Venley

Sentencia N.º 107

Sentencia
N.º 107
Fecha
06/02/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-2713
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: JOSE M. DELGADO OCANDO

 

 

Mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2000, los ciudadanos FÁTIMA MARÍA COELHO DE PARRA y JULIO CESAR PARRA ARAUJO, titulares de las cédulas de identidad nros. 3.949.249 y 3.123.163, respectivamente, asistidos por el abogado José Luis Pérez Gutiérrez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 3.415, interpusieron por ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la sentencia de fecha 6 de julio de 2000, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

 

En fecha 27 de septiembre de 2000, se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Cumplida la tramitación legal del expediente, pasa esta Sala a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

Antecedentes

 

            En fecha 1º de noviembre de 1995, la ciudadana Quarta Sarti de Russo, en su carácter de propietaria del bien inmueble constituido por el apartamento nº 20-A, piso 10 del Edificio Residencias Las Mesetas, ubicado en la Avenida Principal de la Urbanización Mesetas de Santa Rosa de Lima, del Municipio Baruta del Estado Miranda, celebró contrato de arrendamiento sobre el referido bien, con los ciudadanos Julio César Parra Araujo y Fátima María Coelho de Parra. En dicho contrato se estableció como canon, la cantidad de ciento ochenta mil bolívares (Bs. 180.000,oo) mensuales.

 

            Posteriormente, en fecha 18 de octubre de 1996, la abogada Rosa Taricani, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Mario Russo Sarti (hijo de la ciudadana Quarta Sarti de Russo, antes señalada), solicitó ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano (hoy Ministerio de Infraestructura), regulación del canon arrendaticio pautado en el contrato antes descrito, de conformidad con el artículo 1º de la derogada Ley de Regulación de Alquileres.

 

            Como consecuencia de la anterior solicitud, la Dirección de Inquilinato del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano, dictó la Resolución nº 00112 de fecha 24 de marzo de 1997, mediante el cual se fijó nuevo canon de arrendamiento sobre el inmueble aludido en la cantidad de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y dos bolívares (Bs. 66.662,oo) y para el puesto de estacionamiento en la cantidad de seis mil quinientos sesenta bolívares (Bs. 6.560,oo).

 

            Luego, en fecha 30 de septiembre de 1997, los abogados María Compagnone, Sulma Alvarado y Rosa Taricani, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Quarta Sarti de Russo, interpusieron contra el referido acto administrativo, recurso contencioso administrativo de anulación, por ante el Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual se declaró con lugar mediante sentencia de fecha 30 de marzo de 1999, anulándose, en consecuencia, el acto antes señalado y fijándose, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, nuevo canon de arrendamiento máximo mensual para el inmueble aludido, en la cantidad de trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 378.427,35).

 

            Contra el referido fallo, el abogado Ismael Medina Pacheco, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Julio César Parra Araujo y Fátima María Coelho de Parra (arrendatarios del inmueble), interpuso recurso de apelación ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el cual fue declarado sin lugar, mediante sentencia de fecha 6 de julio de 2000, la cual es objeto de la presente acción de amparo constitucional.

 

II

De los fundamentos de la acción de amparo

 

            Los fundamentos de la acción de amparo, expuestos por los accionantes en el escrito libelar, se expresan en siguiente resumen:

 

            1.- Que “...tal como se resalta en la dicha decisión, por medio de apoderado, y en el trámite del recurso, se promovió la falta de cualidad del solicitante de la regulación en sede administrativa y, por ende, su inhabilidad para intentar el recurso contencioso administrativo de anulación del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución número 0112 del 24-03-1197, dictado por la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, lo cual tiene como efecto o consecuencia, el que la acción intentada sea improcedente, por tratarse dicha falta de cualidad –tal como se promovió- de una defensa perentoria, que determina la improcedencia de la demanda  por infundada. En este sentido, la desestimación que hizo la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del alegato de falta de cualidad ha tenido influencia decisiva en el dispositivo de la sentencia, la cual hace procedente, por dicho motivo, el Amparo Constitucional que se solicita a causa de la violación del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso por un error inexcusable por parte de los sentenciadores (numeral 8 (sic) del artículo 49 de la Constitución)”.

 

            2.- Que el fallo accionado desestimó el alegato relativo a la falta de cualidad, “...en la supuesta cualidad de heredero que, al decir de la juzgadora, deriva de la declaración sucesoral (sic) que en copia certificada expedida por el Ministerio de Hacienda (hoy, Finanzas) reposa a los autos del expediente. Tal determinación judicial constituye un error judicial en el juzgamiento, razón por la cual combatimos, primero que nada, la juridicidad de tal pronunciamiento previo al mérito de la causa, ya que es el caso que en el contenido, desarrollo y conclusiones se infringen normas legales de procedimiento de eminente orden público, y atentatorio del derecho al debido proceso”.

