Venley

Sentencia N.º 1073

Sentencia
N.º 1073
Fecha
30/07/2013
Sala
Constitucional
Expediente
13-0144
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Solicitud de Revisión

EN SALA CONSTITUCIONAL

 

Exp. N° 13-0144

 

 

 
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 7 de febrero de 2013, por el abogado Douglas Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 41.148, procediendo en representación del ciudadano HAROLD GREGORIO GARCÍA BETANCOURT, titular de la cédula de identidad N° 10.928.934, actuando este último en nombre propio y como Presidente de la SOCIEDAD MERCANTIL G.G.M. COMATIN, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 31 de enero de 2000, bajo el N° 33, Tomo A N° 4, folios 212 al 217, solicitó la revisión de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 4 de marzo de 2011 y publicada el 25 del mismo mes y año, con ocasión de la demanda de cumplimiento de contrato interpuesta por la sociedad mercantil Seguros Pirámide, C.A., inscrita bajo el N° 80 en el Libro de Registro de Empresas de Seguros llevado por la entonces Superintendencia de Seguros del Ministerio de Finanzas, constituida según documento inscrito en el Registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 21, Tomo 115-A, del 18 de noviembre de 1975, en contra de los solicitantes.

El 18 de febrero de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 8 de mayo de 2013, se reconstituyó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

El 18 de julio de 2013, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado José Luis Ugarte Muñoz, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 28.238,actuando en su condición de representante de la sociedad mercantil Seguros Pirámide, C.A., tercera interesada en la presente causa, solicitó se niegue la solicitud de revisión formulada y consignó actuaciones.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir la presente causa, realizando previamente las siguientes consideraciones:

 

 

 

I

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

            Los peticionarios ejercieron la presente solicitud de revisión, con base en los siguientes argumentos:

Que el defensor ad litem es un representante del demandado con la diferencia que no deriva de la voluntad del mandante sino por la ley, el cual se encuentra envestido de una función pública de carácter accidental y colaboradora con la administración de justicia, debiendo además cumplir con las obligaciones establecidas por la Sala Constitucional en la sentencia N° 33/26.01.2004, dentro de las cuales se encuentra el procurar localizar personalmente al demandado, sin bastar enviar un telegrama para notificarle de la designación, impugnar las pruebas documentales presentadas, promover y evacuar pruebas y ejercer los recursos pertinentes.

Que se le violó el derecho a la defensa y al debido proceso por la negligencia del defensor ad litem, en el juicio de cumplimiento de contrato interpuesto el 7 de julio de 2009 por Seguros Pirámide C.A., en su contra y de la empresa que representa.

Que la demandante acompañó contrato celebrado entre los actores el 12 de febrero de 2008, en el que colocó la dirección de la Zona Industrial Los Pinos, UD-304, manzana 36, calle 8, edificio Ingemerca, local N° 3, Unare, Puerto Ordaz, Municipio Caroní y se dieron unos números telefónicos.

Que del 19 de noviembre de 2008, constan las resultas de la notificación realizada por el Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en la que se indica que no se pudo efectuar la misma en la dirección antes señalada.

Que mediante auto de admisión del tribunal presuntamente agraviante del 13 de julio de 2009, se estableció que el proceso se sustanciaría y decidiría conforme al juicio oral establecido en el artículo 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y ordenó emplazar a los demandados.

Que se comisionó al Juzgado del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar para que practicara la citación en la dirección antes mencionada, la cual no se pudo realizar porque ya no se encontraban en esa dirección, lo cual era del conocimiento del tribunal comitente de conformidad con la prueba marcada “E” por el demandante que se refiere a una solicitud de notificación hecha por Seguros Pirámide C.A. ante dicho juzgado, para notificar de un comunicado de C.V.G. Buxilum C.A., sobre un supuesto incumplimiento de contrato.

Que se procedió a la citación por carteles de conformidad con el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil y posteriormente a la designación de defensor judicial ad litem, nombrando a Zhandra Madelaine Portal Meneses, inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 97.229, la cual aceptó el 18 de octubre de 2010.

