurrido a las vías judiciales ordinarias para impugnar la decisión dictada por la Jueza Novena de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara el 16 de febrero de 2005 y publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de febrero del mismo año, que declaró sin lugar las excepciones opuestas por la defensa; por ende, la presente acción de amparo constitucional era inadmisible, conforme al cardinal 5 del artículo 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Por último, levantó la medida cautelar innominada dictada el 3 de octubre de 2005, y ordenó remitir copia certificada del acta de la audiencia constitucional al Juez Cuarto de Juicio de ese Circuito Judicial Penal, con el fin de que convocara a juicio oral y público, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de despacho, luego de recibir dicha copia certificada, no debiendo exceder dicha fijación del lapso de quince (15) días continuos a partir de la fecha.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier decisión esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente caso. En atención a ello, se observa que en sentencia del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, se decretó la competencia para conocer de todas las apelaciones interpuestas contra las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República [salvo los Juzgado Superior en lo Contencioso-Administrativo], la Corte Primera [y ahora Segunda] de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de dichas acciones como Tribunales de Primera Instancia.

 

Ahora bien, dicho criterio permanece vigente de conformidad con lo establecido en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial n° 37.942 del 20 de mayo de 2004, pues dispone que, hasta tanto sea sancionada la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante esta Sala, se regirá por los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por “las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional”.

 

Visto entonces, que en el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la apelación de un fallo dictado por la Sala Accidental de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, atendiendo a la decisión antes mencionada, asume la competencia para conocer del asunto planteado. Así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

En principio es pertinente señalar que en el presente caso, la parte actora ejerció recurso de apelación el 1° de noviembre de 2005, contra la decisión dictada el 31 de octubre de ese año, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y si bien en materia de amparo no es requisito indispensable consignar el escrito de fundamentos de la apelación para que el Superior conozca del caso, el mismo es valorado cuando se presenta dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el expediente en la Alzada. No obstante, en el caso de autos la parte actora no consignó el escrito de fundamentos de la apelación, razón por la que esta Sala pasa a revisar la decisión sin enfoque de denuncia alguna.

 

Para decidir la Sala observa:

 

En el presente caso los ciudadanos Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, interpusieron acción de amparo constitucional contra la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año) por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en virtud de que presente caso ales declaró sin lugar las excepciones opuestas por la defensa, a saber, la extinción de la acción penal por haber prescrito la misma, la cosa juzgada, que la acusación no revestía carácter penal y la acción promovida ilegalmente por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentarla; así como la nulidad del acto de imputación fiscal realizado durante la fase de investigación, por haberse efectuado con violación del derecho constitucional a la defensa ya que en la oportunidad en que comparecieron a la citación hecha por el Ministerio Público, a rendir declaración, no estuvieron asistidos de abogado; ya que a su juicio, transgredió sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por cuanto la misma fue inmotivada, pues no se señalaron los fundamentos de hecho y de derecho en que se basó para declarar sin lugar, tanto las excepciones opuestas como la solicitud de nulidad planteada por la defensa en la oportunidad legal correspondiente, incumpliendo con ello con la obligación impuesta por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal.

 

Se observa de las actas contenidas en el expediente, específicamente en el acta de la audiencia preliminar, que el Tribunal de Control respecto de las excepciones y la nulidad resolvió de la siguiente manera:

 

“..En cuanto a las excepciones opuestas por los representantes de la defensa este tribunal declara sin lugar dicha solicitud a cargo de los Defensores por cuanto considera quien aquí decide que a sus representados no se les violentaron ninguno [sic] derechos ni garantías constitucionales tal y como lo hace reflejar la Doctora Celina Hernández Castillo; por cuanto la misma solicitó la nulifdad [sic] absoluta del presente asunto; considera esta juzgadora declararle sin lugar dicha petición aunado a lo que establece el art.257 de nuestra carta magna [sic] que no se puede sacrificar la justicia por formalidades no esenciales. Asimismo observa esta juzgadora analizada como ha sido la presente acusación que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en el art.326 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo en cuanto a la solicitud del Dr.Troconis considera quien aquí decide que dichos hechos y revisado como ha sido el presente asunto sí revisten carácter penal por lo que declara sin lugar de igual forma la excepción opuesta solicitada por la Defensa; es decir, que declara sin lugar todas las excepciones opuestas por la defensa por lo que dije anteriormente que no podemos sacrificar la justicia por simple [sic] formalidades no esenciales”.

