Sentencia N.º 1055
- Sentencia
- N.º 1055
- Fecha
- 28/06/2011
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 11-0694
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 11-0694
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp. 11-0694
El 25 de mayo de 2011, los abogados Alfredo Altuve Gadea y Ángel Vázquez Márquez, inscritos en el Inpreabogado bajo los n.os: 13.895 y 85.026, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ELIZABETH JOSEFINA MOSQUEDA HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n.°: V-8.316.914, solicitaron ante esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia n.°: RC.000215, dictada el 13 de mayo de 2011 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
El 01 de junio de 2011 se dio cuenta en la Sala y se designó como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la presente solicitud, previas las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
El 23 de julio de 2010, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva en la que declaró sin lugar las apelaciones interpuestas por la parte demandada, con lugar la demanda, improcedente la reconvención propuesta, confirmó la sentencia objeto de apelación e impuso costas procesales a la parte demandada, todo ello con ocasión del juicio que, por cumplimiento de contrato de opción de compraventa, interpuso ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, la ciudadana Elizabeth Josefina Mosqueda Hernández contra el ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán.
Contra la referida sentencia la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado.
El 13 de mayo de 2011, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el referido recurso de casación y, en consecuencia, decretó la nulidad del fallo recurrido y ordenó al Tribunal Superior que resulte competente, dictar nueva sentencia corrigiendo el vicio de contradicción en los motivos, acatando la orden de dicha Sala.
II
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
Los apoderados judiciales de la parte solicitante fundamentaron su solicitud de revisión en los aspectos siguientes:
Que la sentencia objeto de revisión fue dictada con ocasión de un recurso de casación interpuesto contra la sentencia de última instancia, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio de cumplimiento de contrato seguido por la ciudadana Elizabeth Josefina Mosqueda Hernández contra el ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán.
Los apoderados judiciales de la solicitante refirieron que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán; con lugar la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por la ciudadana Elizabeth Josefina Mosqueda Hernández; improcedente la reconvención propuesta por el demandado y condenó en costas a éste último por haber resultado totalmente vencido, al considerar que el demandado no dio cumplimiento al contrato de compraventa de inmueble que había celebrado con la parte demandante.
Señalaron, asimismo, los representantes de la solicitante que la sentencia dictada por la alzada fue anulada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por sentencia del 13 de mayo de 2011, por considerar esta última, que el Juzgado Superior incurrió en inmotivación, en su modalidad de motivación contradictoria, al señalar lo siguiente:
De un análisis de la preinsertada cláusula 4a, se puede interpretar dentro de un contexto subjetivo, que no esta (sic) compuesta por una modalidad específica para su procedencia, o un elemento que caracterice una condición suspensiva o resolutoria para que pueda operar el término prorrogatorio entre los contratantes; sino que dada su naturaleza abstracta del contenido operaria (sic) automáticamente, de ser necesariad para cualquiera de las partes, non onstantibus, ya que en ninguna parte del texto contractual se establece la exigencia de la acreditación de la necesidad de prórroga (sic). Lo que significa al no ser negada la prórroga, sic tácitamente fue concedida. El silencio en este caso es aprobación de la necesidad de la prórroga ( ) (Negritas y subrayado de la sentencia recurrida en casación).
Que, la sentencia objeto de revisión mediante la cual se anuló la sentencia dictada, el 23 de julio de 2010, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde ordenó al Juez Superior que resulte competente dictar nueva sentencia, es violatoria del principio jurídico fundamental de reposiciones inútiles y de la doctrina que sobre dicha garantía ha construido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
De este modo, expresaron los apoderados judiciales de la solicitante que el derecho constitucional del justiciable a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, está contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y acerca de este principio señalaron que la Sala Constitucional en sentencia n.°: 1176, del 12 de agosto de 2009, caso: Leonardo Antonio Pérez Mondragón y Maritza del Valle Brusco de Pérez, estableció lo siguiente:
( ) existe violación del principio jurídico fundamental de reposiciones inútiles cada vez que dicha reposición no persigue una necesaria utilidad. Para ello, es enfática la Sala Constitucional al exigir en la motivación de las sentencias repositorias el establecimiento de las razones que inexcusablemente conllevan a la reposición, evitando así aclaratorias de nulidad por la nulidad misma (Negritas del escrito).