Que el 11 de noviembre de 2010, mediante diligencia la defensora ad litem consignó copia simple del telegrama, sin constar sello húmedo y poco legible, enviado por el Instituto Postal, Telegráfico de Venezuela el 25 de octubre de 2010 a G.G.M. Comatin C.A., a Harold Gregorio García Betancourt y a César Augusto García en su carácter de Presidente y Vicepresidente respectivamente, enviada a la dirección primigenia.

Que el 15 de noviembre de 2010 el alguacil dejó constancia de haber citado a la defensora ad litem el 11 de noviembre de 2010, por lo que el 29 del mismo mes y año, ésta contestó de manera genérica y en dos líneas la demanda, así como le informa al tribunal que pese al esfuerzo y actuaciones realizadas para localizar a sus representados, todas han sido infructuosas.

Que de los folios 132 y 133 del expediente de la causa principal consta que se llevó a cabo la audiencia preliminar y no hizo acto de presencia la defensora ad litem. Igualmente de los folios 144 a 146 del expediente principal, que se realizó el debate oral y de juicio el 4 de marzo de 2011, sin que tampoco compareciera la defensora judicial; dictándose sentencia definitiva ese mismo día, respecto de la cual la defensora no ejerció recurso de apelación alguno, con lo que se evidencia la negligencia de su actuación.

Que en la prueba marcada “B” consignada por el demandante aparece su actual dirección y un número de teléfono móvil perteneciente a Harold Gregorio García, con lo cual se evidencia que la defensora no revisó ni estudió las pruebas consignadas, así como consta de la diligencia del alguacil que trató de practicar la notificación en la anterior dirección, que trabajadores del sector habían informado que la empresa se había mudado hace dos años.

Que para estimar que el defensor judicial cumplió fielmente con su deber es necesario dar con el paradero de sus representados, para lo que debió trasladarse a las direcciones que constaban en el expediente o haber llamado por el número de teléfono móvil que constaba en el mismo, así como también pudo contactar al demandante para solicitarle la nueva dirección de los demandados o haber viajado hasta la CVG Bauxilum C.A., para pedir la dirección de la empresa que representaba. Igualmente, no debió contestar de manera genérica, sino que debió acudir a los actos del proceso, promover y evacuar pruebas y ejercer los recursos judiciales disponibles, no habiendo realizado nada de lo anterior.

Que todo ello, dejó en indefensión a la hoy solicitante de revisión, contradiciendo el derecho a la defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución.

Que el juez de la causa principal, a pesar de estar en conocimiento de la actitud negligente de la defensora ad litem, dictó sentencia, en contravención de la jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional como la N° 65/10.02.2009 y la N° 531/14.04.2005.

Que el juez del Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, nombró una defensora ad litem para supuestamente garantizarles a los demandados una defensa real, efectiva y plena, pero ocurrió lo contrario, aunado a que el juez no corrigió la falta de la defensora judicial, contrariándose los principios y garantías constitucionales como lo son el derecho a la defensa y al debido proceso, así como la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, por lo que están dados los supuestos para la procedencia de la revisión solicitada.

Solicitó medida cautelar innominada sobre la fundamentación de las sentencias Nros. 2275/15.11.2001, 156/05.03.2009, entre otras, así como del artículo 19 aparte undécimo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, de suspensión de efectos de la sentencia de la dictada por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 4 de marzo de 2011 y publicada el 25 de marzo de 2011.

Finalmente, pidió que la Sala Constitucional declare la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 4 de marzo de 2011 y reponga la causa al estado en que se proceda “a designar un defensor privado o en su defecto el Tribunal, de ser el caso, designe otro defensor ad litem, para la continuación del juicio”.

