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Buscar sentenciasPonencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, remitió a esta Sala de Casación Social, el expediente contentivo del recurso de nulidad parcial propuesto por la sociedad mercantil AGROPECUARIA LA FLORIDA, C.A., representada judicialmente por los abogados Héctor Gámez Arrieta, Guaila Rivero Montenegro y Rhaywal Parra, contra el acto administrativo dictado en sesión N° 266/09 de fecha 7 de octubre de 2010, por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente por los abogados Liyuni Sosa, Gerson Rivas, Robert Orozco, Kennelma Caraballo, Golfredo Contreras, Francesco Zordan, Elda Tolisano, Carlos Farías, Jorge Huerta, José Gregorio Rodríguez, Miguel Monsalve, Yolimar Hernández, Eloym Gil, Kary Zerpa, Yauri Márquez, Jorge Narváez, Viggy Moreno, Sugeidi Coello, Eugenio Lainez, Lila Del Valle Ruiz, Vicmary Cardoza, Andreina Rodríguez, Rocío Camacho, Karina Sánchez, Ricardo Cestari, Francys Andrade, Ivanora Zavala, José Garay, José Del Carmen Rodríguez, Domingo Marzoa, Anna Veltri, Rita Cabaña, Carmen Fermín, Ysabel Masabe, José Ruíz, Miguel Henríquez, Ricardo Laurens e Iveth González, conforme al cual se declara inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento sobre el predio denominado Finca Arenal, ubicado en el Sector Arenal, Parroquia Rómulo Gallegos del estado Cojedes, con una superficie aproximada de 4.200 ha.
La remisión se efectuó en razón del recurso de apelación que interpusiera la representación judicial de la parte accionada, contra la decisión dictada por el tribunal de la causa en fecha 9 de diciembre de 2010, en la que declaró con lugar la acción propuesta.
En fecha 28 de junio de 2011 se dio cuenta en Sala, asignándose el conocimiento de la presente causa a la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA.
Por acuerdo de fecha 24 de enero de 2013, debido a la incorporación de los Magistrados Suplentes Dr.Octavio Sisco Ricciardi, Dra. Sonia Coromoto Arias Palacios y Dra. Carmen Esther Gómez Cabrera, se reconstituyó la Sala de Casación Social y con fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de justicia, la Sala quedó conformada de la manera siguiente: Presidente, Magistrado Dr. Luis E. Franceschi Gutiérrez; Vicepresidenta, Magistrada Dra. Carmen Elvigia Porras De Roa; el Magistrado Dr. Octavio Sisco Ricciardi, las Magistradas Dra. Sonia Coromoto Arias Palacios y Dra. Carmen Esther Gómez Cabrera. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 1701 de fecha 6 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal.
Con la finalidad de proveer sobre el presente recurso, se pasa a decidir en los siguientes términos:
ANTECEDENTES
En fecha primero 1° de diciembre de 2009, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil AGROPECUARIA LA FLORIDA C.A., interpusieron por ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, recurso contencioso administrativo de nulidad parcial contra el acto administrativo dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en Sesión N° 266-09, de fecha 07 de octubre de 2009, en el cual se declara inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento sobre el predio denominado Finca Arenal, ubicado en el Sector Arenal, Parroquia Rómulo Gallegos del estado Cojedes, con una superficie aproximada de 4.200 ha
La parte actora alega que es la propietaria y poseedora del terreno denominado Hato El Arenal, sobre el cual recae la medida de aseguramiento dictada, por lo que se lesionan sus derechos e intereses legítimos, personales y directos.
Señala que Agropecuaria La Florida C.A., ha construido con dinero de su propio peculio, diversas bienhechurías y realizado numerosas mejoras, adquiriendo varias maquinarias, herramientas y equipos de trabajo para las labores agroproductivas.
Indica que el Hato El Arenal, se encuentra inscrito en varios registros, además tiene el certificado de finca productiva N° 0001817, expedido por el Instituto Nacional de Tierras, y al emitírsele el certificado, se le ordenó aumentar la siembra de especies vivas en las cercas y realizar prácticas agrícolas conservacionistas y sustentables.
Sostiene que desde que la Agropecuaria La Florida C.A., adquirió el Hato El Arenal, ha tenido y tiene, su dirección, responsabilidad financiera y explotación de acuerdo a la zona donde se encuentra y con sus propias características, adquiriendo ganado de raza que tiene allí pastando, vendiéndolo a los mataderos para ser beneficiado y el queso y la leche que produce, lo vende al comercio de los estados centrales del país, actividad agroalimentaria, que constituye una fuente de ingresos económicos de sus socios y trabajadores, contribuyendo con la solución al problema del desempleo en la zona rural, pues genera 50 empleos directos, entre personal fijo y contratado, que disfruta de varios beneficios.
