Sentencia N.º 1068
- Sentencia
- N.º 1068
- Fecha
- 19/05/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0447
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 29 de marzo de 2006, los abogados Juan Carlos Velásquez Abreu y Ricardo Rafael Baroni Uzcátegui, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 46.986 y 49.220, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO TINEO NOTTARO, actuando en representación de sus propios derechos e intereses y en representación de los ciudadanos MELBA ELIZABETH, MARÍA ALEXANDRA Y MELCHOR RAMÓN TINEO NOTTARO, quienes son venezolanos, mayores de edad, domiciliados en Caracas y titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.887.660, 3.887.430, 6.815.517 y 3.887.431, respectivamente, solicitaron ante esta Sala Constitucional la revisión de la sentencia dictada el 11 de agosto de 2005 que riela en el expediente Nº 8799 de la numeración llevada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 30 de marzo de 2006 se dio cuenta en la Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la presente solicitud, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Los apoderados judiciales de los accionantes fundamentaron su solicitud de revisión en los siguientes aspectos:
1.- Que sus representados interpusieron acción interdictal restitutoria contra INVERSIONES MARTINIQUE C.A., la cual fue tramitada en primera instancia por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
2.- Que no obstante a que en el juicio interdictal se discute la posesión y no la propiedad, sus representados acompañaron a su libelo de demanda el título que acreditaba su derecho de propiedad sobre el lote de terreno cuyo despojo denunciaba por parte de MARTINIQUE C.A., lo que se hizo a los fines de evidenciar la legitimidad de la posesión que sus representados venían realizando sobre la parcela de terreno en cuestión.
3.- Que si bien es cierto que la persona que aparece como propietaria del terreno mencionado es el ciudadano Melchor Tineo Plaza, no es menos cierto que sus representados son propietarios del mismo ya que son legítimos herederos del referido ciudadano tal como consta del certificado de liberación Nº 040070 del 26 de marzo de 2004, dentro de cuyos anexos se encuentra la declaración sucesoral del referido ciudadano.
4.- Que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en la sentencia dictada el 26 de enero de 2005, declaró improcedente la solicitud de los querellantes, en el sentido que obren en autos elementos relativos a la existencia de un fraude procesal por parte de la querellada y además, declaró procedente la falta de cualidad activa alegada por la querellada en su escrito de alegatos y como consecuencia, declaró sin lugar la querella interdictal interpuesta.
5.- Que el referido Juzgado de Primera Instancia al analizar los alegatos de la querellada relativos a la falta de cualidad determinó en la parte dispositiva de su decisión que consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el Nº 27, Tomo 26º, Protocolo Primero, del 8 de junio de 1981, que el ciudadano Melchor Tineo Plaza, causante de sus representados, adquirió de Giussepe Russo Ferrante el inmueble objeto de la querella, con una extensión de 54.000 mts2. Que dicho Juzgado señaló que, siendo materia interdictal los documentos que prueben la propiedad del inmueble objeto de la querella, sólo sirven para colorear la posesión y que por decisión del 12 de agosto de 2004 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ratifica en sentencia del 27 de diciembre de 2001, se decidió que la cadena titulativa que involucra entre otros al ciudadano Giussepe Russo Ferrante, de la cual pretendían derivar derechos Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A. y la ciudadana Gloria Trejo Castillo, eran absolutamente ineficaces y, por consiguiente el Juzgado de Primera Instancia consideró que el título de propiedad del causante de sus representados era igualmente ineficaz, ya que partía de la cadena titulativa que tenía su origen en el título de Giussepe Russo Ferrante.
6.- Que la grotesca decisión tomada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia fue reproducida en la sentencia dictada por el Juzgado Superior, objeto de la presente revisión.
7.- Que sus representados apelaron de la sentencia del 26 de enero de 2005 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, apelación que fue resuelta por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en sentencia del 11 de agosto de 2005.
8.- Que la sentencia objeto de revisión declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte querellante contra el auto del 25 de enero de 2005, dictado por el Juzgado de Primera Instancia, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad del auto de admisión de la querella interdictal formulada por la querellada; sin lugar la impugnación propuesta por la querellada en relación con la cuantía; sin lugar la solicitud de fraude procesal formulada por los querellantes y, finalmente, declaró sin lugar la querella interdictal propuesta.