Seguidamente, los apoderados judiciales de la solicitante señalaron que la reposición que fue declarada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia objeto de revisión es:
( ) a todas luces inútil y por tanto violatoria de la doctrina sentada por esa honorable Sala constitucional, ya que con base en una supuesta e inexistente contradicción entre motivos cometida por la Alzada, ordena a los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictar nueva sentencia sin incurrir en el vicio presuntamente cometido- pero no toma en consideración: (i) que los motivos supuestamente contradictorios esgrimidos por el ad quem conducen ambos- a la misma decisión, ergo, no son contradictorios y (ii) que incluso en el supuesto negado de que ciertamente existiera contradicción entre motivos (lo cual negamos, rechazamos y contradecimos), dicha contradicción no es determinante en el dispositivo el fallo.
Que, tanto la declaratoria de la Alzada respecto a que por la naturaleza abstracta del contenido operaría automáticamente, de ser necesaria para cualquiera de las partes [la prórroga del contrato] como la declaratoria de que al no ser negada la prórroga tácitamente fue concedida, conducen a la misma conclusión, es decir, que por cuanto ninguna de las partes que celebraron el contrato expresó su voluntad de no prorrogarlo, en su criterio, debe considerarse que el mismo se prorrogó automáticamente y que, en consecuencia, dentro de ese lapso de prórroga tanto el vendedor como el comprador podían cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato de opción de compraventa, situación que sucedió sólo por lo que se refiere a la parte demandante.
Según alegaron los apoderados judiciales de la solicitante la Sala de Casación Civil erró al señalar que las frases prórroga automática y prórroga por falta de acción constituyen una disyunción exclusiva, en el sentido de que tiene que ser una u otra pero no ambas, ya que consideran que en el presente caso, la prórroga automática del contrato es consecuencia de la falta de acción de los contratantes, quienes al no haber manifestado su deseo de no prorrogar el contrato permitieron que el mismo se prorrogara automáticamente, por inacción. De manera que, agregan que, contrariamente a lo que expresó la Sala de Casación Civil, ambas frases tienen la finalidad conforme lo plasmaron las partes contratantes, de permitir que el negocio jurídico de compraventa efectivamente se materializara, bien en el plazo originalmente pactado o bien en el plazo de la prórroga contractual.
Que en el presente caso la violación del principio que prohíbe las reposiciones inútiles se agrava si se toma en consideración que la supuesta e inexistente contradicción de los motivos no tiene incidencia sobre el mérito de la controversia, ya que la supuesta contradicción no destruye la razón fundamental para la declaratoria con lugar de la pretensión hecha valer por el actor en su libelo de demanda, esta es, que el ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán no dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En este sentido, expone la representación judicial de la solicitante que, en el caso bajo análisis, la declaratoria con lugar de la demanda de cumplimiento de contrato que interpuso la ciudadana Elizabeth Josefina Mosqueda Hernández, encontró motivación en el incumplimiento demostrado por el ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán a las obligaciones contenidas en el contrato de opción de compraventa.
Señalaron asimismo, que dicho ciudadano (parte demandada en el juicio principal) no cumplió, dentro del lapso previsto en el contrato, con su obligación de hacer la tradición del inmueble a través del otorgamiento del documento de propiedad, sin que mediara causa eximente de la responsabilidad contractual.
Que la reposición declarada por la Sala de Casación Civil es violatoria del principio fundamental de reposiciones inútiles y que, además, infringe el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte demandante en el juicio primigenio con fundamento en las consideraciones siguientes:
( ) ya que al ordenarse a un nuevo Juez de Alzada que emita una nueva decisión sin haberse analizado si la supuesta contradicción de motivos tiene incidencia en el dispositivo del fallo, se corre el riesgo de que el nuevo acto decisorio adolezca de vicios que no fueron analizados, y con ello, de una casación múltiple innecesaria.