Asevera que sólo tiene 5 años de haber adquirido los terrenos del Hato El Arenal, los cuales se encontraban desarrollados en un 5%, y gracias a la gran inversión hecha, hoy día, están desarrollados en un 85%, con la particularidad que en su totalidad no son aprovechables para una sola actividad agropecuaria, debido a que un 50% de ellos, se anega en invierno, tiene una extensión de aproximadamente 400 Has, conformada por cerros y un 20% es zona de protección forestal de caños y bosques.
Explica que el terreno del Hato El Arenal, propiedad de Agropecuaria La Florida C.A., perteneció a la nación venezolana, como consecuencia de la confiscación de los bienes que pertenecieron al General Juan Vicente Gómez y que el Procurador General de la Nación, debidamente facultado para ello, vendió dichos terrenos, siendo la nación venezolana, causante de su mandante, con lo que se prueba el desprendimiento de la nación.
Aduce que en el presente caso, no se dan ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya que las tierras no son o no pertenecen al Instituto Nacional de Tierras, ni están bajo su disposición, además no se encuentran ocupadas de manera ilegal o ilícitamente, por consecuencia de lo cual no puede dicho instituto válidamente iniciar la apertura del procedimiento de rescate, objeto de la presente impugnación. Y como quiera que fue acreditado por ante dicho organismo la condición de legítima propietaria, corresponde a ese ente, en caso de que se diga propietario, ejercer la acción reivindicatoria, por ante un Tribunal Agrario competente para dirimir la propiedad entre las partes contendientes, garantizándosele al ciudadano los derechos fundamentales de igualdad, defensa e imparcialidad que la actividad jurisdiccional otorga, o la vía expropiatoria.
Señala que el cartel de notificación librado por el Instituto Nacional de Tierras, no se ajusta al mandato de la ley, tal como lo disponen los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues en ninguna de sus páginas se transcribió el texto íntegro del acto, sino lo que bajo el número III se denominó decisión, obviando los números I y II, por lo que vulnera sus derechos a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, consagrados constitucionalmente, pues no se le hizo saber con base en cuáles circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública, se pretende el rescate sobre el lote de terreno de su propiedad.
Indica que por lo que respecta al decreto de la medida de aseguramiento de la tierra, se desconoce con base en cuáles elementos técnico-jurídicos, se decretó tal medida, ya que simple y llanamente se limitó a identificar el lote de terreno, más no se especificó en qué consiste, cuál es el título propio o como está autorizado el Instituto Nacional de Tierras para el rescate de la tierra, obligándola a concurrir a ciegas a un procedimiento ablatorio, sin saber de qué debe defenderse, cuáles alegatos debe rebatir, y qué pruebas fueron consideradas para decretar tal medida, por lo que dicha notificación es nula de nulidad absoluta, de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Argumenta que por la forma en que fue decretada la medida cautelar de aseguramiento, se quebrantó el debido proceso y por consiguiente el derecho de defensa del recurrente. Tal aseveración emerge en virtud de que no constan en autos que el ente administrativo agrario, haya dado cumplimiento al dispositivo previsto en el artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pues se verifica en la notificación del acto administrativo que la apertura del procedimiento de rescate de tierras se acordó conjuntamente con la medida cautelar de aseguramiento de tierra, sin que se cumplieran los pasos que establece el Artículo 85 citado.
Expone que el informe técnico constituye requisito indispensable para determinar la proporcionalidad de la medida en relación a la situación de hecho, vale decir, en relación a la explotación actual del predio y al no haberse practicado se quebrantaron no sólo los principios de adecuación y proporcionalidad, sino también, el derecho al debido proceso y por consiguiente, el derecho a la defensa de la demandante, configurándose la causal de nulidad absoluta del artículo 19 ordinales 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Dice que la medida de aseguramiento es indeterminada en el tiempo, pues nada establece la decisión en relación a su ámbito temporal de validez, no dice cuándo comienza y termina, limitándose sólo al decreto, contrariando flagrantemente el penúltimo aparte del artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; vicio que por sí sólo, la hace absolutamente nula por violación del principio de legalidad y de los derechos, entre otros, al debido proceso, el derecho de propiedad y de dedicarse a la actividad lícita de su preferencia.