II

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

El Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de marzo de 2011, declaró: “CON LUGAR LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONTRA FIANZA, incoada por SEGUROS PIRAMIDE (sic), C.A contra G.G.M COMATIN, C.A y el ciudadano HAROLD GREGORIO GARCIA (sic) BETANCOURT, en consecuencia: / PRIMERO: Se condena a los co-demandados a cumplir con el contrato de contra garantía, y por lo tanto se condena a GGM COMATIN, C.A y al ciudadano HAROLD GREGORIO GARCIA (sic) BETANCOURT; en forma solidaria a pagar a la actora la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN BOLIVARES (sic) FUERTES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (sic) (Bs.F. 125.061,33). / De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente perdidosa en el presente juicio.” (Negrillas del fallo original).

A tal conclusión arribó el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, luego de realizar las siguientes consideraciones:          

 “Se inició el presente juicio mediante libelo de demanda interpuesto por el Abogado JOSE (sic) LUIS UGARTE MUÑOZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 28.238, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SEGUROS PIRÁMIDE C.A., antes identificada, por contrato de contra garantía contentivo de la fianza otorga (sic) a favor de la empresa Seguros Pirámide C.A, antes identificada, por ante La Notaría Pública Segunda de Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolivar, en fecha 12 de febrero de 2008, bajo el No 68, Tomo 35 de los Libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, fundamentando su acción en los artículos 1159, 1264, 1160, 1804, 1814 y 1221, todos del Código Civil.

En fecha 13 de julio de 2009, se admitió la demanda interpuesta por los trámites del juicio oral y se ordenó el emplazamiento de los codemandados para que dieran contestación a la demanda, dentro de los veinte días de despacho siguiente a la constancia en autos de la última de las citaciones se haga, más ocho (8) días, que se le conceden como término de la distancia.

En fecha 27 de julio de 2009, este Tribunal libró compulsas de citación a la parte codemandada.

En fecha 25 de mayo de 2010, se recibió oficio No 3886-10, de fecha 24 de Marzo de 2010, proveniente del Juzgado Primero del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, remitiendo resultas de comisión contentiva del despacho de citación y en esa misma fecha se ordeno (sic) agregarlas a los autos a los fines de que formaran parte integrante del mismo.-

En fecha 13 de julio de 2010, mediante auto se designó defensor judicial de la parte demandada Sociedad Mercantil G.G.M. COMATIN C.A., y de los ciudadanos HAROLD GREGORIO GARCIA (sic) BETANCOURT y CESAR (sic) AUGSTO (sic) GARCIA (sic), a la abogada ZHANDRA PORTAL, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.97.229.

En fecha 15 de noviembre de 2010, compareció por ante este Tribunal el ciudadano MARIO DIAZ, alguacil adscrito a este Circuito Judicial, el cual, consignó mediante diligencia recibo de citación debidamente firmado por la abogada en ejercicio, Zhandra Portal, IPSA N°: 97.229, en su carácter de Defensora de la parte demandada.-

En fecha 29 de noviembre de 2010, compareció por ante este Tribunal la abogada ZANDRA (sic) MADELAINE PORTAL, actuando en su carácter de Defensora Judicial de la parte demandada, y consignó escrito de contestación de la demanda.

En fecha 17 de diciembre de 2010, este Tribunal fijó la audiencia preliminar, la cual se realizo (sic) en fecha 10 de enero de 2011.

En fecha 13 de enero de 2011, este Tribunal dictó auto mediante el cual, fijó los hechos y limites (sic) de la controversia.