Por último, invocaron la opinión de las magistradas Yris Peña Espinoza e Isbelia Pérez Velázquez, quienes salvaron su voto en el propio fallo objeto de revisión, por considerar inexistente la supuesta contradicción entre motivos declarada por la mayoría decisora. Asimismo solicitaron que se declare con lugar la solicitud de revisión y que una vez declarada la misma se otorgue lo siguiente:
( ) plena eficacia jurídica a la sentencia dictada el 23 de julio de 2010 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró sin lugar la apelación interpuesta por el ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán; con lugar la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por la ciudadana ELIZABETH JOSEFINA MOSQUEDA HERNÁNDEZ; improcedente la reconvención propuesta por el demandado y se condenó en costas a esta parte por haber resultado totalmente vencida.
III
DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN
La Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, en sentencia n.°: RC.000215 del 13 de mayo de 2011, declaró con lugar el recurso de casación que anunció la representación judicial del ciudadano David Daniel Benhayon Gavilán, parte demandada en el juicio de cumplimiento de contrato de opción de compraventa seguido ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, el 23 de julio de 2010, mediante la cual declaró sin lugar las apelaciones que ejerció la parte demandada contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia, por lo que declaró con lugar la demanda, improcedente la reconvención propuesta, confirmando así la sentencia objeto de apelación.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, como consecuencia de la declaratoria con lugar del recurso de casación, decretó la nulidad del fallo recurrido y ordenó al Tribunal Superior que resulte competente, dictar nueva sentencia corrigiendo el vicio referido en dicho fallo, acatando la orden dada por dicha Sala, con fundamento en las consideraciones siguientes:
( ) el formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación bajo la modalidad de motivación contradictoria.
( )
De la lectura del fallo recurrido antes transcrito, se observa, que existe una evidente contradicción en sus motivos, que la lógica del raciocinio rechaza, que lo dejó inmotivado por demás, dado que por una parte afirma que, por la naturaleza abstracta de su contenido la prórroga de treinta (30) días allí prevista en el contrato operaría automáticamente, de ser necesario para cualquiera de las partes, y seguidamente establece, que al no haber sido negada la prórroga fue tácitamente concedida por éste, dado que el silencio en este caso es aprobación de la necesidad de la prórroga.
Es evidente que no se puede sostener sobre el mismo punto dos criterios encontrados, como en este caso, dado que se afirma que la prórroga debía operar de manera automática, y posteriormente se afirma también que fue concedía tácitamente en virtud del silencio. O se prorroga automáticamente o se prorroga por la falta de acción. Esto constituye palmariamente una disyunción exclusiva, en el sentido de que tiene que ser una u otra pero no ambas.
De igual forma se observa, que el error cometido por el juez de alzada, en su razonamiento, también proviene de la aplicación de viejo adagio latino señalado por el juzgador como non onstantibus, al que le atribuyó el significado de ser necesario, que no es otro que el adagio non obstantibus, que se corresponde con una cláusula de los actos emanados de la cancillería romana derogatoria o anulatoria de las reglas establecidas por las constituciones pontificias, por los concilios provinciales y hasta los generales, lo que en modo alguno tiene que ver con la frase de ser necesario, a que se refiere la cláusula cuarta del contrato, objeto de análisis por el juez de alzada, para establecer la existencia o no de la prórroga del contrato, cuestión que claramente tiene influencia concluyente de lo dispositivo del fallo, dado que el juez en base a su determinación a este respecto, concluye sobre la procedencia o no de la demanda. Así se decide.
De esta manera, considera la Sala que lo establecido por la recurrida en el fallo, resulta a tal punto contradictorio que sus fundamentos se destruyen unos a otros, configurando un grave defecto de motivación que infringe los requisitos legalmente establecidos para la formación de las sentencias, lo cual conduce a esta Sala a establecer la procedencia del defecto de actividad contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
De igual forma se declara de oficio la violación de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, que aunque no fueron denunciados como infringidos por el formalizante, al constituir la infracción antes descrita de inmotivación del fallo, materia de orden público, permite a la Sala así declararlo, dado que los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio y en la interpretación de contratos se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe, y garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
IV
DE LA COMPETENCIA
El artículo 336, numeral 10 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, conforme el artículo 25, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás tribunales de la República de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 25, numeral 10, eiusdem, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada, n.°: RC.000215, 13 de mayo de 2011, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
V
Consideraciones para Decidir
Delimitada su competencia, es necesario señalar que según el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, resulta posible ejercer la revisión en contra de sentencias dictadas por las otras Salas de este Alto Tribunal, siempre y cuando hayan: (i) desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; (ii) efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; (iii) producido un error grave en su interpretación o por falta de aplicación o infracción de algún principio o normas constitucionales, o; (iv) incurrido en violaciones de derechos constitucionales.