9.- Que la sentencia objeto de revisión acogió como buenos los medios probatorios invocados por la querellada para demostrar la ineficacia del título de propiedad del causante de sus representados e ineficaz la transmisión de dominio que de él pretendían derivar sus representados.
10.- Que sus representados solicitaron al Juzgado Superior que procediese a aclarar la sentencia del 11 de agosto de 2005, solicitud que fue negada.
11.- Que la sentencia objeto de la revisión fue dictada como consecuencia de un error inexcusable, obviando las interpretaciones vinculantes emitidas por la Sala Constitucional, lo que -según señalan- se traduce en una transgresión a normas constitucionales, específicamente los artículos 49 y 115 de la Constitución y, señalaron, que se trata de una sentencia definitivamente firme, contra la cual no se admite recurso de casación, por la cuantía.
12.- Que en la sentencia objeto de revisión el Juzgado Superior incurrió en error inexcusable al realizar una falsa interpretación de la sentencia Nº 1565/2004 dictada por la Sala Constitucional el 12 de agosto de 2004, “al considerar que de la misma se derivaba la ineficacia del título de propiedad del causante de nuestros representados sobre el inmueble objeto del juicio interdictal que los mismos incoaron en contra de la empresa Inversiones Martinique C.A.; lo cual es falso, ya que esa sentencia lo que hace es confirmar la dictada por la Sala Constitucional el 27/12/01, caso: Urbanizadora Cerro Verde C.A., siendo el caso que en los juicios que fueron resueltos por esas dos sentencias de esa Sala, nuestros representados no fueron parte, mal puede entonces esas sentencias de la Sala Constitucional surtir efectos en su contra; aunado al hecho que el título de propiedad del causante de nuestros representados forma parte de una cadena titulativa distinta a las declaradas ineficaces por la Sala Constitucional en los fallos antes mencionados, lo cual se traduce en una violación al derecho de propiedad de nuestros representados por parte de la sentencia aquí recurrida al declarar la ineficacia del título de propiedad del causante de nuestros representados con fundamento en unas sentencias de la Sala Constitucional que para nada afectan la validez o eficacia de su título”.
13.- Que no es posible en un juicio por interdicto posesorio que se haya declarado la ineficacia del título de propiedad sobre el inmueble objeto de la querella, cuando en ese juicio se discute la posesión, lo que tendría que ser objeto de un juicio de nulidad de asientos registrales o de un juicio reivindicatorio.
14.- Que la decisión del 4 de noviembre de 2003 dictada por la Sala Constitucional en el expediente Nº 02-3055 estableció con carácter vinculante que no puede un Tribunal que esté tramitando un interdicto posesorio entrar a realizar pronunciamiento alguno sobre la propiedad del inmueble objeto de la querella, ya que lo que se discute es la posesión.
15.- Que en la sentencia dictada por la Sala Constitucional el 12 de agosto de 2004, que confirma la sentencia dictada el 27 de diciembre de 2001, caso: Urbanizadora Cerro Verde C.A., sus representados no fueron parte, por lo que, según señalaron, no pueden surtir efectos en su contra y agregaron además, que “el título de propiedad del causante de nuestros representados forma parte de una cadena titulativa distinta a las declaradas ineficaces por la Sala Constitucional en los fallos antes mencionados”, de allí que alegan que la sentencia objeto de revisión violó el derecho de propiedad de sus representados al declarar la ineficacia del título de propiedad.
16.- Que la sentencia del 27 de diciembre de 2001, que dictó la Sala Constitucional, en virtud de la existencia de un fraude procesal en el juicio de tercería incoado Héctor Lugo Felice contra Giussepe Russo Ferrante y Genero Lobo Silva, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual pretendió que se le reconociera como propietario de un inmueble ubicado en el lugar denominado El Ingenio, Municipio Baruta del Estado Miranda, con una superficie de 1.432.720 mts2, declaró nula la sentencia dictada el 5 de mayo de 1998 por el Tribunal de la causa, que sirvió de documento de propiedad y fue protocolizado ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda el 10 de febrero de 1999, bajo el Nº 48, Tomo 3, Protocolo Primero. Señalaron que dicha inexistencia fue declarada sobre un título distinto al título de propiedad del causante de sus representados, lo que significa que el mismo sigue existiendo en el mundo jurídico.