           

3.- Que “...es importante señalar que hubo la voluntad por parte de la arrendadora de suscribir el referido contrato de arrendamiento, mientras se producía la transmisión de la propiedad del inmueble objeto de dicha convención. Pero, lo verdadero es que en ese acto las partes (arrendadora e inquilinos) se pusieron de acuerdo acerca del objeto y precio de la venta pactada, lo que ha determinado que actualmente somos los propietarios del inmueble al haber aceptado la oferta de venta que QUARTA SARTI nos hizo formalmente...”, “...circunstancia ésta que demuestra que el contrato de venta del inmueble objeto de la negociación se perfeccionó, faltando solamente que la ciudadana QUARTA SARDI nos otorgue el correspondiente documento de propiedad en la oficina de Registro”. Que “...actualmente cursa por ante la jurisdicción civil ordinaria demanda de cumplimiento de ese contrato de venta...”.

 

            Por las razones anteriormente expuestas, los accionantes solicitan “...que se nos restituya la situación jurídica que nos ha sido infringida por la sentencia número 2000/892 de fecha 06-07-2000 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Expediente Núm. 99-21907), lo que se logrará con la declaratoria de nulidad de dicho pronunciamiento, por cuanto es violatorio del derecho al debido proceso, en razón a que se fundamenta en un error judicial inexcusable, al reconocerle legitimación e interés en dicha causa a la parte actora, tanto en sede administrativa como en sede contenciosa, lo que hace procedente esta solicitud de Amparo, con base en el artículo 4º (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en el Ordinal 8º (sic) del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

            Igualmente solicitan que se decrete como medida cautelar “...mientras se sustancia, tramita y decide esta solicitud de amparo, la suspensión de la ejecución de la sentencia Número 2000-892 de fecha 06-07-2000, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo...”.

III

Motivación para decidir

 

Como punto previo, debe esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo y, a tal efecto, observa:

Como viene señalando esta Sala, la Constitución vigente, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, así como las consagradas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje  ella.

 

            Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como fuera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

 

 En este sentido, establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente:

 

“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

                                                                         

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. 

 

 

De la norma antes transcrita se desprende claramente que la competencia para conocer de la llamada “acción de amparo contra sentencia”, corresponde a un tribunal superior al que dictó el fallo accionado en amparo constitucional.

 

En el presente caso, la acción de amparo fue interpuesta de manera autónoma contra la sentencia dictada el día 6 de julio de 2000 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, imputándosele violaciones de garantías constitucionales; por tanto, dada la materia u objeto de la acción de amparo incoada, debe tomarse en consideración la hipótesis que contempla el artículo 4  de la referida Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, y en atención al criterio sostenido por esta Sala en la sentencia fecha 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), esta Sala resulta competente “...para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Corte de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales”; esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer en primera y única instancia de la presente acción de amparo constitucional, y así se declara.

 

Determinada la competencia de la Sala para conocer de la presente acción de amparo, corresponde pronunciarse sobre la solicitud planteada y, a tal efecto, observa:

 

La parte accionante señala en su escrito libelar que el fallo accionado, al desestimar el alegato relativo a la falta de cualidad del ciudadano Mario Russo Sarti, para solicitar la regulación del canon de arrendamiento del inmueble objeto del contrato celebrado con la ciudadana Quarta Sarti, infringió los derechos constitucionales relativos a la defensa y al debido proceso. Además, denuncian que el fallo accionado incurrió en “:..error cuando en una decisión contradictoria, reconoce como propietaria a Quarta Sarti, y luego a Mario Russo...”.

 

 Al respecto, observa esta Sala que la acción de amparo contra sentencias no es un medio para plantear nuevamente ante un órgano jurisdiccional un asunto ya decidido por otro mediante sentencia firme, por cuanto el juez de amparo no actúa como una nueva instancia sino como juzgador de la constitucionalidad de la decisión accionada.

 

Por tanto, si la pretensión de los accionantes se dirige a cuestionar la apreciación o el criterio del sentenciador sobre los hechos controvertidos o las normas legales aplicables, -lo que conllevaría a alterar la santidad de la cosa juzgada y sus efectos, establecida por medio de trámites procesales y contra la cual no cabe recurso alguno-, considera la Sala que la acción de tutela constitucional propuesta tiene que ser desestimada, al no haber el fallo accionado incurrido en violación directa de derecho o garantía constitucional alguna. Así se declara.

  

III

Decisión

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos FÁTIMA MARÍA COELHO DE PARRA y JULIO CESAR PARRA ARAUJO, asistidos por el abogado José Luis Pérez Gutiérrez, contra la sentencia de fecha 6 de julio de 2000, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los  06  días del mes de FEBRERO del año dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

                                                                 JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                       JOSÉ M. DELGADO OCANDO

                                                                                                Ponente

 

 

PEDRO RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

                                       

JMDO/ns.-

Exp. nº 00-2713

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