Sostiene que la medida de aseguramiento fue dictada extemporáneamente por adelantado, por cuanto sólo pueden dictarse una vez iniciado el procedimiento de rescate.
Explica que se dictó una medida de aseguramiento arbitraria e ilegal, sin que haya presunción de buen derecho, peligro en la mora, peligro in damni, y sin haber valorado los intereses colectivos. Es tan cierto tal alegato, que en la decisión se silencia de manera absoluta cualquier referencia a ello, haciendo que la medida sea nula absolutamente.
La representación judicial del Instituto Nacional de Tierras no hizo formal oposición al recurso de nulidad interpuesto.
Concluidas las etapas procesales correspondientes, el tribunal de la causa procedió a emitir decisión sobre el mérito de la controversia.
El Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en sentencia de fecha 9 de diciembre de 2010, declaró con lugar la acción de nulidad parcial incoada contra el acto administrativo dictado por el ente agrario demandado, en sesión N° 266-09 de fecha 07 de octubre de 2009, en el cual se acordó el inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento sobre el predio denominado Finca Arenal, ubicado en el Sector Arenal, Parroquia Rómulo Gallegos del estado Cojedes.
El tribunal de la causa, al pronunciarse sobre la notificación del acto recurrido, indica que la misma fue librada por la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes al ciudadano Franco Amadio, con el objeto de ponerlo en conocimiento respecto al inicio de un procedimiento de rescate sobre el lote de terreno denominado Finca Arenal, y para que procediera a exponer los argumentos en defensa de sus intereses dentro de los ocho días hábiles siguientes a la notificación.
Luego señala:
A consideración de este juzgador, la actuación de la apoderada judicial de la sociedad mercantil Agropecuaria La Florida C.A., de presentar un escrito de descargo, acompañado de documentales, por ante la oficina Regional de Tierras del estado Cojedes pone de manifiesto que la boleta de notificación librada por el ente agrario para poner en conocimiento al administrado del inicio del procedimiento de rescate, cumplió con el fin para el cual estaba destinado, por lo que no está configurado la violación constitucional delatada, adicionalmente, se constata que la quejosa en la oportunidad de presentar su escrito de descargo ante la Oficina del INTI no invocó en el desarrollo de su defensa ningún alegato relativo a alguna violación de derechos de orden constitucional, razones por las cuales se desestima su denuncia de la nulidad de la notificación y de violación al derecho de defensa y al debido proceso. Así se decide.
Con respecto a la medida cautelar de aseguramiento acordada por el órgano administrativo agrario, el a quo, previa cita y reproducción del artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, señala que la precitada norma muestra los pasos que el órgano administrativo agrario debe llevar a cabo para desarrollar el procedimiento de rescate de tierras, y a su vez, señala que las medidas de aseguramiento se corresponden con dicho procedimiento administrativo, toda vez que ofrece la posibilidad de que el Instituto Nacional de Tierras una vez iniciado el procedimiento de rescate dicte las medidas de aseguramiento, siempre que éstas guarden correspondencia con la finalidad del procedimiento, sean adecuadas y proporcionales al caso en concreto y al carácter improductivo o de infrautilización de la tierra.
Explica el sentenciador que la referida norma indica que el camino a seguir, luego de dictado el acto de inicio del procedimiento, lo es la elaboración de un informe técnico para que proceda de acuerdo a los resultados del mismo a considerar los requisitos concurrentes para dictar la medida cautelar de aseguramiento de la tierra en el procedimiento de rescate. Por lo que, la medida cautelar de aseguramiento debe guardar correspondencia con la finalidad del rescate; que sea adecuada y proporcional al caso concreto y al carácter improductivo o de infrautilización de la misma, que establezca el tiempo de duración y que dicha medida sea dictada con la finalidad de propender e incentivar el desarrollo de la producción agroalimentaria.
De manera que, sólo en los casos en que se determinen la existencia de los presupuestos antes indicados, el Instituto Nacional de Tierras podrá dictar medidas cautelares que aseguren la utilización de los terrenos no explotados, conforme al mejor uso según el potencial agroalimentario de la clasificación correspondiente a dichas tierras de acuerdo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario o a los planes nacionales de ordenación agroalimentaria, haciendo análisis de cada uno de los mentados requisitos en concordancia con lo establecido en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.