17.- Que uno de los elementos que originó el error inexcusable en el que incurrió el Juzgado Superior Quinto en la sentencia impugnada, “es que la Sala Constitucional estableció en su fallo Nº 1565/2004 que para mejor una precisión (sic) y acatamiento de la sentencia Nº 2749/2001, reiteraba que los títulos y adquisiciones de derechos de propiedad sobre el inmueble ubicado en el lugar denominado El Ingenio, en el ámbito del Municipio Baruta del Estado Miranda, comprendidas en la cadena titulativa que involucra entre otros, a Jesús Acuña, León Campos Guzmán y Giussepe Russo Ferrante, de lo cual han pretendido derivar derechos URBANIZADORA COLINAS DE CERRO VERDE C.A. y la ciudadana GLORIA TREJO CASTILLO, eran ineficaces”, por lo que no puede entenderse que la intención de la Sala Constitucional fue la de declarar la ineficacia de títulos de propiedad de terceras personas que no fueron parte en el juicio, sino que lo que hizo fue declarar la inexistencia de los títulos de propiedad de Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A. y de Gloria Trejo Castillo, que partían de los títulos de propiedad de los nombrados ciudadanos o que partiesen de cualesquiera otras personas naturales o jurídicas, hacia esa empresa y ciudadana con relación al inmueble mencionado.
18.- Que conforme a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del 18 de mayo de 2001, en el expediente N° 00-0606, no puede un Tribunal anular títulos de propiedad de inmuebles sin que los propietarios hayan sido invitados a intervenir en el juicio que anula el título.
19.- Que el Juzgado Superior Quinto, en la sentencia objeto de revisión cometió otro error inexcusable al afirmar que la ineficacia del título de adquisición del causante de sus representados era confirmada con carácter vinculante en la sentencia Nº 1565 del 12 de agosto de 2004 de la Sala Constitucional, ya que, dicha Sala en ningún momento comprende o incluye el título de propiedad del causante de sus representados y además, señalaron que “las únicas interpretaciones de la Sala Constitucional que son vinculantes, son las interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales y de las normas infralegales pero desde la Constitución, y no la calificación jurídica de los hechos, ajenos a las normas constitucionales”. Asimismo, señalaron que dicho Juzgado Superior al señalar la ineficacia del referido título citó el texto de la sentencia de la Sala Constitucional e hizo un agregado que no está en el texto original de esa sentencia donde incluyó el nombre de sus mandantes entre paréntesis dando la impresión que los accionantes en el juicio donde se declaró la ineficacia del título de propiedad son sus representados.
20.- Que al haber declarado el Juzgado Superior Quinto en la sentencia objeto de revisión la falta de cualidad de sus representados en la querella interdictal, por no haber demostrado la posesión del inmueble, no tiene sentido que, adicionalmente, se pronunciara sobre la ineficacia del título de propiedad del causante de sus representados. Agregaron además, que con dicha decisión se violó los derechos a la defensa y al debido proceso de sus mandantes al haber declarado la ineficacia del título de propiedad en el contexto de un juicio posesorio.
21.- Finalmente, solicitaron que la sentencia que resuelva la presente solicitud de revisión declare que el documento protocolizado el 8 de junio de 1981 ante la Oficina Inmobiliaria del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Baruta, bajo el Nº 27, Tomo 26 del Protocolo Primero, que acredita la propiedad del causante de sus representados sobre el lote de terreno de 54.000 mts2, situado en jurisdicción del Municipio Baruta del Distrito Sucre, es eficaz y surte pleno efecto legal, y que igualmente declare que las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, Nros 2749/2001 y 1565/2004 dejaron sin efecto cadenas titulativas distintas a la de sus representados y que así se le informe a la referida Oficina de Registro.
Por último solicitaron que se declare con lugar la solicitud de revisión y que, en consecuencia, se declare la nulidad de la sentencia objeto de revisión y se ordene al Tribunal que decida nuevamente la apelación que ejercieron sus representados contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2005 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
II
DEL FALLO OBJETO DE REVISIÓN
El Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sentencia del 11 de agosto de 2005, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la querellante contra el auto del 25 de enero de 2005, sin lugar la solicitud de nulidad del auto de admisión de la querella interdictal formulada por la querellada; sin lugar la impugnación de la cuantía propuesta por la querellada; sin lugar la solicitud de fraude procesal formulada por los querellantes en contra de la querellada Inversiones Martinique C.A. y de la tercera Promotora Inmobiliaria Campo Sol C.A.; sin lugar la querella interdictal propuesta por los ciudadanos Melba Elizabeth Tineo de Cardozo, Melchor Ramón Tineo Nottaro, José Gregorio Tineo Nottaro y Alexandra Tineo de Lovera contra Inversiones Martinique C.A.; con lugar la oposición a la medida de secuestro decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 20 de mayo de 2000.