En fecha 24 de enero de 2011, se recibió escrito de promoción de Pruebas, presentada (sic) por el abogado José Luís Ugarte Muñoz, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora.-

En fecha 02 de febrero de 2011, se dictó auto mediante el cual, se admitieron las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte actora (sic)

En fecha 04 de marzo se realizó la Audiencia Oral en el presente juicio, DECLARANDOSE (sic) CON LUGAR LA DEMANDA (sic)

Encontrándose la presente causa en estado de publicar el fallo en su integridad, este Tribunal procede a dictar el presente fallo, previo las siguientes consideraciones:

La pretensión deducida en el presente juicio es el cumplimiento del contrato de contra fianza, celebrado entre la actora SEGUROS PIRÁMIDE C.A y la sociedad mercantil G.G.M., COMATIN C.A., y que el ciudadano HAROLD GREGORIO GARCIA (sic) BETANCOURT, cuyo objeto era garantizar a SEGUROS PIRÁMIDE, C.A las resultas de las fianzas que otorgara a GGM COMATIN, C.A, a favor de cualquier persona natural o jurídica; en dicho contrato GGM COMATIN, C.A, asumió las obligaciones de pagar las primas y renovaciones de las fianzas que otorgara la actora; entregar los recaudos relativas (sic) a las obligaciones de los contratos afianzados; y a realizar una transferencia o depósito bancario en efectivo dentro de los cinco días siguientes a la solicitud o requerimiento que le efectuare por el monto que indicara SEGUROS PIRAMIDE, C.A conforme a cualquier reclamo que le formulare algún acreedor o beneficiario de las fianzas otorgadas por SEGUROS PIRAMIDE; en dicho contrato además el ciudadano HAROD (sic) GREGORIO GARCIA (sic) BETANCOURT, se constituyó en fiador solidario y principal pagador de las obligaciones contraídas por G.G.M., COMATIN C.A, en dicho contrato. Alega la parte actora, que SEGUROS PIRAMIDE (sic), C.A otorgó fianza de fiel cumplimiento por cuenta GGM COMATIN, C.A, para garantizar el fiel cumplimiento de un contrato de obra celebrado entre G.G.M, COMATIN, C.A y CVG BAUXILUM; C.A; hasta por la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN BOLIVARES (sic) FUERTES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (Bf. 125.061,33), que el 3 de Junio de 2008, SEGUROS PIRAMIDE, recibió comunicación emanada de la empresa CVG BAUXILUM, donde le notifican que GGM COMATIN, C.A, incumplió el contrato cuyo objeto era la construcción de diez viviendas tipo C3 en CVG BAUXILUM Los Pijiguaos; por lo que la empresa G.G.M. COMANTIN, C.A, debió efectuar el deposito (sic)  notificada como fue del reclamo, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato de contra garantía, que la demandada ni el fiador nunca cumplieron con dicha obligación contractual; fundamentando su pretensión en los artículos 1159 (sic), 1264, 1160, 1814, 1804 y 1221 del Código Civil, reclamando el pago de la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN BOLIVARES (sic) FUERTES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (sic) (Bs, 125.061,33) por concepto del monto de la fianza de fiel cumplimiento; y el pago de las costas.

La parte demandada, negó y rechazó los hechos alegados en el libelo y como quiera que se trata de una demanda de cumplimiento de contrato, el cual consta de autos y no fue desconocido ni impugnado en modo alguno por la demandada, corresponde a la parte demandada, demostrar que ha cumplido con sus obligaciones derivadas del contrato; de acuerdo con lo previsto en los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil; la parte demandada no ejerció actividad probatoria alguna, mientras la actora, probó plenamente la existencia del contrato de contra garantía, la existencia del contrato de fianza de fiel cumplimiento otorgado por Seguros Pirámide a favor de CVG BAUXILUM, C.A; la notificación por parte de C.V.G., BAUXILUM C.A., del incumplimiento a SEGUROS PIRAMIDE (sic) C.A., la notificación de la actora a los demandados de su obligación de depositar el monto de la fianza; y como quiera que la parte demandada no probó que cumplió con su obligación, necesariamente debe prosperar la pretensión deducida en el presente juicio.” (Resaltados del fallo original).

III

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza y para ello realizará varias observaciones que se desarrollan a continuación.

El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece dentro de las facultades atribuidas en forma exclusiva a la Sala Constitucional, en concordancia con el artículo 25, numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de custodiar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales, además de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional en interpretación directa de la Constitución y en resguardo de la seguridad jurídica.