 

Asimismo, el auto de apertura a juicio fue del siguiente tenor:

 

“…CUARTO: Se declara sin Lugar todas las Excepciones presentadas por la defensa, por cuanto se pudo observar en el presente asunto, no existen Violaciones de Derechos y Garantías constitucionales en contra de los hoy acusados..”..

 

Preliminarmente, es de señalar que esta Sala, respecto a las excepciones, en su pacífica y reiterada jurisprudencia ha señalado en sentencia n° 3206 del 25 de octubre de 2005, caso: Freddys Orlando Betancourt  Hernández, lo siguiente:

 

“…la expresa referencia que realiza el artículo 447.2 del Código Orgánico Procesal Penal (2001), con relación a la inapelabilidad de las excepciones declaradas sin lugar por el Juez de control en la audiencia preliminar (de forma similar a la aludida inapelabilidad del auto de apertura a juicio en sí -entendido como un auto de mero trámite-, prevista en el último aparte del artículo 331 eiusdem), tiene su fundamento en la naturaleza jurídica de la fase intermedia del proceso penal, y, especialmente, en la celeridad que ha pretendido imprimirle el legislador a la misma, y más allá, al momento de transición entre ésta y la fase de juicio, a lo cual se añade en el punto sub examine, que tal y como lo establece la precitada norma, al igual que lo hace el artículo 31 en su cardinal 4 eiusdem, las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar pueden ser opuestas nuevamente en fase de juicio, lo cual convierte en un sin sentido y, sobre todo, en un obstáculo totalmente injustificado, consagrar un medio –ordinario- de impugnación de la decisión que declare sin lugar una excepción en la audiencia preliminar, cuestión que confirma un orden considerable en el Código Orgánico Procesal Penal (2001), en este aspecto. Y, siguiendo tal lógica procesal, el legislador consagró la procedencia del recurso de apelación contra la decisión que declare sin lugar la excepción opuesta durante la fase de juicio (Art. 31, último aparte eiusdem), con lo cual se demuestra la intención del legislador del Código Orgánico Procesal Penal (2001), en señalar expresamente cuáles son las decisiones recurribles, afirmación que ha sido meridianamente plasmada en el artículo rector que encabeza las disposiciones generales del Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal (2001), referido a los recursos, a saber, el artículo 432, el cual, por diáfanas razones de orden, celeridad y eficacia procesal, contempla lo siguiente:

 

Artículo 432. Impugnabilidad objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos (Subrayado de la Sala).

 

Del análisis anterior se puede apreciar la expresa inimpugnabilidad –ordinaria- de la decisión que declare sin lugar la excepción opuesta en la audiencia preliminar, prevista en el Código Orgánico Procesal Penal (2001). Ahora bien, con relación a la admisibilidad de la acción de amparo constitucional en casos similares a este, la Sala ha sostenido que, en tanto el accionante puede volver a interponer en fase de juicio las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar, aun no ha agotado la vía judicial preexistente, lo cual hace inadmisible la pretensión de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (...)”.

 

Igualmente, en sentencia n° 1303 del 20 de junio de 2005, caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, la Sala expresó:

 

“Como corolario de lo antes señalado, esta Sala considera que la naturaleza del auto de apertura a juicio, es la de ser una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado. El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio, en la cual, tal como se señaló supra, aquél podrá rebatir los medios de prueba admitidos al final de la audiencia preliminar y reflejados en el mencionado auto.

 

Se entiende entonces que el anterior planteamiento constituye la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer expresamente la prohibición de apelar del auto de apertura a juicio (...).

 

(...) debe concluirse que la disposición contenida en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece la prohibición expresa de apelar contra el auto de apertura a juicio, está en perfecta armonía con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que dicho auto no es un acto en el cual se declara la culpabilidad del acusado; al contrario, es un auto que simplemente denota un pronóstico de condena contra dicho acusado, pudiendo ser desvirtuado tal pronóstico en la fase de juicio, o ser convertido en una verdadera declaratoria de responsabilidad penal, dependiendo del caso. Debe recordarse que el auto de apertura a juicio es una actuación propia de la fase intermedia, la cual, tal como se señaló supra, tiene por finalidad, esencialmente, depurar el procedimiento, comunicar al imputado sobre la acusación que se ha interpuesto en su contra, y permitir el control sobre tal acusación.

 

De lo anterior se deriva que es en la fase de juicio donde se emite un fallo condenatorio (salvo que se trate de un procedimiento por admisión de los hechos, pero es el caso en que la sentencia que se dicta en este procedimiento especial también es condenatoria), ya que es la etapa del proceso donde se perfecciona el juzgamiento, y es en esta oportunidad procesal donde la persona declarada culpable puede materializar el derecho consagrado en la mencionada norma constitucional, a través del ejercicio del recurso de apelación respectivo. Así se declara.