En tal sentido, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa que los apoderados judiciales de la solicitante, como antes se apuntó, denunciaron la violación de principio jurídico fundamental de reposiciones inútiles y de la doctrina que sobre dicha garantía ha construido la Sala Constitucional, ya que, consideraron que la Sala de Casación Civil, en la sentencia objeto de revisión, con base a una supuesta e inexistente contradicción entre motivos cometida por el Juzgado Superior que conoció el juicio en alzada, ordenó dictar nueva sentencia sin tomar en cuenta que los motivos esgrimidos por dicho Juzgado Superior no son contradictorios y que en caso de que lo fueren dicha contradicción no es determinante en el dispositivo del fallo.
De esta manera, la representación judicial de la solicitante concluyó que tal reposición infringió el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de la parte actora, debido a que en el presente caso la reposición no persigue una necesaria utilidad, y en el fallo de casación no se establecieron las razones que inexcusablemente conllevaron a dicha reposición.
Por su parte, la Sala de Casación Civil en el fallo objeto de revisión expresó, al analizar la denuncia relativa a la infracción del artículo 243, ordinal 4°, del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación bajo la modalidad de motivación contradictoria, que de la lectura del fallo recurrido observaba la existencia de una evidente contradicción en sus motivos, que lo dejó inmotivado.
Lo anterior lo afirmaba la Sala de Casación Civil ya que, en su entendido, por una parte afirma que la prórroga de treinta (30) días del contrato de opción de compra venta operaría automáticamente y, seguidamente establece, que al no haber sido negada la prórroga fue tácitamente concedida, dado que el silencio en este caso es aprobación de la necesidad de la prórroga, y concluye que: Esto constituye palmariamente una disyunción exclusiva, en el sentido de que tiene que se una u otra pero no ambas (Negritas del fallo), y como consecuencia, determinó que la decisión objeto de casación resultó ser, a tal punto, contradictoria que sus fundamentos se destruyen unos a otros, configurando un grave defecto de motivación que infringe los requisitos establecidos para la formación de las sentencias, y declaró con lugar el recurso de casación, anuló el fallo del Juzgado Superior y repuso la causa al estado de que un Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el referido vicio.
De igual modo, observa la Sala que, en lo que respecta a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
En materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.
En relación con la necesaria utilidad de la reposición y nulidad de actos procesales, esta Sala, en sentencia n.°: 889, del 30 de mayo de 2008, caso: Inversiones Hernández Borges C.A. (INHERBORCA), ratificada entre otras en sentencia n.°: 1176 del 12 de agosto de 2009, caso: Leonardo Antonio Pérez Mondragón, expresó lo siguiente:
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no sacrifique ese objetivo por la omisión de formalidades no esenciales (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.
En el asunto de autos, esta Sala Constitucional observa que el acto de juzgamiento que expidió la Sala de Casación Civil no estableció, antes de la declaratoria de nulidad del fallo objeto del recurso de casación, si la prueba de experticia respecto de cuya apreciación estimó que hubo contradicción, era determinante en el dispositivo de la sentencia, al extremo de que ameritara la anulación de ésta última, comprobación que, dentro de la actividad juzgadora de la Sala, era inexcusable con la finalidad de que no se impusiera a las partes una reposición inútil, más cuando el juez de alzada declaró que los mismos hechos que habría arrojado la prueba de experticia que había decidido no apreciar, esto es, que durante los años 1998 y 1999 la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles surgían de otros medios de prueba (declaraciones de impuesto sobre la renta).
En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código Adjetivo.
Así, esta Sala Constitucional aprecia que el acto decisorio objeto de revisión erró respecto del control de la constitucionalidad que debe hacerse en toda aplicación del Derecho (interpretación desde la Constitución), cuando omitió el análisis y encuadramiento del caso concreto en la regla de derecho aplicable, a la luz los principios jurídicos fundamentales de celeridad procesal y justicia expedita sin reposiciones inútiles de los juicios que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la base, también, del artículo 206 del Código de Procedimiento Civilpreconstitucional- que prohíbe la declaratoria de la nulidad por la nulidad misma, así como las reposiciones inútiles.