De tal modo que, se atribuye a esta Sala la competencia para que, a través de un mecanismo extraordinario, pueda revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República (artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), incluyendo la de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), cuya potestad ejerce de forma limitada y restringida, en aras de evitar un arbitrario quebrantamiento de la cosa juzgada.

Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 4 de marzo de 2011, que se encuentra definitivamente firme por no haberse impugnado a través del recurso de apelación, a la que se le imputa la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional con respecto a la citación, la realización de los actos procesales y la motivación de las sentencias, es por lo que se considera competente esta Sala para conocer de la solicitud. Así se declara.

IV

OPOSICIÓN A LA REVISIÓN

            El 18 de julio de 2013, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, el abogado José Luis Ugarte Muñoz, actuando en su condición de representante de la sociedad mercantil Seguros Pirámide, C.A., tercera interesada en la presente causa, solicitó se niegue la solicitud de revisión formulada y consignó actuaciones, para lo cual se fundamentó en:

Que existen razones para declarar improcedente la solicitud de revisión efectuada, ya que los hechos hoy invocados fueron juzgados por dos tribunales en sede constitucional y que consideraron que habiendo ofrecido los hoy solicitantes una dirección de sus citaciones y notificaciones, ahora afirman que las mismas fueron entregadas en una dirección que no correspondía.

Que el defensor judicial ejerció a plenitud sus funciones al rechazar y negar todos y cada uno de los fundamentos del libelo de demanda.

Que la demanda principal es de cumplimento de un contrato de contragarantía que supone que frente a cualquier exigencia o notificación de cumplimiento por parte del ente del Estado contratante, nacía para ellos la obligación de garantizar la totalidad del monto de las fianzas.

Que exigieron antes del inicio del proceso, incluso de manera auténtica, que dieran cumplimiento al contrato con CVG Bauxilum, C.A.

Que en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas contractuales se realizaron una serie de comunicaciones antes de la interposición de la demanda, relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes involucradas, así como realizan una serie de consideraciones vinculadas a los hechos previos a la demanda.

Que en lo relativo a la negligencia de la defensora ad litem, para que exista una vulneración del derecho a la defensa, se requiere que se haya impedido el ejercicio de alguna facultad procesal que le hubiere otorgado el legislador, lo cual no ocurrió -a su decir- en el presente caso.

Que el lugar donde la defensora judicial buscó a las demandadas fue la dirección que ellos mismos suministraron de manera expresa, siendo que nunca manifestaron poseer una dirección distinta o cambio de la misma, sin embargo, fueron citados por carteles.

Que los hoy solicitantes de revisión otorgaron un poder a varios abogados para que los representaran en una acción de amparo que ejercieron, “apersonándose en el expediente de la causa donde fue dictada la sentencia cuya revisión solicitan, es decir, en el Juzgado Undécimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y encontrándose vigente el lapso para el ejercicio del recurso de invalidación, medio ordinario para hacer valer cualquier deficiencia que pudiera considerar existió (sic) en la citación, no ejercen el mismo, manifestando su conformidad tácita con todos los trámites del proceso, especialmente de aquellos relativos a su citación,” lo cual está acorde con la jurisprudencia de la Sala Constitucional según su sentencia del 16 de enero de 2007, en el expediente N° 06-1196, por lo que antes de interponer el amparo debieron agotar los recursos ordinarios de los que disponían, lo cual fue ratificado en la sentencia del 9 de junio de 2011, en el expediente N° 11-0473.

Que lo anterior fue conocido por los dos tribunales que actuaron como sede constitucional “y en ambas instancia se estableció que en ese caso ni hubo indefensión, ni vulneración a derecho constitucional alguno y que por el contrario sus garantías procesales al debido proceso, en especial al derecho a la defensa fueron satisfechas en su totalidad, no obstante que acotaron dichos Tribunales, en aplicación estricta de estos criterios consolidados de la Sala Constitucional…,” consignando para ello copia simple de la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente signado bajo el N° AP11-O-2011-000171.