 

En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio -admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión que no causa gravamen irreparable al acusado, y cuya inimpugnabilidad no implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional. Así se establece.”

 

Pues bien, es de señalar que sin perjuicio de lo expuesto en los citados fallos, lo cual se reitera en todo su contenido, la situación planteada, objetada y analizada en autos no es la declaratoria sin lugar de las excepciones y la nulidad solicitada, es la inmotivación de estas declaratorias.

 

Siendo así, se observa que el artículo 330.4 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes, entre otras, sobre las excepciones opuestas; entendiéndose el verbo “resolver”  como el deber del juez a solucionar, decidir, previa fundamentación de hecho y de derecho lo expuesto o pedido por las partes.

 

Asimismo, el artículo 173, del Código Orgánico Procesal Penal, señala a su vez:

 

“Artículo 173: Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación […]”.

 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que los fallos que resuelvan argumentos, defensa, excepciones, etc, opuestas por las partes, no se constituyen, en modo alguno, como autos de mera sustanciación, en virtud de que éstos resuelven y conllevan en sí decisiones, aunque preliminares, necesarias para el proceso; por ende, las mismas no pueden ser calificadas como un auto de mero trámite de manera que por dicha naturaleza queden excluidas de aquellas decisiones o autos que deban ser motivadas.

 

Lo anterior, se respalda en la sentencia dictada por esta Sala n° 3255 del 13 de diciembre de 2002, caso: César Augusto Mirabal Mata, en la cual se señaló que “[L]os autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, en su sentido doctrinal y propio son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirigen a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implican la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso y, por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio, a solicitud de parte o de oficio por el juez”.

 

A juicio de esta Sala el hecho de que el legislador haya dado a las partes la oportunidad de oponer ante el juez de control las excepciones que estimaren convenientes, se debe, como se expuso, a la depuración del proceso, lo que no excluye que las decisiones que allí se dicten para cumplir con esa finalidad deban ser escuetas e inmotivadas.

 

Calificada entonces como ha sido de decisiones “preliminares”, se observa que Francesco Carnelutti señala que la decisión se agota, por eso se puede llamar silogismo decisorio; que es el resultado de un hacer del cual no basta saber cómo termina, sino que debemos saber también, y en primer lugar, como comienza. El Juez no puede decidir sin motivar, la motivación puede, al menos parcialmente, estar implícita, pero no puede dejar de existir. Ahora bien, el problema es saber si hace falta o no hace falta, no tanto que la motivación esté implícita cuando esté intuida en la decisión, de manera que ésta consista no sólo en la disposición, o sea, en la declaración de certeza de la relación litigiosa, sino además en la motivación. La razón de esta severidad es necesaria, ya sea por el prestigio del juez que decide, ya sea por los controles a los cuales la decisión pueda estar sometida, ya sea por la eficacia psicológica que la misma puede ejercer sobre las partes, hacer que resulte de la decisión no sólo que el juez ha juzgado sino que, antes de elegir, ha verificado el juicio. “Derecho Procesal Civil y Penal.  Biblioteca Clásicos del Derecho. Editorial Mexicana. 1997. Volumen 4. Páginas 136 y 144”.

 

Respecto a la necesidad de la motivación de las sentencias como garantía judicial, esta Sala en sentencia n° 1963 del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario Osorio, señaló que dentro de las garantías procesales “se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual, tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución”.

El derecho a la tutela judicial efectiva, “(...) no garantiza sólo el libre acceso a los Juzgados y Tribunales, sino también que éstos resuelvan sobre el fondo de las pretensiones que ante ellos se formulan. En términos gráficos escribe Díez-Picazo Jiménez que el derecho a la tutela judicial efectiva no es sólo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el derecho a que, una vez dentro, éste cumpla la función para la que está instituido” [Cfr. Fernando Garrido Falla, Comentarios a la Constitución, 3ª edición, Madrid, Civitas, Edit., 2001, pág. 538].

 

La motivación de una decisión no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador. La obligación de motivar el fallo impone que la misma esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente a las pretensiones, pues lo contrario implicaría que las partes no podrían obtener el razonamiento de hecho o de derecho en que se basa el dispositivo, se impediría conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión y con ello, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

 

Corolario a lo anterior, vemos que el tratadista Alberto Suárez Sánchez, ha señalado que el debido proceso, es entendido en sentido material como el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales, como límite a la función punitiva del Estado; ya no se refiere al trámite formal, sino a la manera  como se ha de sustanciar cada acto. No se mira el acto procesal en sí, como un objeto, sino su contenido referido a los derechos fundamentales “El Debido Proceso Penal. Universidad Externado de Colombia. 1ª Edición. 1998. Pág. 196”.