Seguidamente, el tribunal señala que del acervo probatorio ofrecido por la parte recurrente, se observa que dentro del lote de terreno objeto de la medida asegurativa se viene desarrollando una actividad agrícola altamente productiva, la cual fue reconocida por la autoridad administrativa agraria al emitir a favor de Agropecuaria Hato El Arenal un certificado de finca productiva en fecha 10 de Junio de 2005 con una validez de dos años siguientes a la fecha. Asimismo, se constata de los elementos de convicción que la acción desplegada en el fundo El Arenal se ha sostenido en el tiempo desde la emisión de los certificados de finca productiva hasta la actualidad, toda vez que, se corroboró específicamente de las inspecciones judiciales practicadas por este Tribunal, la presencia dentro de dicho predio de un gran número de semovientes (vacas, novillas mautas, mautes, becerros, toros etc).
Prosigue el sentenciador y asevera:
De igual forma se constató la existencia de obras de ingeniería e infraestructura en buen estado destinadas a desarrollar la actividad agropecuaria (casas, galpones, corrales, bebederos, comederos, cercas perimetrales e internas) y la existencia de maquinarias, equipos y utensilios propios para ser empleados en tales actividades, los cuales se encuentran debidamente detallados en las actas de inspecciones judiciales, así como, en la experticia de avalúo hecha valer por el recurrente con base al principio de notoriedad judicial.
En el mismo orden de ideas, se verifica que los hechos y circunstancias observados por este Tribunal en la práctica de las aludidas inspecciones judiciales, coinciden con todos los elementos tomados en consideración en el informe de experticia de avalúo, que fue valorado ut-supra, pues, en el dictamen pericial, se hace una descripción detallada del aspecto físico-natural que tiene el fundo, también detalla el aspecto agro-económico, haciendo especial referencia a la superficie de terreno que está productiva, improductiva e indirectamente productiva.
Igualmente, describe de forma general las construcciones, mejoras y bienhechurías existentes en el fundo, destacando la existencia de puente, portón, cercas perimetrales e internas, corrales, galpones, casa principal, de inseminador, plantas eléctricas, comederos, bebederos, embarcadero, pozos profundos, tanques de almacenamientos, tendidos eléctricos, lagunas, etc.
De igual forma, se especifica en el informe de avalúo la superficie del lote de terreno que se encuentra con pasto cultivado (brachiaria humidicola, brachiaria decumbens, caribe, guinea, suazi, bermuda, estrella, plantación forestal de teca) y enumera los semovientes existentes en sus distintas especies para el momento de la práctica del avalúo en el lote de terreno en cuestión.
En base a lo anterior, el tribunal analiza y señala que adminiculando el contenido del informe de experticia de avalúo, con el informe de experticia practicado para determinar la vocación de uso de los suelos del hato El Arenal y las inspecciones realizadas por este Tribunal en tres oportunidades distintas, se colige que mas del 60% de las tierras que conforman el Hato El Arenal se encuentran productivas bajo la explotación agrícola-animal y que el área improductiva dentro del fundo se debe a que existe una zona de bosque seco tropical, una zona de bosque de galería del río Tinaco y un área integrada con la formación de galeras con pendientes quebradas y onduladas y de severas limitaciones de suelos e hídricas, que abarca un área aproximada de 1.494 has, y sumado a ello, debe incluirse 25 has. aproximadamente que son ocupadas con instalaciones, lagunas, casas, pozos y vialidad.
Más aún, explica el a quo, se constata del estudio de suelos (experticia) practicado por un ingeniero agrónomo en la secuela del presente procedimiento, que el Hato El Arenal desde el punto de vista taxonómico y conforme al informe de análisis de suelos, está conformado por suelos Clase II en un 23,18% equivalente a 1.010 ha, en suelos clase IV en un 15,15% equivalente a 660 ha, suelos clase V en un 44, 73% equivalente a 1949 ha, de fertilidad media baja, con pendientes planas, con drenaje superficial lento y baja permeabilidad por sus condiciones de fina textura, alta acidez y bajo contenido de nutrientes, con limitaciones mayores para su uso agrícola con algunas limitaciones de drenaje. Asimismo, el hato agrupa suelos clases VI en un 4,77% equivalente a 208 ha, y suelos clase VII en un 12,17% en aproximadamente 530 ha. Ello así, lleva a deducir que las tierras que conforman el Hato El Arenal, en su mayoría están compuestas por suelos aptos para desarrollar actividades pecuarias y forestales.