El Juzgado Superior antes señalado, fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:
“Con base en el artículo 783 del Código Civil, los ciudadanos Melba Elizabeth Tineo de Cardozo, Melchor Ramón Tineo Nottaro, José Gregorio Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera, requieren de la compañía Inversiones Martinique C.A. la restitución del lote de terreno que identifican por su título de adquisición, ubicación, extensión y linderos, así como para que ‘cese en los trabajos de construcción de la carretera o calle, o en su defecto, así sea ordenado por el Tribunal en sentencia definitiva’. Así mismo y con base en lo dispuesto en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, solicitan se decrete medida de secuestro sobre el terreno objeto de la querella en razón de no estar dispuestos a otorgar la garantía que dicha norma establece.
Por su parte, la querellada en sus alegatos sostiene no haber ocupado terreno alguno que pertenezca a los querellantes porque el terreno sobre el cual contrató la construcción de la vía de acceso aparece demostrado en autos que: 1) su afectación lo fue por la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante el Decreto Nº 076 de fecha 29-04-1999, publicado en la Gaceta Municipal del citado Municipio Baruta Nº 075-05-99 Extraordinario del 03-05-1999; 2) quienes fungían como propietarios de la franja de terreno ocupada para la construcción de la calle al momento de contratarse y ejecutarse la obra eran: los herederos integrantes de la Sucesión de Tulio Belandia y el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). De los primeros fue obtenida la autorización correspondiente en forma expresa y del segundo en forma tácita; y 3) hay indeterminación en cuanto a la parte ocupada por la querellada y que supuestamente pertenece a la querellante, pues reclama la restitución de la totalidad del terreno adquirido de su causante Melchor Tineo Plaza, pero imputa a la querellada haber ocupado una franja de menor cuantía que no se sabe si forma parte o no del terreno cuya restitución se reclama…”.
…Omissis…
“Como fundamento de su querella los querellantes produjeron con el libelo los medios probatorios que a continuación se analizan:
A.- Documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, con fecha 08-06-1981, anotado bajo el Nº 27, Tomo 26 del Protocolo Primero, conforme al cual su causante Melchor Tineo Plaza, adquirió el inmueble que identifican por su situación y linderos. Independientemente de que el título de propiedad no es un medio idóneo para demostrar la posesión del bien al cual él se refiere, pues solo atribuye derecho a la posesión del mismo, la querellada en sus alegatos invocó la ineficacia de ese título de adquisición argumentando: 1) que en su otorgamiento no se cumplió con las exigencias del artículo 77 de la Ley de Registro Público, vigente al momento, pues no se señaló el título inmediato de adquisición de propiedad del vendedor; 2) al momento de su fallecimiento, Melchor Tineo Plaza no tenía en su patrimonio el inmueble cuya posesión se aspira reivindicar porque, según consta en documento autenticado por ante la Notaría Pública Séptima de la ciudad de Caracas, con fecha 20-07-1988, anotado bajo el Nº 75, Tomo 48, lo había aportado como parte del Capital Social de la Compañía ALJONE C.A., con domicilio en la ciudad de Caracas, constituida según documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, con fecha 18-08-1987, anotado bajo el Nº 11, Tomo 54-A-Sgdo; 3) las decisiones que declaran la nulidad del asiento registral del documento que contiene el título de adquisición de Guissepe Russo Ferrante emanadas de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio de Justicia de fecha 28-08-1996 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 27-09-1995, dictada èn el expediente Nº 95—096; del Ministerio de Justicia en la Resolución Nº 772 de fecha 08-10-1997; y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2749 de fecha 27-12-01.