 

En el mismo sentido, esta Sala ha señalado categóricamente lo que sigue, en sentencia n˚ 1893 del 12 de agosto de 2002, caso: Carlos Miguel Vaamonde Sojo:

 

“…Es por ello, que surge una exigencia para que los jueces expongan o expliquen con suficiente claridad, las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, y que no pueden ser obviadas en ningún caso, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal, la cual en el proceso penal debe acercarse a la “verdad de los hechos”, como lo dispone el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Esa obligación del Juez de tomar en cuenta todo lo alegado y probado en autos y de analizar el contenido de los alegatos de las partes así como de las pruebas, para explicar, en consecuencia, las razones por las cuales las aprecia o desestima,  se materializa a través de una sentencia, o bien de un auto, y así el Estado Venezolano cumple con su labor de impartir justicia, en la resolución de conflictos jurídicos.

 

Así las cosas, esa exigencia del Juez de motivar la sentencia, que está plasmada igualmente en los distintos sistemas procesales venezolanos, no es una garantía para una sola de las partes, sino que le corresponde a todas las partes involucradas en el proceso, correspondiéndole entonces tanto al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, que tiene la misma posición, delineada por la objetividad en los términos planteados en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, de sujeto agente y no exactamente de tercero de buena fe, en razón de que ejercita la acción penal en interés del Estado” [Resaltado de este fallo].

 

En atención a lo expuesto, considera esta instancia, tal como se señaló, que si bien la fase más garantista dentro del proceso penal es la fase de juicio, ello no excluye que las decisiones que se tomen en las etapas anteriores, como la intermedia, previo pase a juicio oral y público del imputado, sean desprovistas de motivación por la simple excusa o la errada convicción de que al que compete motivar sus decisiones es al juez de juicio.

 

En tal virtud, visto entonces que es un deber incuestionable el que el juez motive de forma clara los argumentos de hecho y de derecho en que basa su dispositivo, de manera que permita a las partes conocer los argumentos en que se fundamentó, lo que no puede ser obviado en ningún caso; y visto también que en el presente caso no se estaba cuestionando la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas (caso en el cual el amparo sería inadmisible conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala en concordancia con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), sino por el contrario, la inmotivación respecto a esas excepciones y a la solicitud de nulidad formulada por la defensa; esta Sala estima que la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión del Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara sí resulta procedente pues se vulneró flagrantemente las garantías procesales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los imputados.

 

En consecuencia, se revoca la decisión dictada el 31 de octubre de 2005 por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, asistidos por las abogadas Celina Hernández Castillo y Rose Marie España Viladams, contra la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año) dictados por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y se declara con lugar la tutela constitucional invocada contra la precitada decisión. Así se declara.

 

En tal virtud, se anula la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año), dado que la misma no puede ser objeto de saneamiento alguno, y se repone la causa al estado en que otro Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, realice nuevamente la audiencia preliminar en el juicio que por estafa con fraude procesal y lucro ilegalmente obtenido, se sigue a los imputados Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, y de manera motivada resuelva los puntos que fueron llevados por la defensa a dicho acto procesal. Así también se declara.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta contra la decisión dictada el 31 de octubre de 2005, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ejercida por los ciudadanos Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, asistidos por las abogadas Celina Hernández Castillo y Rose Marie España Viladams.

 

SEGUNDO: REVOCA la decisión dictada el 31 de octubre de 2005 por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, asistidos por las abogadas Celina Hernández Castillo y Rose Marie España Viladams, contra la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año) dictados por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

 

TERCERO: CON LUGAR la tutela constitucional invocada por los precitados ciudadanos, imputados en el juicio principal, contra la mencionada decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año) dictados por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

 

CUARTO: Se anula la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año).

 

QUINTO: Se repone la causa al estado en que otro Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, realice nuevamente la audiencia preliminar en el juicio que por estafa con fraude procesal y lucro ilegalmente obtenido, se sigue a los imputados Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, y de manera motivada resuelva los puntos que fueron llevados por la defensa a dicho acto procesal.

 

Publíquese, regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Noveno de Control y al Juzgado Cuarto de Juicio, ambos del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Remítase el presente expediente a la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 17 días del mes de mayo  del año dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

         El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

                                                                   LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

EXP. n° 06-0179

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