Por lo que, concluye el órgano decisor, la sociedad mercantil Agropecuaria La Florida C.A., está desarrollando dentro del Hato El Arenal una actividad cónsona con la vocación de uso para la cual está destinada, pues en su mayoría las tierras que integran el mencionado hato son aptas para desarrollar actividades agrícola-animal.
Asevera que la anterior circunstancia de productividad, fue reconocida por el Instituto Nacional de Tierras al haberle otorgado a la sociedad mercantil Agropecuaria La Florida, en su condición de poseedora del lote de terreno denominado Fundo El Arenal un certificado de finca productiva, aunado a ello, se suma la existencia en autos de guías de movilización de ganado que colorean la actividad pecuaria que se viene llevando a efecto dentro del mencionado predio.
En adición, los aspectos señalados en el informe técnico elaborado por los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras, hacen referencia sobre el establecimiento de actividades agrícolas vegetal dentro del predio el Arenal, y también constataron la presencia de fauna (Venados, Váquiros, Guacamayas, loros reales, iguanas etc.), y a su vez, relatan en el informe sobre la actividad agrícola animal desplegada en el aludido predio y detallan el manejo de rebaños de becerros, mautas y mautes, vacas y toros, el manejo alimenticio utilizado y el reproductivo. Señalan la actividad agrícola forestal, la existencia de infraestructura, de pozos, lagunas, comederos, bebederos, cercas y de todas las maquinarias y equipos agrícolas existentes dentro del predio.
Así, sostiene el tribunal, tales aspectos detallados en el informe técnico elaborado por el INTI coinciden con los hechos apreciados por esa instancia.
Continúa el sentenciador, y señala:
No obstante lo anterior, el referido informe del INTI, disiente con los resultados de la experticia practicada en el desarrollo del presente procedimiento, en cuanto a la clasificación de capacidad de uso de los suelos que conforman el Hato El Arenal, toda vez que indican que la poligonal de la finca El Arenal posee un 42,49% de suelos tipo II, 40,70 % de suelos tipo IV, 9,69% de suelos tipo V y 7,12% suelos tipo VII.
Ahora bien, este juzgador observa que los funcionarios del Instituto Nacional de Tierras encargados de practicar el informe técnico no hacen indicación expresa del método y del sistema de investigación usado para arribar a la conclusión respecto a la clasificación de uso de los suelos del hato el Arenal.
Sobre éste aspecto, es de observarse que de acuerdo al contenido del informe el cual riela inserto al expediente administrativo consignado del folio 286 al 483 de las presentes actuaciones y que este Tribunal aprecia en su justo valor probatorio para dar por demostrado el contenido que de el mismo se desprende, se colige que los técnicos se basan en apreciaciones eminentemente subjetivas y fundan sus criterios únicamente en el método visual, razón mas que suficiente para concluir que los resultados emitido por dichos funcionario relativos a la vocación de usos de los suelos que conforman el hato el Arenal carecen de certeza, debido a que no tienen un fundamento científico que sustente el criterio por ellos asumido, a diferencia de la experticia técnica elaborada dentro de la secuela del presente juicio, previamente apreciada en su justo valor probatorio por este Tribunal, donde el criterio sostenido con relación a la clasificación de uso de los suelos deviene de la aplicación de procedimientos técnicos y métodos científicos usados por el experto designado.
La decisión explica que el ente emisor del acto recurrido, sustentó el cumplimiento del requisito relativo al periculum in mora, bajo la premisa de que esperar concluir con el procedimiento de rescate para que el Instituto pueda disponer de las tierras y ordenar que se inicien de manera inmediata las labores agrícolas, sería contrariar los preceptos constitucionales referidos a la seguridad agroalimentaria.
Sobre tal cuestión, el juzgador advierte que tal fundamento fue rebatido por la parte recurrente, al haber demostrado contundentemente dentro de la secuela del proceso, que en el hato El Arenal existe un normal desarrollo de actividades agroproductivas que se encuentran en sintonía con la seguridad alimentaria de la nación, toda vez que, dichas actividades constatadas en el predio objeto del procedimiento, guardan relación con la producción de alimentos de primera necesidad como es la carne y leche, por lo que, el requisito relativo al periculum in mora queda desvirtuado.
En relación al fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, el sentenciador señala que la representación judicial de la parte recurrente, demostró la titularidad de la apariencia del buen derecho al consignar copias simples de documentos públicos que describen el tracto sucesivo del inmueble objeto del acto administrativo impugnado, enervando así, la fundamentación que tuvo la administración agraria en cuanto al cumplimiento de este requisito para que procediera la medida dictada.