Que la revisión constitucional no se puede constituir en una tercera instancia, como se está ejerciendo en el presente caso de manera temeraria según el artículo 170 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil.

Que la actuación de la defensora judicial en la contestación de la demanda rechazó y contradijo  a la demanda en todas sus partes, siguiendo lo establecido en el artículo 361 eiusdem, que permite rechazar la demanda en su totalidad, tal como se efectuó, con lo que todos los hechos se convierten en controvertidos y supone la inversión de la carga de la prueba según el artículo 506 ibidem y el artículo 1.354 del Código Civil.

Que en cuanto a que la defensora judicial no promovió pruebas, no es cierto ya que como se indicó en el párrafo anterior se invirtió la carga de la prueba con lo cual no tenía nada que probar, aunado al hecho de que manifestó que no conocía de alguna otra excepción que pudiera alegarse, por lo que no puede alegar hecho alguno que no ha invocado en su contestación.

Que el hecho de que la defensora ad litem no acudiera a la audiencia preliminar no importaba, ya que los hechos alegados eran todos controvertidos y nada nuevo podía agregar.

Que el que la defensora judicial no acudiera a la audiencia oral y no ejerciera el recurso de apelación, no constituye ningún menoscabo a la defensa, porque la demanda había sido rechazada y las pruebas promovidas y evacuadas fueron documentales y no habían testigos o expertos a los cuales repreguntar, siendo que esa audiencia constituía una ratificación de argumentos que en nada modificaba lo establecido en la contestación de la demanda y en cómo se trabó la litis. Respecto a la apelación, como no ejercieron el recurso de invalidación antes mencionado, nada tienen que reclamar ante la falta del ejercicio de la apelación.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Llevado a cabo el estudio del expediente, la Sala pasa a decidir y, en tal sentido, observa:

La Sala estima conveniente reiterar que la facultad revisora que le ha sido otorgada por la Carta Magna de 1999, tiene carácter extraordinario y sólo procede en los casos de sentencias definitivamente firmes; su finalidad primordial es garantizar la uniformidad en la interpretación de normas y principios constitucionales y, en ningún momento, debe ser considerada como una nueva instancia.

En el presente caso, denunció el solicitante de revisión que el fallo del 4 de marzo de 2011, dictadopor el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de contra fianza; condenó a los co-demandados a cumplir con el contrato de contra garantía, y en forma solidaria a pagar a la actora, lo que a su decir, lesionó sus derechos a la defensa y al debido proceso, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional con respecto a la citación, la realización de los actos procesales y la motivación de las sentencias.

Así las cosas, observa la Sala que los peticionarios denunciaron unas supuestas infracciones constitucionales y legales imputables a la decisión antes mencionada, por lo que se debe señalar, que la revisión de sentencias no constituye una tercera instancia y que dicha facultad le ha sido otorgada a esta Sala Constitucional sobre las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido en error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional y que el fin fundamental es la unificación de criterios y principios constitucionales.

Es criterio reiterado de esta Sala Constitucional (Vid. sentencias N° 1222/06.07.2001; N° 324/09.03.2004; N° 891/13.05.2004; N° 2629/18.11.2004, entre otras), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación y la congruencia, son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias de revisión constitucional dictadas por esta Sala y aquellas que declaran inadmisible el control de legalidad que expide la Sala de Casación Social, en las que, por su particular naturaleza, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria, siendo que en el presente caso no se evidencia o demuestra violación alguna.