Además, se vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial eficaz de la pretensora de revisión, en virtud de que se declaró la nulidad del veredicto que la favorecía y la consiguiente reposición de la causa al estado de que se emita nuevo juzgamiento de alzada -sin el examen de las otras denuncias de infracción formuladas (ex artículo 320 del Código de Procedimiento Civil)- sin que se hiciera, para ello, el análisis a que se hizo referencia supra, en cuanto a la relevancia de la prueba de experticia en el dispositivo del acto jurisdiccional que se anuló (la influencia del examen de la prueba en la decisión, en palabras de la propia Sala de Casación Civil); con el riesgo, por tanto, de que el nuevo acto decisorio adolezca de vicios que no fueron analizados los mismos u otros distintos-, y con ello, de una casación múltiple, quizás, innecesaria. Así se decide.
Ahora, constata esta Sala, de las actas del expediente, que la cláusula donde las partes pactaron el plazo de la opción de compraventa estableció que el mismo sería de noventa (90) días continuos y consecutivos contados a partir de la firma de dicho documento ante la Notaría Pública correspondiente, más una prórroga de treinta (30) días de ser necesario.
De lo anterior se desprende que no existió la contradicción en los motivos que declaró la sentencia objeto de revisión, ya que tal como lo interpretó el Juez Superior, en el caso bajo análisis hubo una prórroga automática del contrato de opción de compraventa, y determinó que en caso de que no se manifestara la voluntad de no prorrogar, por considerar que la prórroga no era necesaria se entendía que la misma operaría de forma tácita.
Al respecto, debe señalar esta Sala que de acuerdo a las consideraciones antes expuestas no hubo contradicción entre los motivos que fueron expresados por el Juez Superior que conoció del juicio en segundo grado de conocimiento, lo cual determina que no ha debido declararse el vicio de inmotivación con la correspondiente nulidad de la sentencia y, mucho menos, la reposición de la causa, ya que en este caso no existen razones que hayan justificado dicha reposición, ello en una evidente violación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, esta Sala ha sostenido, de manera reiterada, que la nulidad procesal sólo tiene relevancia cuando la desviación de las formas afecta la validez misma del acto y éste no logra el fin que en justicia corresponde. Así, en cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, esta Sala Constitucional en sentencia n.° 708, del 10 de mayo de 2001, caso: Adolfo Guevara y otros, (ratificada por sentencia n.°: 225, del 16 de marzo de 2009, caso: Wilman Reyes Núñez y sentencia n.°: 493 del 24 de mayo de 2010, caso: Promociones Olimpo C.A.) expresó lo siguiente:
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (Subrayado y negritas de este fallo).
En consecuencia, la actuación de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que conoció el recurso de casación en el juicio originario devino en inconstitucional cuando ordenó la reposición inútil de la causa al estado de dictar nueva sentencia en segunda instancia, en perjuicio del derecho de la parte demandante, que ya había sido satisfecho y a la obtención de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles.
Por ello, en virtud de que esta Sala Constitucional considera que el fallo objeto de revisión vulneró directamente su doctrina acerca de la necesaria utilidad de las reposiciones y, además, que la pretensión de autos contribuirá con la uniformidad jurisprudencial en relación con los principios fundamentales de celeridad procesal y justicia expedita sin reposiciones inútiles, así como con el alcance del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, declara que ha lugar a la revisión y, en consecuencia, anula la decisión n.°: 000215 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 13 de mayo de 2011, y repone la causa al estado en que la referida Sala dicte nueva sentencia con acatamiento al criterio que se estableció en el presente fallo. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpusieron los abogados Alfredo Altuve Gadea y Ángel Vázquez, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ELIZABETH JOSEFINA MOSQUEDA HERNÁNDEZ, de la sentencia n.°: 000215, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 13 de mayo de 2011. En consecuencia, se ANULA dicha decisión y REPONE la causa al estado en que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, dicte nuevo fallo de acuerdo con el criterio que fue expuesto en la presente decisión.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de junio de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza Jover
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N° 11-0694
JJMJ/
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