En base a las anteriores consideraciones, la decisión impugnada concluye:
De manera que, sin lugar a equívocos a juicio de este Juzgador la medida cautelar de aseguramiento dictada en el particular segundo del acto administrativo proferido por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión N° 266-09, punto de cuenta 001, de fecha 07/10/2009, fue acordada sin cumplir los extremos legales previstos para su procedencia, pues, dentro de la secuela del presente procedimiento no quedó demostrado en autos, los requisitos relativos al periculum in mora, fumus boni iuris, así como, el carácter de infrautilización u ociosidad del lote de terreno que conforma el Hato El Arenal alegado por el ente emisor del acto impugnado, ello indica, que la medida no guarda correspondencia con la finalidad del rescate, ni se adecuó al caso concreto, toda vez que, al encontrarse el Hato El Arenal en producción conforme al mejor uso de la tierra, la medida dictada no estaba dirigida a propende a incentivar el desarrollo de la producción agroalimentaria. Así se establece.
De acuerdo al análisis anterior, la forma en que fue decretada la medida cautelar de aseguramiento ( ), no se encuentra ajustada a derecho, en razón de que no constan en autos que el ente administrativo agrario, haya dado cumplimiento al dispositivo previsto en el artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Atendiendo a lo anterior, estima este Juzgador que la forma en que se decretó la medida cautelar de aseguramiento contenida en el particular segundo del acto administrativo proferido por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión N° 266-09, punto de cuenta 001, de fecha 07/10/2009, conducen a este Tribunal a declarar LA NULIDAD DEL PARTICULAR SEGUNDO del acto administrativo impugnado parcialmente solo por lo que respecta a la medida cautelar de aseguramiento sobre el Fundo denominado Hato El Arenal ( ).
ALEGATOS DEL APELANTE
Contra la decisión definitiva emanada del tribunal de la causa, los abogados Ysabel Estrella Masabe y José Ruiz, actuando en representación judicial del ente agrario accionado, ejercen recurso de apelación.
Los precitados abogados plasman los antecedentes procesales del caso de autos, y reproducen, casi íntegramente, el contenido de la sentencia apelada, para luego fundamentar el presente recurso de apelación en que la misma contiene un falso supuesto de derecho, por cuanto se declara como acto administrativo el inicio del procedimiento de rescate, craso error, por cuanto se trata de un acto de trámite ( ), para así señalar:
( ) esta Representación Judicial del Instituto Nacional de Tierras considera que dicho acto no causa indefensión, no prejuzga como definitivo y no impide la tramitación del procedimiento administrativo del Inicio de Rescate de las Tierras ( ).
Continúa la parte apelante y señala que el vicio de falso supuesto de derecho se configura cuando el tribunal declara la nulidad parcial del acto recurrido y la nulidad de la medida cautelar de aseguramiento, lo cual es un craso error, por cuanto se trata de una medida cautelar ( ) no en términos definitivos, sino que era de carácter temporal ( ).
Señala que la medida acordada cumple con los requisitos de ley para su procedencia.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Observa esta Sala que la decisión objeto de apelación declaró con lugar la acción de nulidad parcial propuesta, por considerar que la medida cautelar de aseguramiento dictada en el acto recurrido no cumplía con los extremos de ley para su procedencia. Se indicó que está demostrado en autos la productividad de las tierras afectadas por la decisión administrativa y que la misma no cumplió con el mandato inserto en el artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para acordar la medida impugnada.
Por su parte, la representación judicial del ente agrario demandado sostiene que la sentencia apelada contiene un falso supuesto, ya que el acto recurrido es de mero trámite, no susceptible de ser recurrido en vía de nulidad. Asimismo, la medida cautelar acordada por su representada sí cumple con los requisitos legales correspondientes para ser acordada.
Así las cosas, se aprecia que el acto recurrido acordó el inicio del procedimiento de rescate autónomo y medida cautelar de aseguramiento sobre tierras cuya propiedad se atribuye la parte actora, y que se encuentran en plena producción, tal y como lo sostiene la decisión apelada, amparada en pruebas cursantes en autos.
En este sentido, y dado lo comprendido en el acto recurrido, esta Sala debe señalar que el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone:
Articulo 82: El Instituto Nacional de Tierras tiene derecho a rescatar las
tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición que se encuentren
ocupadas ilegal o ilícitamente. A esos fines iniciará de oficio o por denuncia, el procedimiento de rescate correspondiente, sin perjuicio de las garantías establecidas en los artículos 17, 18 y 20 de la presente Ley.