Por lo tanto, el artículo 25.10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, consagra la posibilidad de revisar las sentencias dictadas por los demás tribunales de la República cuando se trate de sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, y por otra parte, el artículo 25.11 eiusdem permite la posibilidad de revisar los fallos de las demás Salas integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y esta posibilidad sólo procede cuando se denuncien: I) violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República y II) cuando estas sentencias se hayan dictado con ocasión de: i) error inexcusable, ii) dolo, iii) cohecho o iv) prevaricación, siendo que el último supuesto legal (ex artículo 5.16 eiusdem), se limitó a reproducir el supuesto de hecho establecido en la norma constitucional (336.10), el cual ha sido objeto de un desarrollo exhaustivo por esta Sala (Vid. Sentencia N° 93 del 06 de febrero de 2001; caso “Corpoturismo”, sentencia N° 325, del 30 de marzo de 2005, caso “Alcido Pedro Ferreira y otros”; entre otras), siendo que esta potestad revisora es excepcionalísima, sobre todo al tomar en cuenta que con ello se afecta a la cosa juzgada (Vid. sentencias 93/06.02.2001, 1.760/25.09.2001 y 3.214/12.12.2002, entre otras).

La Sala observa, que el fundamento de la presente solicitud de revisión es la supuesta irregularidad cometida en el juicio de cumplimiento de contrato llevado por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por parte de la defensora judicial designada por el tribunal, ante lo que alegó la supuesta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, así como la jurisprudencia de la Sala Constitucional con respecto a las obligaciones del defensor ad litem.

Igualmente, la Sala observa que la representación judicial de Seguros Pirámide, C.A., presentó argumento en contra de la procedencia de la presente solicitud, haciendo referencia a argumentos extrajudiciales anteriores al juicio principal y que no son objeto de la presente causa. Igualmente, realizó una serie de análisis respecto a la validez de la citación y el ejercicio del recurso de invalidación, siendo que el objeto de la revisión no es la citación sino la actuación adecuada o no de la defensora ad litem designada, motivo por el cual se desechan los argumentos planteados. Así se declara.

Ahora bien, dilucidado lo anterior, esta Sala, debe recordar lo señalado en la sentencia N° 33 del 26 de enero de 2004, caso: Luis Manuel Díaz Fajardo -criterio reiterado- respecto a la función del defensor ad litem, expuso lo siguiente:

“(…) debe la Sala, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.

En este sentido, la Sala considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como los medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba documental producida por el demandante.

El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del  propio texto legal (artículo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias (probatorias, etc.) a favor del demandado.

Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.

Para tal logro no basta que el defensor envíe telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino que para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.

A juicio de esta Sala, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que la Sala destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.

Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.

Tal norma (artículo 225 del Código de Procedimiento Civil), colide con la Ley de Abogados (artículo 4), que establece que la representación en juicio sólo corresponde a abogados en ejercicio, y aunque el defensor ad litem no es un mandatario; sin embargo, el espíritu de dicha ley especial -que debe ser respetado- es que la actividad procesal sea efectuada por abogados en ejercicio, por lo que los parientes y amigos mencionados en el artículo 225 citado, deben ser abogados para ser defensores, pero por el hecho de que no lo sean y no se les pueda nombrar, no surge razón para no consultarlos sobre cuál profesional del derecho será nombrado defensor, ya que lo que se busca es que quien asuma la defensa tenga interés en ella.

En el caso de autos, constaba en el expediente laboral la dirección del demandado, antes de la fecha del nombramiento del defensor. Luego, era impretermitible que el defensor acudiera a la dirección del defendido a preparar la defensa, a menos que éste se negare, no bastando a ese fin enviarle un telegrama notificándole el nombramiento. Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara (…)”

 Del estudio de las actuaciones realizadas y visto lo expuesto por esta Sala Constitucional respecto de la obligación del defensor ad litem de procurar en su buena defensa contactar a su defendido, se concluye que la abogada designada como defensora de la demandada no cumplió debidamente con los deberes inherentes a su cargo, puesto que sólo se evidencia que su actuación para contactar a sus defendidos estuvo reducida a un telegrama consignado en copia simple, sin ningún tipo de sello que demuestre que fue entregado a G.G.M. Comatin C.A., a Harold Gregorio García Betancourt o a César Augusto García.