El sentenciador acoge como buenos los medios probatorios invocados por la querellada para demostrar la ineficacia del título de adquisición del causante Melchor Tineo Plaza, ineficacia que aparece ahora conformada, con carácter vinculante en la sentencia Nº 1565 de fecha 12-08-2004, corriente al folio 86 y siguientes de la Pieza 7, en cuyo dispositivo se lee: ‘…se reitera que los títulos y adquisiciones de derechos de propiedad sobre el inmueble ubicado en el lugar denominado El Ingenio, en el ámbito del Municipio Baruta del Estado Miranda, comprendidas en la cadena titulativa que involucra entre otros a Jesús Acuña, León Campos Guzmán, Giussepe Russo Ferrante, de la cual han pretendido derivar derechos Urbanizadora Colinas de Cerro Verde C.A. y la hoy accionante, (MELBA ELIZABETH TINEO DE CARDOZO, MELCHOR RAMÓN TINEO NOTTARO, JOSÉ GREGORIO TINEO NOTTARO Y MARÍA ALEXANDRA TINEO DE LOVERA),son absolutamente ineficaces. Esta decisión deberá ser acatada por todas las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente por jueces, registradores y notarios, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad…’. Por tanto, se declara ineficaz el título de adquisición del causante Melchor Tineo Plaza e ineficaz la transmisión de dominio que de él pretenden derivar los querellantes Melba Elizabeth Tineo de Cardozo, Melchor Ramón Tineo Nottaro, José Gregorio Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera…”.
…Omissis…
“En conclusión, no ha encontrado este sentenciador demostración alguna sobre la posesión previa de los querellantes, ni sobre la desposesión que invocan haber sufrido, razón por demás suficiente y contundente para declararse sin lugar la querella interdictal, por no sujetarse la pretensión actoral a los presupuestos alegados y argumentos de las partes en este proceso y la intervención de la tercera opositora, considera quien decide proseguir con el examen y revisión de las actas procesales y su decisión en cada caso concreto. Así se decide”.
III
Consideraciones para Decidir
En el presente caso, se ha solicitado la revisión de una decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró sin lugar la apelación interpuesta por la querellante contra el auto del 25 de enero de 2005, sin lugar la solicitud de nulidad del auto de admisión de la querella interdictal formulada por la querellada; sin lugar la impugnación de la cuantía propuesta por la querellada; sin lugar la solicitud de fraude procesal formulada por los querellantes en contra de la querellada Inversiones Martinique C.A. y de la tercera Promotora Inmobiliaria Campo Sol C.A.; sin lugar la querella interdictal propuesta por los ciudadanos Melba Elizabeth Tineo de Cardozo, Melchor Ramón Tineo Nottaro, José Gregorio Tineo Nottaro y Alexandra Tineo de Lovera contra Inversiones Martinique C.A.; con lugar la oposición a la medida de secuestro decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 20 de mayo de 2000.
Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa:
De conformidad con el artículo 5 numeral 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y congruente con los criterios expuestos, en su sentencia de 6 de febrero de 2001, caso Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo) al interpretar el alcance de la atribución a esta Sala Constitucional contenida en el numeral 10 del señalado artículo 336, esta Sala estableció:
“ VI
DELIMITACION DE LA POTESTAD DE REVISION DE SENTENCIAS DEFINITIVAMENTE FIRMES
Por lo antes expuesto, esta Sala considera que la potestad de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes de las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás tribunales y juzgados del país se encuentra delimitada de la siguiente manera:
Con base en una interpretación uniforme de la Constitución y considerando la garantía de la cosa juzgada establecida en el numeral 7º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en principio, es inadmisible la revisión de sentencias definitivamente firmes en juicios ordinarios de cualquier naturaleza por parte de esta Sala. Y en cuanto a las decisiones de las otras Salas de este Tribunal es inadmisible cualquier demanda incluyendo la acción de amparo constitucional contra cualquier tipo de sentencia dictada por ellas, con excepción del proceso de revisión extraordinario establecido en la Constitución, y definido a continuación.
Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.
Ello así, como quiera que en el presente caso ha sido solicitada la revisión de una decisión de última instancia en un procedimiento de interdicto de despojo, proferida por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y además, constata esta Sala, que ha sido consignada en el presente expediente copia certificada de la decisión cuya revisión se solicita y que no aparece de los autos la presencia de ninguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional es competente para resolver el caso bajo análisis.
Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la procedencia de la presente solicitud de revisión, a cuyo fin observa:
Los apoderados judiciales de los solicitantes, como se expresó anteriormente, alegaron que tanto el tribunal que conoció en primera instancia como el Juzgado Superior, en sus decisiones, emitieron pronunciamiento sobre la ineficacia del título de adquisición del inmueble del causante de sus representados, ciudadano Melchor Tineo Plaza en un juicio por interdicto posesorio, donde lo que se discute es la posesión sobre dicho inmueble y no la propiedad, alejándose de la doctrina sentada por la Sala Constitucional de que la propiedad debe discutirse y demandarse bajo otras premisas distintas a las que rigen el procedimiento a través del cual se tramitan los interdictos posesorios, lo que según alegaron constituyó un error inexcusable y una violación gravísima al derecho a la propiedad de sus representados sobre el inmueble en cuestión que fue objeto de la querella interdictal.
En este sentido, es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por que ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de “que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión” (sentencia Nº 4594 del 13 de diciembre de 2005 caso José Gregorio Díaz Valera).
Asimismo, además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce “un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido” (Sent. del Tribunal Constitucional Español N° 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.
Es así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión. Ha señalado la Sala que “la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita”. (sentencia de la Sala Constitucional citada up supra)
Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 señaló:
“...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley”.
Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
“...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:
“Artículo 15
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 243
Toda sentencia debe contener:
...(omissis)...
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
Artículo 244
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita”.
Ahora bien, tal como se sostuvo precedentemente, de la lectura de la decisión cuya revisión es solicitada, se evidencia que el Juez Superior al analizar los alegatos de los querellantes y las defensas de la querellada declaró, en un juicio donde se estaba ventilando la posesión sobre un inmueble, y donde la parte querellante acompañó con su libelo de demanda, sólo para colorear la posesión, documento de propiedad sobre el inmueble, decidió en forma superficial y sin que formara parte del contradictorio, que el título acompañado era ineficaz al expresar en su motiva: “Por tanto, se declara ineficaz el título de adquisición del causante Melchor Tineo Plaza e ineficaz la transmisión de dominio que de él pretenden derivar los querellantes Melba Elizabeth Tineo de Cardozo, Melchor Ramón Tineo Nottaro, José Gregorio Tineo Nottaro y María Alexandra Tineo de Lovera, y así se decide”, por lo que, esta Sala estima que -en el fallo impugnado- se incurrió en el vicio de incongruencia negativa, el cual conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al desconocimiento del alcance que a dicha norma la Sala ha dado, ya que al no analizarse correctamente los alegatos y no ceñirse a la naturaleza de la acción deducida, como es un juicio donde lo que se discute es la posesión de un inmueble y no se está demandando la declaratoria sobre la ineficacia de un título de propiedad y ni siquiera se trata de una acción reivindicatoria, el Juez desconoció doctrina vinculante de esta Sala Constitucional, llegando a conclusiones erróneas que fundamentaron la declaratoria sin lugar de la querella interdictal y, en consecuencia, modificó de forma sustancial los términos de la controversia principal.
En atención a los criterios expuestos, estima esta Sala que, el Juez Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no ha debido inmiscuirse en un tema ajeno a la controversia, como lo es la eficacia o no del título de propiedad del causante de los querellantes en el juicio interdictal, y así se declara.
Por lo antes expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala estima procedente la revisión de la sentencia dictada el 11 de agosto de 2005 por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y visto que el fallo impugnado obvió los criterios e interpretación de las normas y principios constitucionales, como lo son la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia y la contradicción, lesivos, a su vez del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución, así como la doctrina sentada por esta Sala en las sentencias citadas en el texto de la presente decisión, en consecuencia, se anula dicha decisión y se ordena que se dicte nuevo fallo, de segunda instancia, con pronunciamiento de fondo sobre la materia denunciada por los apoderados judiciales de los solicitantes en revisión, sin incurrir en la incongruencia activa analizada en el presente fallo. Así se decide.
IV
Decisión
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR a la solicitud de revisión interpuesta por los abogados Juan Carlos Velásquez Abreu y Ricardo Rafael Baroni Uzcátegui, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano JOSÉ GREGORIO TINEO NOTTARO, actuando en representación de sus propios derechos e intereses y en representación de los ciudadanos MELBA ELIZABETH, MARÍA ALEXANDRA Y MELCHOR RAMÓN TINEO NOTTARO de la sentencia dictada el 11 de agosto de 2005 por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ANULA el fallo objeto de revisión, y se remite al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de que el Juzgado Superior, a quien corresponda por distribución, emita nuevo fallo en los términos expuestos.
Publíquese, regístrese y notífiquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de mayo dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 06-0447
JECR/
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