Así mismo, el Instituto Nacional de Tierras podrá rescatar las tierras aun en los casos en que la propiedad sea atribuida a particulares, cuando, al efectuar el análisis documental de los títulos suficientes que fueran requeridos a aquel que se atribuye el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados, desde el desprendimiento válidamente otorgado por la Nación Venezolana, hasta el título debidamente protocolizado de adquisición por parte de quien alega propiedad.
(omissis).
Del contenido de la norma previamente reproducida, se observa la potestad legalmente atribuida al Instituto Nacional de Tierras de rescatar tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición cuando las mismas estén ocupadas de forma ilegal o ilícita.
Con relación a lo que se considera ocupación ilegal o ilícita, esta Sala, en decisión N° 68 de fecha 27 de octubre de 2004, señaló:
(en) ( ) la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se emplean los conceptos de ilegal o ilícito como una formulación copulativa de dos adjetivos que tienen igual sentido, y que, tal y como lo entiende la Sala, pretenden señalar que el ocupante de unas tierras que se encuentre en condición de ilegal o ilícito, lo hace contrariando la ley, siendo que no puede seguir detentando dicho inmueble ya que lo ha hecho en oposición a la normativa establecida, esto es, ejerce cierto poderío sobre una fracción territorial sin que lo respalde contexto legal alguno, por lo tanto, deriva de ello ciertos efectos jurídicos en contra de este ciudadano; consecuencias que están establecidas en el marco jurídico venezolano, principalmente la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dependiendo del caso en concreto.
Así pues, lo ilícito o ilegal de una ocupación radica en que la misma se hace contrariando la legislación vigente.
Señalado lo anterior, se indica que a efectos de proceder al procedimiento de rescate de tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición, el Instituto Nacional de Tierras debe verificar y determinar que las mismas estén ocupadas de forma ilícita, ello, por extracción del mandato inserto en el contenido del artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Puede también el referido ente agrario ordenar el rescate de tierras cuya titularidad se atribuye un particular o varios particulares, si al materializar el análisis del tracto documental que hayan sido solicitados al a los que se atribuyen el derecho de propiedad, no puedan demostrar la perfecta cadena titulativa del dominio y demás derechos alegados, desde que haya habido el desprendimiento de esa porción de tierras, válidamente otorgado por la Nación Venezolana, hasta el correspondiente título debidamente protocolizado de adquisición por parte de quien o quienes alegan ser propietarios.
Es decir, y a efectos de garantizar el debido proceso, cuando el Instituto Nacional de Tierras procure iniciar un procedimiento de rescate, debe requerir, el tracto sucesivo de las tierras al administrado que alega ser propietario, a efectos de verificar que ha habido un desprendimiento válido de la Nación; ya que de lo contrario, es decir, no verificar este requerimiento, se incumpliría con lo ordenado en el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dando lugar a la nulidad del acto administrativo que incumpla con tal requisito.
Hecha la consideración que precede, se aprecia que la representación judicial de la parte apelante considera que la decisión administrativa recurrida no es susceptible de impugnación en vía de nulidad, por ser un acto de mero trámite.
Pues bien, al respecto debe indicarse que dicho acto administrativo, pudiese afectar derechos que deben ser salvaguardados por los tribunales competentes, mediante el ejercicio del recurso de nulidad correspondiente.
En este sentido, es menester citar el contenido del artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que indica:
Artículo 85. Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos.
Así, de la simple lectura de la norma reproducida ut supra, se distingue la posibilidad de interponer el recurso de nulidad que nos ocupa, en tanto y cuanto, tal y como se expresa en el acto impugnado, la medida cautelar y el procedimiento de rescate pueden lesionar derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos de la parte recurrente.
En adición, se cumple con otro de los requisitos establecidos en el precitado artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto, conforme a lo planteado por la recurrente, se está quebrantando el derecho de propiedad que esta alega tener sobre las tierras afectadas por el acto impugnado.
Más aún, es el mismo Instituto Nacional de Tierras, mediante la notificación del acto recurrido, que expresa:
( ) se le informa que, de considerar que la Medida de Aseguramiento acordada en la presente decisión lesiona algún derecho subjetivo o interés legítimo, personal y directo, podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, dentro de un lapso de sesenta (60) días continuos contados a partir de su notificación por ante el Juzgado Superior Agrario competente por el territorio, todo ello de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Por ello, a la luz de la precitada norma adjetiva, y del estricto contentivo de la cuestionada decisión administrativa, esta se erige como un acto susceptible de ser impugnado en vía de nulidad; razón por la cual no existe el pretendido falso supuesto de derecho en la decisión apelada, tal y como lo plantea la representación judicial del ente agrario demandado, debiendo por consecuencia desestimar tal alegato. Así se decide.