Aunado a lo anterior, existe también negligencia de la defensora judicial cuando no actuó en la promoción y evacuación de prueba, ni en la audiencia preliminar así como tampoco en la audiencia del juicio de la causa (según consta de las copias certificada del expediente) y, por último, tampoco se evidencia de las actas contenidas del expediente, que la citada defensora ad litem haya apelado de la decisión dictada, lo que originó que la misma quedara definitivamente firme.

En tal virtud, se estima que la actuación de la defensora ad litem Zhandra Portal, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 97.229 y su participación en la defensa de los derechos de sus representados fue prácticamente inexistente y dejó en completo estado de indefensión a G.G.M. Comatin C.A., a Harold Gregorio García Betancourt y a César Augusto García, de obtener derecho a la defensa, al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. Así se decide.

Igualmente esta Sala, en sentencia n° 531 del 14 de abril de 2005, caso: Jesús Rafael Gil, expresó que: 

“(…) la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado (…).

(…)

 Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.

Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar porque dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido (…)”.

 Así pues, esta Sala Constitucional vistas las anteriores consideraciones, concluye que el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al haber dictado su sentencia condenando a G.G.M. Comatin C.A., a Harold Gregorio García Betancourt y a César Augusto García, sin haber observado la actuación realizada por la defensora ad litem designada y sin acatar lo expuesto en la jurisprudencia de esta Sala Constitucional en la citada sentencia N° 33/26.01.2004, a la cual se hizo referencia, se apartó del criterio vinculante allí asentado en detrimento de los derechos constitucionales que le asistían a los hoy actores.

 En fuerza de las razones que anteceden, esta Sala Constitucional debe hacer uso de su faculta de revisión de la decisión dictada el 4 de marzo de 2011 y publicada el 25 del mismo mes y año, por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y declara, ha lugar la solicitud efectuada, en consecuencia, declara su nulidad así como la de todos los actos subsiguientes dictados con ocasión de dicha sentencia, en especial los actos de ejecución judicial, motivo por el que decreta la reposición de la causa al estado de  la contestación de la demanda por parte de G.G.M. Comatin C.A., Harold Gregorio García Betancourt y César Augusto García, para luego seguir la continuación del juicio (Vid. Sentencias N° 1385/21.112000, Nº 531/14.04.2005, N° 809/07.04.2006, N° 1924/21.11.2006, N° 2255/17.12.2007, N° 65/10/.02.2009, N° 1296/27.07.2011 y N° 808/18.06.2012). Así se declara.

Finalmente, la Sala acuerda, como consecuencia de la indebida actuación de la abogada Zhandra Portal -como defensora “ad litem”-, remitir copia de la presente decisión al Colegio de Abogados de Caracas, a los fines de que un Tribunal Disciplinario investigue las faltas que podrían derivar de la actuación de dicha abogada (Vid. Sentencia N° 1660/06.12.2012). Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

Por las razones que antes fueron expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el ciudadano HAROLD GREGORIO GARCÍA BETANCOURT, actuando en nombre propio y como Presidente de la SOCIEDAD MERCANTIL G.G.M. COMATIN, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 4 de marzo de 2011 y publicada el 25 del mismo mes y año, en consecuencia de lo anterior se declara:

PRIMERO: La NULIDAD de dicha sentencia, así como la de todos los actos subsiguientes dictados con ocasión de ella, en especial los actos de ejecución judicial.

SEGUNDO: Se REPONE la causa al estado de la contestación de la demanda por parte de G.G.M. Comatin C.A., Harold Gregorio García Betancourt y César Augusto García, para posteriormente seguir la continuación del juicio.

TERCERO: Se ORDENA remitir copia de la presente decisión al Colegio de Abogados de Caracas, a los fines de que un Tribunal Disciplinario investigue las faltas que podrían derivar de la actuación de la abogada Zhandra Portal.

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del expediente al Juzgado Décimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Presidenta,

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

El Vicepresidente,

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Los Magistrados

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                                  Magistrado-Ponente

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N° 13-0144

MTDP/

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