Resuelto lo anterior, se aprecia que la parte actora sólo solicitó la nulidad del acto recurrido con respecto a la medida cautelar de aseguramiento acordada en la decisión administrativa impugnada, por cuanto la misma no cumple con los extremos de ley para su procedencia y afectaría la actividad agroproductiva que se desarrolla en las tierras afectadas en el acto recurrido.
En este sentido, y conforme a los hechos soberanamente establecidos por el tribunal de la causa, efectivamente la medida cautelar acordada no cumple con el requisito relativo al periculum in mora, por cuanto se demostró durante el proceso en sede jurisdiccional, que en el hato El Arenal existe desarrollo de actividades agroproductivas que están en armonía con la seguridad alimentaria de la nación, siendo que esas actividades constatadas en el predio afectado, están relacionadas con la producción de alimentos de primera necesidad como lo son la carne y la leche. De igual forma, y en relación al fumus boni iuris se estableció que la parte recurrente demostró la titularidad de la apariencia del buen derecho al consignar copias de documentos públicos que demuestran la cadena titulativa de las tierras afectadas por el acto administrativo impugnado, debilitando así, la fundamentación que tuvo la administración agraria en cuanto al cumplimiento de este requisito para que procediera la medida dictada.
Asimismo, el tribunal de la causa reproduce el contenido del artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual preceptúa:
Artículo 85. Dictado el acto de inicio de procedimiento para el rescate de las tierras, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) ordenará la elaboración de un informe técnico y, en ejercicio del derecho de rescate sobre las tierras de su propiedad, podrá dictar medidas cautelares de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate, siempre que éstas guarden correspondencia con la finalidad del rescate de la tierra, sean adecuadas y proporcionales al caso concreto y al carácter improductivo o de infrautilización de la tierra.
Toda medida cautelar dictada de conformidad con el presente artículo deberá ser notificada personalmente a los ocupantes afectados directamente por la misma en el acto de su ejecución. En caso de no poder practicarse la notificación personal en dicho acto, se continuará con su ejecución y se ordenará fijar en la entrada de la finca la respectiva boleta, en cuyo caso, se considerará notificado. Si aún así no fuese posible practicar la notificación, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial Agraria y de un cartel de notificación en un diario de mayor circulación regional. En todo caso, los ocupantes afectados directamente podrán ejercer los recursos consagrados en la ley. Las formas de notificación establecidas en este artículo podrán aplicarse a todos los procedimientos administrativos previstos en la presente Ley.
La medida cautelar de aseguramiento de la tierra susceptible de rescate, deberá establecer el tiempo de duración de la misma y la garantía del ejercicio del derecho de permanencia de los sujetos referidos en los artículos 17, 18 y 20 de la presente Ley.
El procedimiento previsto en el presente Capítulo tiene carácter autónomo; en consecuencia, para iniciarlo no será necesario agotar ningún acto previo.
Conforme a lo señalado por el tribunal de la causa, la disposición normativa especial de tierras previamente reseñada, no fue objeto de cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Tierras a los efectos de dictar la medida cautelar impugnada en vía de nulidad, razón que determina la nulidad de dicha decisión administrativa.
Por consiguiente, y al evidenciar que la decisión apelada se encuentra ajustada a derecho, se deben desestimar los planteamientos efectuados por los abogados apelantes con respecto a los extremos de ley para acordar una medida cautelar como la impugnada en el recurso de nulidad que nos ocupa, los cuales, por demás, han sido desvirtuados en la decisión apelada, deviniendo ello, en la declaratoria sin lugar del recurso de apelación interpuesto. Así se decide.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, en contra de la sentencia emanada del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 9 de diciembre de 2010; SEGUNDO: FIRME la decisión apelada.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
________________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ | |
La Vicepresidenta y Ponente,
________________________________ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA |
Magistrado,
___________________________ OCTAVIO SISCO RICCIARDI
|
Magistrada,
__________________________________ SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS |
Magistrada,
__________________________________ CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA |
Secretario,
____________________________ MARCOS ENRIQUE PAREDES | |
R. A. Nº AA60-S-2011-00896
Nota: publicada en su fecha a las
El Secretario,